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I. Resumen

Las decisiones sobre anticoncepción y aborto son difíciles, sumamente personales y a veces dolorosas.  En Argentina, a las mujeres se les impide sistemáticamente tomar tales decisiones.  A pesar de los notables avances recientes en el área de la participación política e independencia económica de la mujer, médicos y cónyuges siguen manteniendo control sobre la salud reproductiva de las mujeres a través de leyes y prácticas que someten el proceso de toma de decisiones de la mujer a interferencia arbitraria externa.  Históricamente, varios gobiernos han legislado en materia de anticoncepción y aborto como si las mujeres fueran instrumentos reproductivos y no seres humanos en igualdad de condiciones, contribuyendo de este modo a una arraigada sensación entre proveedores de salud y políticos de que el control de la natalidad y la salud reproductiva de alguna manera son conceptos ilegítimos, amorales, e inclusive ilegales.  Las consecuencias para la salud y vidas de las mujeres son nefastas, y, en ocasiones, mortales.

Mientras que el actual gobierno argentino ha dado pasos importantes para confrontar varios de los abusos expuestos en este informe, sus esfuerzos hasta la fecha continúan siendo minados por funcionarios de la salud pública que se oponen a la reforma, algunos de los cuales temen ser objeto de represalias por parte de poderes locales.

Este informe detalla las restricciones y los importantes—a veces insuperables—obstáculos que enfrentan las mujeres que quieren usar anticonceptivos.  Estas barreras incluyen la violencia doméstica y sexual a manos de sus parejas íntimas: un problema que las autoridades no buscan prevenir y remediar con la suficiente efectividad.  Otra barrera es la información evidentemente inadecuada o tendenciosa proporcionada por los trabajadores del sistema de salud pública.  Una tercera barrera es que muchas mujeres simplemente no pueden pagar por los métodos anticonceptivos, y las promesas de asistencia por parte del gobierno frecuentemente no llegan a las más necesitadas. 

Algunas mujeres nos contaron que sus parejas o cónyuges abusivos sabotean a propósito su intento de acceder a anticonceptivos. “El siempre me decía: ‘Yo te voy a llenar de hijos y no vas a irte de mi lado,’” dijo Gladis Morello, de treinta y dos años y madre de ocho hijos de la provincia de Buenos Aires.  Otros declararon que los funcionarios de salud pública a veces les proporcionan información incorrecta o que hacían poco esfuerzo para combatir la desinformación distribuida, porque se oponen a la anticoncepción y al aborto.  Paola Méndez, de treinta y cinco años y madre de diez hijos de la provincia de Buenos Aires, dijo: “Yo me quise colocar el DIU [dispositivo intrauterino], pero … [e]l médico mismo me … explicó, que la mayoría [de los neonatos de mujeres que tienen DIUs], casi siempre nacen con el DIU en la cabeza”.  Esta aserción no tiene base en la experiencia médica científica.

El acceso de las mujeres al método anticonceptivo de su elección también es sujeto a restricciones legales.  En el derecho argentino, el acceso voluntario a la esterilización quirúrgica—una de las formas más efectivas de anticoncepción—está seriamente limitado.  Muchos hospitales públicos, en una violación de los estándares internacionales de derechos humanos sobre privacidad, no discriminación y salud, requieren que la mujer obtenga el consentimiento de su cónyuge para la operación, que tenga por lo menos tres hijos vivos, y que tenga más que treinta y cinco años, para que pueda ser candidata al procedimiento quirúrgico.  Más aún, a algunas mujeres se les exige autorización judicial para acceder a la ligadura tubaria, aún cuando cumplan con todos los otros requisitos.

Cuando una mujer no puede o no quiere continuar con un embarazo no deseado, la única opción para muchas es un aborto ilegal y por lo tanto en muchas ocasiones inseguro.  El costo para la salud y las vidas de las mujeres es inmenso: estos abortos son la principal causa de muerte materna en el país, responsable de un tercio de estas muertes.

“La misma desesperación te agarra”, dijo Paola Méndez.  “Buscás un montón de vueltas, pastillas, lo que fuera.  Pero si no hay salida, agarrás un cuchillo o una aguja de tejer”.  En Argentina, aproximadamente el 40 por ciento de todos los embarazos termina en abortos ilegales, un claro indicador de que las mujeres no están en condiciones de controlar su propia salud y fertilidad.  Aunque el número de mujeres presas en Argentina por haberse practicado un aborto o por haber consentido a un aborto es mínimo comparado con el número estimado de abortos realizados, la amenaza de pena de prisión por someterse a un aborto es real y es percibida como tal por las mujeres que Human Rights Watch entrevistó.  Muchas mujeres con embarazos no deseados apuntan directamente al aborto ilegal e inseguro, aun cuando su vida o salud corre peligro por el embarazo, porque tienen miedo de las consecuencias legales.

Human Rights Watch también descubrió que algunas mujeres recibieron un trato inhumano o a veces extremadamente inadecuado al solicitar asistencia médica por abortos incompletos o infecciones causadas por abortos inseguros.  Una trabajadora social de la provincia de Santa Fe nos dijo: “Una mujer [con la que trabajamos] llega al hospital en muy mal estado con un aborto que se había infectado y con hemorragia.  La empezó a revisar un médico, cuando la empieza a ver y se da cuenta, tiró las herramientas al suelo.  Dijo: ‘Eso es un aborto, ¡moríte!’”

En el año 2003 el gobierno comenzó a implementar un muy necesitado programa nacional sobre salud reproductiva.  La intención de este programa es abordar los obstáculos económicos de las mujeres pobres al acceso a los anticonceptivos a través de la distribución gratuita de algunos métodos anticonceptivos en el sector de salud pública.  Otra intención es enfrentar las diferencias en acceso a los anticonceptivos entre las provincias, ya que el gobierno nacional se compromete a través del programa a proveer todos los métodos anticonceptivos necesarios y aprobados por el mismo a las provincias que se subscriben.

Ante presión continua por parte de la sociedad civil, y como resultado de su compromiso anteriormente articulado, el gobierno lanzó en abril de 2005 una campaña pública para informar a la población en general sobre los servicios de salud reproductiva que son accesibles a través del programa nacional, calificando de derecho legal el acceso a los anticonceptivos y a la consejería.  Anteriormente, en octubre de 2004, los ministerios provinciales de salud se habían comprometido a reducir la mortalidad materna en el país a través de la provisión de atención post-aborto humanizada, rápida y efectiva, y garantizando a las mujeres el acceso a un aborto seguro donde éste no esté penalizado por la ley.  En el momento en que este informe fue a imprenta, el gobierno nacional estaba por publicar una guía de atención humanizada post-aborto, a ser distribuida a los jefes de maternidades en los hospitales públicos.

Sin embargo, la voluntad explícita del gobierno de facilitar que la mujer tome sus propias decisiones en materia de reproducción y salud hasta ahora no ha logrado beneficiar a las mujeres más necesitadas.  Las razones son múltiples.  Primero, las autoridades no han dedicado la atención debida a las barreras enfrentadas por las mujeres que quieren usar anticonceptivos, como por ejemplo la violencia doméstica.  Segundo, varias leyes y políticas esenciales no están siendo implementadas.  Algunos funcionarios de salud pública siguen cobrándoles a las mujeres por métodos anticonceptivos que, de acuerdo a la ley, deberían ser gratuitos, y las mujeres tienen un acceso seriamente limitado al aborto que no es sujeto a penalización: cuando la vida o la salud de la mujer embarazada corre peligro, y cuando el embarazo es fruto de la violación de una mujer mentalmente discapacitada.  Tercero, las leyes actuales limitan de manera arbitraria el control de la mujer de su propia fertilidad y desalientan la atención médica necesaria, incluyendo la limitación del acceso a la ligadura tubaria voluntaria y al aborto, y obligando a los profesionales de salud a denunciar a las mujeres que solicitan la atención post aborto que les puede salvar la vida.  Mientras que el efectivo cumplimiento de las leyes y políticas y la puesta en práctica de programas existentes constituiría una contribución importante al abordaje de los daños concretos descritos en este informe, a largo plazo la reforma legal es esencial.

Ciertos opositores a la anticoncepción y al aborto en Argentina sostienen que el derecho internacional de derechos humanos, tal como se integra en la Constitución de Argentina, protege el “derecho a la vida” del feto y por lo tanto requiere la penalización del aborto.  Esto no es así.  Los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina garantizan los derechos de las mujeres a la vida, a la integridad física, a la salud, a la no discriminación, a la privacidad, a la información, a la libertad religiosa y de conciencia, a la protección igual bajo la ley, y a tomar decisiones independientes sobre el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos.  Tomado como un todo, este cuerpo de derecho, incluyendo las interpretaciones directamente relevantes emitidas al respecto por las entidades autorizadas de las Naciones Unidas, lleva a la conclusión que la mujer tiene el derecho a decidir en asuntos relacionados con el aborto.  El único instrumento de derechos humanos que explícitamente posibilita la aplicación del derecho a la vida desde el momento de la concepción—la Convención Americana sobre Derechos Humanos—contiene lenguaje específico con la intención explícita de sus fundadores, incluyendo Argentina, de que permita legislación doméstica no restrictiva sobre el aborto.

El aborto seguro y legal es esencial para la salud y autonomía de las mujeres, y sería la manera más directa de frenar la pérdida de vidas y otros efectos en la salud que podrían ser prevenidos y que resultan de la práctica del aborto ilegal, inseguro e irreglamentado que se lleva a cabo hoy en la Argentina.  Aún las personas que están a favor del actual régimen restrictivo argentino sobre el aborto debieran reflexionar sobre los casos que se reseñan en este informe.  Dada la extensión del daño y el número de mujeres cuya salud y vidas son destrozadas por el resultado de las actuales leyes y políticas, Human Rights Watch insta a todas las partes interesadas, sin importar su posición sobre el aborto, a priorizar que se les garantice a las mujeres el control independiente sobre su propia fertilidad a través de la provisión de información anticonceptiva correcta y de una gama completa de métodos anticonceptivos.  También debería priorizarse el asegurar que todas las mujeres reciban atención de salud humanizada y adecuada, incluyendo cuando sufren las consecuencias de un aborto ilegal e inseguro. 

En Argentina, como en muchos otros países, el debate público sobre el aborto y hasta incluso sobre los anticonceptivos y la educación sexual a veces ha involucrado posturas y acusaciones que no son dignas de una sociedad democrática.  Las decisiones relacionadas con los anticonceptivos y el aborto son complicadas y socialmente disputadas.  Sin embargo, también son una cuestión de derechos humanos.  Es necesario constatar que hace ya casi veinte años desde que Argentina se unió a la comunidad internacional de estados democráticos después de una dictadura militar dolorosa, y ratificó algunos de los tratados internacionales de derechos humanos más importantes, y hace más de diez años desde que se dio estatus constitucional a estos tratados.  Es hora por tanto de tener un debate sobre anticonceptivos y aborto, y de tenerlo de manera civilizada.  Human Rights Watch espera que este informe contribuya a tal debate.

A finales de mayo de 2005 cuando este informe estaba siendo finalizado, estaban por comenzar varias reformas importantes, como por ejemplo la distribución y puesta en práctica de una guía nueva sobre la atención humanizada post-aborto.  Este informe demuestra la urgencia de estas reformas y resalta la necesidad de acción gubernamental más amplia y sostenida en el área de derechos reproductivos.

Este informe se basa en una investigación de campo realizada en Argentina entre septiembre y octubre de 2004, así como en investigaciones anteriores y posteriores. Una integrante del equipo de Human Rights Watch entrevistó a profundidad a más de cuarenta mujeres y una niña que experimentaron problemas en el acceso a anticonceptivos o que se habían sometido a abortos ilegales y poco seguros. Estas entrevistas se llevaron a cabo en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe. Todos los nombres e información que puedan servir para identificarlas han sido cambiados para proteger su privacidad. 

Pudimos contactar a estas personas principalmente gracias a la ayuda de ONGs argentinas y organizaciones de base que proveen servicios y apoyo a mujeres de bajos ingresos, mujeres víctimas de violencia familiar y sexual y a mujeres que viven con el VIH/SIDA.

Human Rights Watch también entrevistó a más de setenta representantes de agencias gubernamentales, de las Naciones Unidas y de ONGs especializadas en derechos de la mujer o salud reproductiva; a intelectuales, autoridades religiosas y funcionarios de la salud pública y administradores de hospitales. Parte de la información que pudiera usarse para identificar a los entrevistados ha sido retenida con el fin de proteger su privacidad. Como se indica, todos los documentos citados en este informe están disponibles al público o son parte del archivo de Human Rights Watch.