Los límites de la tolerancia
Libertad de expresión y debate público en Chile


(New York: Human Rights Watch, 1998)

II. LA LIBERTAD DE EXPRESION Y LA PRENSA: ANTECEDENTES HISTORICOS

Introducción

En comparación con sus vecinos más inquietos, los historiadores han observado la evolución ordenada y pacífica de la democracia en Chile y su venerable tradición de respeto por los valores cívicos y la ley escrita. Entre 1932 y el pronunciamiento del general Pinochet, ocho presidentes elegidos se sucedieron en el poder bajo las disposiciones de una misma constitución y seis de ellos cumplieron su mandato cabal de seis años (los presidentes Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) y Juan Antonio Ríos (1942-1946) murieron en ejercicio). Pero este orden aparente es engañoso. La inestabilidad política crónica y recurrente que caracterizó al siglo XIX, debida a reyertas entre sectores rivales de las élites gobernantes, por una parte, y las fuerzas armadas, por otra, contribuyó a establecer una tradición de gobierno fuerte y centralizado, que se llegó a tener por condición sine que non del desarrollo estable.

La oscilación entre inestabilidad y gobierno fuerte ha continuado en el siglo actual, cada vez con mayor intensidad. A partir de los años treinta y más aún en los decenios posteriores, los partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones campesinas se ampliaron y una parte de la creciente clase media chilena se tornó más radical en sus demandas, reflejando las profundas desigualdades económicas y sociales que dividían a la nación. Elpaís viró de un gobierno de Frente Popular, compuesto de radicales, socialistas y comunistas (Pedro Aguirre Cerda), a otro que expulsó a los comunistas del gobierno, proscribió el Partido Comunista y privó a sus militantes de los derechos civiles (Gabriel González Videla). Las tensiones del sistema político quedaron en evidencia en la violenta reacción de la élite conservadora ante la reforma agraria, parte de la "Revolución en Libertad" que se proclamó durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, padre del presidente actual.

Durante el gobierno de Frei, el Partido Socialista se convirtió al marxismo y, con su inspiración en el modelo cubano, surgieron grupos marxistas de extrema izquierda, como el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), que propugnaban el derrocamiento directo del régimen. Un socialista, Salvador Allende, salió elegido presidente en septiembre de 1970, a la cabeza de una coalición de partidos marxistas y de centro-izquierda que se denominaba Unidad Popular (UP), en cuyo programa figuraban amplias medidas de reforma agraria y nacionalización de bienes extranjeros. Las pretensiones de la izquierda, en el sentido de que el poder estatal que se había ganado en las urnas podría abrir el camino al cambio revolucionario, despertaron la violenta oposición de la derecha. A medida que en el Congreso arreciaban las críticas del Partido Demócrata Cristiano (centro) y el Partido Nacional (derecha), opositores de la UP, el país se polarizó, fuera del Congreso, entre los partidarios militantes de la UP y sus adversarios. Ambos bandos atropellaron la ley cada vez con mayor fuerza, con la aquiescencia respectiva del gobierno y de sus poderosos opositores de derecha. En medio del caos económico creciente y el fracaso de las negociaciones parlamentarias para acercar los dos bandos, el país se acercó al borde de la guerra civil. El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas chilenas derrocaron al gobierno en un golpe violento al mando del general Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército nombrado por el propio Allende. El pronunciamiento, recibido con alivio, al comienzo, entre una buena parte de la población, apagó la democracia durante diecisiete años. Mientras la junta militar aplicaba medidas radicales para privatizar la economía, la policía secreta diezmaba tanto a los partidos de la UP como los de la izquierda extraparlamentaria, mediante métodos ilegales, entre ellos la tortura, la ejecución extrajudicial y el "desaparecimiento forzado", además de prisión, exilio y relegación.

Los orígenes del actual gobierno de centro-izquierda se pueden rastrear al año 1983, cuando las primeras chispas de oposición organizada contra el régimen militar se consolidaron en una alianza que contaba con dirigentes de la Democracia Cristiana, el Partido Radical y un sector del Partido Socialista (los partidos políticos seguían en receso). En octubre de 1987 el general Pinochet perdió un plebiscito decisivo sobre la continuación de su régimen, y en diciembre de 1989 se eligió presidente a Patricio Aylwin, quien encabezaba una coalición de partidos de centro y centro-izquierda denominada Concertación de Partidos por la Democracia. Luego de las elecciones de diciembre de 1993, sucedió a Aylwim otro demócrata cristiano, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Durante los gobiernos de Aylwin y Frei, Chile ha concitado la admiración internacional por sus logros económicos y su estabilidad política. La economía ha crecido, en promedio, a razón de 7 por ciento anual, y la inflación ha disminuido a un dígito, despuésde mantenerse en torno a 30 por ciento a fines de los años ochenta. El desempleo se ha reducido de manera considerable y se ha abierto una brecha en las miserables condiciones de vida de los más pobres (la cantidad de habitantes que viven por debajo de la línea de pobreza bajó de 45 por ciento, en 1987, a 23 por ciento, en 1996).49 La violencia política y la tensión militar, que continuaron durante el régimen de Aylwin, cedieron el paso a una época notable por la ausencia de conflictos sociales abiertos, durante gran parte del mandato de Frei. Han cesado las acciones violentas de los grupos izquierdistas armados y, desde el nombramiento del general Ricardo Izurieta en la comandancia en jefe para suceder a Pinochet, el perfil político del ejército se ha reducido.

No obstante, la estabilidad política se ha pagado caro. Ocho años después del retorno a la democracia, la nación sigue sin reconciliarse con su pasado conflictivo. Las fuerzas armadas, en particular el ejército, han esquivado las iniciativas nacionales en pos de un rendimiento de cuentas honrado por los acontecimientos de los años setenta y sus secuelas. Se ha hecho justicia sólo en un puñado de casos emblemáticos de derechos humanos; en los demás, una ley de amnistía en favor de las fuerzas armadas que Pinochet promulgó en 1978, junto con la languidez de los tribunales, ha asegurado la impunidad.

Ni el presidente Aylwin ni el presidente Frei ha logrado poner en ejecución la mayor parte del programa de reformas constitucionales de la Concertación, debido a la resistencia de un fuerte bloque conservador en el Senado, apoyado por un grupo de senadores nombrados por las fuerzas armadas y la Corte Suprema. Acompaña estas limitaciones políticas una impresión cada vez mayor de indiferencia, por parte del resto de la población, en especial en la generación que nació durante la dictadura, hacia las élites políticas. Esta apatía se confirmó con la bajísima cantidad de votantes en la elección parlamentaria de diciembre de 1997.

Si bien no se manifestaron en los primeros años de la democracia, la disensión y la inquietud por el rumbo que sigue el país han ido aumentando últimamente. Los críticos alegan que los dirigentes democráticos han renunciado al debate pluralista y abierto sobre los valores y principios éticos, en favor de arreglos pragmáticos con las élites empresariales y las fuerzas armadas, para no perjudicar los logros económicos del país y su estabilidad política ganada con tanto esfuerzo.50 El precio de esta modalidad política, según dos estudiosos de la coalición gobernante, es "una tendencia al hermetismo, una escasacomprensión de las opiniones disidentes, una renuencia a promover una pedagogía política democrática."51 Una consecuencia de este celo protector excesivo es que el país ha llegado a aceptar ciertas limitaciones, a menudo tácitas pero fuertes, en el debate público, que se manifiestan en la autocensura generalizada, además de la censura directa y las limitaciones legales. Subyacente a estas limitaciones hay una preocupación implícita por proteger a la sociedad contra la crítica y la expresión libres, un impulso a regular el debate, no a estimularlo.52

El debate público y la prensa impresa antes de 1970

Las tradiciones opuestas de liberalismo y contención conservadora se pueden apreciar en la historia de la prensa impresa en Chile. Hasta el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Chile tuvo una prensa heterogénea y vigorosa. En ella se contaban los periódicos establecidos de larga data que expresaban los puntos de vista de la clase dominante, junto con una amplia gama de diarios y revistas vinculados directa o indirectamente con los partidos políticos, cuya orientación iba desde el centro hasta la extrema izquierda. La falta de un periódico realmente amplio y ecuménico, desde el punto de vista político, se compensaba con la diversidad de medios políticos en circulación. Para la protección de esta heterogeneidad había garantías constitucionales y leyes en apoyo de la libertad de prensa, que datan de los primeros años de la república.

No obstante, en la práctica, dicha tradición liberal ha debido hacer frente a una veta, igualmente fuerte, de autoritarismo, la que ha surgido repetidas veces durante los episodios de inestabilidad característicos de la historia del país. Tras el aumento de los movimientos políticos radicales, en los años cuarenta y cincuenta, el pluralismo se vio contenido por leyes que prohibían el comunismo y entrababan con rigor los derechos políticos y la libertad de expresión. Aunque modificadas con posterioridad, numerosas disposiciones, cuyo propósito era la protección de la democracia frente a ataques populares de la izquierda y la derecha, se incorporaron a leyes posteriores y varias siguen en vigencia hasta hoy. Con el retorno a un régimen liberal, en los años sesenta, una prensa competitiva y en alto grado politizada gozó de prosperidad a medida que aumentaba la fuerza de los conflictos sociales y las demandas populares. Luego de una polarización ideológica intensa, dicha época llegó a su fin con el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973.

El origen tanto del liberalismo como de la tradición de gobierno autoritario se puede retrotraer a los primeros años de vida republicana, a partir de 1810, cuando Chile dio el primer paso hacia la la independencia de España. Las normas que regían la prensa naciente eran más liberales entonces que las numerosas modificaciones que siguieron. La primera ley de imprenta, promulgada en 1813, un año después de la aparición del primer periódico chileno, La Aurora de Chile, disponía en su artículo primero:"Habrá desde hoy entera y absoluta libertad de imprenta. El hombre tiene derecho a examinar cuantos objetos están a su alcance; por consiguiente quedan abolidas las revisiones, aprobaciones, y cuantos requisitos que se opongan a la libre publicación de sus escritos." Se estimaba que quienquiera violare, directa o indirectamente, la libertad de prensa había atacado "la libertad nacional" y era lícito privarlo de su ciudadanía.53 Las penas por violaciones de la ley de imprenta eran sólo multas y los juicios se ventilaban, no en los juzgados del crimen, como ocurrió más tarde, sino ante jurados de imprenta, que eran tribunales legos especiales presididos por un juez titulado. Estas normas permanecieron vigentes durante treinta y cinco años.

Durante buena parte del siglo XIX, gobernaron en Chile presidentes civiles conservadores, que respondían ante una clase gobernante poco numerosa que abarcaba terratenientes, que dirigían las haciendas, extensas propiedades agrícolas semi feudales, capitalistas internos y dueños de minas.54

La filosofía política reinante distaba mucho de aquel inconformismo radical que en los principales países de Europa dio forma a los conceptos modernos de democracia y derechos civiles. A falta de una clase media empresarial, en Chile las ideas republicano-liberales se injertaron en un sistema social arcaico fundado en relaciones de subordinación, en el que los valores morales quedaban reservados, casi exclusivamente, a la Iglesia Católica. En la primera constitución duradera de la nueva república, promulgada en 1833, el presidente y el poder ejecutivo ejercían virtualmente el control del sistema político y el catolicismo se mantenía como religión oficial del estado. Disponía además ciertos derechos y libertades personales, entre ellas la libertad de expresión y la prohibición de la censura previa.

Ya en el decenio de 1830 la prensa chilena, joven todavía, circulaba sólo entre una poco numerosa élite educada. El gobierno empleó un sistema de subvenciones para desarrollarla en calidad de herramienta dirigida a promover la ley, elaborar una identidadnacional y estimular el comercio.55 La constitución contemplaba sólo multas leves para las violaciones de las leyes de imprenta y las penas de cárcel se introdujeron sólo muchos años después.56 La imposición de controles represivos se produjo solamente una vez que la prensa había comenzado a circular entre un público masivo.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, los periódicos privados y los subvencionados por el estado dominaban el panorama de la prensa. Entre los más importantes de la época se contaban El Mercurio del puerto de Valparaíso, el diario más antiguo de América Latina en circulación hoy, El Ferrocarril y El Progreso, ambos con subvención estatal. En 1901, Agustín Edwards Ross, eminente banquero, fundó El Mercurio de Santiago, hasta hoy el abanderado de la prensa chilena, y otro diario más popular, Las Ultimas Noticias, en 1902. El Mercurio adoptó un estilo propio que se manifestaba en un despego olímpico respecto de las luchas políticas de la época junto con la defensa firme de los puntos de vista de la élite conservadora.

De ahí en adelante, el crecimiento de un nuevo público urbano de clase media aumentó la importancia de la prensa como actor político independiente. Entre los diarios nuevos que expresaban el punto de vista de la clase media urbana se contaban La Patria, de Valparaíso (fundado en 1863), La República (fundado en 1866) y La Nación (fundado en 1917, pero adquirido por el estado diez años después). A fines del siglo, el desarrollo de una clase obrera urbana organizada, en los centros mineros del norte y otras ciudades industriales, produjo una avalancha de folletos y diarios socialistas, anarco-sindicalistas y del Partido Democrático. Ya en los años cincuenta los movimientos en favor de la reforma económica y social habían dado a luz una nueva generación de periódicos de oposición en estrecha relación con los partidos políticos, en particular Las Noticias de Ultima Hora, ligado al Partido Socialista (1935); El Siglo (1940), órgano del Partido Comunista; La Tercera (1950), vocero del Partido Radical; y el izquierdista Clarín (1954). Estas publicaciones eran políticas en sus orígenes y programa, y su circulación era limitada (en la época de su máxima influencia, durante los regímenes de Frei Montalva y Allende, los medios de prensa izquierdistas, en conjunto, no contaban con más de 25 por ciento del mercado). Ninguno alcanzó una categoría que tranascendiera el bando político de sus lectores. En cambio, la cadena de El Mercurio, perteneciente a la familia Edwards, conservó su dominio del mercado y jamás perdió su capacidad singular para moldear la agenda política.

Muchas de las características del actual sistema democrático de Chile se pueden encontrar en la constitución que promulgó, en septiembre de 1925, el gobierno de Arturo Alessandri Palma. Alessandri ya había ejercido la presidencia entre 1920 y 1924, ocasión en que promulgó reformas sociales de importancia y separó la iglesia del estado. Como no logró controlar las pugnas hostiles al interior del congreso ni satisfacer las exigencias cada vez más insistentes de las fuerzas armadas, en el sentido de que dominara la situación, el 11 de septiembre de 1924 Alessandri debió abandonar el poder. En marzo de 1925, después de que seis presidentes se sucedieran en el cargo, Alessandri volvió, sólo para salir nuevamente siete meses después. La constitución de 1925, cuyo propósito era poner fin a las caóticas reyertas dentro del congreso que habían descalificado las medidas anteriores de Alessandri, estableció un poder ejecutivo aún más fuerte que en tiempos de la constitución de 1833. Pero en los primeros años del nuevo régimen legal, el país siempre fluctuaba peligrosamente entre el gobierno autoritario y la inestabilidad; a la dictadura del ex ministro de guerra Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) sucedió una seguidilla de ocho presidentes, entre julio de 1931 y diciembre de 1932, cuando Alessandri, elegido para cumplir un tercer período presidencial, hizo uso de facultades extraordinarias para reimponer el orden. La constitución de 1925 siguió en vigencia y permitió la sucesión ordenada de gobiernos elegidos, hasta el derrocamiento de Allende.

Durante la mayor parte de este tiempo, la prensa se regía por un Decreto-Ley (No. 425), en muchos aspectos notablemente parecido a la ley de imprenta vigente hoy. Igual que esta última, el D.L. 425 disponía limitaciones amplias, pormenorizadas y punitivas a la libertad de prensa, y prohibía, entre otras cosas, la publicación de noticias sobre la vida privada de las personas, los procedimientos judiciales en juicios por injurias, y las ofensas a un jefe de estado extranjero. Las disposiciones antipornográficas son casi idénticas a las que siguen en pie hasta hoy.

Libertad de expresión y orden público

En una nueva generación de leyes, dirigidas a proteger la seguridad nacional y el orden público, también se limitó la libertad de expresión. Luego de una época de turbulencia política y de rápida sucesión de gobiernos, una serie de leyes que se promulgaron en 1931, 1932 y 1937 declararon que publicar noticias tendenciosas o falsas, defender la violencia o propagar doctrinas subversivas eran delitos contra el estado. La actual Ley de Seguridad Interior del Estado contiene muchas de las mismas disposiciones.57

Con el advenimiento de la guerra fría, a fines de los años cuarenta, en Chile épocade creciente inquietud laboral y actividad política de la izquierda, se promulgaron nuevas leyes de contenido evidentemente represivo. Luego de la elección presidencial de 1946, radicales y comunistas ocupaban cargos ministeriales en el gabinete del presidente Gabriel González Videla (1946-1952). Pero este último hizo un viraje sorpresivo y, provocado por los triunfos comunistas en las elecciones municipales y una ola de huelgas de instigación comunista, en 1947, despidió a los ministros comunistas de su gabinete, proscribió el Partido Comunista y relegó a gran cantidad de dirigentes izquierdistas a un campamento de detención en la desierta costa septentrional de Chile (que el general Pinochet habría de utilizar, años más tarde, con el mismo propósito).

En 1948 González promulgó la ley denominada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que proscribía el Partido Comunista y prohibía la expresión de ideas en defensa de "la implantación en la República de un régimen opuesto a la democracia o que atente contra la soberanía del país." La ley otorgaba al poder ejecutivo facultades legales para reprimir la disidencia equivalentes a las que rigen durante un estado de emergencia. Esta ley permaneció en vigencia durante diez años y marcó un hiato en la tradición democrática de Chile.58 Al privar a los miembros del Partido Comunista de sus derechos civiles y prohibir la expresión de ideas marxistas, violaba los derechos constitucionales, entre ellos el derecho a sufragio y la libertad de expresión. El presidente Carlos Ibáñez derogó la ley en 1948, por motivos electorales. El preámbulo del proyecto de ley de derogación contenía una áspera crítica de la ley (que el propio Ibáñez había aplicado contra los comunistas), calificándola de "transgresión legislativa al principio de la libertad de pensamiento."

Antes de terminar su período, en 1958, Ibáñez promulgó la ley No. 12.927, conocida con el nombre de Ley de Seguridad Interior del Estado, con la que se puso fin a la proscripción del Partido Comunista y se restauraron las penas por delitos contra la seguridad del estado y el orden público, a niveles parecidos a los que regían antes de 1948. Pero la Ley de Seguridad Interior del Estado conservaba una definición incierta de varios otros delitos políticos procedentes de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Pese a las modificaciones que le hicieron tanto el general Pinochet como el presidente Aylwin, aquél para endurecer sus disposiciones, éste para suavizarlas, la Ley de Seguridad Interior del Estado sigue vigente.

Con este breve resumen queda en claro que en Chile, en los últimos cincuenta años, el orden público se ha protegido con leyes rigurosas y detalladas, y que varios gobiernos las han aplicado, con mayor o menor rigor. Como se observa en el capítulo III, estas leyes, tradicionalmente, han abarcado la expresión política tanto como la acción antigubernamental.

Durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, sucesor de Ibáñez, se aprobaron otras limitaciones a la libertad de expresión, ahora inspiradas por el deseo de frenar el sensacionalismo de la prensa popular. Ideada por Enrique Ortúzar, ministro de justicia de Alessandri (y más tarde redactor, entre otros, de la actual constitución), una ley que sepromulgó en 1964, motejada de ley mordaza, calificaba de transgresión la publicación de "informaciones o comentarios que, sin ser constitutivos de injuria o calumnia, sean lesivos para la dignidad, honra, honor o crédito de una persona"; también se declaró ilegal la publicación de noticias "de carácter sensacionalista sobre hechos criminales." Esta prohibición se dirigía a la llamada crónica roja, compuesta de recuadros impresos habitualmente en tinta roja o con tipografía ampliada, con crónicas espeluznantes de crímenes y atrocidades, que se habían convertido en característica habitual de la prensa popular.59 Pese a la derogación de estos aspectos, durante el gobierno de Frei Montalva, la "ley mordaza" de Ortúzar sirvió de base para buena parte de las leyes que rigen hoy a los medios de comunicación, en especial la Ley sobre Abusos de Publicidad), que Frei Montalva promulgó en septiembre de 1967.

Guerra de trincheras: la prensa durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973)

Los tres años del gobierno de la Unidad Popular se caracterizaron por la competencia sin trabas de ideologías y puntos de vista en la prensa nacional, reflejo de las divisiones cada vez más dolorosas en el conjunto de la nación. Circulaba una cantidad nunca vista de diarios y revistas, entre los dos extremos del espectro político. En lugar de tratar de reprimir la oposición vociferante que suscitaban sus políticas, el presidente Allende procuró combatirla con una política de comunicaciones tan agresiva como ella, aprovechando los diversos medios de que el gobierno disponía, además de las cadenas nacionales obligatorias. A ambos lados de la divisoria política aparecieron publicaciones nuevas cuyo único propósito era tomar partido en la refriega política. El debate razonado se degeneró paulatinamente y se convirtió en diatriba política, hipérbole y el vilipendio de los contendores políticos. Como otros presidentes anteriores y posteriores, Allende recurrió a la Ley de Seguridad Interior del Estado en un intento de silenciar a sus críticos más recalcitrantes, pero los parlamentarios de la oposición también hicieron uso de esta ley contra la prensa gobiernista.

Antes de llegar al gobierno, los dirigentes de la UP habían convenido con la Democracia Cristiana que ampliarían y reforzarían las garantías constitucionales de las libertades civiles, a cambio de los votos demócrata cristianos en la decisión parlamentaria entre Allende y Alessandri que llevó al poder a la coalición de partidos. Las reformas aseguraban el pluralismo político y la libertad de prensa, y otorgaban expresamente a todos los partidos políticos el acceso a los medios de propiedad del gobierno o bajo su control, además de los de propiedad privada; permitían que los partidos políticos fundaran y mantuvieran diarios, revistas y estaciones de radio, e impedían su expropiación salvo con la aprobación de ambas cámaras. Además, estipulaban expresamente que no se podría enjuiciara nadie por sostener o manifestar cualquiera idea política.60

La existencia de este convenio limitó la intervención del gobierno en la prensa. En ambos bandos los diarios entraron libremente en una batalla de comunicaciones, a favor o en contra de Allende. Los tabloides allendistas, como los comunistas Puro Chile y Clarín, para satirizar a los opositores, recurrieron a las insinuaciones sexuales, los chistes escatológicos, hasta al racismo, este último dirigido en particular contra los políticos y empresarios de origen judío o árabe.61 A los críticos de la UP se les trataba de reaccionarios o "momios", "sediciosos", "mercenarios", "conspiradores", etc.62 Del otro lado, los tabloides derechistas, como PEC y SEPA, retrataban a Allende como borracho y libertino. Sepa publicaba una tira cómica titulada El reyecito, en la que figuraba el presidente marxista con una capa forrada en armiño y tocado con una corona. Se hacía burla de los dirigentes de izquierda por su estilo de vida supuestamente burgués.63

El 14 de febrero de 1971, Día de la Prensa, Allende anunció la institución de la Operación Verdad, un comité de periodistas encargados de contrarrestar la "cortina de mentiras" que la prensa de oposición supuestamente tendía y que los servicios informativos internacionales recogían.64 En un discurso del 31 de marzo de 1971, Allende declaró: "He tolerado esto porque quiero enseñar una actitud moral, porque al pueblo no le alcanzan estos epítetos de mercenarios entregados a dinero foráneo."65 La indignación presidencial ante las distorsiones de la prensa opositora iba a la par con la indignación de los parlamentarios de oposición al verse tildados de golpistas y sediciosos porque no estaban de acuerdo con las políticas de la UP. El presidente del Senado, Patricio Aylwin, hablando por televisión, acusó a Allende de guardar silencio ante los excesos de la prensa oficialista. El diario La Nación, de propiedad del gobierno, se refirió al discurso de Allende en un artículo titulado "Golpistashablaron en cadena", y dijo que formaba parte de una "campaña del terror" contra la UP.66 En abril de 1971 unos periodistas de izquierda formaron una asociación para defender al gobierno contra la que denunciaban como objetividad falsa de la prensa tradicional. El Mercurio denunció la iniciativa por totalitaria y dijo que estaba "dirigida a asegurar que prevalezca sólo una versión de lo que está ocurriendo en Chile, la oficial."67

Durante el gobierno de Nixon, la Central Intelligence Agency (CIA) de los Estados Unidos envió fondos a la prensa antiallendista, tanto antes como después de la elección de 1970, dentro de un plan encubierto para impedir la elección de Allende y luego para desestabilizar su gobierno. La CIA financió publicaciones contrarias a Allende, produjo y difundió, en la prensa, artículos que presagiaban el derrumbe económico y mantenía agentes en los principales diarios, como El Mercurio.

De acuerdo con el Senate Select Committee to Study Governmental Opersations with Respect to Intelligence Activities (el "Comité Church"), entre 1963 y 1973 la CIA desembolsó más de 12 millones de dólares en intervenir a la prensa.68

A medida que la violencia y los disturbios aumentaban, el gobierno recurrió a los estados de emergencia para obligar a las radios privadas a transmitir informaciones del gobierno, a pesar de las sentencias judiciales que declaraban inconstitucionales dichas medidas. Las estaciones que se negaban a transmitir se sacaban del aire y otras se cerraron por transmitir llamados a tomar parte en protestas y huelgas.

Con la polarización cada vez más intensa de la prensa, las normas de información se redujeron de manera notable por ambos lados, junto con toda apariencia de objetividad. Tanto el poder ejecutivo como sus opositores en el congreso iniciaron numerosos querellas por desacato a la autoridad, en virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado. El presidente Allende demandó en varias ocasiones a SEPA y a su director, Rafael Otero, lo mismo que al director de La Segunda, de propiedad de El Mercurio. Patricio Aylwin, entonces presidente del Senado, se querelló contra un periodista de La Nación por uncomentario relativo a un debate en el Senado, que estimó lesivo para la honra del Senado, y diversos parlamentarios demandaron al director de Puro Chile por difamación.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que el presidente Aylwin estableció, casi veinte años más tarde, para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo el régimen militar, juzgó con dureza el papel que cumplió la prensa en esta época. En su opinión, el deterioro de las normas de la prensa había ayudado a quebrantar el consenso político y fomentar la irrupción de la violencia descarada:

Finalmente, no puede olvidarse en la descripción de la fase última de la crisis, 1970-1973, el papel jugado por los medios de comunicación. No en todos ellos, pero sí en algunos, especialmente escritos, de vasta difusión -y de ambos bandos- la destrucción de la persona moral de los adversarios alcanzó límites increíbles, y se recurrió para ello a todas las armas.

Presentada así, en ambos extremos, la figura del enemigo político como despreciable, su aniquilamiento físico parecía justiciero, si no necesario, y no pocas veces se llamó a él abiertamente.69

El gobierno militar había recurrido al mismo argumento relativo a las normas para justificar la represión de la prensa partidaria de la UP luego del pronunciamiento militar, desconociendo la agresiva campaña contra Allende de la prensa derechista. Después del golpe, en silencio, los diarios que habían atacado el gobierno de Allende con los métodos que describe la comisión dejaron de aparecer y algunos de sus periodistas más vociferantes fueron nombrados en cargos públicos.70 Como señalamos a continuación, los periodistas allendistas sufrieron prisión, tortura, exilio y algunos incluso fueron ejecutados o "desaparecieron" luego del cierre forzoso de sus diarios.

La libertad de expresión bajo las fuerzas armadas (1973-1990)

El ataque a las libertades de prensa y la represión de la disidencia política que siguió al golpe militar fueron más duras, drásticas y extensas que ninguna otra experiencia de la historia de Chile. Se cerraron o se expropiaron todos los órganos de prensa que habían apoyado al gobierno anterior, en algunos casos se destruyeron sus prensas. Cientos de periodistas tuvieron que huir del país o fueron despedidos de su trabajo, otros fueron relegados a localidades remotas. Los canales de televisión pasaron al control del gobiernoy las universidades fueron intervenidas, sus rectores designados por las fuerzas armadas. En los años siguientes, el régimen recurrió, virtualmente, a todos los métodos del repertorio de censura: censura previa de noticias y opiniones, prohibición de películas por motivos ideológicos, fabricación y difusión de noticias falsas, embargo de publicaciones, cierre, ejecución de leyes draconianas de seguridad nacional, hostigamiento e intimidación.71 Entre 1972 y 1990 murieron o "desaparecieron" veintitrés periodistas a manos de agentes del gobierno. Una cantidad dos veces mayor de empleados o personal de prensa, estudiantes de periodismo y trabajadores de imprenta corrieron la misma suerte. Ninguno de los autores de estos crímenes ha debido responder de ellos ante la justicia y el destino de los desaparecidos sigue desconocido.72

El día del golpe, con el país regido por normas de estado de sitio, las fuerzas armadas cerraron estaciones de radio, bombardearon o confiscaron sus transmisores y cerraron Clarín, Noticias de Ultima Hora, El Siglo, Punto Final, Puro Chile y la agencia cubana Prensa Latina. En los días siguientes tomaron La Nación e invadieron la Editorial Quimantú, donde rompieron las publicaciones de izquierda. Un año más tarde, un funcionario de gobierno, con miras a justificar estas medidas, acusó a estas publicaciones del "libertinaje desatado por la prensa oficial de aquella época, su bochornoso vocabulario y su torcida manipulación de las noticias."73 En abril de 1975 el Colegio de Periodistas informó que cuatrocientos periodistas habían perdido sus empleos a raíz de estas medidas, doscientos habían abandonado el país, y catorce estaban presos. La prensa autorizada, que comprendía toda la cadena de El Mercurio, La Tercera, Qué Pasa y la revista independiente Ercilla, debieron sujetarse a la censura previa.

Con toda la prensa allendista en silencio, el comentario crítico de la prensa permitida se mantuvo bajo vigilancia estrecha, con censura previa y sanciones ejemplares. La policía política de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), filtraba informacionesa la prensa, intencionalmente, sobre la persecución de disidentes, a los que con frecuencia se describía como subversivos y delincuentes peligrosos. Se controlaba estrictamente la publicación de toda noticia que pudiera dar la impresión de desorden o de oposición al gobierno, y la DINA inventaba noticias en torno a asuntos controvertidos, para el consumo del público.74 La manipulación de noticias sobre persecución política siguió hasta los últimos años del régimen. Por ejemplo, en junio de 1987 no se permitió el acceso de la prensa a los sitios donde se ejecutó sin juicio a doce guerrilleros sospechosos, en una operación que llevó a cabo la Central Nacional de Investigaciones (CNI), sucesora de la DINA. Los técnicos de la CNI presuntamente arreglaron la escena para que pareciera que las víctimas tenían armas y explosivos, filmaron esos detalles y entregaron la película a las redes de televisión.75

A pocos años del golpe, algunos de los medios autorizados comenzaron a alejar los límites de la censura. Entre los primeros estuvieron las radios, menos politizadas en general que la prensa escrita y menos perseguidas por la represión, en particular Radio Chilena, Radio Balmaceda y Radio Cooperativa. En marzo de 1976, Radio Balmaceda dejó de salir al aire durante seis días y su gerente general, Belisario Velasco, hoy subsecretario del interior, fue relegado a un pueblo remoto del norte de Chile, Más adelante en ese mismo año, se prohibieron unos programas dedicados a la expulsión de abogados de derechos humanos y asuntos laborales, después de llevarse las cintas magnéticas para revisarlas. En enero de 1977 entraron carabineros al edificio y cerraron la estación.

Durante 1975 y 1976 la censura previa fue cediendo el paso a una serie de decretos-leyes que introducían nuevos delitos en la Ley de Seguridad Interior del Estado y aumentaban las penas por violación de las leyes de prensa. Pero en la práctica la censura siguió, de manera intermitente, hasta que, en marzo de 1978, se levantó el estado de sitio que impuso la junta el día del pronunciamiento. La revista noticiosa semanal Ercilla, una de las escasas publicaciones dispuesta a criticar al régimen, recibió repetidas amenazas de cierre. En marzo de 1976, el gobierno confiscó un número y acusó a la revista de propaganda antipatriótica. Una vez que el gobierno procuró, sin éxito, convencer al dueño de Ercilla, Sergio Mujica, de cambiar la línea editorial de la revista y despedir a su director, Emilio Filippi, la revista se vendió al grupo económico Cruzat-Larraín, simpatizante del régimen. Filippi y el personal de la revista renunciaron. Luego de esperar durante cinco meses la autorización, formaron una nueva publicación, el semanario Hoy.76 A fines de los años setenta, Hoy tuvo que cerrar varias en varias ocasiones, incluso una vez, en 1979, durante dos meses.

Ataques a la prensa de oposición

Aunque alineada con la democracia cristiana, Hoy cerró la división histórica entre demócrata cristianos y los críticos izquierdistas del gobierno militar, y conquistó un público numeroso e influyente. En los años siguientes aparecieron otros voceros de la opinión opositora, todos ellos publicaciones periódicas. Los asuntos de derechos humanos aparecían en Solidaridad, boletín noticiosos de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica; en la revista jesuita Mensaje y en la publicación quincenal APSI. Análisis, que es inició como publicación académica, se convirtió en el crítico más feroz del régimen, y Cauce, de inspiración social demócrata, abrió nuevos rumbos en la investigación de los casos de derechos humanos. Actores claves en la articulación de una alternativa política al régimen militar, estas publicaciones atrajeron a periodistas de diversas afiliaciones políticas y en particular a políticos cuyos partidos estaban prohibidos o declarados en receso. Otras publicaciones de extrema izquierda también circulaban en forma clandestina, aunque quedaban fuera del nuevo mercado de opiniones merced a leyes que prohibían la expresión de ideas marxistas, prohibición que más adelante quedaría incorporada explícitamente en el artículo 8 de la Constitución.77

A comienzos de los años ochenta, después de la bonanza de fines del decenio anterior, Chile cayó presa de una profunda recesión y sintió los primeros indicios de resistencia abierta al régimen de Pinochet. A medida que las protestas callejeras que se producían en los barrios pobres se tornaban más violentas, la prensa antigobiernista fue objeto de ataques cada vez más intensos de parte del gobierno, lo mismo que las estacionesde radio independientes.78 En marzo de 1984, por edicto militar, Análisis, Cauce, Apsi y Hoy quedaron sujetas a censura previa, medida que no se había usado desde los primeros días del régimen. Se aprobó una nueva ley (Decreto Ley 320) que impedía a estos medios que destacaran o resaltaran "las materias, hechos o conductas que induzcan, propicien o favorezcan en cualquier forma la alteración del orden público", es decir, informar sobre las protestas. Un edicto militar también les prohibía publicar, en primera plana o en la portada, fotografías o crónicas relativas a las "denominadas protestas." En noviembre del mismo año, luego de la renovación del estado de sitio, se prohibió la circulación de Análisis, Cauce, Apsi, Bicicleta y Pluma y Pincel; Hoy quedó sujeta a censura previa.

Las disposiciones sobre "desacato a la autoridad" que contiene el Código de Justicia Militar y que sancionan como delitos las ofensas a las fuerzas armadas, junto con las disposiciones de orden público y seguridad nacional de la Ley de Seguridad Interior del Estado, se aplicaron en forma sistemática para perseguir a los críticos del gobierno y la prensa independiente. En marzo de 1988, en la lista de periodistas enjuiciados que publicó el Colegio de Periodistas figuraban Fernando Paulsen, Juan Pablo Cárdenas, Mónica González y Patricia Collyer (de Análisis), Felipe Pozo, Gilberto Palacios e Ismael Llona (de Fortín Mapocho), Alberto Gamboa, Abraham Santibáñez, Alejandro Guillier, Patricia Verdugo (de Hoy), Gonzalo Figueroa, Manuel Salazar, Edwin Harrington, Ariel Poblete, Francisco Herreros, Juan Jorge Faúndez, Víctor Vaccaro, Eugenio González (de Cauce), Marcelo Contreras. Sergio Marras, Marcelo Mendoza (de Apsi), y Pablo Cruz (de Prensa Austral).79

Los cierres y confiscaciones, la censura y la detención, y el hostigamiento de los periodistas fueron sólo los aspectos más visibles de este ataque sistemático a la libertad de expresión. Mucho más insidiosa era la autocensura generalizada. Afectada sin cesar por cierres, detenciones e intimidaciones, la prensa, no obstante, abogó con voz clamorosa por la libertad de prensa. Además, desempeñó un papel notable en exponer las violaciones de los derechos humanos en una época en que la prensa oficial seguía desvirtuándolos como propaganda antipatriótica. En 1987 aparecieron dos diarios de oposición: el tabloide popular Fortín Mapocho y La Epoca, iniciado también por Emilio Filippi, dirigidos a los lectores ilustrados de centro-izquierda. Igual que los periódicos de alternativa, el programa y el perfil de estos periódicos, además de sus lectores, se definían por la lucha en favor de la democracia y por su adhesión al programa de la coalición de gobierno.

La transición pactada

La dinámica especial del retorno a la democracia en Chile tuvo efectos profundos en la prensa y en el debate público. La de Chile fue, según la expresión que se usó, una transición pactada. Luego de una serie de complejas negociaciones constitucionales, el poder pasó a las autoridades elegidas, dentro del marco constitucional autoritario que legaron las fuerzas armadas. En el último minuto, el gobierno saliente aprobó leyes en distintos sectores (las llamadas leyes de amarre), con el propósito de preservar ciertos "enclaves" de influencia militar o conservadora.80 Con estas medidas se aseguraba una fuerte presencia militar en ciertos organismos claves del gobierno. Los funcionarios del gobierno saliente quedaban protegidos de responsabilidad por actos cometidos antes de la inauguración del congreso, en marzo de 1990 (esto quedó prohibido en una ley que se aprobó en enero de 1990).81 El inmenso poder de las fuerzas armadas, entretelones, y la influencia decisiva de sus partidarios en el congreso, debida en parte a un sistemas de votación que favorecía a la derecha, dictaron al gobierno una estrategia de transacción y acomodo pragmático. Dichas presiones también ayudaron a inhibir el surgimiento de una prensa independiente vigorosa.

Los orígenes del gobierno actual se pueden encontrar en el año 1984, cuando la Alianza Democrática (AD), que era un frente formado por la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el sector reformado (no Marxista) del Partido Socialista, tomó la decisión histórica de aceptar las condiciones de las fuerzas armadas para una transición política, como única alternativa viable a la violencia y la represión.82 Esto significaba competir primero contra Pinochet en un plebiscito dispuesto en la Constitución de 1980, que estaba fijado para octubre de 1988, para decidir si el general seguiría en el gobierno o habría elecciones al año siguiente. Se esperaba que esta actitud conciliadora permitiría una aceleración pactada del calendario de las elecciones, además del acuerdo en torno a otras reformas constitucionales.

Ninguno de los partidos que se opusieron a Pinochet y que ahora están en el gobierno pensaba que la Constitución tenía una hebra de legitimidad. El texto se había aprobado a puertas cerradas, sin consulta ni debate público, salvo en la prensa pro militar. El prolongado proceso de redacción se inició con una Comisión de Estudios Constitucionales, que la junta militar formó a fines de 1973, presidida por Enrique Ortúzar, jurista y, como ya se dijo, ex ministro de justicia durante el gobierno de Alessandri Rodríguez. A esta comisión siguió otra, la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, conocida como Comisión Ortúzar porque él también la presidió. El jurista que más inspiró las deliberaciones del grupo fue Jaime Guzmán Errázuriz, fundador de la UDI.83 Ambos se ubicaban en la derecha conservadora de la política chilena. En noviembre de 1977, el propio general Pinochet, con la colaboración de Guzmán y de la ministra de justicia Mónica Madariaga, presentó a la Comisión un documento que contenía los que fueron luego los elementos básicos del texto definitivo.84 Este se sometió a plebiscito el 11 de septiembre de 1980, sin las garantías básicas de un voto libre y secreto.85

La constitución se redactó con miras a crear la que en opinión de sus autores sería una democracia segura o protegida. Entre sus disposiciones había diversos resguardos que aseguraban la continuación de la tutela militar sobre las autoridades elegidas, incluso una fórmula para que ciertas instituciones estatales, como las fuerzas armadas, por ejemplo, tuvieran representación directa en el Senado. Fuera de sus veintiséis senadores elegidos (los que aumentaron a treinta y ocho merced a una modificación de 1989), el Senado tenía también nueve senadores designados, cuatro de ellos escogidos por el Consejo Nacional de Seguridad (CSN), en el cual las fuerzas armadas son mayoría,86 y dos escogidos por el propio Pinochet. El sistema, junto con otras limitaciones a las facultades de un gobierno elegido futuro, determinaba que las políticas del gobierno dependieran del apoyo de la derecha. Pasados ocho años seguidos de gobierno, la coalición gobernante nunca logró las mayorías necesarias para suprimir estos obstáculos políticos y terminar su programa de democratización.87

La constitución también reservó un papel vitalicio para Pinochet y aseguró su presencia perdurable en la escena política. De acuerdo con las disposiciones de transición, Pinochet permanecería en su puesto de comandante en jefe del ejército hasta 1998, cuando ocuparía de inmediato un sillón de senador vitalicio. La presencia vigilante del ex jefe de estado en el cuartel general del ejército, frente al Palacio de La Moneda, al otro lado de la calle, tuvo un efecto decisivo sobre el retorno a la democracia. Las fuerzas armadas quedaron a salvo, aunque no del todo, de la deshonra de aparecer ante los tribunales para responder a cargos relativos a los derechos humanos. La presión militar obligó a los presidentes Aylwin y Frei a buscar una fórmula política para cerrar las investigaciones pendientes sobre derechos humanos, aunque ambos tuvieron que abandonar el intento dada la oposición que despertó dentro de la coalición gobernante. También condujo al brusco cierre de una investigación importante de un escándalo de corrupción, en que estaba implicado el hijo de Pinochet.88 Tanto el presidente Aylwin como Frei cumplieron a cabalidad el calendario que habían convenido en aceptar. El general Pinochet entregó el mando en la fecha prevista y tomó su asiento honorario en el Senado el 11 de marzo de 1998, impasible frente a las protestas, emotivas pero impotentes, de los senadores dentro del propio Senado.89

La prensa gobiernista se vio profundamente afectada por estas presiones y los intentos del gobierno por equilibrar el buque para evitar el conflicto abierto. En general, el ejército trataba a la prensa como lo había hecho antes, periódicamente lanzaba andanadas, acusando a los diarios de orquestar una campaña antimilitar. Muchos periodistas fueron enjuiciados por los tribunales militares por revelar o condenar atrocidades antiguas de derechos humanos. Las señales de advertencia del ejército también actuaron como un freno invisible sobre la prensa, que los ministros del gobierno aplicaban en llamadas por teléfono urgentes a los directores de los medios, o incluso de los propios directores. La cantidad de estos incidentes fue disminuyendo con los años, pero su efecto conjunto fue el de contener la libre expresión e inyectar un clima de cautela y moderación que no favorecía la actuación de una prensa vigorosa o crítica.

La prensa en la transición a la democracia

Los cambios económicos dramáticos que se produjeron en la industria de los medios de comunicación afectaron también el debate político. El clima de consenso, junto con una política de no intervención del gobierno, fortaleció la situación de la prensa de gran circulación. Los que más se beneficiaron fueron El Mercurio y La Tercera, esta última perteneciente al Consorcio Periodístico de Chile, S.A. (Copesa). Ambos diarios habían apoyado al gobierno militar y en las postrimerías de éste se vieron favorecidos con convenios financieros con ciertas instituciones estatales que los rescataron de su enorme endeudamiento.90 El anterior perfil político conservador de ambos matutinos fue moviéndose hacia el centro, en procura de arrancar lectores a la competencia pro Concertación. Con el éxito se concentró aún más la propiedad, la que ya había recibido un impulso en 1973 cuando el gobierno militar retiró de la contienda a los adversarios de la prensa conservadora. En 1996, de los cuarenta y ocho diarios chilenos, dieciséis eran de El Mercurio, entre ellos Las Ultimas Noticias y el vespertino de Santiago, La Segunda. Copesa, que reunía a un grupo de empresarios jóvenes de centro-derecha y un ex ministro de hacienda de Pinochet, compró en 1990 una tercera parte de La Tercera. En 1998 el consorcio ya era dueño de La Tercera, La Cuarta y un nuevo vespertino santiaguino, La Hora, además de adquirir el influyente semanario político Qué Pasa.91 En conjunto, las dos cadenas ahora monopolizan la atención de las élites políticas y empresariales sin competencia seria de ningún origen.

Las fuerzas del mercado han obrado con igual peso contra la prensa que reflejaba las opiniones del segmento liberal-progresista de la sociedad chilena. En agosto de 1998, sólo La Nación (hoy dedicada de preferencia a las noticias deportivas) sobrevive como diario que no pertenece ni a El Mercurio ni a Copesa.92 Un acontecimiento de gran importancia se produjo en julio de 1998, cuando La Epoca, el más independiente de los diarios de centro-izquierda. tuvo que cerrar luego de sufrir dificultades financieras prolongadas.93 Igualdestino tuvieron los semanarios políticos. A pocos años de la transmisión del mando a Aylwin, Cauce, Análisis y Apsi entraron en crisis y desaparecieron. Durante el gobierno militar, todos los semanarios habían contado con inyecciones anuales de apoyo financiero provenientes de fundaciones y donantes extranjeros. Al no contar con más ayuda, una vez pasada la elección, no estaban en situación de competir con las estrategias agresivas de comercialización que desplegaba la competencia semanal. Otros ejemplos del fallecimiento del periodismo de este estilo fueron las empresas culturales nuevas de centro-izquierda, como Pluma y Pincel y Página Abierta, iniciados en 1990. Los órganos de la izquierda marxista, El Siglo y Punto Final, revista del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), también toparon con dificultades financieras serias.94

Muchos manifestaron su desencanto ante la pérdida de las posibilidades de expresar puntos de vista de alternativa y más críticos y la que se les aparecía como movida inexorable hacia el segundo plano. El gobierno fue objeto de críticas por parte de sus propios partidarios, por no ayudar a estos periódicos que habían servido tan bien a los políticos, como cajas de resonancia, durante el período pre electoral, pero el gobierno no se inmutó. Un proyecto de ley mal ideado, propuesto por dos diputados demócrata cristianos para imponer por ley el pluralismo de los medios de comunicación, fue derrotado por la acción de los empresarios periodísticos en el Congreso, y declarado inconstitucional por al Tribunal Constitucional. Igual que con los diarios, la cantidad de títulos en el mercado de semanarios disminuyó, mientras que las revistas más establecidas, como Qué Pasa y Ercilla, adoptaban un estilo más dinámico e investigador. La adquisición, por parte de Copesa en 1990, del conservador Qué Pasa (en cuyo comité de redacción original se contó Jaime Guzmán, arquitecto de la constitución de 1980) terminó por conducir a una revista de nuevo estilo que publica críticas punzantes de la élite política y empresarial, y editoriales en que desmitifica los mitos de la transición. La fórmula de Qué Pasa tuvo éxito: en 1991 ya había alcanzado a sus competidores en circulación y venta de avisos, en tanto que Hoy, de tendencia demócrata cristiana, se quedaba atrás. 95

No obstante, más fuerte que el efecto de estos cambios en los medios de prensa impresa fue la expansión de la televisión como medio de acceso universal, la aparición de canales privados nuevos, autorizados por primera vez en virtud de una ley que se aprobó en 1989, y el aumento dramático de la televisión por cable. La televisión en Chile comenzó en los años sesenta como servicio público que entregaban el estado y las dos universidades más importantes. Bajo el gobierno militar, los canales se fueron autofinanciando más y más, y en 1992 el gobierno de Aylwin reflotó incluso el canal estatal, TVN, como empresa autofinanciada, autónoma respecto del control del gobierno. Sin embargo, a pesar de esta independencia financiera, TVN no se mantuvo de ningún modo inmune a las presiones políticas que afectaban la transmisión de programas controvertidos, como veremos en el capítulo IV. Además, todos los canales tenían que habérselas con los complejos reglamentos que había impuesto la comisión estatal de televisión. Dichos reglamentos se analizan en el capítulo VI.


CAPITULO III — LA LIBERTAD DE EXPRESION EN LA LEY

49 Joaquin Vial, "La estrategia del desarrollo: crecimiento con equidad", en Cristián Toloza y Eugenio Kahera (eds.), Chile en los Noventa, Dirección de Estudios, Presidencia de la República (Santiago: Dolmen, 1998), págs.183-184

50 Véase, por ejemplo, Tomás Moulián, Chile: Anatomía de un Mito, Santiago: Lom Ediciones, 1997; Tomás Jocelyn-Holt, El peso de la noche: nuestra frágil fortaleza histórica, Santiago: Ariel, 1997; Faride Zerán, Desacatos al desencanto, Santiago: Lom Ediciones, 1997. Para el punto de vista opuesto y un análisis lúcido de la estrategia de la transición chilena, véase Edgardo Boeninger, Democracia en Chile: lecciones para la gobernabilidad, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1997.

51 Eugenio Lahera y Cristián Toloza, "La Concertación de Partidos por la Democracia: Balance y Perspectivas", en Toloza y Lahera, Chile en los noventa, pág.709.

52 Esto se pudo apreciar en agosto de 1998, en el debate que hubo en el Congreso a propósito de la necesidad de regular las actividades de delación de los legisladores; muchos funcionarios del gobierno estimaban que algunos de ellos habían sobrepasado los límites de lo aceptable. El asunto se ventiló por primera vez a raíz de una indagación realizada con éxito por el diputado Nelson Avila ante una presunta evasión de derechos de aduana por parte de la Fuerza Aérea.

53 Artículos 1 y 10 de la Ley de Imprenta, citados en Guillermo Martínez, "Las bulas y los cometas: crónica del régimen décimonónico de libertad de prensa 1813-1925", (Santiago: Friedrich Naumann Stiftung, Serie Contribuciones, No. 8, enero, 1995), págs.3-12.

54 En 1955, 4,4 por ciento de los terratenientes eran dueños de las dos terceras partes de la tierra cultivable, y 1,6 por ciento eran dueños de más de 50 por ciento, una de las distribuciones de tierras más disparejas del continente en ese momento. D. Baytelman y R. Chateauneuf, "Interpretación del Censo Agrícola Ganadero de 1955", citado en Osvaldo Sunkel, "Change and Frustration in Chile", en Claudio Véliz, Obstacles to Change in Latin America (Oxford: Oxford University Press, 1965), pág.127.

55 Jorge Mera y Carlos Ruiz, "Notas sobre libertad de prensa, censura y cultura política", en Claudio Durán, Fernando Reyes Matta y Carlos Ruiz (eds.), La prensa: del autoritarismo a la libertad (Santiago: Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea e Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), 1986), pág.193.

56 La Ley de Imprenta, de 16 de septiembre de 1846, fue la primera en sancionar claramente la conducta que se calificaba de abuso de la libertad de prensa. Introdujo penas de prisión para delitos que luego quedaron incorporados en leyes posteriores, por ejemplo, la provocación y apología del delito. Otras, tales como la "incitación al odio entre las diversas clases del Estado" y los "ultrajes a la moral, al orden público y a la religión del Estado", suscitaron protestas airadas, por autoritarias y antidemocráticas.

57 Felipe González Morales, Jorge Mera Figueroa y Juan Enrique Vargas Viancos, Protección democrática de la seguridad del Estado (Santiago: Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano, Programa de Derechos Humanos, 1991), págs.110-111.

58 Id., pág.120.

59 Con el deseo, más bien cómico, de definir "sensacionalista" en forma objetiva, la ley se refería en detalle a elementos como el color de la tinta, longitud, tipografía, dimensión de los titulares, etc.

60 Ley No. 17.398, de 8 de enero de 1971.

61 Véanse los ejemplos que cita Patricio Donoso, Prensa y política: periodismo de derecha e izquierda 1970-1973 (Santiago: Ediciones Andante, 1988).

62 "Momios presentaron acusación contra Ministro de Justicia", El Siglo, 22 de enero de 1971; "Golpistas hablaron en cadena", La Nación, 2 de abril de 1971; "No debe confundirse sedición con oposición", La Tercera de la Hora, 13 de septiembre de 1971.

63 Hernán González, "Oscar Waiss, el feroz guerrillero del Café Haití", Sepa, Semana del 31 de agosto al 16 de septiembre de 1971.

64 "Operación Verdad recorrerá América", Puro Chile, 14 de febrero de 1973, citado en Miguel González Pion y Arturo Fontaine Talavera (eds.), Los mil días de Allende (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 1997).

65 "Allende informa al pueblo", Puro Chile, 31 de marzo de 1971.

66 Aylwin, a la sazón dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y presidente del Senado, sufrió frecuentes ataques y burlas de la prensa allendista. "Bendito tú eres entre las señoronas. le dicen al siniestro senador demócrata cristiano Patricio Aylwin... Como insiste en que su dieta parlamentaria no le alcanza para vivir, se consiguió un trabajo en Radio Agricultura, junto con las inefables Silvia Pinto, Patricia Guzmán, Raquel Correa y Carmen Puelma. Día tras día reclaman contra el gobierno. El programa más parece un coro de gallinas por el cacareo incesante del Pato y sus damas." Las Noticias de Ultima Hora, 2 de octubre de 1972. El gobierno luego cerró la Radio Agricultura, que había criticado repetidas veces el programa de reforma agraria de Allende, por negarse a transmitir las cadenas obligatorias del gobierno.

67 "Batalla de la información", La Semana Política, El Mercurio, 18 de abril de 1971, reproducido en González y Fontaine, Mil días de Allende, pág. 97.

68 Covert Action in Chile, Washington D.C.: 1975.

69 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Santiago: Secretaría de Comunicación y Cultura, Ministerio Secretataría de Gobierno), febrero de 1991, Vol. I, pág.38.

70 Uno de los críticos más mordaces de Allende, Rafael Otero, director de Sepa, fue nombrado por la junta militar agregado de prensa de la embajada de Chile en Washington y presuntamente tuvo participación en el encubrimiento del crimen. Véase John Dinges y Saul Landau, Assassination on Embassy Row, New York: Pantheon Books, 1980. págs.266-267.

71 Las violaciones de la libertad de prensa durante el gobierno militar están bien documentadas. Véanse especialmente dos cronologías de valor: Lidia Baltra Montaner, Atentados a la libertad de información y a los medios de comunicación en Chile 1973-1987 (Santiago: Centro de Comunicación y Cultura par el Desarrollo (CEBECA), abril de 1988, y Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, La dictadura contra los periodistas chilenos (Santiago: mimeografiado, julio de 1988). Véase también Arturo Navarro, "El sistema de prensa bajo el régimen militar (1973-1986)". en Durán, Matta y Ruiz (eds.), La prensa: del autoritarismo a la libertad.

72 Las cifras son de Ernesto Carmona (ed.), Morir en la noticia, Santiago: 1997. El estudio, en el cual colaboraron más de sesenta periodistas, incluso muchos que escribían desde el extranjero, narra los hechos de cada caso. Está basado en las memorias de los participantes y ofrece un importante cuadro histórico de la época.

73 Coronel Virgilio Espinoza Palma, director de la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS), la oficina de censura del gobierno, en 1994, en un discurso ante el Colegio de Periodistas, citado en Colegio de Periodistas, Dictadura contra los periodistas, pág.9.

74 En un bullado caso de desinformación, la llamada Operación Colombo, la DINA falsificó noticias de prensa extranjeras sobre una purga interna del MIR, durante la cual se suponía que 119 miembros del movimiento, en todo el continente, murieron asesinados. Se informaba que los cadáveres de dos de las presuntas víctimas se habían hallado en la Argentina. dentro de un automóvil abandonado. Luego trascendió que la lista completa de los "muertos" había aparecido antes en una publicación argentina y una brasileña. inventada por la DINA con la connivencia de sus contrapartes argentina y brasileña (la publicación argentina apareció sólo una vez, la brasileña, tres veces). La lista de muertos correspondía a presos que se sabía que habían "desaparecido" después de su detención por fuerzas de seguridad en Chile. Véase Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pág. 571. A este complicado encubrimiento de uno de los crímenes más horrendos de la DINA se le brindó crédito total en la prensa nacional. En su número del 16 de julio de 1975, La Tercera informó que el descubrimiento de los cadáveres "ponía en descubierto las burdas maniobras con que los elementos de izquierda se preparaban para esperar a la llamada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", y que a Amnesty International "no tendrá otra cosa que borrar sus nombres de la lista de personas desaparecidas en Chile." Citando fuentes del gobierno, El Mercurio dijo que "estos seudo detenidos o secuestrados son transportados a Argentina a fin de que se incorporen a movimientos guerrilleros y, tras recibir adiestramiento, son retornados a Chile." La Segunda sacó un titular cruel: "Miristas se matan como ratas." Citado en Eugenio Ahumada et al., Chile: la memoria prohibida (Santiago: Pehuén, 1989), Vol. 2, págs.108-109.

75 José Ale, "No aparecen videos de Operación Albania", La Tercera, 8 de agosto de 1998. Los videos luego desaparecieron y se informó que las fuerzas armadas no los entregaron a un juez civil que investigaba el crimen en 1998.

76 Human Rights Watch, entrevista a Emilio Filippi, 19 de marzo de 1998.

77 Este artículo permaneció en vigencia hasta agosto de 1989, cuando se modificó la Constitución luego de negociaciones entre dirigentes de la coalición gobernante y el gobierno militar.

78 Agentes pertenecientes a la Central Nacional de Informaciones (CNI), que reemplazó a la DINA en 1977, hostigaban y amenazaban a los periodistas de oposición; en un bullado incidente ocurrido en diciembre de 1982, matones de la CNI apalearon a seis periodistas que cubrían una concentración laboral en la Plaza Artesanos, de Santiago

79 Llama la atención que a nueve, a lo menos, de los periodistas que figuran en esta lista se les haya demandado por desacato a la autoridad o injurias, después del retorno a la democracia en 1990.

80 Americas Watch (hoy Human Rights Watch), Human Rights and the "Politics of Agreements: Chile During President Aylwin's First Year (New York: Human Rights Watch, julio de 1991).

81 En marzo de 1998, un grupo de parlamentarios de la coalición de gobierno preparó por fin una acusación constitucional contra el general Pinochet, pero se basaba en sus presuntos actos inconstitucionales posteriores a marzo de 1990, no en acontecimientos ocurridos durante el gobierno militar. La moción, a la que Frei se opuso, no prosperó.

82 El principal partido conservador, el Partido Nacional, se declaró en receso después del golpe de Pinochet y no se revivió. Las divisiones de la derecha entre pro militares y grupos más críticos produjeron dos nuevos cuadros que surgieron a pocos meses de distancia uno del otro, en 1983. La Unión Democrática Independiente (UDI), fundada por Jaime Guzmán, un teórico de derecha identificado de cerca con la Constitución de 1980 y uno de sus autores principales, rechazaba toda modificación del calendario de la transición. La Unión Nacional (UN), fundada por Andrés Allamand, favorecía el diálogo con la oposición. La UDI sigue existiendo hasta hoy como segundo partido de oposición; el otro, Renovación Nacional (RN) es descendiente directo de la UN y tiene en sus filas a liberales de centro.

83 Guzmán fue asesinado el 1 de abril de 1991 por miembros de un comando izquierdista.

84 Ascanio Cavallo Castro, Manuel Salazar Salvo y Oscar Sepúlveda Pacheco, La historia oculta del régimen militar (Santiago: Editorial Antártica, 1989), pág.310.

85 Incluso antes de que se conociera el resultado, los dirigentes demócrata cristianos hicieran una declaración pública en el sentido de que el plebiscito carecía "de toda validez" y que tanto el texto como cualquier acto futuro que se emprendiera en su nombre, eran "igualmente ilegítimos y sin valor."

86 El CSN se compone del presidente, los presidentes del Senado y de la Corte Suprema, el comandante en jefe de cada rama de las fuerzas armadas y el general director de Carabineros

87 Edgardo Boeninger, secretario general de la presidencia de Aylwin y destacado teórico de la transición, ha dicho que de las cuatro metas políticas importantes de la Concertación, la más importante era la gobernabilidad. Las demás eran el regreso de los militares a sus cuarteles, una solución éticamenteaceptable para el problema de los derechos humanos, y la reforma de la constitución. Edgardo Boeninger, Democracia en Chile: Lecciones para la gobernabilidad (Santiago: Andrés Bello, 1997), págs.379-385. El fracaso de esta última meta, a pesar del éxito del gobierno en otros campos, como la reforma judicial y municipal, quedó en claro, con ironía, cuando Boeninger, en marzo de 1998, aceptó el nombramiento de Frei como senador designado.

88 La manifestación de fuerza del ejército se describe más adelante, en el capítulo III.

89 Según Aylwin, cuando le explicó por qué el país se beneficiaría con su renuncia, Pinochet contestó: "Se equivoca, señor. Nadie le va a cuidar mejor que yo. ¿No ve que mi gente está muy nerviosa?" Aylwin no volvió a tocar el tema nunca más. "Testimonio del ex presidente Patricio Aylwin a comisión de Cámara de Diputados", La Tercera, 8 de abril de 1998.

90 Al término del gobierno militar El Mercurio debía 14.000 millones de pesos, 60 por ciento del total al Banco del Estado; La Tercera debía 374 millones a TVN.

91 Eugenio Tironi y Guillermo Sunkel, "Modernización de las comunicaciones y democratización de la política: los medios en la transición a la democracia en Chile", en Estudios Públicos, No. 52, 1993.

92 La Nación, que había perdido el favor del público por su dependencia del gobierno militar, se revitalizó con directores nuevos nombrados por Aylwin al comienzo de su mandato. Informó extensamente acerca de las investigaciones judiciales sobre derechos humanos. Con todo, el éxito del diario fue limitado, debido a que el gobierno no logró conseguir la fórmula que asegurase su independencia financiera, única garantía de real autonomía del diario frente al gobierno. También sufrió por la disminución de las ventas, a medida que el interés del periodismo de denuncia iba disminuyendo. El nuevo equipo administrativo que nombró el gobierno de Frei reubicó el diario en el mercado dándole un enfoque principalmente deportivo.

93 La Epoca fue fundada en marzo de 1987 por Emilio Filippi, director de Hoy, y un grupo de socios, entre ellos su colega demócrata cristiano, el senador Juan Hamilton. El diario atrajo a un distinguido grupo de periodistas y comentaristas, y ofreció un nuevo foro de debate a medida que el país seacercaba al plebiscito decisivo de 1988. Pero las dificultades para obtener capital iniciador determinaron en La Epoca una fuerte dependencia del crédito, que el diario no pudo servir con las ventas. Ya en 1992 las ventas eran menos de la mitad de las de 1990. Los ingresos por avisos, según los directores del diario, se veían afectados por la imagen crítica de éste y no lograron reponer el déficit: ni en su punto máximo logró sobrepasar 12 por ciento del ingreso equivalente de El Mercurio. En 1991, cuando un relanzamiento no logró remediar el problema, La Epoca entró en sociedad con Copesa, que se encargó de la impresión, distribución y venta del diario, mientras que los directores de La Epoca conservaban el control editorial. Este arreglo llegó a su término en marzo de 1998. Flavio Cortés, "Modernización y concentración: los medios de comunicación en Chile", en Toloza y Lahera (eds.),Chile en los noventa," pág.568.

94 Guillermo Sunkel, "La prensa en la transición chilena", (Santiago: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Serie Educación y Cultura, No. 26, 1992).

95 Cortés, "Modernización y concentración...", op. cit., pág.582.


CAPITULO III — LA LIBERTAD DE EXPRESION EN LA LEY
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