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II. Antecedentes: el Gobierno de Fujimori

El ex presidente Fujimori actualmente enfrenta cargos en su contra en veintiún causas penales en el Perú. La mayoría de los cargos están relacionados con corrupción y  desvío de fondos públicos. Sin embargo, los crímenes imputados no son actos aislados de enriquecimiento personal.  Más bien, reflejan una estrategia más amplia del gobierno para conseguir y mantener el poder mediante corrupción y manipulación de las instituciones democráticas.

De hecho, durante la época en que Fujimori estuvo en el poder, casi todas las instituciones democráticas peruanas fueron explotadas y capturadas por la presidencia a través de una combinación de tácticas de mano dura, extorsión y sobornos. De esta manera, mientras mantenía una apariencia de legalidad, el gobierno de Fujimori reemplazó el estado de derecho por la ley del más fuerte.

Los abusos y la corrupción durante el gobierno de Fujimori se remontan a sus primeros días, cuando según testigos, el entonces Presidente Fujimori empezó a ordenar la intervención de llamadas telefónicas de políticos y personalidades.  Poco después, en 1991, el Grupo Colina, un escuadrón de efectivos militares y de inteligencia, empezaron supuestamente a cometer una serie de asesinatos extrajudiciales y “desapariciones” como parte de una estrategia de eliminación física de presuntos subversivos.

El 5 de abril de 1992, con el respaldo de las fuerzas armadas peruanas, Fujimori disolvió el Congreso controlado por la oposición en un “autogolpe” y asumió el control total del gobierno. En los años siguientes, redactó una nueva constitución y reemplazó a un gran número de jueces. Al mismo tiempo, su gobierno logró avances importantes en materia económica y en su lucha contra Sendero Luminoso.  Gracias a estos éxitos, Fujimori fue reelecto presidente en 1995 y obtuvo la mayoría parlamentaria.

Después de las elecciones de 1995, el gobierno de Fujimori respetó las formalidades de la democracia, pero fue progresivamente debilitando las instituciones democráticas.  Fujimori ordenó que su principal asesor, Vladimiro Montesinos, tuviera el control de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y, según testigos, ordenó el desvío de millones de dólares al SIN de los presupuestos de las fuerzas armadas y los ministerios de defensa e interior.  A su vez, Montesinos usó estos fondos, además de otros obtenidos ilícitamente, para comprar a políticos, coartar a jueces y arrebatar el control editorial a propietarios de medios de comunicación.  En algunos casos, también obtuvo lealtad y silencio mediante la extorsión y el soborno. El SIN y el Servicio de Inteligencia del Ejército intervinieron los teléfonos de periodistas, activistas de la sociedad civil y políticos, a los que mantuvieron vigilados; y realizaron operaciones encubiertas para intimidarlos.

Montesinos y Fujimori mantuvieron una relación sumamente estrecha. Según militares y funcionarios del gobierno, Fujimori les presentó a Montesinos como su representante y la persona a través de la cual debían comunicarse con él; con quién, además, Fujimori se reunía todas las noches.1  Según la declaración del ex Comandante General del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza, durante la mayor parte de su gobierno Fujimori residió en las instalaciones del SIN, que también era la base desde donde operaba Montesinos.2

En el año 2000, y debido a la corrupción, la extorsión y la intimidación, el gobierno de Fujimori había logrado un control casi total no sólo del Congreso, sino también de la judicatura, del Ministerio Público, de los organismos de control electoral, del sistema financiero y fiscal, y de una parte sustancial de los medios de comunicación, especialmente la televisión. Hasta la fecha, los tribunales especiales anticorrupción del Perú han formulado cargos contra 1,509 personas por delitos cometidos en este contexto, y U.S.$197,628,788 de dinero robado han sido repatriados desde cuentas bancarias en el extranjero.3

Control del Poder Judicial

Tres días después del “autogolpe” de abril de 1992, el Presidente Fujimori aprobó decretos que destituyeron a trece magistrados de la Corte Suprema y ochenta y nueve jueces a lo largo del país.4 La gran mayoría de los jueces y magistrados destituidos fueron reemplazados por jueces provisionales. Al final del gobierno de Fujimori, casi el 80 por ciento de los jueces del país carecían de inamovilidad en el cargo y eran, en consecuencia, vulnerables a presiones políticas.  En 1995 y 1996, comisiones ejecutivas dirigidas por personas nombradas por el gobierno se hicieron cargo de la reorganización de los tribunales y el sistema procesal, asumiendo muchas de las facultades de la Corte Suprema y el Fiscal General.5  Estos organismos también fueron responsables del nombramiento de jueces y fiscales provisionales.

Según un comité del Congreso que en el 2002 investigó la intervención del poder judicial, estas medidas permitieron que Fujimori lograra la aprobación de su candidatura para la reelección en el 2000, garantizara la impunidad de sus acciones, persiguiera a sus opositores políticos y favoreciera los intereses de terceras partes. 

El mismo comité informó también que, inmediatamente después del autogolpe, el SIN extrajo del Palacio de Justicia y el Ministerio Público una gran cantidad de documentos que contenían pruebas acusatorias contra los opositores a Fujimori, que podrían emplearse posteriormente para la extorsión y el soborno. Tales tácticas se convirtieron en un sello distintivo del régimen de Fujimori.6

Otra estrategia recurrente fue la de reorganizar la composición de los tribunales para garantizar una mayoría pro gubernamental en los casos en los cuales el gobierno estaba interesado. En 1997, el partido de Fujimori, Cambio 90-Nueva Mayoría, desmanteló el Tribunal Constitucional, garante fundamental de los derechos constitucionales. Destituyó a tres miembros del tribunal que habían dictaminado la inaplicabilidad de una ley destinada a permitir la reelección de Fujimori.7  En una táctica típica del gobierno, una magistrada destituída, Delia Revoredo, fue investigada penalmente por un tribunal de Callao en relación con la importación de un vehículo en un caso que llevaba tiempo cerrado.  Después de recibir varias amenazas de muerte, Revoredo pidió asilo en Costa Rica.  Despues de la caida del gobierno de Fujimori, el caso se cerró y Revoredo fue absuelta.

Control de la prensa

Montesinos ha declarado que Fujimori autorizó el pago de cuantiosas sumas de dinero para garantizar el control del gobierno sobre los medios de comunicación, y Fujimori ha sido acusado por este hecho.

Según la contadora de Montesinos en el SIN, en el 2002 el SIN manejaba un presupuesto mensual de cerca de 9 millones de dólares.8  En el período previo a las elecciones presidenciales del 2000, gran parte de este dinero se destinó al control de los canales de televisión del país. El asesor presidencial Montesinos entregó millones de dólares a los propietarios de Canal 4/América, Canal 5/Panamericana y Canal 9/Andina, a cambio del control editorial de sus emisiones. Directamente compró el Canal 10/Cable de Noticias por 2 millones de dólares. Cada una de estas transacciones fue grabada en video.9

El caso del Canal 2/Frecuencia Latina fue especialmente notorio.  En Julio de 1997 se le revocó la ciudadanía peruana al propietario mayoritario del canal, Baruch Ivcher, quien había nacido en Israel.  Accionistas minoritarios vinculados con el gobierno asumieron el control del canal y su línea editorial cambió a favor del gobierno.  También se inició una investigación penal contra Ivcher y su familia.  Al igual que Revoredo, Ivcher fue absuelto una vez que el gobierno de Fujimori cayó.

Montesinos también entregaba dinero regularmente a los propietarios de periódicos de prensa amarilla a cambio de que ridiculizaran e insultaran a políticos y periodistas de la oposición en las portadas de sus publicaciones.



[1] Véase la Declaración de Nicolás de Bari Hermoza Ríos, ex Comandante General del Ejército, ante la Subcomisión Investigadora del Congreso, 23 de mayo de 2001, descrita en Acusación Constitucional Contra el Ex Presidente de la República, Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada y lesiones graves, por los casos denominados “La Cantuta” y “Barrios Altos”, 27 de agosto de 2001; véase también la Declaración de Carlos Bergamino Cruz, 22 de diciembre de 2001, descrita en Vocalía Suprema de Instrucción, Corte Suprema de Justicia de la República, Informe Final, Expediente No: 23-2001 A.V., 24 de marzo de 2003.

[2] Véase la Declaración del ex Comandante General del Ejército Nicolás de Bari Hermoza Ríos ante el Magistrado de la Corte Suprema José Luis Lecaros, 19 de septiembre de 2001 (en la que se señala que Fujimori dormía en el SIN y despachaba en las instalaciones del SIN).

[3] Abraham Siles Vallejos, Ronald Gamarra Herrera, Lilia Ramírez Varela, Cruz Silva Del Carpio y Natalia Torres Zúñiga, "Lucha anticorrupción: urgente necesidad de enmienda”, Justicia Viva, 24 de noviembre de 2005, http://www.justiciaviva.org.pe/publica/folleto_la.exe (consultado el 9 de diciembre de 2005).

[4] Decretos Legislativos 25423 del 8 de abril de 1992 y 25446 del 23 de abril de 1992.

[5] La Ley No. 26546 de noviembre de 1995 creó la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial presidida por el ex capitán José Dellepiane. La mayoría partidaria de Fujimori en el Congreso nombró a los miembros de la comisión. 

[6] Informe de la Comisión Investigadora de la influencia irregular ejercida durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000) sobre el Poder Judicial, Ministerio Público y otros poderes e instituciones del Estado vinculados a la administración de la justicia, 17 de junio de 2002, p. 6, 15, http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/informes.nsf/
0F1683791EB39A2005256AFF00789023/9EF2F044A4E2761B05256C0E007A7478 (consultado el 12 de diciembre de 2005).  El Congreso peruano también ha trascrito videos de encuentros entre el asesor presidencial Vladimiro Montesinos y magistrados de la Corte Suprema, en los cuales les ordena el nombramiento y el traslado de jueces. Un subcomité del Congreso que investiga cargos contra el Presidente de la Corte Suprema Alipio Montes de Oca concluyó que Montesinos le había ofrecido un bono de 10.000 dólares y un viaje gratis a Colombia si aceptaba presidir la Junta Nacional Electoral durante las elecciones de 2000. Congreso de la República, Trascripción de video 889. Los jueces presentes en la reunión eran Alipio Montes de Oca, Luis Serpa Segura y el Presidente de la Corte Suprema, Víctor Raúl Castillo.

[7] El artículo 112 de la Constitución no permite una segunda reelección, pero la ley impugnada había interpretado que el artículo excluía los mandatos anteriores a la promulgación de la Constitución en 1993.

[8] Sally Bowen y Jane Holligan, The imperfect spy: The many lives of Vladimiro Montesinos (Lima: Peisa, 2003), p. 272.

[9] Hay trascripciones disponibles en el sitio web del Congreso peruano. Congreso de la República, Comisión Investigadora de la Gestión Presidencial de Alberto Fujimori, Informe Final, 15 de junio de 2002, http://www2.congreso.gob.pe/sicr/apoycomisiones/informes.nsf/
0F1683791EB39A2005256AFF00789023/B0930CDC9F8E189505256BFE0060AAA6 (consultado el 9 de diciembre de 2005).


<<precédente  |  índice  |  proximo>>diciembre de 2005