El Gobierno de Cuba adoptó medidas drásticas contra los disidentes en 1999, evidenciadas sobre todo por el juicio y condena de cuatro líderes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna. La apertura aparente que siguió a la visita papal de 1998 fue suspendida claramente y defensores de derechos humanos, periodistas y activistas se enfrentaron a la represión rutinaria gubernamental. El hostigamiento y la persecución de disidentes combinados con una negativa continua a conceder amnistía a cientos de presos políticos demostraron que las condiciones de derechos humanos en Cuba se caracterizaban cada vez más por la represión en 1999.

El ejercicio de los derechos humanos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y de prensa siguió estando limitado en la legislación cubana. Las autoridades encarcelaron u ordenaron la vigilancia de personas que no habían cometido ningún delito, basándose en leyes que penalizan el "estado peligroso" y contemplan la advertencia oficial. La tipificación de delitos tales como la propaganda enemiga, la divulgación de noticias no autorizadas y el insulto a los héroes caídos constituyó en realidad una negación de la libertad de expresión bajo la apariencia de la salvaguardia de la seguridad del Estado. Además, el gobierno cubano confinó a personas por "salida ilegal" cuando intentaron ejercer su derecho a salir del país. En agosto de 1999, el Gobierno decretó que ningún cubano que hubiera emigrado por vías ilegales después de septiembre de 1994 podría regresar a la isla. Previamente, los que habían salido ilegalmente podían visitar Cuba después de pasar cinco años en el extranjero.

Los tribunales cubanos controlados por el Gobierno socavaron el derecho a un juicio imparcial limitando en especial el derecho a la defensa. El Consejo de Estado, un órgano político presidido por el Presidente Castro, revisó todos los casos capitales, lo que limitaba la independencia judicial. Los tribunales cubanos no cumplieron las escasas garantías del debido proceso para los acusados previstas en la ley. Se informó que al menos doce presos sentenciados a muerte fueron ejecutados en 1999.

El gobierno cubano estableció nuevos mecanismos para fortalecer su autoridad represiva en 1999. En febrero, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que estipulaba duras penas de hasta 20 años para cualquier actuación que pudiera interpretarse como de apoyo al embargo estadounidense contra Cuba.

En 1999, el Gobierno llevó a juicio a varios disidentes y detuvo a docenas de periodistas independientes y activistas. El 15 de marzo de 1999, un tribunal de La Habana condenó a cuatro líderes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna (GTDI) a varios años de cárcel por "actos contra la seguridad del Estado," basándose en su presunta incitación a la sedición. En junio de 1997, el GTDI publicó "La Patria es de Todos," un documento en el que se analizaba la economía cubana, se proponían reformas a la Constitución, se debatía sobre asuntos de derechos humanos y se criticaba que Cuba reconociera únicamente un partido político. Cuando llegaron a juicio, los cuatro activistas — los economistas Martha Beatriz Roque Cabello y Vladimiro Roca, el profesor de ingeniería Félix Antonio Bonne Carcassés y el abogado René Gómez Manzano — llevaban cerca de 19 meses en prisión provisional. El público, la prensa y los observadores internacionales no tuvieron acceso al juicio. Sólo nueve de los familiares de los disidentes pudieron asistir. El tribunal no permitió que Gómez Manzano, líder de un grupo de abogados independientes que el Gobierno había desautorizado anteriormente, se defendiera a si mismo. El tribunal sentenció a Roca Antúnez a cinco años, a Bonne Carcassés y Gómez Manzano a cuatro años cada uno, y a Roque Cabello a tres años y medio.

El 10 de diciembre de 1998, la policía cubana detuvo a Lázaro Constantín Durán, líder del Club de Amigos del Colegio de Pedagogos Independientes, cuando estaba participando en una celebración del 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el parque Butari de La Habana. No había pasado una semana desde su detención cuando un tribunal habanero condenó a Constantín Durán a cuatro años de prisión por estado peligroso.

Ya fueran detenidos por delitos comunes o políticos, los presos fueron sometidos a duras condiciones carcelarias. Los presos sufrieron malnutrición y languidecieron hacinados en celdas sin la adecuada atención médica. Algunos soportaron abusos físicos y sexuales, habitualmente infligidos por otros presos con la aquiescencia de los guardias, o largos períodos en celdas de aislamiento. Las autoridades penitenciarias insistieron en que todos los detenidos participaran en sesiones de "reeducación" con de tipo político o se enfrentaran a medidas punitivas. En muchas prisiones, las autoridades no separaron a los detenidos preventivos de los presos condenados y a los menores de los adultos. Los presos políticos que denunciaron las malas condiciones carcelarias fueron sancionados con encierros en solitario, restricciones de las visitas o negación de atención médica. Los menores se expusieron al riesgo de estar detenidos indefinidamente en centros juveniles, sin garantías del debido proceso ni una condena concreta.

Dentro de una medida alentadora, una reforma del código penal en febrero de 1999 dispuso que los presos no podían ser sometidos a castigos corporales, ni se permitía el empleo de ningún método contra ellos para humillarlos o rebajar su dignidad. Sin embargo, el hecho de que no se estipularan penas por la comisión de dichos actos disminuyó el posible impacto de esta reforma. Es más, el Gobierno continuó tomando represalias contra los presos que denunciaron las condiciones carcelarias y extendió su prohibición sobre la supervisión de las prisiones.

En marzo de 1999, el gobierno cubano amplió el uso de la pena de muerte a dos delitos adicionales: narcotráfico internacional y corrupción de menores. Cuba mantuvo en sus códigos más de un centenar de delitos castigables con la muerte. Las graves deficiencias procesales del sistema jurídico cubano y la falta de independencia judicial facilitaron las injusticias. Las leyes cubanas otorgaban mínimas posibilidades a los condenados a muerte para apelar sus sentencias. En marzo de 1999, el gobierno cubano anunció que un tribunal de La Habana había condenado a muerte a Raúl Ernesto Cruz León por terrorismo, basándose en su presunta participación en las explosiones en hoteles cubanos. Los magistrados cubanos sentenciaron a un segundo salvadoreño, Otto René Rodríguez Llerena, a muerte en abril de 1999. En enero de 1999, un tribunal habanero condenó a muerte a Sergio Antonio Duarte Scull y Carlos Rafael Pelaez Prieto por los asesinatos de dos turistas italianos, en septiembre de 1998. En junio de 1999, se informó que un pelotón de fusilamiento había ejecutado a Pelaez Prieto. En marzo de 1999, el Tribunal Provincial de Granma anunció las ejecuciones de José Luis Osorio Zamora y Francisco Javier Chávez Palacios. El gobierno cubano ejecutó al menos doce presos en 1999.

El gobierno de Castro mantuvo una postura firme frente al periodismo independiente. Las autoridades cubanas detuvieron al menos una quincena de periodistas independientes a finales de febrero de 1999, con la intención aparente de impedirles que cubrieran el juicio de los líderes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna.

El 6 de mayo de 1999, un tribunal de Holguín dictaminó que dos periodistas y uno de sus compañeros eran culpables de desacato. Se informó que Manuel Antonio González Castellanos, de la agencia Cuba Press, había sido juzgado por haber criticado al Presidente Fidel Castro y otras autoridades en el transcurso de una conversación acalorada con la policía local, a finales de 1998. Al parecer, la policía había acosado verbalmente a González Castellanos ese mismo día. El tribunal le condenó a dos años y siete meses de prisión.

El 29 de diciembre de 1998, la policía cubana detuvo a Jesús Labrador Arias, un reportero de Cuba Press en Manzanillo, al que retuvieron durante varias horas. El 8 de diciembre, funcionarios de la seguridad del Estado de Cuba se presentaron en la residencia de otro periodista de Cuba Press y le advirtieron que no cubriera ninguno de los eventos programados para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

En unos cuantos casos, el Gobierno empleó los reglamentos sobre vivienda para hostigar a reporteros independientes. En enero de 1999, las autoridades de la vivienda de Santiago notificaron a Margarita Sara Yero, directora del Corresponsalía en Turquino de la Agencia de Prensa Independiente de Cuba, que la desalojarían de la casa donde había residido durante los últimos 35 años. Los funcionarios afirmaron que había abandonado su casa, pero varios vecinos confirmaron que residía en ella. El 1º de febrero de 1999, la policía y los funcionarios de la vivienda convocaron a sus vecinos a una reunión pública, donde declararon al parecer que Yero no había votado a candidatos del Partido Comunista y no pertenecía al Comité para la Defensa de la Revolución local. Al día siguiente, según informaciones de prensa, Yero recibió un aviso de desalojo por escrito.

El 18 de enero de 1999, la policía cubana detuvo a Jesús Joel Díaz Hernández, director de la Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes, en Morón, provincia de Ciego de Ávila. Al día siguiente, el Tribunal Municipal de Morón le halló culpable de estado peligroso y le condenó a cuatro años de prisión. El hecho de que el período entre la detención y la condena de Díaz Hernández fuera sumamente breve hizo imposible que pudiera preparar una defensa adecuada. Se informó de que el tribunal había basado su veredicto en los presuntos encuentros de Díaz Hernández con delincuentes y la alteración del orden público.

El 27 de enero de 1999, la policía de Ciego de Ávila detuvo durante dos días a Pedro Argüelles Morán de Cuba Press. Esa misma semana, la policía de La Habana había detenido a María de los Angeles González Amaro, directora de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba Independientes (UPECI), Nancy Sotolongo, una periodista de la UPECI, Santiago Martínez Trujillo, un fotógrafo de la UPECI, y Ángel Pablo Polanco, de la Cooperativa de Periodistas Independientes, a los que retuvo entre tres y cinco días. Los arrestos se produjeron al parecer debido a que los periodistas tenían previsto cubrir un evento con motivo del primer aniversario de la visita de enero de 1998 del Papa a Cuba. Se informó de que la policía advirtió oficialmente a González Amaro que sería juzgada por asociación para delinquir y desobediencia si continuaba con sus actividades.

Aunque Cuba permitió mayores oportunidades para la expresión religiosa que en el pasado y autorizó el funcionamiento de varios grupos humanitarios gestionados por la iglesia, el Gobierno siguió manteniendo un control estricto de las instituciones religiosas, los grupos afiliados y los creyentes individuales. Como nota positiva, en noviembre de 1998, el Gobierno cubano aprobó visados para que 19 sacerdotes extranjeros se instalaran en Cuba.

El Gobierno de Cuba restringió los derechos laborales con la prohibición de sindicatos independientes y el hostigamiento a personas que intentaban organizarlos. El Gobierno reconoció un único sindicato, la Central de Trabajadores de Cuba (CDC). Según se informó, la policía habanera detuvo a José Orlando González Bridón, de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba (CTDC) durante breves períodos en noviembre y diciembre de 1998, y enero de 1999. En cada una de las ocasiones, González Bridón estaba participando en una protesta contra los juicios a disidentes. Las autoridades cubanas arrestaron a Ofelia Nardo Cruz, una abogada de la misma organización, el 6 de enero de 1999, a la que retuvieron durante unas cuantas horas.

Con el fin de atraer a inversores extranjeros, Cuba controló estrictamente los derechos del trabajador en negocios sostenidos por la inversión extranjera. Al amparo de leyes laborales restrictivas, el Gobierno desempeñó un papel principal en la selección, pago y despido de trabajadores, lo que supuso en la práctica una negación del derecho de los trabajadores a negociar directamente con los empleadores los beneficios, las bases salariales y la política de ascensos. Cuba continuó empleando a presos en campos agrícolas, plantas de confección y otras factorías en las prisiones. La insistencia del Gobierno de Cuba en que los trabajadores trabajaran sin sueldo y en duras condiciones constituyó una violación de las normas internacionales laborales y penitenciarias.

En 1999, el Gobierno cubano silenció a la oposición mediante la represión obstinada de defensores nacionales de los derechos humanos. Las autoridades utilizaron la vigilancia, la intervención telefónica y la intimidación para silenciar la disidencia. El juicio de los cuatro líderes del GTDI demostró que el Gobierno estaba dispuesto a emplear el código penal contra los activistas de derechos humanos y los periodistas independientes.

A finales de enero de 1999, la policía de La Habana detuvo a siete miembros de la Fundación Lawton de Derechos Humanos (FLDH), entre ellos el líder del grupo, el Dr. Óscar Elías Biscet González, durante un período de cuatro a seis días. Los activistas de derechos humanos tenían previsto participar en una celebración del primer aniversario de la visita de enero de 1998 del Papa a Cuba. Las detenciones impidieron que los miembros de la FLDH participaran en el evento del 25 de enero, ya que no fueron puestos en libertad hasta el 30 de enero de 1999. En agosto de 1999, las autoridades cubanas volvieron a detener a Biscet González, esta vez durante dos días, después de que pronunciara una discurso sobre desobediencia civil pacífica. Un testigo del arresto informó que la policía atacó físicamente a Biscet González y le quemó el brazo con un cigarro.

Entre junio y julio de 1999, unos 25 defensores de los derechos humanos cubanos llevaron a cabo una huelga de hambre de 40 días, que recibió mucha atención pública, en favor de la amnistía de los presos políticos. En julio de 1999, la disidente encarcelada Marta Beatriz Roque inició una dieta a base de líquidos seguida de una huelga de hambre para protestar la falta de respuesta gubernamental a una apelación de su encarcelamiento presentada por ella. Aunque se informó que los funcionarios de la seguridad del Estado visitaron a Roque para informarle de que el personal de su prisión no intentaría impedir su muerte, el 4 de septiembre, el Gobierno aceptó dar respuesta al recurso y Roque puso fin a su ayuno. Cuando se escribió este informe, no se había respondido a la apelación de Roque.

A finales de febrero de 1999, la policía y los agentes de seguridad del Estado cubanos detuvieron a numerosos miembros de la oposición y de organizaciones de derechos humanos. Las autoridades realizaron aparentemente los arrestos para impedir que los activistas estuvieran en las cercanías del juicio del 1º de marzo de los cuatro líderes del GTDI. La duración de las detenciones osciló entre varias horas y varios días, y los detenidos fueron encerrados tanto en estaciones de policía como en residencias bajo el control del Ministerio del Interior. Se informó de que muchos de los activistas detenidos fueron amenazados con procesamientos penales. La policía obligó al parecer a otros cincuenta activistas a permanecer en sus casas durante la celebración del juicio. En octubre de 1999, la policía tomó medidas enérgicas contra la oposición, y ordenó al parecer a una cuarentena de activistas de derechos humanos que permanecieran en sus casas. Las detenciones se realizaron aparentemente con el fin de impedir la participación en actividades de derechos humanos destinadas a atraer la atención de los jefes de Estado latinoamericanos y europeos asistentes a la Cumbre Iberoamericana de La Habana de noviembre de 1999.

El Gobierno cubano negó la entrada al país a observadores internacionales de los derechos humanos y el derecho humanitario. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no puede visitar las cárceles cubanas desde 1989. Cuba fue el único país de la región que no autorizó las visitas del CICR a las prisiones. Human Rights Watch ha sido prohibido a visitar Cuba desde 1995.

Las Naciones Unidas

Las medidas adoptadas por Cuba a principios de 1999, con la condena a prisión de destacados disidentes y la promulgación de leyes represivas, impulsaron a la comunidad internacional a renovar su presión sobre el Gobierno, a pesar de la tendencia de muchos países a mejorar sus relaciones con La Habana. En la sesión de abril de 1999 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se aprobó con escaso margen una resolución expresando la preocupación por las prácticas de derechos humanos en Cuba, en la que no se incluyó la figura del Relator Especial. Dentro de una iniciativa sin precedentes, el Gobierno de Cuba presentó una petición en julio al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el organismo que gobierna la Comisión de Derechos Humanos, para que se modificara la resolución condenatoria de abril. Al no poder cosechar el respaldo suficiente, Cuba se vio obligado a retirar la petición, que habría supuesto que la Comisión de Derechos Humanos no volviera a considerar el caso cubano.

Los Países Iberoamericanos

Tras la visita del Papa a Cuba en 1998, los países de Latinoamérica y el Caribe intensificaron los contactos oficiales con Cuba; algunos restauraron las relaciones diplomáticas después de décadas. Sin embargo, con algunas excepciones notables, estos países no utilizaron las nuevas relaciones con Cuba para presionar en favor de la protección de los derechos humanos. Cuando se escribió este informe, los jefes de Estado de todos los países iberoamericanos iban a celebrar su reunión anual en La Habana, en noviembre de 1999. Al menos tres jefes de Estado anunciaron su intención de no asistir a la Cumbre de La Habana debido a la falta de progreso democrático y en materia de derechos humanos en Cuba.

La Unión Europea

La condena de marzo de 1999 de cuatro disidentes por la expresión pacífica de su oposición provocó nuevas críticas por parte de la Unión Europea (UE) a las prácticas de derechos humanos en Cuba. En junio, la UE emitió una declaración en la que lamentaba profundamente la decisión de Cuba de aumentar el uso de la pena de muerte, en respuesta al incremento de las ejecuciones en 1999. A pesar de condenar el historial de derechos humanos cubano, la UE se opuso rotundamente al embargo comercial estadounidense contra Cuba. Altos funcionarios de países de la UE, entre ellos del Reino Unido y España, celebraron encuentros oficiales con miembros del Gobierno cubano en 1999, lo que demostró su disentimiento con la política de Washington de aislamiento y enfrentamiento con La Habana. Los Estados miembros de la UE continuaron ofreciendo cooperación económica y ayuda humanitaria por medio de organizaciones no gubernamentales. En diciembre de 1998 y junio de 1999, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la UE señaló que no habían mejorado los parámetros de la política interior e internacional cubana y reafirmó su Posición Común de que "una plena cooperación con Cuba dependerá de las mejoras en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales." En la Posición Común de la UE, adoptada originalmente en 1996, se pedía "la reforma de la legislación nacional en lo referente a los derechos políticos y cívicos, incluido el Código Penal cubano, y por consiguiente, la supresión de todos los delitos políticos, la liberación de todos los prisioneros políticos y el fin del hostigamiento y de las medidas represivas respecto de los disidentes."

A pesar del aumento de la represión, el comercio y las inversiones europeas en Cuba continuaron durante todo 1999. Las restricciones del Gobierno cubano sobre la formación de sindicatos independientes y la negociación colectiva hicieron que las empresas europeas así como los inversores extranjeros en Cuba fueran cómplices de violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno de Cuba.

Canadá

Canadá se replanteó su política de participación constructiva con Cuba tras la condena en marzo de 1999 de cuatro líderes disidentes a períodos de prisión de entre tres y cinco años. En junio de 1999, Canadá suspendió nuevos programas que no servirían para la promoción de los derechos humanos y canceló visitas ministeriales a Cuba. Al mismo tiempo, los funcionarios canadienses retiraron su compromiso de presionar para la readmisión de Cuba en la Organización de Estados Americanos (OEA), que había expulsado a Cuba en 1962. Canadá iba a albergar la Asamblea General de la OEA en junio del 2000 y había intentando defender anteriormente el reingreso de Cuba en la organización, a condición de que Cuba realizara avances en materia de derechos humanos y democracia. Aunque se distanció de alguna manera, el gobierno canadiense mantuvo el diálogo con el gobierno cubano. Los funcionarios canadienses, especialmente el Ministro de Relaciones Exteriores Lloyd Axworthy, expresaron abiertamente sus críticas al embargo estadounidense.

Estados Unidos

La estrategia de Washington con respecto a La Habana siguió caracterizada en todos sus aspectos por el embargo comercial, a pesar de que en sus más de tres décadas de existencia no había logrado provocar mejoras en las prácticas de derechos humanos en Cuba. El embargo continuó siendo una política del todo o nada en lugar de un instrumento calibrado diseñado para responder a los cambios en materia de derechos humanos en Cuba. En enero de 1999, el gobierno de Clinton anunció varias tímidas medidas encaminadas a atenuar el impacto del embargo sobre la población cubana, mientras rechazaba una propuesta de varios prominentes ex legisladores y funcionarios republicanos, entre ellos el ex Secretario de Estado Henry Kissinger, de formar una comisión bipartidista para revisar exhaustivamente la política estadounidense con respecto a Cuba. Estados Unidos quedó cada vez más distanciado de posibles aliados interesados en la promoción del respeto a los derecho humanos en Cuba pero contrarios al carácter indiscriminado del embargo. El Presidente Castro utilizó el embargo como justificación para aumentar las restricciones de las libertades fundamentales en 1999.

El embargo limitaba el derecho a la libertad de movimiento al restringir los viajes entre Cuba y Estados Unidos, lo que constituía una violación del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses continuaron repatriando a solicitantes de asilo cubanos a bordo de barcos interceptados en el mar. Como nota positiva, en enero de 1999, el gobierno de Clinton anuló la prohibición de los vuelos directos a Cuba desde Miami. El Gobierno autorizó a los administradores del equipo de béisbol Baltimore Orioles a negociar partidos de exhibición con la selección nacional de Cuba. El primer partido se celebró en La Habana en marzo de 1999 y el segundo en Baltimore en mayo de 1999.

Varios legisladores estadounidenses visitaron oficialmente Cuba en 1999 con objetivos tan variados como la expansión de los mercados agrícolas y la discusión de las relaciones bilaterales. Las más notables fueron la visita conjunta del líder de la minoría en el Senado, Thomas Daschle, de Dakota del Sur, y el Senador Byron Dorgan, y la rara visita del senador republicano Arlen Specter, que incluyeron reuniones de cerca de siete horas con el Presidente de Cuba Fidel Castro. Los senadores Daschle y Dorgan no fueron autorizados para visitar a los cuatro líderes del GTDI encarcelados, y Castro les negó la existencia de abusos a los derechos humanos en Cuba. Continuaron las iniciativas del Congreso para aliviar los efectos indiscriminados del embargo comercial estadounidense y en agosto de 1999, el Senado aprobó una enmienda por la que se permitía de manera casi ilimitada la venta de alimentos y medicinas a Cuba. En julio de 1999, Western Union estableció 30 oficinas en Cuba para que los residentes de Nueva York, Nueva Jersey y Florida pudieran enviar directamente hasta 300 dólares cada trimestre a ciudadanos cubanos, a excepción de los funcionarios del Partido Comunista y altos funcionarios del Gobierno.

La Maquinaria Represiva de Cuba: Los Derechos Humanos Cuarenta Años Después de la Revolución, 7/99