 República Dominicana — Deportaciones realizadas injustamente Informe expone en detalle la deportación de domínico-haitianos (Santo Domingo, 4 de abril de 2002) — La República Dominicana debe revisar sus políticas de deportación para garantizar el debido proceso y evitar la discriminación por motivos de raza, instó Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy. Human Rights Watch también pidió al gobierno que proteja a los dominicanos de origen haitiano frente a la deportación, de conformidad con la norma constitucional que dispone la nacionalidad por nacimiento.
Seleccionadas por el color de su piel, que suele ser más oscura, las personas de "aspecto haitiano" son deportadas con frecuencia a Haití a las pocas horas de su detención, lo que provoca la separación de familias y el abandono de niños. Los presuntos haitianos indocumentados-entre ellos los dominicanos de origen haitiano- no cuentan con una oportunidad justa de cuestionar su expulsión. Reconociendo los recientes avances hacia la reforma, Human Rights Watch elogió al gobierno del Presidente Hipólito Mejía por demostrar una voluntad sin precedentes para hacer que el trato a los haitianos y domínico-haitianos sea compatible con las normas internacionales de derechos humanos. "El gobierno dominicano debe aplicar plenamente su propia Constitución y legislación," dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Sería un gran avance en materia de derechos humanos que la práctica se adjustara a las reglas." El informe de 34 páginas, "'Personas ilegales': Haitianos y domínico-haitianos en la República Dominicana", está basado en una investigación realizada en 2001 e incluye amplios testimonios de deportados haitianos y domínico-haitianos, familias a las que negaron el acta de nacionalidad, abogados, funcionarios del gobierno y defensores de los derechos humanos. Los domínico-haitianos se enfrentan a grandes dificultades para demostrar su derecho a quedarse en su propio país. No se ha reconocido la nacionalidad de varias generaciones de personas de origen haitiano, quienes han quedado en una situación descrita por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de "ilegalidad permanente." En el informe se describen las terribles repercusiones de esta negación de la nacionalidad, especialmente en lo relativo al derecho de los niños a la educación. Se ha prohibido el acceso a la educación de algunos niños de origen haitiano, especialmente después de la educación primaria. Aún reconociendo el derecho soberano de la República Dominicana a controlar la inmigración, Human Rights Watch apeló al gobierno dominicano para que remedie sus prácticas abusivas. En este sentido, elogió la decisión adoptada por el gobierno en septiembre de 2001 de otorgar actas de nacimiento a dos niñas domínico-haitianas cuya nacionalidad se había cuestionado. "Este fue un buen primer paso, pero miles de personas se enfrentan al mismo problema," dijo Vivanco. Human Rights Watch también alabó el acuerdo alcanzado la pasada semana por el gobierno para establecer un comité de impulso para la vigilancia del cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una iniciativa anunciada tras la negociación de un caso relacionado con haitianos y domínico-haitianos que está pendiente ante el sistema interamericano de derechos humanos. Human Rights Watch expresó su preocupación, sin embargo, por una aparente reacción nacionalista en contra de la creación del comité, que incluye las grafitis antihaitianas que han aparecido en los últimos días en las calles de Santo Domingo. "Las recientes iniciativas del gobierno en el sistema interamericano de derechos humanos son sumamente alentadoras," dijo Vivanco. "Aunque se trata de una cuestión difícil, tengo la esperanza de que el gobierno continúe avanzando en el tratamiento de la inmigración ilegal de manera justa y no discriminatoria." Casos seleccionados del informe: En febrero de 2001, Lucía François fue detenida por funcionarios de inmigración dominicanos que no le permitieron recoger a sus dos hijas menores, de cuatro y seis años, antes de deportarla de la República Dominicana a Haití. Cuando Human Rights Watch la entrevistó seis meses después, todavía no las había visto ni había hablado con ellas. Al no poder regresar a la República Dominicana, donde habían nacido sus hijas, y no tener posibilidad de contactarlas por teléfono, François fue totalmente desconectada de sus dos hijas. "No he podido hablar con nadie de casa," dijo François a Human Rights Watch. "No sé si están vivas o muertas... Todos los días, cuando me despierto, pienso en mis hijas." Cuando tenía 23 años, Jorge René Méndez, perteneciente a una tercera generación de dominicanos de origen haitiano, había sido deportado dos veces de la República Dominicana a Haití. La primera vez, en marzo de 1999, los agentes de inmigración dominicanos lo detuvieron en la calle Máximo Gómez de Santo Domingo y lo pusieron en un autobús junto con unos 50 detenidos, sin pedirle la documentación ni preguntarle sobre su situación legal. La segunda vez que lo deportaron, en febrero de 2000, los funcionarios hicieron añicos la fotocopia de la cédula que les enseñó. En ambas ocasiones acabó en Haití sin un centavo y tuvo que mendigar comida y albergue.  LEÁ EL INFORME
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INFORME ANUAL 1998 — CAPÍTULO SOBRE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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