El informe, que cuenta con 18 páginas de largo y se titula "Respuesta violenta: El Ejército estadounidense en al-Falluja," cuestiona las declaraciones de las autoridades militares estadounidenses que señalan que miembros de sus tropas fueron atacados el pasado 28 de abril por un conjunto de individuos que se encontraban participando en una manifestación pública. Sin embargo, Human Rights Watch no encontró evidencia concluyente que indicara la presencia de daños causado por balas en las paredes de la escuela donde se parapetaron los soldados norteamericanos. Por el contrario, los edificios ubicados en dirección opuesta a la escuela exhibían numerosos impactos de bala diferente calibre, contradiciendo de manera abierta las declaraciones del mando estadounidense que indicaban que sus soldados sólo se limitaron a responder con "fuego de precisión."

El informe de Human Rights Watch también señala que las autoridades estadounidenses no tomaron las medidas necesarias para equipar y entrenar de manera adecuada a sus tropas, constituidas principalmente por paracaidistas de la División aerotransportada número 82, para que se encontraran en condiciones de cumplir cabalmente con las tareas relacionadas al mantenimiento de la ley y el orden inherentes a toda ocupación militar.

También es necesario responsabilizar a las autoridades militares y civiles de los Estados Unidos por haber colocado a soldados que se encontraban listos para el combate en un ambiente altamente volátil como el de al-Falluja sin previamente brindarles un entrenamiento adecuado para el mantenimiento de la ley y el orden y para el uso de equipos para el control de manifestaciones públicas, señala el informe. Más aún, también hicieron falta servicios de traducción.

"La presencia militar estadounidense en al-Fallujah comenzó con los eventos trágicos de fines de abril, y ha resultado altamente problemática desde entonces" dijo Hanny Megally, Directora Ejecutiva de la División de Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch. "Es necesario realizar una investigación detallada sobre posibles violaciones al derecho internacional humanitario cometidas por las tropas estadounidenses."

Megally señaló que las fuerzas estadounidenses percibieron una amenaza por parte de los manifestantes aquel día, aunque la evidencia disponible indica que respondieron de manera claramente desproporcionada.

Las fuerzas estadounidenses entraron en al-Falluja, un pueblo de 300.000 habitantes ubicado a unos sesenta kilómetros (treinta cinco millas) al Oeste de Bagdad, el día 23 de abril. El 28 de abril, una manifestación en la que se reclamaba la partida de los soldados estadounidenses se convirtió en una confrontación abierta. Testigos iraquíes informaron que los soldados estadounidenses dispararon sin provocación alguna, matando a diecisiete personas e hiriendo a más de setenta. Los soldados y comandantes estadounidenses presentes en la escena, al igual que el Cuartel General del Comando Central, afirmaron que los soldados respondieron con "fuego de precisión" contra hombres armados que dispararon primero desde la muchedumbre. Dos días después, un convoy militar que pasaba por al-Falluja abrió fuego en medio de otra manifestación, matando a tres iraquíes e hiriendo al menos a otros dieciséis.

Human Rights Watch entrevistó a víctimas, testigos, y a soldados y comandantes estadounidenses, e investigó las evidencias balísticas encontradas en la escena.

Según la ley humanitaria internacional, los Estados Unidos, en su carácter de potencia ocupante en Irak, tiene la obligación de asegurar el mantenimiento del orden público y de la seguridad, señaló Human Rights Watch. Cuando se ejercen funciones relacionadas al mantenimiento de la ley y el orden, como ser el control de manifestaciones y muchedumbres, tales acciones deben quedar sujetas a los estándares habitualmente utilizados en cuestiones vinculadas al mantenimiento de la ley y el orden. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley se aplican a todos aquellas personas que cumplen funciones policiales, incluyendo a los soldados que se desempeñan en este tipo de tareas. Las personas a cargo del mantenimiento de la ley y el orden sólo pueden hacer uso de la fuerza letal "cuando resulte estrictamente inevitable y con el fin de proteger vidas". Al hacerlo deberán actuar con moderación y en proporción a la seriedad del ataque sufrido, minimizando los daños causados, y respetando y preservando la vida humana.

Human Rights Watch exhortó a las autoridades estadounidenses a que conduzcan una investigación completa, independiente e imparcial sobre los hechos ocurridos en al-Falluja. Dicha investigación deberá determinar y esclarecer las circunstancias que condujeron a la muerte de al menos veinte iraquíes, y a responsabilizar a aquellas personas encontradas culpables de violaciones a la ley humanitaria internacional.

Los hallazgos de Human Rights Watch no deben ser considerados como un sustituto de una investigación imparcial e independiente, la cual tendrá acceso a material de carácter clasificado, tal como las comunicaciones que tuvieron lugar entre los comandantes estadounidenses, los resultados de los interrogatorios de los soldados involucrados en los incidentes arriba mencionados, y otras fuentes de inteligencia, señaló Megally. La investigación también deberá concentrarse en analizar el posible rol desempeñado por los provocadores que se encontraban en medio de la muchedumbre.

En el caso de que la investigación llegue a la conclusión de que existió una situación de uso ilegal de la fuerza, el gobierno de los Estados Unidos deberá ofrecer las compensaciones correspondientes a las víctimas, señaló Megally.