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II. RECOMENDACIONES

Human Rights Watch cree que las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía Especial todavía pueden arrojar resultados significativos. Para que esto ocurra, el gobierno debe hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que:

Los investigadores y los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especial reciban recursos y formación adecuados;

Los documentos desclasificados estén a total disposición de la Fiscalía Especial, así como del público en general;

Los oficiales de las fuerzas armadas faciliten toda la información solicitada y dejen de imponer la jurisdicción militar sobre los casos que esté investigando la Fiscalía Especial.

Human Rights Watch no cree que la prescripción de los crímenes sea un obstáculo insalvable en el caso de los enjuiciamientos. En las entrevistas con abogados y juristas mexicanos, nos encontramos con opiniones ampliamente divergentes sobre si se podrían y cómo se podrían enjuiciar los crímenes que se están investigando. Sin embargo, sí coincidieron en la creencia de que los agentes del Ministerio Público tendrán que transitar un terreno legal inexplorado y desarrollar argumentos originales que sean aceptables por los tribunales mexicanos—y que será difícil para los funcionarios de la Fiscalía Especial hacerlo sin la asistencia de juristas más experimentados e influyentes. En otras palabras, en los enjuiciamientos al igual que en las investigaciones, será difícil que la Fiscalía Especial pueda actuar sola.

En cambio, el gobierno de Fox debe hacerse cargo del asunto de la prescripción de los crímenes. Una manera de hacerlo sería que el Presidente convocara un grupo especial de trabajo compuesto por destacados juristas y representantes legales de los organismos privados y oficiales relevantes que se encarguen de asegurar que:

Se genere un amplio consenso en relación con la naturaleza del problema de la prescripción de los crímenes y las estrategias legales adecuadas que la fiscalía pueda adoptar para superarlo.

Independientemente del resultado final de los enjuiciamientos, el gobierno debe también desarrollar una estrategia para garantizar que:

La información recopilada por la Fiscalía Especial en relación con los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado se divulgue ampliamente entre el público mexicano.

Finalmente, es importante que el gobierno no olvide que la obligación de investigar y enjuiciar los abusos cometidos en el pasado—y, por lo tanto, asegurar el éxito de la Fiscalía Especial—reside en la totalidad del Estado. La responsabilidad de que la fiscalía fracase en su objetivo—si llegara a ocurrir—recaerá en todos los organismos y miembros del gobierno que no hicieron todo lo posible para hacerla funcionar.