(New York: Human Rights Watch, 1997)

COLOMBIA

La situación de los derechos humanos

A pesar de que el gobierno del Presidente Ernesto Samper tomó algunos pasos para reducir la violencia y enfrentar el problema de la impunidad, la situación de los derechos humanos en Colombia continuó deteriorándose. La violencia política fue especialmente intensa en las regiones disputadas por la guerrilla y los paramilitares. Estos últimos continúan operando con la aquiescencia y en algunos casos el apoyo del ejército. Todos los bandos atacaron regularmente a los que consideraban sus enemigos entre la población civil, lo que significa que los no combatientes --entre ellos finqueros, autoridades elegidas, maestros, trabajadores del banano, comerciantes y niños-- siguieron siendo las víctimas más frecuentes de la violencia política en Colombia. Miles de colombianos huyeron de la violencia para unirse a las filas de los cada vez más numerosos desplazados forzosos. Mientras tanto, las malas condiciones de las prisiones colombianas condujeron a una serie de protestas, varias de las cuales desembocaron en violencia con un saldo de muertes entre guardias y presos.

Aunque siguió siendo difícil confirmar las cifras exactas y no se investigaron o denunciaron muchos casos, el aumento de la violencia política se hizo patente, sobre todo cuando se iban acercando las elecciones municipales de octubre de 1997. Según nuestros datos, durante los primeros ocho meses de 1997 se produjeron al menos 35 masacres --27 por parte de presuntos paramilitares y ocho por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero más grande del país. En total, estas masacres causaron 272 muertes. Además, más de 450 colombianos, la mayoría de ellos campesinos, fueron víctimas de asesinatos planificados.

Human Rights Watch/Americas registró una disminución de los casos atribuidos a los miembros de las fuerzas militares, actuando por su cuenta o con grupos paramilitares, mientras que hubo un aumento de los abusos por parte de la guerrilla. En el pasado las fuerzas militares abiertamente apoyaron las actividades de los grupos paramilitares. Las organizaciones de derechos humanos colombianas instaron al gobierno a adoptar una acción concertada en contra de los paramilitares con el propósito de demostrar que no eran apoyados o tolerados por las fuerzas militares. Sin embargo, es importante subrayar que, a pesar de que el ejército y la policía incorporaron los derechos humanos a sus declaraciones públicas y se reunieron con organizaciones de derechos humanos, las palabras no se tradujeron en hechos y los paramilitares, que operaron libremente en áreas altamente militarizadas, ampliaron considerablemente sus operaciones. El hecho de que el Estado no detuviera a los líderes paramilitares o persiguiera a sus unidades representó en los hechos una aprobación tácita de sus abusos y contribuyó a que los paramilitares realizaran una campaña de terror sin mayores trabas a través del territorio nacional.

Según la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), prestigiosa organización de derechos humanos, los paramilitares fueron responsables del 76 por ciento de las violaciones registradas, la guerrilla del 17 por ciento y los agentes del estado del siete por ciento de éstas. Durante el primer semestre de 1997, Human Rights Watch/Americas registró 24 casos de ejecuciones extrajudiciales y ocho desapariciones forzadas por parte del ejército. Por ejemplo, el 10 de enero, la 18ª Brigada ejecutó aparentemente a tres detenidos en la barriada de Saravena, Arauca, a los que golpeó y disparó delante de testigos. Además, en regiones como el Magdalena Medio y el sur del departamento del Cesar, las unidades del ejército patrullaron abiertamente con grupos de civiles armados, y asesinaron y amenazaron a presuntos simpatizantes de la guerrilla.

Cuando se intentaron investigar las violaciones a los derechos humanos, los militares siguieron utilizando sus tribunales para encubrirlos, sobre todo en el caso del General retirado Farouk Yanine Díaz, acusado de ordenar en 1987 el asesinato de diecinueve hombres en las cercanías de Puerto Araujo, Santander. El 23 de junio, el entonces Comandante del Ejército, General Manuel Bonett, que había sido nombrado juez instructor del caso, anunció que iba a cerrar las investigaciones sobre la participación de Yanine en los hechos, a pesar de existir evidencia sólida que lo comprometía. El caso había sido preparado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía la cual continuó realizando investigaciones creíbles y rigurosas. La misma evidencia obtenida por la Unidad de Derechos Humanos sirvió para condenar a los paramilitares acusados de participar en la mencionada masacre de Puerto Araujo.

En agosto, se recibió con satisfacción la decisión de la Corte Constitucional según la cual los casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y violación por parte de las fuerzas de seguridad se juzgarían en los tribunales comunes, y no en los tribunales militares. El magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz escribió en nombre de la mayoría de los miembros de la Corte que "las conductas constitutivas de los delitos de lesa humanidad... no guardan ninguna conexidad con la función constitucional de la Fuerza Pública, hasta el punto de que una orden de cometer un hecho de esa naturaleza no merece ninguna obediencia."

Sin embargo, cuando se escribió este informe, no se había transferido ningún caso pendiente, entre ellos el del General Yanine, a la competencia de las cortes civiles. En un intento de ignorar la decisión, los tribunales militares siguieron juzgando casos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos; como la masacre de 20 indios Páez, entre ellos cinco niños, por parte de la policía y paramilitares locales en diciembre de 1991, cerca de Caloto, Cauca. El 23 de septiembre, un tribunal militar declaró que la masacre constituía un acto de servicio destinado a contribuir a la coexistencia pacífica y puso en libertad al capitán de la policía antinarcóticos que había planeado y colaborado en los asesinatos. Aunque el gobierno de Samper presentó un proyecto de ley ante el Congreso para reformar el Código Penal Militar, con el propósito de reflejar la decisión de la Corte Constitucional, al momento de enviar este informe a la imprenta aun no estaba claro si se aprobaría esta iniciativa.

Entre todos los protagonistas del conflicto armado interno, el peor récord lo registró el grupo paramilitar conocido como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que cometió al menos 22 de las masacres registradas en los primeros ocho meses de 1997. En julio, más de un centenar de miembros de las ACCU llegaron por vía aérea a Mapiripán, Meta, donde asesinaron y decapitaron al menos siete hombres en el matadero local. El ataque a Mapiripán, que formaba parte del conocido plan del grupo de formar una alianza nacional de grupos paramilitares y acceder a áreas antes consideradas bastiones de la guerrilla, duró cinco días sin que reaccionaran ni la policía ni el ejército estacionados en la zona, a pesar de los reclamos formulados por el juez local. Los residentes dijeron a la prensa que habían asesinado, decapitado y lanzado al río Guaviare a 30 personas más. Los trabajadores sociales informaron que los lugareños huyeron tras el ataque. En una entrevista de prensa publicada tras el ataque, el líder de las ACCU, Carlos Castaño, juró que en el futuro "va a haber muchos más Mapiripanes."

Las ACCU ampliaron su influencia en el resto del país y se movilizaron hacia el sur desde la costa del Caribe a los departamentos de Bolívar, Magdalena, Santander, Sucre y Cesar, sembrando a su paso masacres, asesinatos, amenazas de muerte y desplazamientos forzosos. Desde octubre de 1996, las ACCU se han internado varias veces en Panamá y han asesinado y amenazado a residentes locales, a los que acusa de suministrar alimentos y medicinas a la guerrilla.

A pesar de que se anunciara un millón de dólares de recompensa por información que condujera a la detención del líder de las ACCU, no se hizo nada por capturar a Castaño o a sus fuerzas. En lugar de investigar en profundidad sus afirmaciones, el ejército destituyó al altamente condecorado Coronel Carlos Velásquez, después de que éste informara en 1996 que sus superiores de la 17ª Brigada de Urabá no habían perseguido a las ACCU. Además se informó que, el 27 de marzo en las cercanías de San José de Apartadó, una fuerza combinada de paramilitares y soldados de infantería ejecutó a José Macario David Gómez, un retrasado mental. Posteriormente, los soldados presuntamente vistieron el cadáver de David con un uniforme militar y lo presentaron ante la prensa como un guerrillero muerto en combate.

Otros grupos paramilitares también operaron prácticamente sin control de las autoridades colombianas, como el Grupo de Autodefensa del Nordeste (GAN) en el área de Segovia y Remedios, en Antioquia. Desde los ochentas, cuando paramilitares aliados con el Batallón Bomboná de Infantería llevaron a cabo una serie de masacres, esta región ha estado atormentada por los asesinatos políticos. Tras los asesinatos de tres activistas de los derechos humanos en marzo [ver La defensa de los derechos humanos, más adelante], las autoridades convocaron a un "consejo de seguridad" para debatir la manera de impedir nuevos ataques. No obstante, el 2 de agosto, el GAN presuntamente sacó de sus hogares a siete personas en Remedios, entre ellos el ex alcalde y miembro de la Unión Patriótica Carlos Rojo Uribe, y ejecutaron a cinco de ellos en la carretera a Segovia. Rojo y el maestro Luis Alberto Munera, que también era miembro del Comité de Derechos Humanos de Segovia, fueron trasladados a Segovia, donde les dispararon. En septiembre, fueron detenidos varios presuntos miembros del GAN.

En 1997, se promovieron varias iniciativas de paz, pero, como puso de manifiesto el comportamiento de los actores del conflicto, no existió un verdadero compromiso de negociar el cese del enfrentamiento armado. Conforme se acercaban las elecciones del 26 de octubre, cada vez más funcionarios electos y candidatos fueron víctimas de ataques en todo Colombia. Tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como las FARC juraron boicotear las elecciones en una docena de departamentos. En mayo, las ACCU y sus aliados de la coalición de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) anunciaron que iban a impedir "el proselitismo" en áreas de conflicto, lo que los candidatos consideraron una amenaza contra los que no simpatizaran con las ideas de los paramilitares.

Un mes después de la fecha de presentación de candidaturas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, las autoridades informaron que 900 candidatos se habían retirado de las elecciones debido a las amenazas. Las elecciones locales habían sido suspendidas en nueve municipios en 1994. A mediados de septiembre de 1997, quince municipios no tenían candidatos a la alcaldía. En palabras de un candidato que se retiró, "ser candidato a una alcaldía o a un consejo en muchos pueblos rurales de Antioquia es buscar una muerte anunciada."

Durante los primeros ocho meses de 1997, las autoridades gubernamentales informaron que diez alcaldes de ciudades distribuidas en ocho departamentos, habían sido asesinados. Además, fueron asesinados 36 miembros de consejos municipales. Incluso los familiares de los candidatos fueron víctimas habituales de amenazas y secuestros. Colombia siguió a la cabeza del mundo en términos de secuestros denunciados, cerca de la mitad de los cuales fueron obra de la guerrilla. Según las autoridades gubernamentales, entre noviembre de 1996 y agosto de 1997, fueron secuestrados 41 alcaldes.

Los periodistas también fueron víctimas de las amenazas tanto de los paramilitares como de la guerrilla. Uno de ellos fue Alfredo Molano, que denunció que en agosto había recibido una amenaza de los paramilitares en la que sugerían que era un "subversivo enquistado" en el gobierno debido a su trabajo con el Alto Comisionado para la Paz. Por su parte, las FARC anunciaron en junio que considerarían objetivos militares a los periodistas que escribieran lo que llamaban "apología del militarismo."

En lugar de proteger a los alcaldes amenazados, las fuerzas de seguridad parecían claramente impotentes o sin intención de perseguir a los atacantes. En cambio, los propios alcaldes fueron investigados por el ejército por sus presuntas relaciones con la guerrilla. En mayo, un informe de inteligencia del ejército, que fue filtrado a la revista Semana, afirmaba que 650 gobiernos municipales --más de la mitad de los municipios de Colombia-- tenían relaciones directas o colaboraban con la guerrilla. Decenas de alcaldes protestaron y dijeron que la información equivalía a "ponerles una lápida encima." El alcalde de Sogamoso, Boyacá, un sacerdote católico, presentó una demanda por difamación contra el gobierno y el ejército desmintió la información posteriormente.

El gobierno, en lugar de tomar medidas eficaces para proteger a la población civil y garantizar su neutralidad, promovió las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Rural (CONVIVIR), compuestas por civiles autorizados a reunir información de inteligencia para las fuerzas de seguridad, participar en maniobras conjuntas y utilizar armas de uso restringido del personal militar tales como: ametralladoras, morteros, granadas y rifles de asalto. Aunque las CONVIVIR están registradas oficialmente, ni siquiera las autoridades locales conocen la identidad de sus miembros.

En 1997, recibimos informaciones creíbles que indicaban que las CONVIVIR de las regiones del Magdalena Medio y el sur del Cesar estaban dirigidas por conocidos paramilitares y habían amenazado con asesinar a colombianos considerados simpatizantes de la guerrilla o que se habían negado a inscribirse en las cooperativas. El 3 de febrero, un grupo de CONVIVIR que al parecer patrullaba con la 14ª Brigada del Ejército en las cercanías de San Francisco, en Santander, ejecutó y desmembró los cuerpos de Norberto Galeano, Reynaldo Ríos y un anciano de setenta años. Dos meses antes, el mismo grupo había sido relacionado con la masacre de al menos siete personas en las aldeas vecinas de La Congoja y Puerto Nuevo, lo cual provocó el desplazamiento en masa de más de 700 residentes.

Catorce organizaciones de derechos humanos suscribieron el recurso de inconstitucionalidad presentado por la CCJ contra el Decreto 356, que regula las CONVIVIR. La CCJ alegaba que el gobierno de Samper estaba armando a civiles a través de las CONVIVIR, lo que constituía una violación de la Constitución. El Director Ejecutivo de la CCJ, Dr. Gustavo Gallón, señaló en la audiencia del 26 de agosto ante la Corte Constitucional que, dada la trágica historia de violencia paramilitar en Colombia, un decreto que "permite la organización y el funcionamiento de grupos paramilitares... es contrario a la esencia del Estado social de derecho."

Decenas de funcionarios del gobierno, alcaldes y líderes religiosos también se opusieron a las CONVIVIR. Uno de ellos fue el Fiscal de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, que afirmó que las CONVIVIR involucraban a civiles en el conflicto armado y que por lo tanto los excluían de las protección humanitarias garantizadas por el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. Gómez dijo que "con la organización de las 'CONVIVIR,' el Estado colombiano ha caído de nuevo en el error de promover la aparición de 'actores armados' que agravan los problemas de la represión ilegal y de la guerra sin contenciones."

En agosto, hasta el Presidente Samper admitió que algunas CONVIVIR "han transgredido sus fronteras legales para asumir roles de combate." Posteriormente, el gobierno anunció que iba a suspender la creación de nuevas CONVIVIR.

Finalmente, en noviembre la Corte Constitucional en decisión de mayoría anunció que declararía el decreto 356 que creó las CONVIVIR constitucional, salvo en cuanto al uso de armas de carácter restringido y la realización de labores de inteligencia. Sin embargo, hasta el momento de publicación de este informe aún no se había emitido la sentencia de la Corte.

Durante 1997, la guerrilla también cometió graves abusos, entre ellos masacres. El 9 de marzo, presuntos miembros del 34º Frente de las FARC abrieron fuego contra una heladería en Currulao, Antioquia, y asesinaron a nueve personas, entre ellas el propietario de la heladería, Danilo Valencia Naranjo. En abril, se atribuyó a las FARC el envío del libro bomba que mató al joven de 17 años Pedro Agudelo, el hijo del líder de Esperanza, Paz y Justicia, Mario Agudelo.

Las FARC practicaron sistemáticamente el ataque a objetivos civiles y pusieron en grave peligro la vida de los civiles que no participaban en el conflicto. En abril, la guerrilla aparentemente detonó una bomba frente a un rascacielos de Medellín que mató a cuatro transeúntes e hirió a cuarenta más. En septiembre, el objetivo fue una de las plantas hidroeléctricas más grandes de Colombia, lo que provocó que el gobierno recomendara que lo hogares empezaran a limitar el consumo eléctrico.

El ELN también cometió graves violaciones al derecho internacional humanitario, entre ellas asesinatos planificados. Según los artículos de prensa y la información reunida por las organizaciones de derechos humanos, el ELN fue responsable de al menos 49 asesinatos políticos en los primeros nueve meses de 1997. Entre las víctimas se encontraban finqueros, alcaldes, un empleado de la Fiscalía de la Nación y niños. Además, el ELN aparentemente asesinó a varios agentes de las fuerzas de seguridad en situaciones fuera de combate, entre ellos tres soldados capturados y ejecutados el 3 de agosto cerca de El Playón, Santander.

El ELN incrementó su utilización de los coches bomba y se registraron decenas de ataques de este tipo en los primeros meses de 1997. El 17 de marzo, un coche bomba en Cúcuta, Norte de Santander, detonado al parecer por el Frente "Resistencia Yariguíes" del ELN, mató a la niña de 18 meses Martha Liliana Riveros e hirió a varios civiles.

El secuestro siguió siendo una táctica común de los paramilitares y la guerrilla, que tomaron habitualmente como rehenes a familiares de combatientes. Desde 1996, las ACCU secuestraron a más de una docena de familiares de guerrilleros, y liberaron a siete de ellos el 26 de marzo, bajo los auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Varios secuestros políticos terminaron en muertes. El 5 de mayo, las FARC anunciaron que el Congresista Rodrigo Turbay Cote, secuestrado en 1995, había muerto mientras lo transportaban por el río Caguán en su departamento de origen, Caquetá, al parecer tras caerse de una canoa. En represalia, los paramilitares que habían secuestrado a dos familiares de un comandante del ELN anunciaron que los habían ejecutado en mayo.

Cuando se escribió este informe, los tres estadounidenses --Richard Tenenhoff, David Mankins y Mark Rich-- secuestrados por las FARC en 1993, seguían con paradero desconocido. En marzo, las FARC también estuvieron implicadas en las ejecuciones de dos secuestrados, el austriaco Johan Kehrer y el alemán Alexander Scheurer, en la selva del Chocó.

El desplazamiento forzoso de civiles siguió formando parte de la estrategia de guerra de todos los bandos, pero sobre todo de los paramilitares. En marzo, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), una organización no gubernamental (ONG), estimó que entre 1985 y 1996, 920.000 personas habían sido desplazadas por la violencia, lo que correspondía a uno de cada cuarenta colombianos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Colombia, 72 por ciento de los desplazados eran niños.

En 1997, los desplazamientos forzosos se produjeron en una escala sin precedentes. En marzo, más de 13.000 personas, la mayoría de ellas procedentes de comunidades de la minoría negra, huyeron de sus hogares a lo largo del río Riosucio, en el departamento noroccidental del Chocó, después de que los paramilitares tomaran el control de la zona y el ejército llevara a cabo ataques aéreos indiscriminados dos meses más tarde. Tras una difícil huida a través de la selva durante la cual murieron al parecer varias personas, el ejército bloqueó el paso de los campesinos a su destino, la ciudad de Mutatá. Además surgieron informaciones creíbles en las que se afirmaba que un soldado había disparado contra un grupo de desplazados que intentaron llegar a Mutatá en abril, hiriendo gravemente a dos personas, entre ellas una muchacha. Posteriormente, una corte declaró que el gobierno, en concreto el ejército, era responsable de provocar el desplazamiento forzado y ordenó a las autoridades que garantizaran la seguridad para el regreso a sus hogares.

No obstante, cuando se escribió este informe, miles de desplazados de Riosucio seguían viviendo hacinados en campamentos en Pavarandó Grande; con escasez de alimentos, agua y atención sanitaria. Los paramilitares amenazaron con entrar en el campamento y matar a los desplazados. En tal sentido se informó que habrían asesinado a varias personas en las ciudades vecinas.

El gobierno de Samper respondió frente al desplazamiento masivo con la creación de la Consejería para los Desplazados en abril, la adopción de un plan nacional revisado sobre desplazamiento en mayo y la promulgación de la Ley 387 en julio, que se encargaba concretamente de los temas relativos a la asistencia, la protección y la prevención. Los defensores de los desplazados criticaron al gobierno por promover el retorno sin garantizar la seguridad y señalaron que la nueva ley tenía graves problemas, como la carencia de fondos y la existencia de registro obligatorio como condición para recibir ayuda humanitaria. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados abrió una oficina en junio por invitación del gobierno colombiano, aunque, cuando se escribió este informe, todavía no se había alcanzado un acuerdo oficial sobre el ámbito de actividad de la agencia.

Las dudas sobre la capacidad del gobierno de tratar con eficacia el problema del desplazamiento forzado se agravaron ante un caso de febrero de 1996, en el que 280 familias de la Hacienda Bellacruz, en el departamento del Cesar, habían sido desalojadas violentamente por paramilitares. En 1997, no se habían ejecutado 26 de las al menos 28 órdenes de arresto contra los paramilitares implicados y las familias no habían podido regresar a sus hogares. La mayoría fueron reasentadas en tierras de secano que sólo les permitían una existencia precaria. En mayo, la Corte Constitucional emitió un mandamiento para proteger los derechos de los campesinos de Bellacruz, después de que la gobernadora de Cundinamarca les prohibiera instalarse en su jurisdicción y les acusara de subversión.

En abril, unos 300 colombianos fueron forzadamente repatriados de Panamá a Bahía Cupica, Chocó, después que no se permitiera que el ACNUR los entrevistase en Panamá. No existieron condiciones de seguridad para su retorno y las familias repatriadas tuvieron que ser evacuadas de emergencia en septiembre, cuando los paramilitares hicieron circular una lista con los nombres de doce personas a las que planeaban asesinar o secuestrar.

En las prisiones colombianas, los presos señalaron que las graves condiciones de hacinamiento, la carencia de atención médica y el aislamiento eran los principales motivos que provocaron una serie de protestas coordinadas que se iniciaron en enero y se prolongaron hasta junio. En abril de 1997, según un censo del Instituto Nacional Penitenciario, responsable de la administración de las prisiones colombianas, el sistema penitenciario colombiano, con una capacidad para 30.000 presos, albergaba a 42.000, la mitad de los cuales eran presuntos delincuentes comunes o rebeldes a la espera de juicio. En abril, en la prisión de Valledupar, en Cesar, presos y miembros encarcelados del ELN armados asesinaron a cuatro guardias de prisiones y tomaron a 16 rehenes, entre ellos una muchacha de 14 años. Finalmente, acordaron entregarse a las autoridades y liberaron a los rehenes ilesos.

Dada la gravedad del desplazamiento interno, la toma de rehenes y la violencia; el CICR desempeñó un papel importante en Colombia y aumentó su personal a 43 personas repartidas en nueve oficinas. La organización medió en intercambios de prisioneros, visitó a prisioneros y rehenes, atendió a los heridos y a los desplazados, y ayudó a salir del país a colombianos amenazados. Según las estimaciones del CICR, su oficina asistió a la liberación de 40 rehenes entre agosto de 1996 y marzo de 1997. El CICR también dio charlas a los miembros de las ACCU y la guerrilla sobre derecho internacional humanitario.

La defensa de los derechos humanos

Los defensores de los derechos humanos siguieron siendo víctimas de ataques y amenazas. El 19 de mayo, Mario Calderón, funcionario del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Elsa Alvarado, su esposa y ex empleada del CINEP, y Carlos Alvarado, el padre de Elsa, fueron asesinados por pistoleros enmascarados en su apartamento de Bogotá, al parecer en represalia por su trabajo de derechos humanos. Mientras que la madre de Alvarado fue gravemente herida, el hijo de 18 meses de la pareja salió ileso. El 28 de septiembre, las autoridades de Medellín detuvieron a cinco personas sospechosas de participar en el asesinato.

En Segovia, Antioquia, el GAN siguió operando en estrecha coordinación con el Batallón Bomboná de Infantería, esta alianza participó presuntamente en el asesinato de Nazareno de Jesús Rivera, un miembro del Comité de Derechos Humanos de Segovia, cometido el 9 de marzo. Ese mismo día, su colega Jaime Ortiz Londoño fue desaparecido. El 12 de marzo, la 14ª Brigada del Ejército presentó el cadáver de Rivera ante la prensa como el de "un guerrillero muerto en combate" y mostró a los periodistas los documentos de identidad de Rivera. El 23 de marzo, una ex miembro del Comité, Margarita Guzmán, fue asesinada en su oficina, al parecer debido a su colaboración con las autoridades que estaban investigando la muerte de Rivera y la desaparición de Ortiz.

El 7 de marzo, Víctor Julio Garzón, secretario general de una organización agraria y conocido defensor de los derechos humanos, fue asesinado por pistoleros sin identificar en su oficina de Bogotá. Garzón era miembro del Comité Cívico para los Derechos Humanos de Meta, organización que había sido mermada por los asesinatos sistemáticos de sus miembros. Cuando se escribió este informe, no se había producido ninguna detención relacionada con el asesinato en 1996 de Josué Giraldo, presidente del Comité Cívico para los Derechos Humanos de Meta, a pesar de las protestas internacionales que había provocado el caso. Este caso seguía en la fase de instrucción al igual que otras investigaciones relacionadas con asesinatos de observadores de los derechos humanos.

Los líderes comunitarios que trataron el tema de los derechos humanos siguieron siendo víctimas de la violencia. El 6 de octubre, miembros de las FARC, irritados al parecer por la decisión de los residentes de San José de Apartadó de no suministrarles alimentos, secuestraron y asesinaron a Luis Hernando Gómez, Luis Fernando Aguirre y Ramiro Correa. Los tres eran miembros de una organización cívica dedicada a lograr la neutralidad de la ciudad en la batalla entre la guerrilla, los paramilitares y el ejército. El 17 de mayo, otro líder comunitario, Francisco Tabarquino, había sido asesinado por los paramilitares.

Los funcionarios del gobierno que investigaron casos relativos a los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares también fueron asesinados o se vieron forzados a huir del país por motivos de seguridad. Uno de ellos, Gustavo Núñez, ex defensor del pueblo de Yondó, Antioquia, fue sacado de un autobús y asesinado por los paramilitares el 8 de agosto.

Otros defensores de los derechos humanos padecieron las amenazas y vigilancia de los miembros de las fuerzas de seguridad. Wilson Patiño, defensor de los derechos humanos de Remedios, Antioquia, se vio obligado a salir de la región después de que dos hombres armados se presentaran en su casa el 20 de marzo, con la intención aparente de asesinarle. El 24 de mayo, Neftalí Vanegas Perea, defensora de los derechos humanos de Ocaña, Santander, escapó por poco de un intento de asesinato por parte de hombres armados considerados colaboradores de las fuerzas de seguridad.

El 24 de junio, estalló una bomba en las oficinas de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES) que destruyó los archivos de la organización. Posteriormente, miembros de la asociación en Medellín y Riosucio, Chocó, recibieron varias amenazas, como una llamada telefónica en la que dijeron que "la bomba sólo ha sido un aviso, sería mejor que desocuparan la oficina." Se cerraron dos oficinas regionales por temor a los ataques y la presidenta de la asociación tuvo que salir del país junto a su familia por motivos de seguridad.

Otros trabajadores de derechos humanos denunciaron amenazas relacionadas con su trabajo. Tras una serie de masacres en la región del Magdalena Medio, cinco trabajadores de derechos humanos asociados a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) fueron informados de que sus nombres aparecían en una lista negra que los paramilitares habían hecho circular. En septiembre, miembros de la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA) dijeron que hombres de aspecto sospechoso estaban vigilando sus oficinas y siguiendo a miembros de MINGA y ASFADDES que trabajaban en las mismas.

En mayo y de nuevo en junio, como respuesta a los asesinatos de defensores de los derechos humanos, 36 organizaciones de derechos humanos, asociaciones religiosas y grupos indígenas solicitaron al gobierno que investigara los atentados, castigara a los culpables, pusiera fin a las ataques verbales contra su labor por parte del ejército y les garantizara protección. Una de las demandas fundamentales era que se tomaran inmediatamente medidas eficaces para identificar, seguir los rastros y detener a los miembros de los grupos paramilitares y a sus socios en las fuerzas de seguridad; una medida, que según señalaron las organizaciones, debía equipararse al castigo a los narcotraficantes y guerrilleros.

El 16 de julio, el Presidente Samper, que reconoció en parte la gravedad de la situación, emitió una directiva en la que honraba la labor de los defensores de los derechos humanos y exigía explícitamente a los funcionarios del gobierno, incluidos los militares, "abstenerse de incurrir en la formulación de falsas imputaciones o en conductas que menoscaben el derecho de defensa, al debido proceso y a la honra del sindicado." Posteriormente, las organizaciones se reunieron con el gobierno y el 9 de septiembre, Día de los Derechos Humanos de Colombia, el Presidente Samper anunció la creación de una Comisión Mixta de Derechos Humanos para coordinar las actuaciones de los múltiples organismos gubernamentales de derechos humanos.

El papel de la comunidad internacional

La Organización de las Naciones Unidas

El 7 de abril, la oficina en Bogotá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inició oficialmente su tarea, bajo la dirección de la Embajadora Almudena Mazarrasa y con cinco expertos y un director adjunto. Cuando se publicó este informe, todavía era muy pronto para juzgar la eficacia de esta oficina, aunque ya había logrado uno de sus objetivos: aumentar la presión ante el gobierno sobre temas que preocupaban a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como las reformas del Código Penal Militar y las CONVIVIR. Los expertos se desplazaron por todo el país y se reunieron regularmente con funcionarios del gobierno, representantes de las organizaciones de derechos humanos y con colombianos que querían presentar denuncias.

No obstante, el Comité de Derechos Humanos siguió lamentando que Colombia no aplicara sus reiteradas recomendaciones y señaló que se seguían produciendo graves y masivas violaciones de los derechos humanos en Colombia. El Comité expresó su profunda preocupación por las pruebas que indicaban que los grupos paramilitares recibían el apoyo de miembros de las fuerzas militares y que la impunidad seguía siendo un fenómeno generalizado.

La Unión Europea

Algunas embajadas y diplomáticos europeos desempeñaron papeles importantes en el intento de disminuir la violencia política y el sufrimiento provocado por la misma. En abril, el Embajador de Holanda, Gysbert Bos, realizó una visita de tres días a la región del Magdalena Medio, en parte para llamar la atención sobre un incremento de la actividad paramilitar y el desplazamiento. La visita fue considerada especialmente importante dado que Holanda ocupaba entonces la presidencia de la Unión Europea.

Por su parte, la Unión Europea siguió presionando para que Colombia mejorara su situación en materia de derechos humanos y, en septiembre, anunció su apoyo total a un acuerdo de paz negociado. La Oficina Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) donó cinco millones de dólares en calidad de ayuda de emergencia a ONG internacionales para asistencia a los miles de personas que habían sido desplazadas a la fuerza a principios de año en Urabá.

La Organización de los Estados Americanos

La Organización de los Estados Americanos aceptó enviar un equipo a Colombia que observara las elecciones municipales en áreas donde la guerrilla y los paramilitares habían amenazado a los candidatos. Dos observadores, un guatemalteco y un chileno, fueron secuestrados por el ELN y retenidos durante más de una semana antes de su liberación. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siguió tratando casos colombianos y participó en varias iniciativas para resolver estos casos por medio de las llamadas "soluciones amistosas" alcanzadas por parte de las víctimas y el gobierno. Sin embargo, en varios casos importantes, como la masacre de Trujillo de 1990 y la masacre de Villatina de 1994, esta iniciativa no había dado frutos concretos al momento de publicar este informe.

En octubre, dos organizaciones de derechos humanos colombianas presentaron oficialmente ante la comisión el caso relacionado con la Red de Inteligencia de la Armada Nº 7, y la participación de ésta en los asesinatos de al menos 68 personas entre 1991 y 1993 en el interior y las cercanías de Barrancabermeja, Santander. El caso se expuso en detalle en Las redes de asesinos de Colombia: la asociación militar-paramilitares y Estados Unidos, publicado por Human Rights Watch/Americas en noviembre de 1996.

Estados Unidos

Estados Unidos desarrolló una política con contradicciones en relación a Colombia. Por un lado, la Administración Clinton transformó por primera vez los temas de derechos humanos en una cuestión importante en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia. Asimismo, en 1997, el Departamento de Estado publicó un informe de derechos humanos muy detallado y crítico, en el que concluyó que las fuerzas militares habían cometido numerosas violaciones graves de los derechos humanos. Además, el informe señalaba que la Administración Samper no habían tomado ninguna medida para reducir los abusos cada vez mayores cometidos por los grupos paramilitares, lo que prácticamente constituía una política de aquiescencia tácita.

A este informe le siguió en abril una carta de la Secretaria de Estado, Madeleine Albright, dirigida al Senador Patrick Leahy, que había promovido una enmienda en 1996 por la que se condicionaba la ayuda antidroga a la situación de los derechos humanos. En dicha carta, la Secretaria Albright anunciaba que el espíritu de la enmienda se aplicaría a toda la ayuda antidroga, incluyendo a recursos económicos que fueron suspendidos luego que Colombia fuera "descertificada" por segunda vez consecutiva, al no haber cumplido los objetivos antidroga establecidos por Estados Unidos. Por último, la Embajada de Estados Unidos en Colombia expresó su preocupación públicamente por el tono utilizado por las autoridades militares en sus ataques a los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía que habían vinculado al General Farouk Yanine con la masacre de Puerto Araujo. Esta fue la primera vez que la Embajada se refirió públicamente a un caso de derechos humanos.

Por su defensa de estos principios la Administración Clinton fue duramente criticada por algunos congresistas republicanos, que alegaron que las preocupaciones en materia de derechos humanos dificultaban la guerra contra las drogas. Los republicanos, encabezados por el Comité de Relaciones Internacionales del Congreso y su Presidente, Benjamin Gilman, intentaron infructuosamente eliminar la enmienda Leahy de la Ley de Operaciones Extranjeras de 1998.

Aunque la Administración Clinton reconoció que la situación de los derechos humanos en Colombia seguía siendo grave, también defendió rotundamente la ayuda a las fuerzas militares para la lucha antidroga y afirmó que los fondos se destinarían a unidades sin malos antecedentes en este ámbito. El 1º de agosto, tras meses de tensas negociaciones, los gobiernos de Colombia y EE.UU. firmaron un acuerdo de fiscalización del uso final de la ayuda, en virtud del cual se desbloquearon 70 de los 100 millones de dólares previstos para Colombia en 1997, la mayoría de los recursos estaba destinado al Ejército y la Armada. Entre los artículos que se enviaron había equipo de comunicaciones, lentes para visión nocturna y repuestos para helicópteros y patrulleras fluviales. Sin embargo, según el acuerdo sobre ayuda militar, el Ministerio de Defensa de Colombia se encargaría exclusivamente de fiscalizar el uso final de la ayuda, y no los funcionarios estadounidenses, quienes cuentan con serias limitaciones para verificar la información. PANORAMA GENERAL EN AMÉRICA LATINA REGRESAR AL PRINCIPIO

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