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Colombia: El gobierno obstaculiza la justicia


Las investigaciones sobre las mafias paramilitares necesitan apoyo internacional

(Bogotá, 16 de octubre de 2008) – El gobierno del Presidente Álvaro Uribe está poniendo en riesgo los intentos por investigar y juzgar los delitos cometidos por los paramilitares y sus cómplices en Colombia, señaló Human Rights Watch en un informe que fue dado a conocer hoy.

Las autoridades judiciales de Colombia han realizado avances sumamente importantes en la investigación de los paramilitares y sus poderosos aliados.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch




El informe de 148 páginas, titulado “¿Rompiendo el Control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia”, evalúa los avances logrados por Colombia en la investigación de la influencia de las mafias paramilitares. Asimismo, el informe critica medidas y acciones del gobierno que atentan gravemente contra la continuidad de dichos avances. El informe se elaboró a partir de múltiples entrevistas con fiscales e investigadores, el examen de declaraciones de testigos, así como de otros materiales recabados durante más de un año de investigación en Colombia.  
 
“Las autoridades judiciales de Colombia han realizado avances sumamente importantes en la investigación de los paramilitares y sus poderosos aliados”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, el gobierno de Uribe continúa tomando acciones y medidas que podrían sabotear estas investigaciones”.  
 
Los paramilitares colombianos han cometido delitos de lesa humanidad y otras atrocidades, entre las cuales se cuentan miles de asesinatos, masacres, amenazas, desapariciones forzadas y el desplazamiento forzado de civiles. Han acumulado un inmenso patrimonio y una fuerte influencia, en parte a través de alianzas mafiosas con miembros de las fuerzas militares, políticos y sectores empresariales.  
 
En los dos últimos años, la Corte Suprema de Colombia ha logrado avances sin precedentes en la investigación de las denuncias de colaboración de los miembros del Congreso colombiano con los paramilitares. Más de 60 congresistas, casi todos ellos pertenecientes a la coalición de Uribe, están siendo investigados. Y, en confesiones ante fiscales, los jefes paramilitares han comenzado a revelar información sobre algunas de las atrocidades que cometieron y a nombrar a sus cómplices en la esfera política y dentro de las fuerzas militares.  
 
El informe sostiene que los avances logrados son el resultado de una combinación fortuita de factores, entre los cuales cabe mencionar:  
• La sentencia de la Corte Constitucional que mejoró significativamente la Ley de Justicia y Paz de Colombia, al generar incentivos para que los jefes paramilitares revelen la verdad sobre los delitos que cometieron.  
• La independencia y el valor de un grupo de magistrados de la Corte Suprema y fiscales, que han impulsado las investigaciones sobre la infiltración paramilitar en el sistema político. Varios representantes de la sociedad civil colombiana y periodistas también han ayudado a revelar información que sirvió de base para las investigaciones.  
• La presión ejercida en el ámbito internacional – incluida la postergación de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia – ha logrado impedir en ocasiones que el gobierno intentara liberar de toda responsabilidad a los cómplices de los paramilitares.  
 
Sin embargo, el gobierno de Uribe en varias oportunidades ha tomado acciones y medidas que amenazan con frustrar estos avances, entre las cuales se incluyen:  
• Reiteradamente proferir ataques personales públicos contra la Corte Suprema y sus miembros, en algunos casos formulando acusaciones que luego han resultado ser infundadas, en lo que se percibe cada vez más claramente como una campaña para desacreditar a la Corte.  
• Proponer reformas constitucionales que retirarían las investigaciones sobre la denominada “parapolítica” de la competencia de la Corte Suprema.  
• Objetar y trabar iniciativas significativas de reforma del Congreso dirigidas a poner fin a la influencia paramilitar en esa institución.  
 
Además, la extradición a los Estados Unidos de varios de los principales jefes paramilitares, en el momento en que algunos de ellos estaban comenzando a hablar sobre su responsabilidad y la de sus cómplices en violaciones de derechos humanos, ha interrumpido investigaciones en curso en Colombia. Las extradiciones son positivas en tanto puedan quebrantar las cadenas de mando de estos grupos e incrementar la posibilidad de que estos jefes cumplan largas penas de prisión por sus delitos de narcotráfico, pero podrían significar un golpe fatal para el juzgamiento de atrocidades en Colombia.  
 
Human Rights Watch señaló que, ahora más que nunca, la presión internacional que se ejerza sobre Colombia es crucial para asegurar que la Corte Suprema colombiana y otras instituciones de justicia puedan continuar su tarea sin obstáculos.  
 
“Sin el suficiente apoyo y presión de la comunidad internacional, podrían desperdiciarse fácilmente los enormes esfuerzos de la Corte Suprema y fiscales de Colombia por juzgar a los cómplices de los paramilitares”, afirmó Vivanco.  
 
Human Rights Watch advirtió también que muchos de los crímenes cometidos por los paramilitares serían de la competencia de la Corte Penal Internacional. Asimismo, los cómplices de los paramilitares podrían ser investigados por ese tribunal si las autoridades colombianas no aseguran justicia en esos casos.  
 
“El gobierno de Uribe y las instituciones de justicia de Colombia tienen ahora la responsabilidad de garantizar que tanto los paramilitares como sus cómplices rindan cuentas y sean juzgados por sus delitos”, señaló Vivanco.  
 
El informe también recomienda al Departamento de Justicia de los Estados Unidos utilizar todas las herramientas con las cuales cuenta para promover la rendición de cuentas, el juzgamiento de los paramilitares y la desarticulación de sus estructuras criminales. El Departamento de Justicia podría tener competencia para juzgar a algunos de los líderes paramilitares por hechos de tortura cometidos en Colombia. Además durante la etapa de cooperación procesal, debería crear incentivos para lograr que revelen información relacionada no sólo con sus delitos de narcotráfico, sino también sus atrocidades y sus cómplices.
VERSIÓN SÓLO TEXTO
¿ROMPIENDO EL CONTROL? OBSTÁCULOS A LA JUSTICIA EN LAS INVESTIGACIONES DE LA MAFIA PARAMILITAR EN COLOMBIA
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