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VII. ESTUDIO DE CASOS

Los ocho casos que se presentan a continuación ilustran las violaciones a los derechos de los trabajadores descritas más arriba. El contenido de este capítulo está basado en los testimonios ofrecidos por trabajadores, dirigentes y organizadores sindicales, abogados laborales, representantes de organizaciones no gubernamentales, magistrados de juzgados laborales, representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y ex funcionarios y funcionarios actuales del Ministerio de Trabajo. En cada uno de estos casos, Human Rights Watch contactó a los empleadores para conocer su posición sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores. Sin embargo, no nos facilitaron las entrevistas solicitadas. Y, tal como se indica más abajo, sólo uno de los empleadores respondió a las cartas y faxes que se enviaron con la finalidad de obtener su versión de los hechos.¹²³ En aquellos casos en los que se pudo acceder a documentos públicos donde se aclaraban la postura de los empleadores sobre los temas aquí tratados, la misma fue incorporada al presente documento.

Cuatro de los ocho casos descritos a continuación pertenecen al sector manufacturero, mientras que los restantes pertenecen al sector servicios. Todos los casos del sector manufacturero involucran a compañías exportadoras, y tres de ellos se refieren a maquilas del sector textil que operan en las zonas francas del país y que exportan sus productos principalmente a los Estados Unidos.¹²⁴ Este tipo de fábricas son precisamente las que se encuentran en condiciones de aprovechar los beneficios comerciales y arancelarios últimamente incluidos en el CAFTA. Dos de los cuatro casos analizados en el sector servicios involucran a ex compañías del Estado—sector eléctrico y de telecomunicaciones—que, desde 1996, han sido abiertas a la participación de capitales privados;¹²⁵ los otros dos casos involucran a compañías estatales—el aeropuerto y los servicios de seguridad social—que el gobierno ha propuesto privatizar a pesar de la firme oposición manifestada por los trabajadores del país. Aunque Human Rights Watch no toma posición sobre el proceso de privatización en sí, nos encontramos genuinamente preocupados por las presuntas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores observadas en estos cuatro casos.

Los problemas que se discuten a continuación son representativos de un gran número de casos similares que ocurren en El Salvador todos los años, donde los trabajadores sufren violaciones a sus derechos laborales y, de manera reiterada e infructuosa, buscan obtener algún tipo de resarcimiento legal ante el Ministerio de Trabajo y/o los juzgados laborales. El efecto cumulativo de estos abusos múltiples y de la respuesta inadecuada por parte del gobierno de El Salvador es que, a cada instante, los intentos de los trabajadores tendientes a ejercer sus derechos humanos se ven frustrados.¹²⁶

Lido, S.A. de C.V.

Si quiere mantener su trabajo, no debe reclamar sus derechos. . . . La empresa nos tiró a la calle sin nada [y] dijo que si pensábamos que teníamos derechos, había que reclamar a la instancia laboral.

—Julio Cesar Bonilla, tercer secretario de conflictos, Sindicato de Empresa Lido, S.A. (SELSA).¹²⁷

Establecida en 1953, Lido es una de las cinco empresas fundadas por la familia Molina Martínez que, bajo el nombre comercial “Lido,” se dedica a la elaboración de productos panificados y postres.¹²⁸ Presuntamente desde enero de 2002, Lido ha violado el derecho de los trabajadores a organizarse, despidiendo a afiliados y dirigentes sindicales, presionando a los afiliados a renunciar a su condición de afiliados sindicales, y demandando a los trabajadores despedidos que presentaran sus renuncias e hicieran entrega de documentación escrita donde abandonaban formalmente toda intención de demandar legalmente a sus empleadores antes de recibir sus correspondientes pagos indemnizatorios. La respuesta dada por el Ministerio de Trabajo a esta situación ha incluido, sin ningún tipo de explicaciones adicionales, favorecer una solicitud de inspección presentada por el empleador antes que una solicitud presentada por los trabajadores, no investigar presuntos actos de intimidación antisindical, y aceptar propuestas ilegales del empleador en las que se demandaba que el pago de los haberes adeudados a los trabajadores quedara sujeto a la presentación de renuncias por escrito a sus derechos legales.

En mayo de 2001, el SELSA negoció un contrato colectivo de trabajo con Lido, cuya cláusula No. 43 intimaba al empleador “a revisar su tabulador de salarios anualmente, en la segunda quincena del mes de enero, para que el aumento que se acuerde surta efecto a partir del seis de febrero siguiente.” Análogamente, la cláusula No. 56 establecía que “habrá revisión anual de salarios.”¹²⁹ Para ese entonces, los salarios de la mayoría de los trabajadores de Lido oscilaban entre los 233 dólares estadounidenses y los 295 dólares estadounidenses por mes, con cuarenta y cuatro horas de trabajo semanales.¹³⁰

En noviembre de 2001, cuando los trabajadores notificaron a Lido que esperaban una revisión de sus salarios en 2002, la gerencia de Lido sostuvo que, dado que no había transcurrido un año desde la firma del contrato, la compañía no se encontraba obligada a revisar los salarios de los trabajadores.¹³¹ El 20 de noviembre de 2001, los trabajadores iniciaron los procedimientos administrativos establecidos en el Código de Trabajo para la solución de este tipo de conflictos.¹³² Para fines de febrero, la negociación directa entre los trabajadores y el empleador había fracasado, y para el mes de mayo, la conciliación facilitada por el Ministerio de Trabajo también había sido malograda, en tanto Lido continuaba rehusándose a negociar los salarios de los trabajadores en el año 2002.¹³³

El 6 de mayo de 2002, en gran medida en respuesta a los intentos fallidos de negociar aumentos salariales y a la negativa de Lido de concurrir al arbitraje facilitado por el Ministerio de Trabajo, aproximadamente 320 de los cerca de 350 empleados de Lido participaron en una suspensión de actividades que se extendió a lo largo de un día.¹³⁴ En los tres días siguientes, entre el 7 y el 9 de mayo de 2002, Lido prohibió la entrada de cuarenta y un miembros del sindicato, once de los cuales eran dirigentes sindicales, a las instalaciones de la empresa. El 7 de mayo se les prohibió la entrada a treinta y seis afiliados sindicales, el 8 de mayo a cuatro, y el 9 de mayo a uno.¹³⁵ De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, estos trabajadores habían sido despedidos, en tanto el Código de Trabajo estipula que, a menos que una suspensión o una interrupción del trabajo haya sido declarada, los trabajadores se presumen despedidos cuando no les fuere permitido el ingreso al centro de trabajo dentro del horario correspondiente.¹³⁶

Los trabajadores presuntamente se enteraron de que habían sido despedidos a través de los guardias de seguridad de la empresa, quienes les informaron que tenían prohibida la entrada a las instalaciones de la misma. Los guardias no ofrecieron justificación alguna para sus acciones, manifestando solamente que estaban cumpliendo “órdenes.”¹³⁷ No obstante, el gerente general de Lido, Roberto Quiñónez, más tarde explicó a un inspector de trabajo:

El día 6 de mayo de 2002, se les había preguntado [a los trabajadores] quienes deseaban trabajar y quienes [deseaban] apoyar la acción del sindicato, siendo éstos últimos a los que no se les permite el ingreso. . . . [L]os 41 trabajadores pueden hacer uso de sus derechos laborales interponiendo las acciones correspondientes ante las autoridades competentes, ya que para ninguno existe la posibilidad de reinstalo.¹³⁸

Algún tiempo después, el Comité de Libertad Sindical de la OIT examinó el caso y sostuvo que “el Comité no puede descartar que los despidos se hayan producido como represalia por la medida de protesta realizada por los trabajadores, lo que implicaría una seria violación de la libertad sindical.”¹³⁹

El 7 de mayo de 2002, cuando el empleador prohibió el ingreso al centro de trabajo de treinta y seis empleados afiliados al sindicato, incluyendo los once dirigentes, varios dirigentes sindicales acudieron al Ministerio de Trabajo con la finalidad de solicitar una inspección para determinar si el proceder del empleador se ajustaba a derecho.¹⁴⁰ Se les informó que los inspectores no se encontraban disponibles en ese preciso momento pero que serían enviados por la tarde; nunca llegaron.¹⁴¹ Los trabajadores que fueron despedidos de Lido sólo pudieron obtener una respuesta a sus demandas luego de concurrir, al día siguiente, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con la finalidad de solicitar que los delegados de la misma los acompañaran a la Dirección General de Inspección de Trabajo.¹⁴² La presencia de los representantes de la Procuraduría aparentemente aceleró el proceso, facilitando la asignación de un inspector al caso.¹⁴³ Contrariamente a lo ocurrido con los trabajadores, cuando el representante legal de Lido llegó al Ministerio de Trabajo en la mañana del 6 de mayo de 2002 con la finalidad de solicitar una inspección sobre la suspensión de actividades de un día dispuesto por los trabajadores, los funcionarios de la Dirección General de Inspección de Trabajo lo atendieron de manera inmediata, ordenando que dos inspectores lo acompañaran en su propio automóvil para realizar la inspección solicitada en el centro de trabajo.¹⁴⁴

La inspección llevada a cabo el 8 de mayo verificó que, hasta aquel día, se les había prohibido el ingreso al centro de trabajo a cuarenta empleados afiliados al SELSA, incluyendo la cúpula del sindicato integrada por once dirigentes.¹⁴⁵ El inspector no llegó a ninguna conclusión, no obstante, sobre la legalidad de estos despidos de facto.¹⁴⁶ En una segunda ronda de inspección sobre el mismo tema, realizada el 6 de junio de 2002, el inspector de trabajo tampoco llegó a conclusión alguna. El inspector sostuvo que, en lo que respecta a los dineros adeudados a los cuarenta y un trabajadores a los que se les prohibió el ingreso a Lido, “el suscrito inspector recomienda que estos [trabajadores] interpongan nueva queja laboral especificando los períodos adeudados. Así como el salario de cada uno de ellos, ya que de la planilla proporcionada por el Representante Patronal, no se logró determinar con exactitud cuál es el salario promedio de cada trabajador afectado.”¹⁴⁷

Los cuarenta y un trabajadores despedidos también presentaron ante los juzgados laborales quejas individuales contra Lido por despidos injustificados e iniciaron un proceso de mediación ante la Dirección General de Trabajo.¹⁴⁸ Durante el proceso de conciliación judicial llevado a cabo entre julio y agosto de 2002, en el cual el juez, desempeñándose como mediador, procedió a convocar a las partes interesadas con la finalidad de facilitar una solución amigable del conflicto,¹⁴⁹ Lido les ofreció a los treinta miembros del sindicato el pago del 100 por ciento de la indemnización que les correspondía por despido injustificado. Sin embargo, esta oferta estaba atada a la presentación de las renuncias pertinentes por parte de estos trabajadores y a la entrega de documentos escritos donde abandonaran de manera formal toda intención de demandar legalmente a la compañía.¹⁵⁰ Los trabajadores aceptaron la propuesta y entregaron los documentos y renuncias que se les exigía firmar ante juzgado laboral antes de recibir los pagos correspondientes.¹⁵¹ Lido también ofreció pagarles a los once dirigentes sindicales los sueldos y beneficios que les correspondían hasta el momento de finalización del fuero sindical, según se estipula en el Código de Trabajo, reiterando una propuesta similar realizada durante una audiencia conciliatoria llevada a cabo ante la Dirección General de Trabajo.¹⁵² Sin embargo, la compañía se rehusó a pagar los beneficios adicionales que correspondían en virtud de lo establecido en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre el SELSA y Lido, o bien a reincorporar a los once dirigentes despedidos, tal como había sido solicitado por el abogado del SELSA.¹⁵³ Los dirigentes sindicales aceptaron la propuesta que, según se estima, Lido ha acatado.¹⁵⁴ Uno de los once dirigentes sindicales comentó sobre el accionar de Lido y manifestó que “el objetivo de la empresa es que el sindicato deje de existir. . . . Los trabajadores tienen temor. . . . Tienen miedo porque los [dirigentes] están afuera. Cuando estábamos adentro, interveníamos si les nega[ban] permiso [para] usar el baño.”¹⁵⁵

Entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre de 2002, Lido presuntamente despidió a otros veintidós afiliados sindicales, incluyendo a tres ex dirigentes.¹⁵⁶ Según indicó un abogado de los trabajadores, los guardias de seguridad de la compañía les informaron que habían sido despedidos y que debían comparecer ante la Dirección General de Inspección de Trabajo para reclamar el pago de la indemnización que les correspondía.¹⁵⁷ Al llegar a la Dirección General de Inspección de Trabajo, se les informó que debían firmar recibos y renuncias, previamente redactadas por Lido, donde no sólo dejaban constancia de su renuncia sino que abdicaban a toda intención de interponer cualquier tipo de demanda legal contra la empresa, antes de recibir el monto indemnizatorio que les correspondía.¹⁵⁸ Dieciséis trabajadores aceptaron esta propuesta sin dudarlo. Pero un grupo de seis empleados presuntamente se rehusó a firmar las renuncias, procediendo a llamar a su abogado.¹⁵⁹

La Dirección General de Inspección de Trabajo supuestamente informó al abogado de los seis trabajadores que se negaron a firmar la documentación facilitada por la empresa que podrían recibir el dinero que se les adeudaba aun si presentaban recibos alternativos donde manifestaran que habían sido despedidos y no que habían renunciado.¹⁶⁰ Sin embargo, cuando los seis trabajadores regresaron a la Dirección General de Inspección de Trabajo con los recibos alternativos en su poder, que fueron redactados por su propio abogado, las autoridades del organismo presuntamente los rechazaron. La Dirección General de Inspección de Trabajo instó a los trabajadores a que firmaran los documentos preparados por la compañía.¹⁶¹ Tal como había ocurrido con sus compañeros varios meses antes, los trabajadores se vieron obligados a firmar sus renuncias presionados por sus necesidades económicas. El representante legal de los trabajadores manifestó a Human Rights Watch, “Les dije que tenían el derecho de no firmar, por los efectos antisindicales de la renuncia forzada, pero ellos dijeron que necesitaban el dinero, y aceptaron [bajo] la presión del Ministerio de Trabajo.”¹⁶²

Al solicitarles a los veintidós miembros del sindicato que firmaran renuncias preparadas por el empleador y que manifestaran por escrito su negativa a interponer cualquier tipo de demanda legal contra la empresa como una condición para recibir las indemnizaciones por despido que les correspondían, el Ministerio de Trabajo ayudó a Lido a evadir las salvaguardas legales vigentes.¹⁶³ El secretario general del SELSA comentó, “Consideramos que [el Ministerio de Trabajo] est[aba] colaborando con la empresa para que el sindicato dej[ara] de existir legalmente ya que hacían [que los trabajadores despedidos] firmaran una hoja donde decía que era una renuncia voluntaria y no un despido de hecho.”¹⁶⁴

En total, Lido despidió a once dirigentes sindicales y a cincuenta y dos trabajadores afiliados al sindicato en mayo de 2002 y entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre del mismo año. La totalidad de los cincuenta y dos trabajadores afiliados despedidos terminaron firmando las renuncias y documentos requeridos por la empresa—treinta de ellos durante la audiencia conciliatoria facilitada por el juzgado y veintidós como consecuencia de la presión ejercida por el Ministerio de Trabajo. Con la presentación de estas renuncias, donde también se abandonaba toda intención de demandar legalmente a la compañía, Lido se puso a resguardo de ser multada por despidos antisindicales o por haber despedido ilegalmente a miembros del sindicato con la finalidad de lograr su disolución.

Supuestamente, la gerencia de la empresa también amenazó con aplicar despidos si los trabajadores no renunciaban a su afiliación sindical—presentando el caso de los trabajadores que habían sido despedidos como un ejemplo concreto a ser tenido en cuenta.¹⁶⁵ Según la secretaria general del SELSA, este tipo de tácticas produjo la renuncia sindical de aproximadamente treinta y seis trabajadores más.¹⁶⁶ Lido ha negado haber presionado a los trabajadores para que se desvinculen del SELSA y sostiene que aquellos que renunciaron lo hicieron de manera voluntaria.¹⁶⁷

Los trabajadores pusieron la supuesta intimidación a los miembros del sindicato por parte de la gerencia de Lido a consideración de la Dirección General de Trabajo el 14 de junio de 2002, pero al momento de publicarse el presente informe, el Ministerio de Trabajo aún no ha investigado esta acusación.¹⁶⁸ En un fallo reciente sobre este caso, el Comité de Libertad Sindical de la OIT solicitó de manera explícita “al Gobierno que realice una investigación . . . y si se determina la veracidad de los alegatos, [que] se tomen medidas para sancionar a los culpables de tales actos y para prevenir que los mismos se repitan en el futuro.”¹⁶⁹

Human Rights Watch contactó a Lido en reiteradas oportunidades a lo largo de la investigación llevada a cabo en El Salvador con la finalidad de solicitar una entrevista con un representante de la gerencia de la empresa que se encontrara en condiciones de brindar información sobre el conflicto laboral arriba descrito. Contactamos a la empresa vía telefónica en al menos doce ocasiones entre el 11 y el 18 de febrero de 2003, y enviamos una solicitud de entrevista vía fax, pero sin obtener los resultados esperados. En cada uno de estos intentos nos informaron que no había posibilidades de concertar una entrevista. El 30 de junio y el 2 de julio de 2003, Human Rights Watch envió a Lido solicitudes de información, por correo y fax respectivamente, donde se solicitaban datos sobre el conflicto laboral arriba descrito. Al momento de la redacción del presente informe, aún no hemos recibido ninguna respuesta de la empresa al respecto.