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 Chile Eventos del 2006 Chile continúa procesando penalmente a ex militares acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura del General Augusto Pinochet. Desde que asumió el cargo en marzo del año 2006, la Presidenta Michelle Bachelet ha dicho que impulsará una legislación para evitar que la ley de amnistía obstruya los procesos penales por abusos cometidos en el pasado, y para permitir que Chile forme parte de la Corte Penal Internacional. Chile continúa procesando penalmente a ex militares acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura del General Augusto Pinochet. Desde que asumió el cargo en marzo del año 2006, la Presidenta Michelle Bachelet ha dicho que impulsará una legislación para evitar que la ley de amnistía obstruya los procesos penales por abusos cometidos en el pasado, y para permitir que Chile forme parte de la Corte Penal Internacional. Chile también ha hecho progresos significativos en la protección de los derechos de los detenidos y en las garantías del debido proceso en los juicios penales. Sin embargo, las condiciones en las abarrotadas prisiones de Chile continúan siendo una seria preocupación, y el excesivamente amplio sistema de justicia militar chileno aún permite que los civiles sean juzgados por cortes militares. Procesos penales por violaciones a los derechos humanos en el pasado Hasta octubre del 2006, las cortes habían condenado a 109 personas por delitos que incluyen “desapariciones”, ejecuciones extrajudiciales y torturas durante el gobierno militar. Treinta y cinco ex generales del ejército, la policía y la fuerza aérea han sido condenados o están enfrentando juicios. Paradójicamente, estos avances han sido alcanzados aunque sucesivos gobiernos han permitido que siga vigente una ley de amnistía que exime de sanciones al personal militar por delitos cometidos entre 1973 y 1978. Generalmente, en los casos de desaparición forzada, la Corte Suprema ha sostenido que la ley es inaplicable, considerando dichos actos como casos de secuestros que continúan hasta que se puede demostrar la muerte de la víctima. Por ejemplo, en mayo y junio del 2006, la Corte Suprema revocó sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago que habían otorgado amnistía a los presuntos secuestradores de Jacqueline Binfa y Diana Aron en 1974. Varios jueces, sin embargo, consideran aplicable la amnistía a asesinatos que tuvieron lugar durante el periodo cubierto por la ley. En marzo, por ejemplo, el juez Víctor Montiglio amnistió a tres oficiales militares acusados de “desapariciones” en Arica, en 1973, luego de concluir que las víctimas habían sido asesinados. Otros jueces de apelación están en desacuerdo y han dictaminado que la ley internacional de derechos humanos invalida la amnistía en todos los casos de graves abusos de los derechos humanos. Al momento de elaborar este informe, la Corte Suprema aún tiene que emitir su fallo en este tema tan crucial. En octubre del 2006, sin embargo, la Presidenta Bachelet anunció que presentaría un proyecto de ley para evitar que la ley de amnistía sea aplicada en los casos de grave abuso contra los derechos humanos. Su anunció vino como respuesta a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que la ley era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, y por tanto, sin efecto legal. Los casos judiciales contra el ex dictador Augusto Pinochet continúan acumulándose. En octubre del 2006, Pinochet fue acusado por la tortura y desaparición de más de 50 personas que fueron detenidas, luego del golpe militar, en la Villa Grimaldi, un tristemente célebre centro de detención en Santiago. Él aún está siendo procesado por un elaborado plan en 1975, para encubrir el secuestro y asesinato de 119 izquierdistas chilenos, conocido como la Operación Colombo. Pinochet también enfrenta juicios por evasión fiscal y falsificación luego del descubrimiento de cuentas bancarias secretas en los Estados Unidos en las que había ocultado millones de dólares. La identificación de los restos de las víctimas de la dictadura continúa siendo un serio problema. Los familiares de las víctimas han sufrido incertidumbre y angustia durante años debido a identificaciones erradas. En abril del 2006, el director del Servicio Medico Legal, (SML), el servicio forense bajo el control del Ministerio de Justicia, admitió que el SML había identificado erróneamente los restos de al menos 48 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cuyos cuerpos habían sido exhumados en 1991 de tumbas sin identificación en el Cementerio General de Santiago. En agosto del 2006, un panel de expertos internacionales llegó a Santiago para revisar y corregir los procedimientos y conclusiones del SML. Abusos cometidos por el ejército luego del retorno a la democracia Las investigaciones judiciales sobre abusos contra los derechos humanos cometidos por el ejército luego del regreso a la democracia en 1990 han mostrado avance. Dichos abusos incluyen asesinatos para evitar que ex agentes testifiquen en procesos judiciales de derechos humanos y tráfico de armas. En abril del 2006, tres oficiales del ejército uruguayo fueron extraditados a Chile para enfrentar acusaciones de participación – junto con dos ex directores de inteligencia del ejército chileno – en una conspiración para ocultar en Uruguay a un ex agente chileno que había desarrollado armas químicas que se cree fueron usadas en asesinatos políticos. El agente, Eugenio Berríos, fue encontrado en una playa uruguaya en 1995 con una bala en la cabeza. Además, cinco oficiales del ejército, incluyendo a dos generales, enfrentan un juicio por encubrir el asesinato en 1992 de Gerardo Huber, un coronel del ejército chileno que era el testigo clave en una investigación de venta ilegal de armas a Croacia. Comisión sobre torturas El gobierno ha continuado haciendo frente a su legado de tortura de la era militar, aunque no ha apoyado las acciones penales por este abuso sistemático. Los principales partidos políticos acordaron en el año 2006 que las víctimas de tortura que no pudieron dar sus testimonios ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la que rindió su informe en noviembre del 2004, deberían tener la oportunidad de hacerlo. Pero por otro lado, negativo por cierto, en junio del 2006, la Corte Suprema confirmó de forma unánime la orden del ex Presidente Ricardo Lagos de que todos los testimonios sean mantenidos en condición de secretos durante 50 años. Condiciones penitenciarias La población penitenciaria chilena se incrementa en 8 por ciento al año y sus prisiones están gravemente superpobladas. En el año 2006 aproximadamente 39,000 prisioneros estaban albergados en instalaciones construidas para alojar a 24,000. Gran parte del incremento se debe a la mayor eficiencia de las cortes luego de la introducción de un nuevo sistema nacional de acusación fiscal. El problema se ha agravado debido a retrasos en la construcción de nuevas prisiones contratadas con empresas privadas. Un informe publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales en Junio de 2006 resaltaba los graves problemas de hacinamiento, ausencia de atención medica adecuada, muertes violentas, tortura y maltrato y corrupción de los guardias de las prisiones. El Centro Detención Preventiva Santiago Sur, con una capacidad máxima de 3,170 internos, contaba con 5,617 reclusos al momento de la publicación del informe. Según un informe enviado al Ministro de Justicia por un funcionario de la Corte Suprema, los prisioneros eran mantenidos encerrados en celdas atiborradas, en su mayor parte sin servicios higiénicos ni ventilación y deficientemente iluminadas, durante periodos de hasta 15 horas. El hacinamiento carcelario y el inadecuado servicio penitenciario contribuyen a las muertes violentas en peleas al interior de las prisiones. En septiembre del 2006, se informó que treinta y tres prisioneros habían muerto durante el año en peleas, muchos de ellos apuñalados con cuchillos hechos de manera casera. Enjuiciamientos penales por terrorismo contra los Mapuche El gobierno de Bachelet ha intentado poner fin al uso de la ley chilena contra el terrorismo para procesar a miembros del mas grande grupo indígena de Chile, los Mapuche, por delitos contra la propiedad cometidos durante protestas por tierras. En abril, el gobierno anunció que dejaría de invocar dicha ley en tales casos. Sin embargo, el Congreso se ha negado a permitir la libertad provisional para prisioneros Mapuche ya condenados bajo esa ley, tres de los cuales, junto con un simpatizante, protagonizaron una infructuosa huelga de hambre de 70 días en Mayo, con el fin de obtener su liberación. Un proyecto de ley presentado por el gobierno para eliminar de la ley contra el terrorismo los delitos contra la propiedad en los que no hubiera víctimas también fracasó al no conseguir el respaldo suficiente. Abusos policiales y justicia militar La brutalidad y el uso excesivo de la fuerza policial contra los Mapuche son problemas en partes del sur chileno en donde existen continuos conflictos por la tierra. Las investigaciones de estos hechos son, generalmente, realizadas por fiscales militares. Cualquier denuncia de violencia o abusos en contra de la policía es juzgada por cortes militares que están conformadas por oficiales en servicio activo y por tanto no ofrecen ninguna garantía de independencia ni de imparcialidad. Existe una comisión nombrada por el gobierno para redactar propuestas legales para restringir el ámbito de las cortes militares y adecuarlas a las normas del debido proceso, pero aún no ha presentado ninguna iniciativa al Congreso. Ratificación de la Corte Penal Internacional Chile es la única nación en Latinoamérica que ha suscrito pero aún no ha ratificado el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. La reforma ha estado paralizada desde abril del 2002, cuando el Tribunal Constitucional, juzgando la petición de un grupo de senadores de la oposición, declaró que el proyecto de ratificación era inconstitucional. En agosto del 2006, los senadores pospusieron el debate una vez más, solicitaron al gobierno aclarar los efectos potenciales sobre las adquisiciones de defensa de Chile si los Estados Unidos aplicasen sanciones conforme a la ley ASPA (ley de protección a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses), que prohíbe la ayuda de los EE.UU. a los países que ratifican el Estatuto de Roma sin comprometerse a no entregar a ciudadanos de los Estados Unidos para su juzgamiento por parte de la Corte. Actores internacionales importantes La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido diversos fallos importantes en casos chilenos. En noviembre del año 2005, resolvió en contra de Chile en el caso Palamara, que involucraba a un ex empleado civil de la marina cuyo tratado sobre inteligencia militar fue censurado por la marina, y quien fue condenado por una corte naval en 1995 por desacato. La Corte encontró que los tribunales militares chilenos tenían una jurisdicción excesivamente amplia, incluyendo a civiles, y no cumplían con los estándares internacionales de competencia, independencia ni de imparcialidad. Por ello, ordenó a Chile a reformar sus cortes militares, a fin de garantizar que satisfagan estos requisitos, y para poner término a su jurisdicción sobre los civiles. En septiembre del 2006, la Corte falló en contra de Chile por no brindar a un grupo no-gubernamental ambientalista el debido acceso a la información sobre un proyecto forestal en el sur chileno. Se ordenó al gobierno a adoptar medidas que aseguren el derecho de acceso a la información pública.  VERSIÓN SÓLO TEXTO
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