I. ResumenAlberto Fujimori llegó a Chile el 6 de noviembre de 2005, casi cinco años después de renunciar a la presidencia peruana. Acusado en el Perú de responsabilidad por diversos delitos que van desde el homicidio hasta el desvío de fondos, Fujimori ha logrado evitar enfrentarse a un juicio en el Perú permaneciendo en el Japón, donde reclama la ciudadanía japonesa. Su llegada sorpresiva a Chile, país que tiene un tratado de extradición con el Perú de larga data, renovó las esperanzas de que finalmente fuera extraditado al Perú para ser juzgado. Está previsto que en los próximos días las autoridades peruanas presenten solicitudes formales para la extradición de Fujimori. Sin embargo, de acuerdo con las leyes chilenas, el proceso de extradición dista de ser una simple formalidad. El tratado de extradición incluye requisitos técnicos estándar, tales como que los crímenes de los cuales se acusa a Fujimori estén también tipificados en la legislación chilena y acarreen eventuales penas de más de un año de prisión. Además, en el pasado los tribunales chilenos han ido más allá de los requisitos de sus tratados de extradición y han revisado las pruebas que sustentan los cargos que forman la base de la petición de extradición. Por lo general, las cortes han requerido que las pruebas sean suficientes para establecer una presunción fundada que permita estimar que el inculpado ha tenido algún grado de participación en el delito, de tal manera que podría sustentarse una acusación en Chile. Sin embargo, las cortes chilenas no exigen plena prueba como para dictar una condena. Fujimori ha dicho reiteradamente que no hay pruebas que lo comprometan en delito alguno y que es víctima de una persecución política. Alega que la mayoría de los cargos en su contra han sido inventados o están relacionados con crímenes que son de la exclusiva responsabilidad de su principal asesor, Vladimiro Montesinos. En el proceso de extradición en Chile, Fujimori probablemente descalifique las pruebas que sustentan los cargos en su contra, con la esperanza de que los tribunales chilenos rechacen las solicitudes de extradición. Si fuera extraditado, Fujimori sólo podría ser juzgado en el Perú por aquellos crímenes por los cuales los tribunales chilenos hayan concedido la solicitud de extradición, y no por los delitos por los que se haya negado. Por lo tanto, que Fujimori se enfrente finalmente a un juicio por graves violaciones a los derechos humanos y corrupción dependerá, en gran medida, de las pruebas recopiladas ahora por las autoridades peruanas. Como se documenta en este informe, hay pruebas más que suficientes en varias causas penales actualmente pendientes contra Fujimori en el Perú para justificar su extradición. Las continuas afirmaciones de Fujimori que no existe información que lo vincule con los cargos en su contra son infundadas y falsas. En anteriores informes de Human Rights Watch, hemos descrito las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen de Fujimori. El alcance de estas violaciones también ha sido recientemente documentado en detalle por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. También se ha escrito mucho sobre la casi total concentración de poder lograda por el gobierno de Fujimori a través de la corrupción y otros medios delictivos, mientras mantenía una apariencia democrática. De hecho, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos suelen ir de la mano. En el Perú de Fujimori, la corrupción a gran escala no sólo privó a los peruanos de recursos públicos que podrían haberse empleado para aliviar las necesidades económicas, sino que también erosionó gravemente el estado de derecho, que es esencial para la protección de los derechos humanos. Es más, mediante la corrupción el gobierno logró subvertir totalmente el proceso democrático, eliminando los controles normales del poder judicial, el poder legislativo y los medios de comunicación sobre los abusos del gobierno. Sin embargo, este informe no es una revisión general de la historia de violaciones de los derechos humanos y corrupción durante el gobierno de Fujimori. Se concentra, más bien, en los cargos y las pruebas específicas que justifican la extradición de Fujimori para ser procesado y juzgado en el Perú. En particular, este informe examina cinco de los casos pendientes más graves contra Fujimori, explica brevemente los hechos y describe algunas de las pruebas. Nuestro análisis demuestra que, contrariamente a las afirmaciones de Fujimori, existen suficientes pruebas que comprometen a Fujimori en, al menos, cada uno de estos casos:
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