La emisión del programa se realizó durante la desmovilización de unos 800 combatientes paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, parte de la alianza conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Desde 2002, los paramilitares han estado en negociaciones con el gobierno para la entrega de sus armas. Los líderes paramilitares se han negado a entregarse, sin embargo, han exigido inmunidad internacional por sus crímenes.

"El programa es una farsa", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "En lugar de darles un micrófono a estos criminales, el gobierno debería concentrarse en detenerlos y llevarlos ante la justicia".

Human Rights Watch cuestionó la estrategia de permitir la desmovilización de paramilitares de bajo rango mientras sus líderes quedan en libertad para reclutar a nuevos miembros y continuar operando y cometiendo nuevos crímenes. Por ahora, no se han establecido reglas claras para garantizar que las personas que hayan cometido graves abusos contra los derechos humanos sean enjuiciadas o siquiera investigadas.

Entre los líderes paramilitares cuya aparición en directo a través del vídeo se encuentra Carlos Castaño, jefe de las AUC. Una revisión de los crímenes por los que Castaño ha sido condenado o que ha admitido responsabilidad supone una lectura escalofriante.

En 2001, un juez colombiano condenó a Castaño a 22 años de prisión por su participación en el asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa, muerto por disparos en 1990 en el aeropuerto de El Dorado de Bogotá. Desde su fundación en 1984, la Unión Patriótica ha sido prácticamente exterminada mediante atentados contra sus miembros por parte de paramilitares bajo las órdenes de Castaño, con frecuencia en coordinación con las fuerzas armadas colombianas.

En su biografía autorizada, Mi Confesión, Castaño explicó en detalle cómo seleccionó y entrenó al joven sicario que en 1990 asesinó a un segundo candidato presidencial, el líder del M-19 Carlos Pizarro. Según las autoridades, se trata del mismo muchacho que empleó para asesinar a Jaramillo. Como resultado, en 2002, la Fiscalía General recomendó que Castaño fuera condenado por el asesinato y sentenciado a 60 años de cárcel.

Castaño también ha reconocido que planeó el asesinato en 1994 del senador Manuel Cepeda, ejecutado en coordinación con oficiales del ejército colombiano.

En abril de 2003, un juez de Antioquia condenó a Castaño a 40 años de prisión por organizar la masacre de al menos 15 personas en El Aro en 1997. Los testigos dijeron que los paramilitares se llevaron a un residente a una casa, lo ataron a un árbol y le sacaron los ojos y le cortaron la lengua y los testículos antes de matarlo.

También este año, un tribunal de Bogotá condenó a Castaño a 40 años de cárcel por su participación en la organización de la masacre de Mapiripán de 1997. En la madrugada del 15 de julio, unos 200 paramilitares fuertemente armados empezaron a sacar de sus casas a los residentes de este pueblo de la selva. Se cree que, durante un período de cinco días, los paramilitares asesinaron a por lo menos 30 personas, a las que torturaron antes de arrojarlas a un río cercano.

En enero, el Fiscal General de Colombia tenía abiertos al menos 35 casos contra Castaño. En 27 de ellos se habían dictado oficialmente órdenes de captura contra él.

"No hay duda de que personas como Carlos Castaño-que ha planeado, ordenado, pagado o incluso participado en atrocidades-tienen que estar en la cárcel y no en un programa de televisión patrocinado por el gobierno", señaló Vivanco.

Otro líder paramilitar que participó en el programa es Diego Murillo Bejarano, alias "Don Berna" o "Adolfo Paz". Actualmente, Murillo lidera el Bloque Cacique Nutibara. Murillo fue jefe de seguridad de la familia Galeano, que en los ochenta estuvo asociada con el narcotraficante Pablo Escobar y otros miembros del cartel de Medellín. Las autoridades también han vinculado a Murillo con las bandas de Medellín contratadas para asesinar a personas destacadas. A principios de este año, los asesores del Presidente Álvaro Uribe Vélez afirmaron que Murillo era un importante narcotraficante.

También apareció en el programa Salvatore Mancuso, otro cabecilla paramilitar. En abril, un juez de Antioquia condenó a Mancuso a 40 años de prisión por organizar la masacre de El Aro de 1997. Ese mismo año, la Fiscalía General dictó una orden de captura contra él por su participación en los asesinatos de dos hermanos y otro hombre ocurridos en 1996 en el departamento de Sucre. Según la investigación, diez paramilitares bajo el mando de Mancuso seleccionaron a los tres hombres entre una lista de nombres y los ejecutaron en el acto.

En total, la Fiscalía General ha dictado ocho órdenes de captura contra Mancuso en relación con masacres y asesinatos selectivos.