<<precédente  |  índice  |  proximo>>

IV. LA FISCALÍA ESPECIAL

Creación y mandato

El 27 de noviembre de 2001, tras décadas de secretismo y negaciones, el gobierno mexicano reconoció oficialmente los actos de violencia política cometidos por sus fuerzas de seguridad durante la “guerra sucia” de la década de los setenta y principios de los ochenta. En una ceremonia pública en Ciudad de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe de 3.000 páginas sobre los abusos oficiales cometidos durante esa época.²³ El informe se basaba sobre todo en información de los archivos secretos del gobierno sobre más de 500 personas cuya desaparición había sido denunciada. En él se confirmaba que al menos 275 de ellas habían sido detenidas, torturadas y asesinadas por las fuerzas de seguridad del estado.

Después de la presentación del informe de la CNDH, el Presidente Fox anunció la creación de una Fiscalía Especial encargada de investigar y enjuiciar los abusos cometidos en el pasado por las fuerzas de seguridad del estado contra disidentes y grupos de oposición.²⁴ También instruyó a la Secretaría de Gobernación para que abriera los archivos secretos con información sobre estos abusos, con el fin de ponerlos a disposición de la Fiscalía Especial y del público en general.

En unas semanas, el procurador general nombró a un jurista, Ignacio Carrillo Prieto, para el puesto de fiscal especial y, a mediados de enero de 2002, la oficina ya estaba en funcionamiento. Los 15 agentes del Ministerio Público que la integraban fueron divididos en tres secciones. La primera se encargaría de los casos de desapariciones forzadas que ya había investigado la CNDH, además de otros casos similares ocurridos durante la “guerra sucia”. La segunda sección estaría a cargo de examinar las masacres de manifestantes estudiantiles en 1968 y 1971.²⁵ La tercera estudiaría otros abusos no cubiertos por las dos anteriores (sin un plazo límite fijado).

Además de estas secciones, la Fiscalía Especial estableció un centro de documentación encargado de recopilar información entre los documentos confidenciales que el gobierno iba a desclasificar y en otros archivos oficiales. También se creó un equipo de dos personas para el desarrollo de un programa de atención psicológica para las víctimas y los familiares de víctimas de abusos cometidos en el pasado.

En el acuerdo ejecutivo para el establecimiento de la Fiscalía Especial también se ordenaba a la Procuraduría General la creación de un Comité de Apoyo integrado por ciudadanos públicamente reputados y con experiencia en el Poder Judicial o en la promoción de los derechos humanos, que ofrecieran asistencia al fiscal especial en las investigaciones. También se ordenaba a la Secretaría de Gobernación que creara un “comité interdisciplinario” con el fin de desarrollar una propuesta para el ofrecimiento de reparaciones a las víctimas de los abusos.

Falta de resultados

Durante su primer año y medio de funcionamiento, la Fiscalía Especial ha abierto más de 300 investigaciones oficiales y recibido muchas más denuncias. Ha recogido los testimonios de cientos de víctimas y familiares y recopilado pruebas documentales de los archivos nacionales.

Sin embargo, sus investigaciones han producido muy pocos resultados concretos. La Fiscalía Especial ha citado a declarar a varios ex funcionarios, entre ellos el ex Presidente Luis Echeverría Alvarez y el ex regente de Ciudad de México Alfonso Martínez Domínguez, sobre su presunta participación en la Masacre de Tlatelolco de 1968. En los interrogatorios se obtuvo, sin embargo, muy poca información. Echeverría decidió no responder a las preguntas del fiscal especial (ejerciendo su derecho constitucional a no autoincriminarse) y Martínez Domínguez negó cualquier responsabilidad. El ex general Luis Gutiérrez Oropeza tampoco quiso responder a las preguntas del fiscal especial, al igual que Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, ex jefes ambos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Además de estos interrogatorios de figuras prominentes, la Fiscalía Especial ha interrogado a muy pocos ex funcionarios del gobierno o miembros de las instituciones implicadas en los abusos. En los cientos de casos de la “guerra sucia”, la fiscalía sólo ha obtenido testimonios de dos testigos militares.²⁶ En los casos de las masacres de 1968 y 1971, los agentes del Ministerio Público aún no han tomado declaración a ninguno de los miembros de las fuerzas de seguridad que presuntamente participaron en los hechos. “El obstáculo más grande que nos hemos encontrado”, dijo uno de los principales agentes del Ministerio Público a Human Rights Watch, “es el gran silencio” que han guardado los que saben lo que pasó.²⁷

Los funcionarios de la Fiscalía Especial hablaron con franqueza con Human Rights Watch sobre los limitados resultados de sus investigaciones.²⁸ Dijeron que, en la gran mayoría de los casos, habían hecho poco más que sistematizar la información que les habían facilitado las víctimas y los familiares, junto con la información reunida por la CNDH. Aunque la fiscalía ha obtenido algunos documentos valiosos del archivo nacional, ha seguido muy pocas pistas y no ha reunido prácticamente ningún testimonio de terceros. Tampoco ha realizado todavía exhumaciones de los presuntos cementerios clandestinos.

En abril de 2003, la Fiscalía Especial pidió que se dictaran órdenes de detención contra tres hombres (ex directores de la DFS y la policía federal) acusados de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra en 1975. Lo que iban a ser las primeras detenciones de la Fiscalía Especial se convirtió en un contratiempo vergonzoso cuando un juez rechazó la petición debido a que el presunto delito había prescrito. La Fiscalía Especial ha apelado este fallo.

Mientras tanto, el “Comité de Apoyo” de la Fiscalía Especial pasa desapercibido. En mayo de 2003, el Presidente nombró a varios nuevos miembros de dicho comité, pero no ha habido muestras de que vaya a adoptar un papel más activo en la asistencia al trabajo de la fiscalía. De manera similar, el “comité interdisciplinario” todavía no ha desarrollado una propuesta para ofrecer reparaciones a las víctimas.

Human Rights Watch encontró un sentimiento creciente de frustración entre las víctimas y sus familiares. Los 25 de ellos con quienes hablamos en Guerrero nos informaron de que no habían visto ningún resultado en las investigaciones de la Fiscalía Especial.²⁹ Otros familiares de víctimas en Ciudad de México nos dijeron que se habían producido avances limitados en sus casos, pero se quejaron de que sólo habían consistido en la recopilación de la información que ellos o la CNDH ya habían reunido y el interrogatorio de testigos que ellos mismos habían aportado. Varios de ellos se quejaron también de que la Fiscalía Especial no había tomado declaración a los testigos que habían sugerido—una alegación confirmada por los funcionarios de la Fiscalía Especial (explicando que no era fácil localizar a los testigos cuando los familiares no les daban su dirección).

Una víctima de tortura dijo a Human Rights Watch que, como la Fiscalía Especial no empiece a producir resultados pronto, las víctimas y los familiares dejarán de confiar en ella. Una residente de Atoyac nos dijo que su familia “nunca había descansado” en la búsqueda de su hermano desaparecido, pero que tanto ellos como las demás familias que conocían estaban empezando a perder fe en el fiscal especial. Al parecer, muchos otros familiares de las víctimas nunca tuvieron demasiada fe en la investigación. Un investigador de la policía nos dijo que la gran mayoría de los familiares a los que intentó tomar declaración no quisieron hablar con él sobre su caso.³⁰ Un defensor local de los derechos humanos, cuya familia fue también víctima de los abusos del ejército, dijo a Human Rights Watch que había perdido “la esperanza de verdad y justicia” hace mucho tiempo.³¹

No obstante, lo contrario también es cierto. Si el fiscal especial empieza a producir resultados concretos, la opinión pública puede cambiar rápidamente y provocar una cooperación mucho más activa y amplia con las investigaciones. “En cuanto encarcele a las personas que cometieron esos crímenes”, predijo una defensora de los derechos de Guerrero, “mucha más gente va a animarse y querer participar”—y los testimonios sobre lo ocurrido inundarán la Fiscalía Especial “como un aguacero”.