 Carta para la XI Cumbre Iberoamericana 21 de noviembre de 2001
Señores Jefes de Estado y de Gobierno
De mi mayor consideración:
Human Rights Watch recibe con satisfacción la decisión de concentrar la atención de la reunión de este año en la evaluación de la experiencia de cumbres anteriores para orientar mejor la dirección de futuros encuentros. Consideramos que la revisión detenida de las cumbres celebradas durante los últimos diez años arroja varias lecciones críticas. La más importante de ellas, desde nuestro punto de vista, es que el enérgico apoyo retórico a la democracia y los derechos humanos expresado en cada una de las cumbres pierde mucha de su importancia cuando no va acompañado de un plan de acción concreto y efectivo.
La Cumbre Iberoamericana reúne a veintiún estados latinoamericanos y europeos, muchos de los cuales cuentan con una larga tradición de respeto por los derechos humanos y la democracia. Tanto en América Latina como en Europa, existen sistemas regionales consolidados de protección de los derechos humanos y, en muchos países, instituciones nacionales de derechos humanos cada vez más independientes. Casi todos los gobiernos iberoamericanos representados en la cumbre han apoyado el desarrollo de organizaciones saludables y vibrantes de la sociedad civil.
Partiendo de esta sólida base, Human Rights Watch considera que la Cumbre Iberoamericana ofrece una instancia para que las naciones puedan desarrollar su compromiso en favor de la democracia, los derechos humanos universalmente reconocidos y el Estado de Derecho. Tratándose de un foro para debates de alto nivel, debe permitir que los líderes nacionales compartan experiencias, coordinen políticas y recurran a actores no gubernamentales con objetivos similares. Los participantes en el proceso de cumbres deben prestar especial atención a los obstáculos que existen en la región para que los derechos humanos y los principios democráticos se hagan realidad, así como a las condiciones de aquellos estados en los que aún subsiste represión gubernamental y violaciones sistemáticas.
Human Rights Watch quisiera destacar que en todas las declaraciones surgidas del proceso de cumbres anuales, desde la Declaración de Guadalajara de 1991 hasta la Declaración de Panamá de 2000, se subraya entre los objetivos de los estados participantes el respeto a los derechos humanos y la democracia. Al menos en sus pronunciamientos oficiales, cada una de las cumbres ha reafirmado la importancia crucial de la democracia y los derechos humanos para la comunidad iberoamericana.
Sin embargo, resulta decepcionante que el firme apoyo retórico que se concede a estos principios en las cumbres se traduzca rara vez en acciones concretas. Lamentablemente, de acuerdo con nuestra experiencia, el proceso de cumbres ha demostrado ser un mecanismo deficiente para la promoción de la protección de los derechos humanos y la democracia. De hecho, en algunos casos, los participantes en el proceso sólo tienen que salir de los salones de conferencia para enfrentarse con esta incómoda verdad, ya que las realidades dentro de los países anfitriones son a veces claramente inconsistentes con los discursos oficiales de las cumbres.
La diferencia entre la retórica y la acción nunca ha sido tan evidente como en la IX Cumbre Iberoamericana, celebrada en La Habana en noviembre de 1999. Los disidentes cubanos partidarios de la democracia planearon una serie de manifestaciones pacíficas con motivo de la Cumbre, lo que hizo que las autoridades reprimieran con dureza la disidencia pública. En total, 200 disidentes fueron arrestados durante las semanas anteriores y posteriores a la Cumbre. Muchos de ellos permanecieron en arresto domiciliario, mientras que otros estuvieron detenidos temporalmente en estaciones de policía.
Al mismo tiempo que se arrestaba a activistas cubanos por intentar ejercer sus derechos internacionalmente protegidos a la libertad de expresión y de reunión, los participantes en la Cumbre que representaban a veintiún países firmaron una declaración de apoyo a esos mismos derechos. La Declaración de La Habana, del 16 de noviembre de 1999, reafirmó "el firme compromiso de cada uno de los gobiernos [asistentes a la Cumbre] de fortalecer y hacer efectivo el funcionamiento de las instituciones democráticas, el pluralismo político, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales."
El presidente cubano Fidel Castro fue uno de los signatarios de la Declaración de La Habana. Al igual que el presidente peruano Alberto Fujimori, que estaba ingeniándoselas entonces para prolongar su mandato inconstitucionalmente por tercera vez consecutiva. De hecho, en 1996, ambos presidentes habían firmado la Declaración de Viña del Mar, durante la Cumbre celebrada en Chile, cuyo tema principal fue la democracia participativa. A principios de 1997 hubo una cruda demostración de la ineficacia del documento, cuando las autoridades cubanas encarcelaron al disidente Héctor Palacios Ruiz por haber circulado copias de la declaración y cuestionado la voluntad de Castro de respetar los compromisos contenidos en ésta.
Un año después de la Cumbre de La Habana y después de haber ganado la reelección con un recuento de votos ampliamente criticado, el Presidente Fujimori se vio obligado a dejar el cargo. La caída de su gobierno desacreditado y represivo generó nuevas posibilidades para la democracia y los derechos humanos en Perú, que ha servido para crear un contexto esperanzador para la actual Cumbre Iberoamericana. No obstante, la revisión de las condiciones en la región muestra que aún no se puede ignorar la desconexión entre la retórica de la cumbre y las realidades políticas.
Lo más obvio es la todavía impresionante contradicción entre las condiciones en Cuba y los ideales declarados de la comunidad iberoamericana. Cuba, con un Estado monopartidista, restringe prácticamente todas las vías de disidencia política. Las prisiones del país continúan albergando a prisioneros políticos no violentos condenados por crímenes tales como la propaganda enemiga, un delito cuya amplia definición cubre muchos tipos de expresión de la disidencia política.
Aunque el caso de Cuba es único por su intolerancia de la democracia, otros países latinoamericanos tampoco protegen adecuadamente los derechos humanos o respetan el Estado de Derecho. La situación en Colombia es especialmente preocupante. En este país se combinan las frecuentes masacres paramilitares, las violaciones graves y sistemáticas por parte de grupos armados rebeldes y el desplazamiento interno masivo, generando la crisis de derechos humanos más apremiante de la región. Un aspecto especialmente preocupante de la crisis es que ciertas unidades militares y destacamentos policiales colombianos continúan colaborando estrechamente con grupos paramilitares, a los que consideran una fuerza aliada y compatible con la suya.
En toda la región, el Estado de Derecho está bajo amenaza, especialmente con respecto al sistema de justicia penal. Entendemos que en un Estado de Derecho la justicia debe administrarse de manera justa y equitativa; los funcionarios del Estado deben rendir cuentas de sus actos; y la policía, las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad deben acatar las leyes, proteger los derechos humanos de los ciudadanos del país y ser sancionados por los abusos que cometan. Lamentablemente, esto no es así en muchos países latinoamericanos, en los que la judicatura se enfrenta a constantes interferencias de actores políticos; los abusos policiales crecen; las condiciones penitenciarias crueles y degradantes se mantienen y la corrupción e impunidad en muchos casos no disminuye. De hecho, en Argentina y Venezuela, se han producido denuncias inquietantes durante el último año de la existencia de escuadrones de la muerte policiales, un fenómeno que se asocia normalmente con las dictaduras militares del pasado.
Colombia es un ejemplo especialmente escalofriante de la amenaza directa al Estado de Derecho. Incluso cuando valientes investigadores del Estado superan enormes obstáculos para investigar crímenes, entre ellos graves violaciones a los derechos humanos, reciben muy poco apoyo de los organismos estatales que deberían protegerles. Durante 2001, siete investigadores judiciales fueron asesinados por presuntos sicarios paramilitares. Varios testigos claves de casos importantes también fueron asesinados cuando estaban bajo la custodia del gobierno o en el proceso de suministrar información a los fiscales.
Es más, en una serie de países latinoamericanos, los defensores de los derechos humanos corren especial peligro. El brutal asesinato de la abogada de derechos humanos mexicana Digna Ochoa, hace tan solo un mes, subraya los riesgos que acarrea el trabajo de estos defensores de primera línea de los derechos fundamentales. Durante el año pasado, los defensores de los derechos humanos de Colombia, Guatemala y Brasil han sido víctimas de amenazas de muerte, ataques y otras formas de hostigamiento.
Dada la diferencia obvia entre los principios y la práctica, Human Rights Watch está convencida que los estados participantes en la XI Cumbre Iberoamericana no pueden limitarse a señalar, una vez más, su apoyo retórico a los derechos humanos y la democracia.
Para poder salvaguardar la credibilidad del proceso de cumbres, se debe acordar un plan de acción concreto. Este plan de acción debe contener objetivos mensurables en virtud de los cuales puedan medirse los avances de un Estado en materia de protección de la democracia y los derechos humanos.
Al redactar dicho plan de acción, los estados participantes deben considerar, por ejemplo, la derogación de las leyes que violan el derecho a la libertad de expresión-tales como las leyes cubanas que sancionan el delito de "propaganda enemiga" y la legislación de otros países sobre "el desacato a la autoridad." Teniendo en cuenta, además, el problema generalizado de impunidad de los agentes del Estado, otro asunto de importancia regional que debe contemplarse dentro de cualquier serie de objetivos es la promulgación de leyes que excluyan la competencia de los tribunales militares en los casos de violaciones a los derechos humanos. Por último también puede discutirse la adopción de legislación interna que permita al estado enviar un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o, de lo contrario, acatar sin reservas las decisiones de la Comisión Interamericana, cuando ésta sea desfavorable al Estado.
Human Rights Watch cree que el valor del proceso de cumbres debe juzgarse en función de resultados tangibles y no atendiendo a las declaraciones emitidas. En lugar de redactar documentos con aspiraciones que reafirman ideales comunes, la comunidad de estados iberoamericanos debería adoptar medidas para implementar estos ideales en la práctica.
Les deseamos una reunión exitosa y productiva.
Atentamente,
José Miguel Vivanco
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INFORME ANUAL 2001 —