La democracia en la región

Mientras se acerca el fin del milenio, las democracias pluripartidistas parecen estables en la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, con la excepción destacada de Cuba, donde Fidel Castro celebró su 40º aniversario en el poder el 1º de enero de 1999, sin que se avistara en el horizonte ninguna muestra significativa de apertura. El 1º de marzo, el gobierno celebró un juicio a puerta cerrada de cuatro destacados disidentes encarcelados desde julio de 1997. Mientras tanto, las tendencias antidemocráticas del Presidente de Perú, Alberto Fujimori, se han vuelto cada vez más evidentes mientras se las ingenia para lograr un tercer mandato en el cargo, sin precedentes en la historia del país, a pesar del límite de dos términos que la Constitución impone a todo presidente. En 1998 y 1999, el hostigamiento y la intimidación generalizada de periodistas críticos del gobierno ha sido atribuida al servicio de inteligencia nacional, cuyo jefe de facto, Vladimiro Montesinos, es un asesor cercano al Presidente Fujimori.

La disposición de Chile a utilizar las anticuadas leyes de desacato para reprimir la expresión de críticas embarazosas para autoridades civiles y militares se puso claramente de manifiesto en abril de 1999, cuando un juez ordenó incautar todas las copias del libro recién publicado de la periodista Alejandra Matus, El libro negro de la justicia chilena. Matus salió del país antes de que la procesaran de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional que dispone medidas especiales contra las ofensas a las máximas autoridades civiles y militares. No obstante, el 16 de junio fue detenido el gerente y editor de Planeta, la editorial que publicó el libro.

Violaciones del derecho humanitario en conflictos armados internos

Los conflictos armados internos que tan sólo unos años atrás sumían a países tales como El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Perú han cesado por completo, con la salvedad de Colombia, el único país de la región que sigue azotado por la violencia política mientras todas las partes en el conflicto armado interno cometen horribles violaciones al derecho humanitario.

La mayor parte de las atrocidades cometidas en Colombia ha sido atribuida a los grupos paramilitares, que en muchos casos siguen recibiendo el apoyo de las fuerzas armadas. Cuando no han participado directamente en las masacres paramilitares, las fuerzas de seguridad gubernamentales no han hecho nada por proteger a la población de estos ataques. El gobierno ha emprendido algunas iniciativas para purgar del ejército a conocidos violadores a los derechos humanos. El 9 de abril, el Presidente Pastrana destituyó a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán, los oficiales de mayor rango destituidos por presuntas violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía General está instruyendo el caso contra Del Río por el presunto apoyo a la violencia paramilitar. Un caso similar contra Millán ha quedado en manos de la justicia militar y por lo tanto es probable que se salde con impunidad. Los tribunales militares colombianos son conocidos por su indulgencia al juzgar a miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones a los derechos humanos.

En mayo, la Fiscalía General suspendió del servicio activo al General Jaime Humberto Uscátegui, comandante de la segunda división del ejército, por no haber prevenido una masacre en la aldea de Mapiripán, Meta, en 1997. Lamentablemente, su caso también ha sido trasladado a un tribunal militar, lo que deja pocas esperanzas de que la fiscalía logre procesarle.

Mientras tanto las guerrillas colombianas continúan violando sistemáticamente el derecho humanitario. En febrero de 1999, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) capturaron y ejecutaron a tres ciudadanos estadounidenses que habían visitado a un grupo indígena U'wa en la parte noroccidental de Colombia.

Otro grupo guerrillero colombiano, el Ejército de liberación Nacional (ELN), cometió una serie de secuestros masivos en 1999. El líder del ELN, Antonio García, defendió los secuestros en entrevistas de prensa calificándolos de "política de impuestos" y diciendo que el grupo iba a mantener dicha práctica. El 12 de abril, el ELN capturó a 41 pasajeros y la tripulación de un vuelo de Avianca. Un mes después, más de 140 feligreses fueron tomados como rehenes en una iglesia de Cali.

En Perú, las fuerzas de Sendero Luminoso siguieron empleando métodos sanguinarios contra civiles. El 28 de mayo de 1999, una treintena de miembros del grupo entraron en cuatro vehículos en la ciudad de Uchiza, en el departamento de Huallaga. Durante un robo frustrado a un banco el grupo abrió fuego contra civiles y mató al sindicalista Jesús Espinoza León y a dos colegiales, así como a un policía.

Responsabilidad por atrocidades del pasado

En Guatemala, en estado de paz desde 1996, la población fue testigo de la publicación del informe más completo hasta ahora de las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante sus 30 años de lucha armada. El informe de marzo de 1999 de la comisión de verdad patrocinada por la ONU concluía que las fuerzas estatales y los grupos paramilitares fueron responsables del 93 por ciento de las violaciones a los derechos humanos documentadas en el mismo. El 83 por ciento de las víctimas de ejecuciones arbitrarias o desapariciones eran de origen maya, lo que llevaba a la conclusión de que el Estado era responsable de actos de genocidio.

El 20 de mayo, Human Rights Watch y otras tres organizaciones de derechos humanos publicaron un documento sustraído de los archivos del ejército guatemalteco que revelaba el destino de más de 180 personas "desparecidas" por las fuerzas de seguridad guatemaltecas entre agosto de 1983 y marzo de 1985. La mayoría de las personas nombradas en el diario habían sido aparentemente asesinada, varias fueron entregadas a las bases militares para que actuaran como informantes y unas cuantas escaparon o fueron puestas en libertad. El documento constituía la primera prueba de este tipo procedente de los archivos del ejército.

Al igual que la de sus vecinos, la paz de Guatemala sigue siendo precaria, mientras los índices galopantes de delincuencia común ocupan el lugar de la violencia política como la principal amenaza para la seguridad pública. En Guatemala, como en otros países de la región que hicieron la transición de la violencia política, la impunidad sigue siendo el talón de Aquiles del proceso de paz. Los crímenes violentos quedan sin castigo y el horrible asesinato del Obispo Juan José Gerardi en abril de 1998 demuestra las limitaciones de un proceso de paz que no estableció la responsabilidad por las terribles violaciones a los derechos humanos. Otros actos de violencia e intimidación en 1999—como el asesinato en Ciudad de Guatemala del político de oposición Roberto Belarmino González en mayo y las amenazas a otros miembros de su partido—sugieren un empeoramiento de la situación.

En Chile, el Senado está debatiendo una medida que aumentaría la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos, con la pretendida intención de establecer el paradero de los desaparecidos durante los 17 años de dictadura chilena (1973-1990). El proyecto de ley del Senado ofrecería total anonimato a todo implicado en violaciones a los derechos humanos que suministre información conducente a aclarar el destino de personas desaparecidas. En combinación con la ley de amnistía decretada por el gobierno del General Augusto Pinochet en 1978, esta nueva medida reduciría aún más las escasas posibilidades de establecer la responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno militar. Además, sería improbable que fueran útiles para el descubrimiento de restos humanos, dado que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación estableció que muchos cuerpos fueron arrojados al mar o destruidos con explosivos. La aprobación de esta medida supondría un grave retroceso en los esfuerzos para establecer la verdad y la justicia en relación con las miles de "desapariciones" de la época de la dictadura.

Violaciones de los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia

La impunidad de los criminales violentos poderosos, un abismo entre ricos y pobres, y una policía y judicatura corruptas e ineficaces son los factores que han conspirado para hacer que muchos países de Latinoamérica y el Caribe sean víctimas de una delincuencia aparentemente incontrolable. La incapacidad de la policía y del sistema judicial de todo el continente para controlar la delincuencia común por medio de la legalidad ha producido graves retrocesos en materia de derechos humanos. Frente a la intensa presión pública para el control de la delincuencia, varios gobiernos han hecho de los derechos del acusado el chivo expiatorio del fracaso de la aplicación de la ley, y han realizado declaraciones públicas en las que parecían justificar o incluso incitar a la brutalidad policial. Algunos gobiernos llegaron hasta el punto de decretar leyes para limitar los derechos del acusado en los procedimientos penales.

En 1998, México y Perú promulgaron leyes que fueron socavando los derechos del debido proceso de las personas sospechosas de delitos comunes. Alegando que las garantías de derechos humanos constituían una camisa de fuerza para la lucha contra delitos cada vez más sofisticados, el Presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso nuevas propuestas contra la delincuencia que facilitarían las detenciones basadas en pruebas mínimas—un problema grave en un país famoso por las detenciones ilegales, la fabricación de pruebas y un sistema de defensores públicos casi inoperante.

El Presidente Alberto Fujimori adoptó medidas más drásticas en Perú en 1998. Tras una aumento vertiginoso de la delincuencia violenta en Lima, el Congreso concedió a Fujimori la autoridad de emitir decretos durante 15 días. El Presidente dictó una serie de decretos que afectaron gravemente a las garantías del debido proceso para los sospechosos de delitos comunes y reprodujeron algunos de los peores aspectos del extinto sistema de tribunales sin rostro empleado para juzgar a sospechosos de terrorismo. De conformidad con el nuevo sistema, los acusados de pertenecer a una banda criminal podían ser detenidos sin cargos hasta 15 días y en ningún caso serían puestos en libertad antes del juicio. Los acusados—incluidos los menores con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años—pueden ser juzgados por tribunales militares. Otros decretos redujeron drásticamente la eficacia del recurso de hábeas corpus contra la detención arbitraria.

Mientras tanto, el Presidente Fujimori ha dejado repentinamente de procesar las peticiones de indulto presentadas por la Comisión Ad Hoc de su propio gobierno, establecida en 1996 para revisar los casos de presos inocentes condenados por los llamados tribunales antiterroristas sin rostro. Los tribunales sin rostro, creados por decreto en 1992, condenaron a miles de presuntos terroristas a largos períodos de prisión por medio de juicios que violaban los derechos más fundamentales del debido proceso. En febrero, tras acusar a la Comisión Ad Hoc, entre cuyos tres miembros se encuentra el ministro de justicia, de presentarle como inocentes a verdaderos terroristas, el Presidente dejó de conceder indultos para los casos presentados por la comisión. El Presidente Fujimori ha rechazado rotundamente 35 casos presentados por la prestigiosa comisión, y la tramitación de los casos de unas 200 personas consideradas inocentes por las organizaciones de derechos humanos está ahora paralizada.

La brutalidad policial sigue siendo notoria en Argentina, México, Brasil, Venezuela, Haití y la República Dominicana. En São Paulo, la policía militar forzó a tres jóvenes de 14, 17 y 21 años a entrar en un vehículo patrulla en la madrugada del 17 de febrero de 1999, la mañana del final del Carnaval. La detención y la subsiguiente "desaparición" de los jóvenes provocó una fuerte reacción de las autoridades debido sobre todo a que ninguno de los tres con antecedentes penales y todos procedían de familias relativamente acomodadas. El 2 de abril, sus cuerpos fueron descubiertos en un área boscosa de las cercanías, cada uno de ellos tenía un sólo orificio de bala en la cabeza.

Las condiciones de detención siguen siendo horribles en gran parte de Brasil, Venezuela y Centroamérica. En toda la región, la práctica de mantener a sospechosos en detención preventiva crea situaciones en las que la gran mayoría de la población carcelaria no ha sido sentenciada y se hacina habitualmente en celdas con delincuentes condenados. En Venezuela, las prisiones padecen el grave hacinamiento, la escasez de personal y, sobre todo, la violencia. En centros de detención policial en Minas Gerais, Brasil, donde más del 80 por ciento de los presos permanecen encerrados durante meses o años en pequeñas celdas diseñadas para detenciones breves, la tortura se ha aplicado habitualmente, lo que incluye métodos tales como los electrochoques y las sofocaciones. Mientras tanto, el grave hacinamiento, la violencia de los funcionarios y las espantosas condiciones continúan provocando rebeliones en las prisiones, las cárceles y los centros de detención policiales brasileños, algunas de las cuales se saldan con ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía de los presos que se dan a la fuga.

En un avance positivo, el Congreso de Perú aprobó en febrero de 1998 una ley que sanciona específicamente la tortura, estipula penas adecuadas y garantiza que los oficiales militares y los funcionarios policiales acusados serán juzgados en tribunales civiles. No obstante, la práctica de la tortura ha continuado. Uno de los casos investigados de conformidad con esta ley fue el de Pablo Pascual Espinoza Lomé, asesinado a golpes por un guardia de la prisión Yanamilla en Ayacucho el 18 de enero de 1999, después de descubrir que había tomado un licor elaborado con maíz ("chicha"). Le perforaron el bazo y sufrió una hemorragia interna.

Colombia se destaca en la región por su alarmante historial de asesinatos de defensores de derechos humanos, en una época en la que dichos crímenes se han vuelto más infrecuentes en todo el hemisferio. Durante 1998, seis defensores de derechos humanos fueron asesinados, entre ellos funcionarios del gobierno que investigaban abusos así como abogados no gubernamentales.

El 28 de enero de 1999, cuatro miembros del Instituto Popular de Capacitación (IPC), con sede en Medellín, fueron secuestrados por sicarios a las órdenes del líder paramilitar Carlos Castaño. Las víctimas eran Jairo Bedoya, Claudia Tamayo, Jorge Salazar y Olga Rodas. Castaño liberó a los cuatro activistas en febrero; sin embargo, sus fuerzas secuestraron durante un breve período en mayo a la senadora Piedad Córdoba, una defensora abierta de los derechos humanos.

El sábado siguiente, dos activistas de derechos humanos fueron sacados de un autobús en Medellín y asesinados a tiros. Everardo de Jesús Puerta y Julio Ernesto González trabajaban para el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP) y se dirigían a su reunión anual de planificación.

En Guatemala todavía se tienen que realizar avances en la resolución del horrible asesinato del Obispo Juan José Gerardi, en abril de 1998, que fue golpeado hasta la muerte días después de que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) publicara un estudio de cuatro tomos de las atrocidades cometidas por todas las partes durante las tres décadas de conflicto armado interno. La deficiente investigación del gobierno puso seriamente en entredicho su capacidad para romper con la tradición nacional de asegurar impunidad a los violadores a los derechos humanos. Días antes del primer aniversario del asesinato de Gerardi, hombres armados asaltaron la casa de Ronalth Ochaeta, director de personal de la ODHAG.

El Presidente Álvaro Arzú sólo empeoró el asunto en junio, cuando aprovechó la ocasión de su discurso ante la sesión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Guatemala, para denunciar a las organizaciones no gubernamentales como "instrumentos solapados de política exterior" y "muy reducidos grupos de voceros autonombrados, cuya representatividad es a todas luces discutible...." Este tipo de declaración recuerda a los discursos pronunciados reiteradamente en el pasado por los líderes militares guatemaltecos que intentaban distraer la atención de las violaciones a los derechos humanos.

El 1º de marzo de 1999, las autoridades de Cuba condenaron a cuatro líderes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna acusados de actos contra la seguridad del Estado relacionados con sus peticiones de puesta en libertad de presos políticos. Los cuatro disidentes—Marta Beatriz Roque Cabello, Vladimiro Roca Antúnez, Félix Antonio Bonne Carcassés y René Gómez Manzano—llevaban detenidos en prisiones de máxima seguridad desde su arresto del 16 de julio de 1997.

En una nota positiva, siguiendo la información ofrecida por Human Rights Watch, las autoridades federales brasileñas localizaron el arma utilizada para matar al abogado de derechos humanos Gilson Nogueira, el 20 de octubre de 1996 en el estado noroccidental de Rio Grande do Norte. La policía halló el arma durante un registro de una propiedad de uno de los principales sospechosos, que desde entonces está detenido. Nogueira había estado investigando activamente una muerte que implicaba a la policía y a empleados de la secretaría de seguridad pública estatal, y había recibido numerosas amenazas de muerte antes de su asesinato.

España y el Reino Unido realizaron avances históricos en el establecimiento de la responsabilidad por los delitos de lesa humanidad en octubre de 1998, cuando la policía británica detuvo en Londres al ex dictador chileno General Augusto Pinochet Ugarte. El juez español Baltasar Garzón pidió la detención de Pinochet por el presunto asesinato de docenas de ciudadanos españoles y chilenos durante los 17 años en que Pinochet y el ejército gobernaron Chile, una época de violaciones generalizadas y atroces del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física, entre ellas unos 3.000 asesinatos o "desapariciones." La detención de Pinochet fue una victoria importante para el Estado de derecho, y sugirió que los tiranos ya no podrían aterrorizar a sus propios ciudadanos con la seguridad de saber que en el peor de los casos se enfrentarían a un tranquilo exilio. En marzo de 1999, un tribunal de apelaciones de la Cámara de los Lores dictaminó que Pinochet podía ser extraditado por los actos de tortura cometidos después del 8 de diciembre de 1988, la fecha de entrada en vigor en los tres países afectados de la Convención contra la Tortura. La extradición de un ex jefe de Estado por actos de tortura no tiene precedentes y será un hito en materia de responsabilidad internacional.

La política estadounidense de confrontación constante con respecto a Cuba fue objeto de mayores críticas procedentes de todos los rincones del globo. Por un margen histórico, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en octubre de 1998 una resolución no vinculante pidiendo el fin de los casi 40 años de embargo estadounidense contra Cuba, con las únicas objeciones de Estados Unidos e Israel.

La política europea con respecto a Cuba ha descansado en firmes principios de derechos humanos sin tener que recurrir a un instrumento tan burdo como el embargo estadounidense, al que la Unión Europea (UE) se opone oficialmente. Sin embargo, la UE, cuyos miembros se han convertido en importantes inversores en Cuba, no ha podido traducir una política de principios en logros en materia de derechos humanos en la isla. La política de participación constructiva de Canadá ha sido similarmente improductiva.