Como se dijo en la introducción a este capítulo, un debate público y abierto depende no sólo de encontrarse libre de censura y de presiones y limitaciones legales ilegítimas, sino también de una política estatal de estimular el derecho a criticar y crear las condiciones en las cuales se puede ejercitar con vigor. Los gobiernos que tienen acceso directo a medios de comunicación influyentes, en razón ya sea de propiedad o de control, tienen la responsabilidad de asegurar que la intervención de funcionarios públicos en la política o procedimiento editorial se reduzca al mínimo y que a estos medios se les permita funcionar en forma autónoma y sin presiones del gobierno. En este acápite examinamos la política que han seguido los gobiernos de Aylwin y Frei frente a dos medios de comunicación social de propiedad del estado: La Nación y TVN. ¿Hasta qué punto se ha respetado, en la práctica, el pluralismo de estos medios?

Al asumir el cargo, parece que el presidente Aylwin estaba convencido de que se debía permitir que estos medios funcionaran en forma autónoma y compitieran en el mercado como si fueran empresas privadas independientes. Esta nueva política recibió el fuerte apoyo de Enrique Correa, a quien Aylwin nombró en el cargo de ministro secretario general de gobierno.243 El nombramiento era clave, pues el cargo comprendía la delicada tarea de equilibrar el principio de la libertad de expresión con el objetivo de preservar un clima político favorable a la estabilización de las relaciones cívico-militares. Lo ideal era que la intervención en la prensa se podría evitar del todo si los propios ejecutivos y directores ejercieran la autorregulación. El mismo Aylwin defendió este proceder repetidas veces a los dueños de diarios y a periodistas, En un discurso ante la Asociación Nacional de la Prensa, el 24 de agosto de 1990, Aylwin instó a propietarios y directores a que "extremen su cuidado, a fin de que, al cumplir su tarea de informar, sean vehículos de unidad y no de disensión, deverdad y no de error."244 Tres años más tarde, el 2 de julio de 1993, en un discurso ante el Colegio de Periodistas de Chile, Aylwin dijo, con referencia a las informaciones que pudieran perturbar la paz social: "Creo que la sociedad tiene derecho a pedirles a ustedes una autorregulación que por razones superiores ustedes deben establecer como norma." 245

Durante los dos primeros años del gobierno de Aylwin, La Nación y las demás publicaciones pro gobiernistas mostraron todos los indicios de independencia, con extensa cobertura del debate sobre derechos humanos y revelaciones de escándalos de corrupción durante el gobierno militar. Era una continuación del estilo de cruzada que se había afincado en tiempos anteriores, aunque ahora llevaba aparejados dilemas más delicados: cómo criticar el anterior gobierno militar sin crear dificultades para un gobierno democrático que todavía era vulnerable a la insubordinación militar y estaba bajo vigilancia constante de parte de la oposición pro militar. Como era inevitable, los directores de los medios dejaron que el imperativo de preservar el clima consensual afectara las decisiones editoriales, si bien en qué medida es difícil calcular.246 Los contactos estrechos que se forjaron entre políticos, directores de medios y periodistas en oposición al régimen militar ayudaron a armonizar la política editorial con los objetivos del gobierno.247 Una tendencia a la autorregulación tuvo su origen también en la inseguridad persistente de los periodistas, cuyos derechos no estaban aún protegidos por ley, ni siquiera en aspectos tan fundamentales como el anonimato de las fuentes.

No obstante, aparte de la autorregulación, hubo también presiones directas sobre los medios pro gobiernistas, de parte de funcionarios del gobierno y políticos, con miras a suprimir noticias u opiniones, o a publicar noticias favorables al interés del gobierno. Algunos ministros seguían tratando a La Nación y TVN como si estuvieran al servicio del gobierno, y era evidente que el ejército no creía que fueran de veras independientes y suponía que toda crítica era instigada desde La Moneda.

Presiones sobre La Nación

Ministros y subsecretarios presionaron a la prensa pro gobiernista durante todo el mandato de Aylwin y han continuado presionando durante el gobierno actual. En los primeros años del gobierno de Aylwin, el personal superior de La Nación recibió decenas de llamadas telefónicas de ministros, subsecretarios y funcionarios municipales. Muchas llamadas iracundas se hacían para reclamar por noticias que pintaban al gobierno o a sus representantes con colores negativos, para evitar la publicación de noticias que se estimaban amenazadoras, o simplemente para buscar publicidad para acontecimientos oficiales.

La queja más común era que el diario no daba una cobertura favorable a actividades en que participaban ministros. "Se creían con el derecho de pedirnos que el diario del gobierno publique lo que ellos querían y no publicar lo que no querían," dijo a Human Rights Watch el ex subdirector de La Nación, Fernando Luengo. Entre los que llamaban con más frecuencia se contaban el entonces ministro del interior. Enrique Krauss, y el ministro de defensa, Patricio Rojas. Según Luengo, hubo una reconvención airada del ministro de agricultura porque el diario había publicado una entrevista con un grupo de indios mapuches que tenían quejas contra el ministerio. Más adelante, cuando salieron en el diario fotografías de la protesta indígena, el ministro llamó y furioso exigió el despido de los periodistas responsables. "Nosotros le dijimos que no íbamos a despedir a nadie, que nada de lo que habíamos publicado era falso... Y por supuesto, el ministro llamó a Correa para reclamarle. Correa le dijo, bueno, pero tienen su director. Muchas veces Correa era un paraguas que nos protegía contra esta lluvia de peticiones."248

Un tema delicado en el ministerio de defensa fue la negativa del general Pinochet de subordinarse a la autoridad del ministro Patricio Rojas y su insistencia en tratar directamente con Aylwin. Varias veces, en ceremonias públicas solemnes, recibió a Rojas un coro de silbidos y abucheos de parientes y partidarios del ejército. Cuando se informó de estos incidentes en La Nación y La Epoca, el ministro reaccionó enojándose y acusó a los diarios de socavar la credibilidad del gobierno.249 Estos episodios y otros parecidos convencieronal director de La Epoca, Ascanio Carvallo, que la política de prensa de Aylwin era de doble discurso, y que la realidad era con frecuencia diferente de la versión que se presentaba al público.212/

Incluso El Mercurio no estuvo libre de estas presiones, a pesar de su situación ventajosa en materia de seguridad financiera e independencia política respecto del gobierno. Tanto Aylwin como el presidente Frei telefonearon al editor general, Juan Pablo Illanes, en varias ocasiones, para quejarse. Illanes contó a Human Rights Watch que Aylwin lo llamó una vez para reclamar por un artículo del escritor Enrique Lafourcade que él estimaba lesivo para el presidente argentino, Carlos Menem, en vísperas de su visita de estado a Chile. En otros casos, los llamados se originaban en la publicación de artículos o noticias que se estimaban perjudiciales o insultantes para el presidente o los miembros de su familia.250

Las presiones entre bambalinas, de este tipo, equivalen a una intervención injustificada del poder ejecutivo en la libertad editorial, puesto que los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que los medios de comunicación de propiedad del estado sirvan el interés público y no estén sometidos a la influencia política de ningún grupo. En lugar de pretender cambiar las decisiones editoriales por medio de mensajes urgentes y llamadas telefónicas, las autoridades del gobierno disponen de otros recursos para transmitir su mensaje, lo cual asegura que el debate se lleve a cabo en público. Además, su derecho a réplica está protegido, tanto en la ley chilena como en la Convención Americana.251 La Constitución Política estipula que "toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida."

Presiones del ejército agravaron esta interferencia gubernamental indebida en los medios de comunicación social. En varias oportunidades, los ministros del gobierno reprocharon públicamente a los medios que habrían transgredido los límites de la prudencia, y dos veces intervinieron directamente ante los directores de los medios para impedir lapublicación de notas conflictivas. Las violaciones de derechos humanos (en especial la suerte de los "desaparecidos" y el descubrimiento de los restos de víctimas de ejecución extrajudicial enterrados en lugares clandestinos) y los escándalos de corrupción en que figuraban militares eran temas particularmente delicados. La prensa informó con energía sobre ambos asuntos. Bloqueada la vía de intervención directa por la política gubernamental de no inmiscuirse, el ejército reaccionó a las noticias desfavorables iniciando una serie de querellas contra periodistas, por separado, y declaraciones públicas que denunciaban la colusión de la prensa en una campaña de difamación. El gobierno, pese a su adhesión a la libertad de prensa, generalmente se mantenía alejado de estos enfrentamientos.252

No obstante, hubo algunas excepciones de carácter dramático que dejaban a la vista los límites de la capacidad del gobierno para repeler ataques del ejército a la prensa. Un titular de La Nación, de 1993, precipitó la crisis más seria en las relaciones cívico-militares desde la restauración de la democracia. El 28 de mayo de 1993, aparecieron soldados en uniforme de combate, algunos cargando bazucas y equipo pesado, en la calle, frente al cuartel general de las fuerzas armadas, donde se realizaba una reunión de emergencia presidida por el general Pinochet. Esta amenazante demostración de poder se realizó en un momento en que Aylwin estaba en Escandinavia y Enrique Krauss, ministro del interior, actuaba de presidente interino.253

El pretexto inmediato fue un titular de La Nación que anunciaba una decisión judicial de reabrir el caso de los llamados pinocheques, investigación judicial del recibo, por parte del hijo de Pinochet, Augusto Pinochet Hiriart, de cheques del ejército por un total de US$3 millones, para la compra de una fábrica de piezas de armamento que estaba en quiebra. Convencido, evidentemente, de que La Nación actuaba según instrucciones de La Moneda, el ejército llamó a Krauss para exigir que al día siguiente el diario publicara un desmentido. Krauss accedió a informar al diario. Más tarde, el subdirector Alberto Luengo recibió una llamada telefónica del general Concha, jefe del comité asesor del general Pinochet, directamente desde la sala de reuniones conde los generales, con Pinochet, estaban en plena discusión. Concha exigió que el diario publicara un titular con el anuncio del desmentido.

Me dijo que tal como me había advertido el gobierno, me estaba llamando para pedirme que se publicara mañana un desmentido del ejército, que nos iban a mandar un documento y que lo publiquemos en extenso. "Y ahora hablemos del titular", dijo. "¿Qué titular?" "Sí, el titular principal del diario." "Pero el titular del diario no lo pone usted. Eso lo hacemos nosotros." 'No, el titular lo vamos a poner nosotros de acuerdo con lo conversado con el gobierno." Y el titular que proponía era, no lo recuerdo exactamente, pero era algo así: "Ejército cumplió con la ley en el caso cheques." El general Concha se despidió diciendo que hablaría con el gobierno y que me llamaría en una media hora.

Tanto Krauss como el ministro secretario general de gobierno, Enrique Correa, llamaron al diario para insistir en que se publicara el titular, pero Luengo, que recibió las llamadas, dijo que la solicitud era inaceptable. "Acéptalo o no, pero ponlo", advirtió Correa. Luengo replicó que si se le obligaba a publicar el titular renunciaría de inmediato y que contaba con el respaldo de la mayoría de sus editores y periodistas más antiguos. En una reunión de gabinete posterior, de emergencia, Correa informó a sus colegas de las renuncias inminentes. "¡Que renuncien!" fue la primera reacción, hasta que Correa anunció que si Luengo se iba, se iba él también.254

Por último, el diario dio con una solución de compromiso que salvó al gobierno de una división grave y evitó el desmembramiento de La Nación. La declaración castrense se publicó en un recuadro en la primera plana y el problema del titular se obvió prescindiendo de todo titular. En su lugar, una foto de página entera, sin leyenda, mostraba la presencia amenazante de soldados camuflados en las calles de Santiago. La crisis pasó y el ejército centró su atención en desacuerdos más sustantivos con el gobierno.255

Pluralismo limitado en Televisión Nacional

En el caso de Televisión Nacional (TVN), perteneciente al estado, la independencia oficial respecto del control del gobierno y las medidas dirigidas a asegurar la diversidad política de la plana ejecutiva han asegurado un grado de autonomía desconocido hasta hoyen la historia del canal, dramático incluso, si se le compara con su subordinación al poder ejecutivo durante el régimen militar. No obstante, lo paradójico es que el respeto por las cuotas políticas en la gestión del canal no ha traído aparejado un mejoramiento notable en la diversidad de la programación, con miras a asegurar posibilidades de expresión a la gama más ancha posible de opiniones o de intereses culturales. Al contrario, ha habido una tendencia, en particular con el gobierno actual, hacia cortar o suprimir materiales que podrían ser provocativos o controvertidos, por deferencia hacia sensibilidades morales políticas o conservadoras. El pluralismo, en lugar de traer consigo una mayor diversidad, la expresión de opiniones contrapuestas, juntas y en sana competencia, ha redundado en una tendencia a optar por la seguridad.

Abundan los ejemplos de programas controvertidos que se han suprimido o cortado, por instrucciones del director ejecutivo del canal o bien obedeciendo la presión de su directorio. Los ejecutivos del canal defienden estas decisiones como ejercicio legítimo de control editorial. En abstracto, lo dicho es legítimo, porque el control editorial de los directores de los medios es parte inseparable de la libertad de expresión. Pero el asunto no es tan simple. En algunos casos, como los que referimos a continuación, las circunstancias inmediatas o los motivos que los directores citan a los periodistas para omitir material, dan a entender con fuerza que el factor subyacente fueron consideraciones políticas y no valores morales. Tal fue también la interpretación de muchos de los propios periodistas. La mayor parte del material del que supimos que se había cortado o suprimido versaba sobre temas políticos delicados o morales controvertidos.

Un alto ejecutivo del canal nos dijo que los programas controvertidos llevan normalmente la aprobación del director ejecutivo antes de la transmisión y que con frecuencia se ordenen cortes o cambios de último minuto. Esto es defendible, pues el director ejecutivo responde, en último término, ante el directorio por todo el contenido editorial. Sin embargo, dichos cortes resultan cuestionables cuando se oponen al compromiso declarado del canal para con el pluralismo y la representación de perspectivas minoritarias y no sólo de las mayoritarias. A comienzos de los años noventa hubo una historia, bien publicitada, de fricción en el canal por presiones del directorio en materia de decisiones editoriales. Ultimamente, parece que los cortes emanan directamente del director ejecutivo. En un caso, se trató evidentemente de una intervención presidencial directa.

Se supone que la toma de decisiones en TVN está protegida, contra las presiones políticas externas directas, por un directorio de siete personas, que representa a la oposición además del gobierno. A seis de los directores (hay también un director sin derecho a voto, del sindicato de empleados del canal) los nombra el Senado, sobre la base de una lista que le presenta el Presidente de la República, la que se debe aceptar o rechazar como un todo. No se les puede separar del cargo durante ocho años. Al séptimo director lo elige directamente el presidente y ocupa el cargo por un plazo fijo, igual al del mandato del presidente. Debajo del directorio se encuentra el director ejecutivo del canal, a quien nombra el directorio con un quórum elevado, y a quien no se puede despedir sin una elevada mayoría. Este procedimiento asegura un candidato consensual que, una vez nombrado, goza de muchaautonomía. Al personal superior del director ejecutivo lo nombra él, pero debe contar con la aprobación de la mayoría del directorio. Dichas garantías oficiales de independencia y pluralismo político se introdujeron por ley en mayo de 1992. Se mantuvo la propiedad del gobierno, pero no se permitió ninguna forma de subsidio estatal. En esencia, la intención era que el canal se convirtiese en una sociedad anónima autónoma y autofinanciada, con vocación de servicio público.0

Bajo el gobierno militar se había dado a TVN un uso agresivo en la transmisión de propaganda y se la consideraba, con acierto, fuertemente sesgada. Algunos meses después del pronunciamiento, la junta militar dictó un decreto por el que se suprimía el directorio de TVN y se concentraba el poder en una sola persona: el director general, nombrado directamente por el gobierno. Como el público veía al canal en estrecha relación con las fuerzas armadas, perdió televidentes y acumuló fuertes deudas, hasta que, hacia el final del período, estuvo al borde de la quiebra. La mala gestión y la corrupción llegaron a tal extremo que el director ejecutivo que nombró Aylwin, Jorge Navarrete, denunció la situación en una extensa cuenta que se transmitió por radio y se publicó en los diarios, en inserciones de página entera. Hubo querellas más adelante contra varios de los implicados, y se inició una investigación parlamentaria, aunque ninguno de los nombrados respondió a las acusaciones.1

Durante los dos primeros años de la presidencia de Aylwin, TVN siguió funcionando bajo el régimen legal que dispusieron las fuerzas armadas, con la autoridad en manos de un director ejecutivo nombrado por decreto presidencial y sujeto a retiro por el presidente, en cualquier momento. Durante este lapso, la autonomía del canal dependía, en último término, de que el director ejecutivo conservara la confianza del presidente. Por lo que se sabe, el presidente Aylwin valoraba muy alto la autonomía del canal, pero el director general que nombró, Jorge Navarrete, fue blanco de grandes presiones de otros sectores del gobierno y sus partidos políticos, especialmente los del PDC (al que pertenecía el propio Aylwin). La molestia de la coalición gobernante y su incomprensión respecto de la promoción "tibia" que hacía TVN de los logros estatales tuvieron amplia difusión en la prensa. El ex director general Jorge Navarrete, entrevistado por Human Rights Watch, alabó las iniciativas deAylwin por proteger al canal contra esas presiones.2 Aunque Enrique Correa, ministro secretario general de gobierno, también apoyaba a TVN, las relaciones con los demás ministerios se ponían a menudo tensas. Las revelaciones sobre violaciones de derechos humanos con participación de oficiales en servicio activo revestían particular inquietud para el ministerio de defensa. La publicidad que se dio a las breves presentaciones de estos oficiales ante el juez provocaron resentimiento en el ejército y las presiones de éste llegaron al canal, transmitidas con indignación por funcionarios del ministerio, incluso el ministro en persona.

La entrevista a Townley

Sólo una vez el presidente Aylwin intervino directamente para cambiar una decisión editorial de TVN. El 5 de agosto de 1993, el programa Informe Especial, de TVN, debía trasmitir una entrevista extensa y exclusiva con Michael Townley, antiguo agente de la DINA condenado en los Estados Unidos por su participación en el asesinato del ex ministro de defensa de Allende, Orlando Letelier, en Washington. La entrevista, programada con mucha anticipación y anunciada una semana antes de la fecha de presentación, coincidía con un momento decisivo en el juicio en Chile del antiguo jefe de Townley, el director de la DINA Manuel Contreras, cuando el juez de instrucción especial, Adolfo Bañados, estaba a punto de condenarlo. Preocupado por las repercusiones que pudiera haber en el juicio si se transmitía la entrevista, el presidente Aylwin escribió una carta al directorio de TVN, instándole a postergar la transmisión. El directorio voto por aceptar la solicitud de Aylwin.

Los miembros del equipo de Informe Especial achacaron la intervención de Aylwin a la influencia del ejército y criticaron públicamente a aquél por faltar a su compromiso de respetar la autonomía del canal. Aylwin explicó sus motivos en una carta a la Comisión de Constitución, de la Cámara de Diputados, en la que señaló que él sólo había hecho una solicitud, no había dado una orden, y repitió que la plana ejecutiva del canal era autónoma en sus decisiones. Esto no convenció a los periodistas de TVN, quienes escribieron una carta a Aylwin, firmada por cuarenta y dos funcionarios del departamento de prensa, en protesta por la que interpretaban como "una suerte de presión'" sobre TVN que falseaba todos losesfuerzos de Aylwin hasta la fecha por proteger la independencia del canal.

La entrevista de Townley se transmitió por fin el 16 de agosto ante públicos aumentados por la controversia que había causado. A posteriori, cuesta comprender la intervención de Aylwin con los fundamentos que se dieron. La entrevista no reveló nada nuevo de importancia en el caso Letelier y en el momento de la controvertida decisión de postergar su presentación, el propio juez Bañados desvirtuó toda posibilidad de que el programa influyera en el juicio.3 Hay indicios firmes de la presencia de otros factores que afectaban las relaciones cívico-militares: el ministro de defensa estaba preocupado porque las revelaciones de la entrevista pudieran afectar a un asesor militar próximo a Pinochet, y un funcionario del ministerio, invitado por Navarrete, vio el programa con anticipación.4 La batahola que se desencadenó dentro de TVN por la postergación del programa culminó con el despido del editor de Informe Especial, Patricio Caldichoury, por faltar a la confidencialidad del memorándum que Navarrete le dirigió para explicar la decisión del directorio.

La intensidad de las repercusiones políticas que tuvo la crisis de TVN asombró incluso al presidente Aylwin. Ellas revelaban con crudeza las tensiones que había entre una política de autonomía auténtica de los medios de comunicación y la expectativa del gobierno, implícita y rara vez expresada, de que los medios respetaran las sensibilidades políticas de la transición, según las veía La Moneda. Esas consideraciones fueron las que guiaron la decisión del directorio de TVN, en mayo, de postergar la transmisión de dos segmentos del programa El Mirador, en el punto culminante de la crisis conocida como el "boinazo." Algunos críticos observaron que tales decisiones sólo conseguirían reforzar el concepto castrense de que TVN seguía bajo el control de La Moneda, a la vez que socavaban lacredibilidad del canal como medio independiente.5

La política editorial durante el gobierno de Frei

Es paradójico que el mayor relajamiento de las relaciones cívico-militares y el mejoramiento de la turbulenta relación entre el director ejecutivo de TVN y el directorio del canal, durante el gobierno de Frei, no condujeron a una línea editorial más relajada y abierta. De hecho, a lo largo de los años se multiplicaron las protestas externas, provenientes tanto de ministros del gabinete como de políticos de la Concertación, además de la oposición parlamentaria de derecha.6 En 1994 el presidente Frei llamó al director ejecutivo Navarrete para quejarse por un Informe Especial relativo a Indonesia, en el que se documentaban casos de compadrazgo político y violación de los derechos humanos bajo el gobierno de Suharto. Lo que molestó a Frei fue que el canal había presentado el informe en vísperas de la visita oficial del presidente a los países de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que condujo a la admisión de Chile a este grupo. La relación entre el director ejecutivo y el directorio, difícil en el mejor de los casos, siguió empeorando.

No obstante, para Navarrete fue más grave la pérdida de confianza en el personal de prensa, por parte de los directores demócrata cristianos. Hubo fuertes críticas en las filas del partido ante la presunta omisión de TVN de hacer justicia a los logros del gobierno, y se expresaron quejas por el relajamiento de las normas morales en temas como el divorcio y la homosexualidad, en torno a los cuales los directores demócrata cristianos hacían causa común con sus colegas conservadores de oposición. Por último, dos directores demócrata cristianos votaron con la oposición por la suspensión de Navarrete y éste fue despedido en noviembre de 1994. Nueve meses después, el reemplazante de Navarrete, Carlos Hurtado, renunció exasperado con la falta de confianza del directorio y el que él calificó como su afán de meterse en la gestión cotidiana y en las decisiones editoriales. Los programadores del canal recibieron vituperios de los directores conservadores por el contenido político de un documental y la presentación de la homosexualidad femenina en una edición de Informe Especial.7

Luego del nombramiento, en 1995, del actual director ejecutivo, René Cortázar, exministro del trabajo en el gobierno de Aylwin, el control editorial se intensificó de manera notable. Al contrario de sus predecesores, Cortázar, con fama de conservador en asuntos de moral, estableció relaciones llevaderas con el directorio. No obstante, asumió personalmente el control gerencial cotidiano de las decisiones editoriales en programas que se consideraban delicados, lo que motivó un malestar intenso entre el personal. Periodistas de TVN contaron a Human Rights Watch que programas completos se archivaban o se recortaban luego de una revisión minuciosa de los menores detalles, hasta de la fraseología y el lenguaje que se usaba.8 Las reglas sofocantes que se impusieron determinaron conflictos frecuentes con los programadores. Con miras a establecer reglas básicas y evitar incidentes en el futuro, la gerencia del canal inició un prolongado debate interno que culminó, en 1997, con la publicación de un manual de pautas éticas.9 Con el fin de suprimir la publicidad perjudicial, las pautas exigían que los periodistas evitasen las declaraciones públicas "que dañen la imagen corporativa del canal, su independencia, pluralismo y objetividad."

En los ejemplos que siguen, parece que las consideraciones políticas motivaron de preferencia las decisiones de recortar material. Durante el lapso en que trabajó de moderador en el programa de actualidad de TVN, Medianoche, Fernando Paulsen, actual director de La Tercera, recibió una negativa cuando propuso invitar a Francisco Javier Cuadra, recién acusado en virtud de la Ley de Seguridad del Estado por difamación del Congreso, a participar en una mesa redonda. La entrevista que Paulsen proponía no tenía nada que ver con el caso del propio Cuadra; su idea era invitarlo en su calidad de ex embajador de Chile en el Vaticano, para tomar parte en una mesa redonda sobre la visita al Vaticano de jefe cubano Fidel Castro. Según Paulsen, al ex ministro de Pinochet ya se le había impedido figurar en De pé a pá, programa de conversación que moderaba Pedro Carcuro. Después, Paulsen ha aparecido con Cuadra en el canal independiente La Red, para hablar de las elecciones parlamentarias de 1997, pero, que sepamos, a Cuadra no se la ha invitado nunca a aparecer en TVN.10

El programa de televisión más afectado por presiones editoriales emanadas de la gerencia del canal ha sido Informe Especial, que es una serie documental sobre asuntos de actualidad y temas sociales que se transmitió por primera vez en junio de 1984. Al contrario de la mayoría de los programas de actualidad chilenos, en los que predomina el formato de entrevista o mesa redonda, Informe Especial muestra semanalmente proyectos de investigación sobre temas de interés o controversia social. En los últimos años de ladictadura, el programa recibió altos ratings porque abría temas de debate prohibidas anteriormente, por ejemplo la violencia intrafamiliar. Esto creó tensiones acerca de cuánta autonomía editorial se debía permitir y hubo frecuentes interferencias y restricciones. En 1987, un programa sobre negligencia médica sufrió cortes sin permiso del periodista responsable, para eliminar toda referencia a un hospital público conocido. Otro programa sobre vocaciones religiosas, en el que se hacía referencia a sacerdotes casados, fue archivado calladamente después de que su transmisión estaba anunciada. "Yo estaba en otra ciudad en el momento", dijo a Human Rights Watch el autor del programa, Marcelo Araya. "Puse la televisión para ver mi trabajo y me salió otro programa."11

Si bien gracias al nuevo sistema de gestión de TVN estas limitaciones han disminuido bastante, se sabe que el actual director ejecutivo vigila meticulosamente la programación. Los programas que tratan temas delicados se revisan constantemente y, en caso necesario, se modifican, antes de transmitirlos. Muchos de ellos simplemente se archivan y no se pasan nunca. Un ejemplo de lo dicho fue un documental de 1990, relativo a la persistencia en Chile de grupos de oposición armados, pese al retorno a la democracia, que nunca se vio.

En septiembre de 1996 se suprimió una transmisión sobre abusos policiales y torturas, después de que el director de prensa del canal lo había aprobado y que estaba anunciado desde la semana anterior.12 La supresión de este programa censuraba la información acerca de malos tratos policiales a unos jóvenes de clase obrero sospechosos de delincuencia. El documental citaba el informe de reciente publicación del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura, Nigel Rodley, que ofrecía la oportunidad de poner las conclusiones de las Naciones Unidas a disposición del público.13 Según periodistas de TVN, el veto al programa, cuyo título inicial era "Tortura en democracia", pero que luego se cambió por "Policía y derechos humanos" (luego de la oposición editorial al título original), se debió al temor de la gerencia de que la transmisión pudiera perjudicar las iniciativas del gobierno de reformar el Cuerpo de Carabineros. Esta inquietud concuerda con las frecuentes declaraciones del gobierno de Frei en defensa de Carabineros, cuando se critica la brutalidad policial, pero revela, además, una actitud ambivalente hacia la independencia de TVN. Si el canal fuera realmente autónomo y estimara que su papel fuera el de informar al público, no es probable que sintiera preocupación por el efecto de su programa en las relaciones entre el gobierno y la policía uniformada. Otros programas vetados en 1996 fueron un documental sobre vedetos (cuyo tema se consideró ordinario), y otro sobre minería de oro y de cobre, quese archivó sin explicación. No se trataba de proyectos abortados en la etapa de planificación sino documentales terminados, listos para transmitir.

A un programa sobre infecciones adquiridas en hospitales, que se transmitió el 24 de octubre de 1997, se le hicieron cortes para evitar que se identificara al Hospital Militar entre las instituciones afectadas por este problema. El programa contenía entrevistas con los directores de varios hospitales públicos y daba los resultados de las indagaciones de los hospitales sobre negligencias que condujeron a propagar las infecciones. Por coincidencia, el único caso que se perfiló en el reportaje fue el de un paciente que murió como consecuencia de una infección que contrajo en el Hospital Militar. El programa original reconstruía los hechos según la versión que dieron los parientes del paciente, identificaba el hospital y mencionaba que su director se había negado a dejarse entrevistar en el programa. La versión que se transmitió, finalmente, mostraba las entrevistas con los parientes, pero no identificaba el hospital militar.

El secretario general de TVN, Enrique Aimone, contó a Human Rights Watch que el programa sobre tortura se había archivado porque el proyecto no estuvo en la lista de programas aprobados previamente por la gerencia del canal. Suponiendo que así haya sido, no se explica por qué el programa no se cambió de fecha y se mostró más adelante. Aimone no recordaba detalles relativos a los cortes que se mencionan más arriba. En su opinión, sin embargo, la eliminación del nombre del hospital militar se debió, probablemente, al deseo de no atribuir a ninguna institución en particular un problema que era general y afectaba a numerosos establecimientos.14 En cambio, nuestras informaciones señalan que el programa comprendía entrevistas con directores de otros establecimientos hospitalarios y que ofrecía un tratamiento equilibrado del asunto, a cargo de un periodista experimentado, especializado en medicina. Además, siempre y cuando los documentales cumplan las normas tradicionales de objetividad e indagación responsable, no hay motivo para que desistan de nombrar a quienes sean responsables de irregularidades, quienes ya están protegidos, en las leyes sobre injurias, contra denuncias infundadas. En el hecho, la supresión de la identidad de los responsables, en aras de una "visión equilibrada" es una práctica periodística de dudoso valor.15

243 El ministro secretario general de gobierno reúne las funciones de secretario de prensa con la responsabilidad de la política global del gobierno frente a los medios de comunicación social.

244 Citado en Sunkel, "La prensa ...", pág. 26.

245 "Presidente enviará Ley de Prensa en la semana, La Epoca, 3 de junio de 1993.

245 Un experto en los medios de comunicación chilenos describió la situación en los términos siguientes: "Concluidos los procesos de movilización electoral, la prensa se muestra funcional y subordinada al esquema de la transición, con comportamientos disfuncionales acotados a ciertos temas y momentos... No se trata de un compromiso "formal" establecido después de un proceso de negociaciones. Es más bien un acuerdo tácito, que establece límites a las conductas de los actores, más allá de los cuales se genera una señal de peligro respecto a la estabilidad del sistema." Guillermo Sunkel, "La prensa en la transición chilena", Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Serie Educación y Cultura, No. 26.

246 Estos vínculos estuvieron en los orígenes de los medios de prensa de alternativa, que eran en esencia expresiones de resistencia política, organizados y dirigidos en gran medida por políticos. El fundador y director de Hoy y La Epoca, Emilio Filippi, era íntimo amigo y ex colaborador del presidente Aylwin. Desde comienzos de los años ochenta, Filippi había organizado desayunos, los días martes, en las oficinas de la revista, a los que invitaba a demócrata cristianos prominentes, además de dirigentes del ala moderada del Partido Nacional y algunos oficiales del ejército. Abraham Santibáñez, a quien Aylwin nombró director de La Nación, también había sido director de Hoy. (HRW, entrevistas a Santibáñez y Filippi, el 9 y el 20 de marzo de 1998, respectivamente.) Sobre los orígenes políticos y el propósito de los medios de alternativa de los años ochenta, véase Eugenio Tironi y Guillermo Sunkel, "Modernización de las comunicaciones y democratización de la política; los medios en la transición a la democracia en Chile", Estudios Públicos, No. 52, Primavera 1993.

247 Human Rights Watch, entrevista a Alberto Luengo, subdirector de La Nación de 1990 a 1994, 18 de marzo de 1998.

248 Rojas llamó por teléfono, repetidas veces, a Ascanio Cavallo, quien reemplazó a Emilio Filippi en calidad de director de La Epoca a partir de enero de 1993, para protestar por la cobertura de prensa quese dio a estos episodios y recordarle su responsabilidad de "proteger la democracia." En una ocasión, cuando La Epoca puso en titular una declaración del ministro del interior Enrique Krauss, en el sentido de que había habido un "colisión de poderes" durante una controversia con el poder judicial (Krauss alegó que lo que había dicho era que no hubo choque de poderes), Krauss, furioso, convenció a Correa de llamar al diario y exigirle que publicara un desmentido, a lo cual el diario accedió.

249 Human Rights Watch, entrevista a Juan Pablo Illanes, director gerente de El Mercurio, 6 de abril de 1998.

250 De acuerdo con el artículo 14 (1) de la Convención Americana: "Quien sea ofendido por informaciones o ideas inexactas u ofensivas, difundidas al público en general por un medio de comunicación social tiene derecho a réplica o rectificación en las condiciones que la ley determine, en el mismo medio de comunicación social."

251 En un incidente revelador, que ocurrió en octubre de 1990, el ministro del interior, Enrique Krauss, en una reunión de prensa latinoamericana, abandonó bruscamente la sala al descubrir la presencia de dos periodistas que se habían negado a comparecer ante un tribunal para responder a cargos relacionados con artículos de su autoría. Análisis observó:

El gesto de Krauss, quien esgrimió su carácter de representante de un Poder del Estado que, por lo tanto, no podía avalar una actitud de rebeldía ante otro Poder, tuvo un carácter casi surrealista, puesto que al mismo tiempo respaldó moralmente a los periodistas en cuestión. El ministro secretario general de gobierno, Enrique Krauss, dijo que el acto de Krauss era un ingrato deber. "Como en los viejos tiempos, justicia militar versus prensa", Análisis, 1-7 de octubre de 1990.

252 El incidente se denominó el "boinazo", por las boinas negras que usaban las fuerzas especiales que participaron.

253 Human Rights Watch, entrevista Alberto Luengo y Enrique Correa (21 de marzo de 1998). Luengo confirmó a Human Rights Watch que Correa había amenazado con renunciar.

254 Sólo en abril de 1998 se supo que en la estela del boinazo Correa y Krauss firmaron documentos con el representante del general Pinochet, el general Jorge Ballerino, en que se registraba la base para pactos negociados en distintos temas, entre ellos el tratamiento de los casos de violaciones de derechos humanos bajo el gobierno militar que los tribunales estaban investigando. El gobierno se comprometió, igualmente, a no revocar la ley que aprobó el gobierno militar saliente en 1990, la que impedía que el Congreso investigase los actos del gobierno anteriores a 1990. En julio, el Consejo de Defensa del Estado reabrió el juicio de los cheques, pero una semana más tarde el presidente Frei ordenó cerrarlo, aduciendo "razones de Estado." "El documento que puso fin al boinazo", Qué Pasa, No. 1408, 4 de abril de 1998.

255 Human Rights Watch, entrevista a Enrique Aimone García, secretario general de Televisión Nacional, 23 de julio de 1998.

256 Navarrete está convencido de que hubo motivos políticos tras la desastrosa situación de TVN. "En primer lugar," dijo a Human Rights Watch, "hubo abierta improbidad: segundo, hubo el que podría llamarse un grado extraordinario de frivolldad en la gestión de la empresa, pero en tercer lugar no tengo ninguna duda de que durante el último año parte importante [del gobierno militar] y de la gerencia de la empresa trabajaron para producir una situación que sería imposible heredar y que obligaría al presidente Aylwin y la Concertación a hacer lo que [la administración de la época] quería que se hiciera, es decir, vender la empresa y cerrar TVN." Human Rights Watch, entrevista con Jorge Navarrete, 15 de abril de 1998. (Entrevista en inglés, traducción de HRW.)

257 "Yo diría que durante este lapso el presidente Aylwin me sorprendió incluso a mi, en un grado extraordinario, con su respeto por TVN, aun cuando no le gustara lo que hacíamos. No sólo nos respetaba, era una suerte de paraguas gigantesco que nos protegía de las presiones. Al paso de los meses, a medida que teníamos más y más éxito, las presiones aumentaron. Ahora bien, yo creo que todos los medios están sometidos a presiones, del gobierno, de las iglesias, los empresarios, los sindicatos y los partidos políticos, quién sea. Lo importante es cómo se trata el tema. Hay que distinguir entre las que son demandas legítimas de expresión de un punto de vista y las que son presiones inaceptables sobre las decisiones editoriales. Recibimos presiones de este último tipo de cada uno de los ministros del gabinete. Ellos o su gente de relaciones públicas nos llamaban constantemente. Ese tipo de presiones hay que resistirlas. Yo trataba de explicarles nuestra línea editorial y si no lograba convencerlos les decía que fueran con sus inquietudes donde el presidente, y muchos lo hicieron así. Aylwin nos apoyó muchísimo." Human Rights Watch, entrevista a Jorge Navarrete.

258 "Cámara citó a directorio de TVN y a personeros de gobierno", La Epoca, 4 de agosto de 1993.

259 "Schaulsohn dice que Jorge Burgos conocía la entrevista de TVN a Michael Townley"; "Navarrete confirmó el hecho", La Epoca, 11 de agosto de 1993. Aunque Aylwin insistió en que había conocido el contenido de la entrevista únicamente por los anuncios adelantados y que no había visto el programa, el director ejecutivo Navarrete confirmó más tarde que había invitado al subsecretario de guerra, Jorge Burgos, a una exhibición privada. Navarrete dijo a Human Rights Watch que había estado preocupado, personalmente, por la oportunidad de la transmisión antes de conocer la inquietud de Aylwin, y que había invitado a Burgos para pedirle sus observaciones. Este último había manifestado su preocupación especial por la posibilidad de que Townley, durante la entrevista, nombrara a oficiales en servicio activo, en particular al coronel Jaime Lepe, secretario del general Pinochet, quien había estado implicado en una investigación judicial del asesinato, a manos de la DINA, del diplomático español Carmelo Soria. Puesto que Burgos era el único funcionario del gobierno del que se sabía que había visto la entrevista, es probable que la presión por suspender la transmisión haya tenido su origen en el minsterio de defensa. Enrique Correa, que se oponía a la intervención de Aylwin y que, en su calidad de ministro responsable de la televisión, sentía que habían pasado a llevar su autoridad, pidió licencia médica y se ausentó de La Moneda por una semana. Human Rights Watch, entrevistas a Jorge Navarrete y Enrique Correa, 14 de abril y 21 de marzo de 1998, y a Marcelo Araya, director de Informe Especial y realizador de la entrevista a Townley, 21 de abril de 1998.

260 Fernando Paulsen, "En la medida de lo posible", La Epoca, 10 de agosto de 1993.

261 Desde el comienzo, TVN había sufrido las críticas de los defensores de la privatización. Un crítico predominante fue el Instituto Libertad y Desarrollo, centro de estudios del libre mercado, fundado por Hernán Büchi, candidato de la derecha en la elección presidencial de 1989. "Instituto de la derecha acusa de parcialidad a TVN", La Epoca, 14 de octubre de 1992.

262 El documental fue una serie sobre el movimiento juvenil de los años sesenta. El último episodio molestó a algunos directores porque la historia terminaba con el pronunciamiento militar. "Carlos Hurtado renunció en forma sorpresiva a la dirección de TVN", La Epoca, 19 de octubre de 1995 y Human Rights Watch, entrevistas a funcionarios de TVN.

263 Por ejemplo, en un programa sobre el uso de la píldora anticonceptiva en España, la mención de España como "país católico" se cortó para evitar una comparación negativa entre católicos españoles y chilenos; en un documental sobre prisiones, las referencias a la tortura en la época de la Santa Inquisición también se cortaron. El título de un programa dedicado a la sexualidad y el envejecimiento, que era El sexo en la tercera edad, se cambió por El amor en la tercera edad.

264 Televisión Nacional de Chile, "Orientaciones programáticas", abril de 1997.

265 Human Rights Watch, entrevista a Fernando Paulsen, 3 de marzo de 1998.

266 Human Rights Watch, entrevista a Marcelo Araya, director de Informe Especial, 21 de abril de 1998.

267 "TVM suspende reportaje por "asuntos internos"", La Epoca, 5 de septiembre de 1996.

268 Pese a una notable disminución de los casos de tortura desde los años de Pinochet y la adopción de medidas para resguardar los derechos de los detenidos, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluso Human Rights Watch, documentaron decenas de nuevos casos de brutalidad policial contra delincuentes sospechosos, durante los cinco primeros años del gobierno democrático.

269 Human Rights Watch, entrevista a Enrique Aimone, secretario general de Televisión Nacional, 23 de julio de 1998. Human Rights Watch no logró conseguir una entrevista com el director ejecutivo René Cortázar.

270 Aimone señaló que en otros casos TVN ha transmitido material conflictivo y citó los programas de Informe Especial relativos al golpe militar, con imágenes de la destrucción de La Moneda, por primera vez en colores; a la ejecución sumaria del sacerdote católico Juan Alsina, y la entrevista en Medianoche al cabo Hernán Leiva, durante una protesta policial sobre sueldos y condiciones. Luego de esta transmisión, la policía uniformada presentó una queja contra TVN ante el Consejo de Etica de los Medios de Comunicación, organismo voluntario de normas de prensa

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CAPITULO V — CENSURA CINEMATOGRAFICA

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