Colombia


Un giro erróneo
La actuación de la Fiscalía General de la Nación

I. RESUMEN Y RECOMENDACIONES

II. LA ACTUACIÓN DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

III. EL PAPEL DE LA ASISTENCIA DE ESTADOS UNIDOS


(New York: Human Rights Watch, noviembre de 2002)

I. RESUMEN Y RECOMENDACIONES

Desde su llegada al poder en agosto de 2002, el Presidente Alvaro Uribe ha recorrido Estados Unidos y Europa en busca de un mayor apoyo para perseguir a los grupos armados ilegales de Colombia. El hecho de que llegue o no esta ayuda debe depender sobre todo de si su gobierno es capaz de frenar las violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas gubernamentales y de romper los lazos persistentes entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares de extrema derecha. Desafortunadamente, es posible que no pueda contar con el mecanismo más importante del Estado colombiano para lograr estos objetivos: la Fiscalía General de la Nación.

 

  La capacidad de la institución para investigar y procesar los abusos a los derechos humanos se ha deteriorado significativamente.

Durante el año pasado, bajo la dirección del Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, la capacidad de la institución para investigar y procesar los abusos a los derechos humanos se ha deteriorado significativamente. Este deterioro es producto de varios factores bajo el control del Fiscal General: una falta de apoyo a los fiscales encargados de casos difíciles de derechos humanos; una falta de adopción de medidas adecuadas y oportunas para proteger a los funcionarios cuyas vidas han sido amenazadas; y el despido y la renuncia forzada de experimentados fiscales e investigadores judiciales. Como resultado de ello, importantes investigaciones de derechos humanos que tomaron impulso durante el mandato de su predecesor en el cargo, se han visto seriamente debilitadas durante la administración de Osorio. La actitud del Fiscal General ante estos casos podría contribuir a alimentar la percepción, que aún subsiste entre los paramilitares y algunos miembros de las Fuerzas Armadas, de que los abusos a los derechos humanos son una forma aceptable de librar la guerra.

A los pocos días de asumir el cargo, el 31 de julio de 2001, el Fiscal General Osorio forzó las renuncias del director y del ex director de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Durante los meses siguientes, continuó purgando la institución de funcionarios que habían trabajado en casos delicados de derechos humanos y se envió un mensaje claro a los restantes funcionarios de que no serían bien recibidos los esfuerzos destinados a lograr el procesamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por oficiales militares. Más de una docena de ex funcionarios judiciales y funcionarios en servicio activo dijeron que Osorio había dañado la moral de los fiscales e investigadores y menoscabado las posibilidades de lograr que se hiciera justicia en casos claves.

 

  Osorio forzó las renuncias del director y del ex director de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.

Conforme al derecho internacional, Colombia tiene la obligación jurídica de investigar y procesar los abusos a los derechos humanos. El país incumplió esta obligación durante muchos años y permitió que importantes atrocidades quedaran sin castigo. En 1995, la Fiscalía General de la Nación estableció una Unidad Nacional de Derechos Humanos para investigar y procesar los crímenes de derechos humanos. Durante los siguientes seis años, la Unidad hizo avances significativos en toda una serie de casos importantes relacionados con personal del ejército y la policía, paramilitares y guerrilleros.

El progreso en estos casos es un aspecto crítico para determinar si Colombia está cumpliendo las condiciones que regulan actualmente la ayuda militar de Estados Unidos. Las condiciones exigen específicamente que las Fuerzas Armadas colombianas cooperen con los funcionarios judiciales civiles encargados de procesar casos de derechos humanos. También exigen que las Fuerzas Armadas corten sus lazos con los grupos paramilitares abusivos del país. La manera más eficaz de cumplir este objetivo consiste en procesar a los oficiales militares sospechosos de haber colaborado con los grupos paramilitares.

 

  Estados Unidos ha invertido, desde el año 2000, más de 25 millones de dólares en la institución.

En reconocimiento de la importante labor de la Fiscalía General, Estados Unidos ha invertido, desde el año 2000, más de 25 millones de dólares en la institución. Además de suministrarle la formación y el equipo necesario, ha financiado la creación de nuevas unidades satélite de Derechos Humanos en ciudades alejadas de la capital, Bogotá. Debe ser especialmente preocupante para el Gobierno estadounidense, por lo tanto, que muchos de los funcionarios de justicia obligados a abandonar su empleo el año pasado fueran precisamente aquellos que habían recibido formación especial en Estados Unidos, encabezado unidades satélite o participado como instructores en programas administrados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. También debe ser motivo de inquietud el hecho de que el fiscal general haya respondido a la preocupación internacional sobre casos de derechos humanos acusando públicamente a miembros del Congreso de Estados Unidos, a varios gobiernos europeos y a organizaciones no-gubernamentales internacionales de participar en una "guerra" para desacreditar a las autoridades colombianas.

A no ser que se adopten medidas concretas para restaurar la eficacia de la Fiscalía General, Colombia podría perder uno de sus instrumentos más importantes para frenar las violaciones a los derechos humanos y fortalecer el Estado de derecho.

RECOMENDACIONES

Para revertir esta peligrosa tendencia, el Gobierno colombiano debe adoptar las siguientes medidas:

  • garantizar la autonomía y la imparcialidad de los fiscales y los investigadores de la Unidad Nacional de Derechos Humanos limitando la capacidad del Fiscal General para despedir a fiscales e investigadores sin motivo;

  • promulgar una directiva presidencial que subraye la importancia del trabajo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, seguida de frecuentes manifestaciones públicas de apoyo por parte del Presidente, sus Ministros y la cúpula de las fuerzas de seguridad;

  • asegurarse de que el Fiscal General ha contratado a profesionales experimentados capaces de administrar la Unidad Nacional de Derechos Humanos y los organismos relacionados con el máximo nivel de independencia;

  • aumentar los recursos a disposición de los fiscales e investigadores de la Unidad Nacional de Derechos Humanos para transporte, tecnología forense, formación y administración básica;

  • garantizar que los ex funcionarios judiciales y funcionarios en servicio activo sometidos a amenazas creíbles relacionadas con su trabajo en casos de derechos humanos reciban protección policial adecuada, incluso después de haber dejado la Fiscalía.

El Gobierno de Estados Unidos debe:

  • dejar en claro al Presidente de Colombia que el Departamento de Estado no podrá certificar los avances en materia de derechos humanos a menos que el Fiscal General deje de debilitar las investigaciones de derechos humanos y pueda demostrar un avance significativo en estos casos de derechos humanos;

  • instar al Presidente Uribe a que haga uso de su autoridad como Presidente y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas para suspender a los oficiales acusados creíblemente de haber cometido violaciones a los derechos humanos y de haber instigado y secundado los abusos cometidos por grupos paramilitares ilegales;

  • revisar la legislación para que incluya un requisito de información sobre los progresos alcanzados por la Fiscalía General en casos claves de derechos humanos;

  • encargar un informe de la Oficina de Contabilidad General (General Accounting Office) sobre la eficacia de la asistencia estadounidense a la Fiscalía General de Colombia y en concreto a la Unidad Nacional de Derechos Humanos;

  • aumentar el financiamiento de la Unidad Nacional de Derechos Humanos para la compra de aparatos básicos, como teléfonos, computadoras y máquinas de fax;

  • expresar públicamente, a través de la embajada y de visitas de funcionarios del Gobierno y oficiales militares, su apoyo al trabajo vital de los fiscales y funcionarios judiciales encargados de casos de derechos humanos.

II. LA ACTUACIÓN DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
REGRESAR