Los departamentos de policía prefieren alegar que los casos que se conocen son hechos aberrantes pero que han sido cometidos por un oficial 'que actúa por su cuenta'. Sin embargo estas violaciones de los derechos humanos persisten debido a las grandes deficiencias que existen en los mecanismos de control penal y administrativo. Kenneth Roth, Director Ejecutivo de Human Rights Watch

En el informe en inglés de 450 páginas se denuncia que las deficientes investigaciones internas no establecen la responsabilidad de las actuaciones abusivas por parte de los agentes policiales y que son escasos los procesos penales. Las agencias civiles de control no tienen los fondos ni el acceso necesario para fiscalizar adecuadamente a la policía. Algunas alcaldías gastan decenas de millones de dólares del dinero de los contribuyentes para responder ante las demandas civiles por brutalidad policial, en lugar de tratar de resolver los problemas subyacentes.

El informe está basado en las investigaciones realizadas en 14 ciudades durante un periodo de dos años y expone varios problemas comunes a todas ellas. Las ciudades son: Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Indianápolis, Los Angeles, Mineápolis, Nueva Orleans, Nueva York, Filadelfia, Portland, Providence, San Francisco y Washington, D.C.

"Los departamentos de policía prefieren alegar que los casos que se conocen son hechos aberrantes pero que han sido cometidos por un oficial 'que actúa por su cuenta'," dijo Kenneth Roth, Director Ejecutivo de Human Rights Watch, con sede en Nueva York. "Sin embargo estas violaciones de los derechos humanos persisten debido a las grandes deficiencias que existen en los mecanismos de control penal y administrativo," agregó Roth.

En ciudades de todo Estados Unidos, se han denunciado abusos tales como disparos injustificados, palizas graves, ahogamientos fatales y otras formas de tratamiento físico brutal. Estos abusos y la falta de voluntad de los funcionarios de frenarlos, constituyen violaciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Estados Unidos. También constituyen violaciones de la política interna de la mayoría de los departamentos de policía y de las leyes estatales y federales. Además, suponen una traición al público al que estos agentes han jurado servir.

Es muy difícil obtener datos sobre el abuso policial. Las unidades de asuntos internos operan bajo un manto de secreto y se muestran reticentes a publicar ni siquiera la información más básica sobre sus actividades. En 1994, el Congreso dio instrucciones al Departamento de Justicia para que recopilara estadísticas y elaborara un informe anual sobre el uso excesivo de la fuerza a nivel nacional. Casi cuatro años después, aún no se ha publicado dicho informe.

Human Rights Watch ofrece las siguientes recomendaciones para enfrentar este fenómeno:

• condicionar la ayuda federal a los departamentos de policía a la entrega de informes periódicos sobre el uso excesivo de la fuerza y a la mejora de la supervisión y la disciplina.
• crear una política interna de absoluta intolerancia a los abusos entre la policía y los líderes políticos.
• establecer sistemas de prevención para identificar a agentes "de riesgo" y expulsar a los que cometen abusos.
• ofrecer financiación y apoyo político adecuados a los organismos de revisión civil.
• contratar fiscales especiales en cada estado que se encarguen de los procesamientos penales de policías.

En las ciudades donde se puede disponer de datos, éstos demuestran que las minorías han denunciado violaciones por parte de la policía con más frecuencia que los residentes blancos, y que el número de denuncias presentadas por miembros de grupos minoritarios guarda muy poca proporción con su representación en estas ciudades. Al parecer, la policía ha sometido a las minorías a un trato discriminatorio y ha abusado verbalmente de ellas utilizando epítetos raciales.

El caso de Abner Louima, ocurrido el año pasado en Nueva York, en el que un inmigrante haitiano alegó que los agentes le había sodomizado con un palo y propinado una paliza, impresionó al mundo. Los agentes que conocían los hechos no quisieron denunciar el incidente inmediatamente o aportar información posteriormente, y los presuntos responsables creyeron aparentemente que se librarían del castigo por este acto horrible, a pesar de haber tenido lugar en una comisaría concurrida. "Mientras que muchas ciudades estadounidenses, e incluso de otros países, miran a Nueva York como un modelo eficaz de mantenimiento del orden, la ciudad también constituye un ejemplo de cómo no hay que administrar un sistema de responsabilidad penal," dijo Roth.

Habitualmente, los agentes violentos (que suelen ser una pequeña proporción de los agentes del cuerpo) pueden ser objeto de reiteradas denuncias, pero suelen estar protegidos por el silencio de sus compañeros y las deficiencias en las investigaciones policiales internas. Sus historiales violentos sólo salen a la luz y se toman en cuenta cuando cometen un abuso tan flagrante, tan inevitablemente avergonzante para el cuerpo, que no puede ser ignorado. Incluso cuando finalmente se disciplina adecuadamente a un agente, sus superiores (que deberían haber intervenido para frenar los abusos) suelen librarse de toda investigación o de cualquier medida disciplinaria.

En la práctica, las demandas civiles permiten en realidad que los departamentos de policía ignoren los abusos cometidos por sus agentes. Las indemnizaciones a las víctimas no proceden del presupuesto del departamento de policía o del bolsillo del agente: en la mayoría de los casos, el gobierno municipal sufraga cualquier compensación acordada o indemnización decidida por el jurado. En la mayoría de las ciudades con la presentación de la demanda civil, la indemnización o la sentencia definitiva contra un agente no provocan el inicio de una investigación interna, sea cual sea la gravedad de la denuncia. Las evaluaciones del desempeño profesional del agente no suelen verse afectadas.

El enjuiciamiento penal de agentes de policía es poco habitual. Los fiscales locales se muestran reticentes a llevar adelante casos contra agentes acusados de violaciones de los derechos humanos, debido a que suelen colaborar de cerca con la policía en los procesos contra delincuentes. Puede ser difícil ganar dichos casos, dado que es posible que las víctimas sean delincuentes y muchos jurados tienen tendencia a creer las versiones policiales. También es poco habitual el enjuiciamiento de agentes de policía de conformidad con los estatutos penales sobre derechos civiles. Por ejemplo, en el año fiscal 1996, del total de 11.721 denuncias recibidas por la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, sólo se presentaron ante un jurado de instrucción (grand jury) 37 casos relacionados con agentes encargados de hacer cumplir la ley. El resultado fue 29 condenas o confesiones por parte del agente acusado.

"Los fiscales locales y federales no están cumpliendo con su deber de perseguir a los agentes acusados de violaciones de los derechos humanos," dijo Roth. "Los gobiernos estatales tienen que nombrar a fiscales especiales si quieren tratar de resolver estos crímenes terribles." SÍNTETIS DEL INFORME SOBRE BRUTALIDAD POLICIAL RESUMEN Y RECOMENDACIONES DEL INFORME REGRESAR