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LAS REDES DE ASESINOS DE COLOMBIA
La asociación militar-paramilitares y Estados Unidos
(Human Right Watch, noviembre de 1996)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los funcionarios del gobierno colombiano han denunciado con consistencia que los paramilitares actúan fuera
de la ley. En octubre, el Presidente Samper rechazó una resolución
del Parlamento Europeo reclamando a su gobierno que mejorara el deficiente
historial en materia de derechos humanos del país. "No es cierto
que las fuerzas de seguridad colombianas hayan desarrollado una estrategia
de emergencia, caracterizada por la ayuda a grupos paramilitares, ejecuciones
extrajudiciales, tortura y desapariciones," dijo.(337)
Algunos comandantes militares afirman
que los paramilitares no existen, y que los informes que indican lo contrario
son desinformaciones divulgadas por los grupos de derechos humanos que
trabajan en representación de la guerrilla. Cuando reconocen estas
denuncias totalmente, los oficiales militares alegan que los paramilitares
no son más que personas ejerciendo su derecho constitucional a defenderse
a sí mismos. Por su parte, el personal militar estadounidense y
de la Embajada en Colombia alega que existe muy poca información
sobre los paramilitares y que no tienen conocimiento de dónde, cómo,
cuándo, o con quién operan.
Como se demuestra en este informe,
estos argumentos son falsos. Es hora de apartar la cortina de humo de desmentidos
oficiales y de identificar esta asociación siniestra como lo que
es: un mecanismo sofisticado sustentado en parte por los años de
asesoramiento, entrenamiento, armamento, y silencio oficial de Estados
Unidos que permite a las Fuerzas Armadas de Colombia combatir una guerra
sucia y a la burocracia colombiana desmentirla. El precio: miles de colombianos
muertos, desaparecidos, lisiados, y aterrorizados.
Hemos dividido nuestras recomendaciones
en tres secciones; dirigidas al Gobierno de Colombia, y su ejército;
a Estados Unidos, y su Congreso; y a la Unión Europea.
Al Gobierno de Colombia:
-
Deben tomarse medidas inmediatas que
demuestren la voluntad del gobierno colombiano de acabar con la asociación
militar-paramilitares. Para empezar, el Presidente Samper debe ejercer
su poder para suspender inmediatamente a los comandantes militares con
un largo historial de apoyo y colaboración directa con los paramilitares;
a la espera de una investigación completa, imparcial y pública
por parte de un equipo especial dirigido por el Fiscal de la Nación.
El Ministerio de Defensa debe cooperar totalmente con esta investigación
facilitando el interrogatorio de estos oficiales. Si se demuestra que las
acusaciones contra ellos son fundadas, estos oficiales deben ser enviados
ante las cortes civiles para su procesamiento judicial.
-
Se deben adoptar inmediatamente medidas
para acabar con la asociación militar-paramilitares. Estas deben
incluir: un recuento exhaustivo del armamento, equipo (como radios), y
materiales de manera a certificar que no están siendo desviados
a los paramilitares; directivas claras y públicas que prohíban
el reclutamiento, apoyo, o colaboración con paramilitares; una prohibición
de utilizar a paramilitares o a individuos con antecedentes de actividad
paramilitar como agentes de inteligencia o informantes; y un castigo rápido,
eficaz y público, cuando el personal militar viole estas normas.
-
Instamos al presidente a que invite
al Fiscal de la Nación a presidir una comisión mixta gubernamental-no
gubernamental que investigue a unidades del ejército concretas implicadas
en una práctica sistemática de asesinatos políticos,
en asociación con paramilitares; como la Fuerza de Tarea No. 27
Pantera, el Plan Especial No. 7, los Batallones Bomboná, Bárbula,
Rafael Reyes, Nariño, Voltígeros, Palacé, José
Hilario López, Ricuarte, y Luciano D'Elhuyar, la Quinta, Séptima,
Novena, Décima, Décimo primera, y Decimocuarta Brigadas,
las Brigadas Móviles No. 1 y 2, y la Cuarta División. Un
elemento fundamental de esta investigación debe ser indagar el recurso
a tácticas fuera de la legalidad, y determinar si se siguen utilizando
o no.
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Instamos al Presidente Samper a que
presente ante el Congreso un proyecto de reforma del código penal
militar que sirva para acabar con la práctica de considerar todos
los actos criminales por parte de soldados "actos de servicio." También
instamos al Presidente Samper a que redacte el proyecto con un lenguaje
que acabe con la defensa de la "obediencia debida," que permite que los
subordinados se defiendan alegando que estaban siguiendo órdenes.
Consideramos ampliamente probado que el ejército es incapaz de corregirse
a sí mismo y que los casos de derechos humanos con militares implicados
deben ser procesados en las cortes civiles.
-
Instamos al Presidente Samper a que
presente ante el Congreso y apoye totalmente proyectos de ley que conviertan
el acto de desaparición forzada, definido como un arresto por parte
de las fuerzas de seguridad desconocido, en un crimen castigable por la
ley.
-
El ejecutivo debe resistirse clara y
contundentemente a los intentos apoyados por las fuerzas armadas de reformar
la Constitución en el Congreso de Colombia, de manera a acabar con
la supervisión civil de las fuerzas armadas; en particular, al proyecto
de ley que podría acabar con la labor de los Procuradores Delegados
para las Fuerzas Armadas y para los Derechos Humanos, y bloquear las investigaciones
dirigidas por el Fiscal de la Nación. Aunque en este informe criticamos
el trabajo de la Procuraduría, consideramos que al menos ofrece
una posibilidad para las investigaciones civiles de denuncias de violaciones
de los derechos humanos, que debe ser defendida y fortalecida.
-
Instamos al Presidente Samper a que
convoque una comisión mixta gobierno-ONG que investigue a la Procuraduría
Delegada para las Fuerzas Armadas, que tiene un pésimo historial
en la investigación de abusos a los derechos humanos por parte del
ejército. Se debe nombrar a un profesional de independencia probada
a la dirección de una procuraduría delegada reorganizada,
totalmente independiente y con un apoyo decidido y público del ejecutivo.
-
Consideramos que el gobierno puede proteger
a los jueces y fortalecer las cortes sin tener que recurrir a las restricciones
al proceso debido que forman parte del sistema de orden público.
Se debe reformar el sistema de orden público para reforzar el poder
de los jueces de perseguir con decisión a narcotraficantes, guerrilleros,
paramilitares, y oficiales militares que cometen crímenes en materia
de derechos humanos, salvaguardando, al mismo tiempo, su derecho individual
a un juicio justo.
-
El gobierno debe aumentar el presupuesto
del programa de protección de testigos de la Fiscalía, para
permitir a los fiscales que protejan no sólo a los que declaran
contra supuestos narcotraficantes y guerrilleros, sino también a
los que declaran contra miembros de las fuerzas de seguridad y paramilitares
acusados de violaciones de los derechos humanos.
-
Apelamos al ejército y concretamente
al General Bedoya para que deje de presentar demandas por calumnias contra
los grupos de derechos humanos que publican información que relaciona
a las fuerzas de seguridad con abusos a los derechos humanos y con una
asociación con paramilitares. Las organizaciones de derechos humanos
tienen la responsabilidad de informar sobre presuntas violaciones y de
exigir investigaciones gubernamentales; pero no pueden suplantar a los
fiscales del gobierno, cuya tarea es presentar pruebas suficientes para
que haya una condena. Dentro del contexto colombiano, la estrategia de
presentar demandas por calumnias parece diseñada para castigar a
grupos por denunciar, y atemorizarlos con censurar o eliminar futuras publicaciones.
Alimentando acusaciones infundadas contra observadores de derechos humanos,
las fuerzas armadas sólo consiguen perder credibilidad.
-
Instamos al Presidente Samper a que
convoque una comisión especial dentro de su gabinete, que incluya
al consejero presidencial para los derechos humanos y a un representante
del Alto Comisionado para la Paz, que revise todos los manuales militares
vigentes y que proponga cambios en la redacción que promuevan el
respeto a los derechos humanos y la protección de la población
civil. También deben ser revisados estos manuales para garantizar
que prohíben explícita y claramente las violaciones de los
derechos humanos y la colaboración con paramilitares.
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Instamos al Presidente Samper a que
financie y apoye totalmente la tarea de identificación y arresto
de conocidos paramilitares para llevarlos ante la justicia, iniciada por
el Ministerio de Interior. La captura de estos individuos debe considerarse
fundamental para acabar con la violencia en Colombia.
Al Gobierno de Estados Unidos:
- Como lo hicimos en el pasado, instamos
al Gobierno de Estados Unidos a que suspenda inmediatamente toda la ayuda
militar, ventas de armas, entrenamiento, y entregas de armas a Colombia,
porque esta asistencia se ha destinado a unidades implicadas en graves
violaciones de los derechos humanos. Partiendo de las pruebas reunidas
en este informe, así como en otros materiales en manos de las autoridades
colombianas y estadounidenses, Estados Unidos tiene la obligación
de suspender toda la financiación actual según las leyes
de control de narcóticos que están en vigor hoy en día.
- En particular, Estados Unidos debe suspender
la venta pendiente de hasta doce helicópteros BlackHawk y veintidós
ametralladoras M-60, así como la entrega de armamento por valor
de 40 millones de dólares al Ejército de Colombia, según
la Sección 506 (a) del Decreto de Asistencia al Extranjero (Foreign
Assistance Act).
- Instamos al Gobierno de Estados Unidos
a que suspenda inmediatamente los visados de oficiales con un largo historial
de asociación con paramilitares, a la espera de los resultados de
una investigación imparcial y pública por parte de la Fiscalía.
- Estados Unidos debe emprender una investigación
inmediata y exhaustiva sobre el destino final en Colombia de la ayuda militar
estadounidense: a qué unidades se ha destinado, y con qué
finalidad. La investigación debe ser independiente y los resultados
deben hacerse públicos.
- No debe reiniciarse la ayuda hasta que
las Fuerzas Armadas de Colombia y sus socios paramilitares no hayan cesado
las prácticas constantes de graves y reiteradas violaciones de los
derechos humanos. Como mínimo, el reinicio de la ayuda debe condicionarse
a los siguientes puntos:
a. El Gobierno de Colombia debe aplicar
las medidas recomendadas anteriormente para eliminar y prevenir cualquier
forma de apoyo, cooperación, o colaboración entre las fuerzas
militares y paramilitares.
b. El Gobierno de Colombia debe demostrar
la eficacia de sus mecanismos legales para investigar y disciplinar, también
con sanciones penales, a los miembros de las fuerzas armadas responsables
de abusos a los derechos humanos. Para lograrlo, el gobierno colombiano
debe emprender investigaciones completas y públicas de casos clave,
como la masacre de Trujillo, la red de inteligencia de la Armada en Barrancabermeja,
las amenazas y los ataques a observadores de derechos humanos en Meta,
las masacres de Puerto Patiño y Segovia, y la actividad militar-
paramilitar en la región del Chucurí.
c. El Gobierno de Colombia también
debe llevar a cabo una revisión pública del progreso de las
fuerzas armadas en la detención de los abusos a los derechos humanos,
y en especial en el castigo adecuado a los oficiales responsables de violaciones.
Cualquier revisión debe concentrarse especialmente en las unidades
mencionadas anteriormente en este informe, e implicadas en una grave práctica
sistemática de abusos a los derechos humanos: la Fuerza de Tarea
No. 27 Pantera, el Plan Especial No. 7, los Batallones Bomboná,
Bárbula, Rafael Reyes, Nariño, Voltígeros, Palacé,
José Hilario López, Ricuarte, y Luciano D'Elhuyar, la Quinta,
Séptima, Novena, Décima, Decimoprimera, y Decimocuarta Brigadas,
las Brigadas Móviles No. 1 y 2, y la Cuarta División.
d. El gobierno colombiano debe demostrar
que 1) directivas reforzando la protección de los derechos humanos
han sido distribuidas a las fuerzas armadas y son implementadas; 2) las
hojas de vida de cada oficial muestran que han recibido entrenamiento en
los derechos humanos y que observan las reglas de el derecho internacional
humanitario; y 3) los mecanismos internos para investigar y disciplinar
a los miembros de las fuerzas armadas y la policía responsables
de abusos a los derechos humanos deben ser claras y transparentes para
que su eficacia pueda ser materia de conocimiento público.
e. Estados Unidos debe adoptar salvaguardias
que garanticen que cualquier ayuda en el futuro, para cualquier finalidad
declarada, no se canaliza hacia fuerzas responsables de prácticas
sistemáticas de graves abusos de los derechos humanos o, dicho de
otro modo, no contribuye a la violación de los derechos humanos.
f. Dichas salvaguardias deben incluir
procedimientos de control y observación eficaces para garantizar
que la asistencia estadounidense, incluyendo entrenamiento y armas, sólo
se destina a las fuerzas que tienen un historial limpio de violaciones
de los derechos humanos y que pueden demostrar que observan las reglas
que determinan que dichas violaciones son sujeto a investigación
y sanción por la jurisdicción ordinaria. El control del uso
final de los suministros debe incluir el seguimiento del historial en materia
de derechos humanos de las unidades y personal de las fuerzas de seguridad
que los reciben. Ayuda, armamento, y entrenamiento no deben destinarse
a unidades u oficiales de las fuerzas de seguridad contra los que existen
pruebas creíbles de haber cometido graves violaciones de los derechos
humanos; hasta que los presuntos abusos no se hayan investigado completamente
y se haya castigado a los responsables.
g. Todo el personal estadounidense
destacado en Colombia, incluido el personal del Ejército de Estados
Unidos, de la DEA y de la CIA, debe recibir instrucciones para que informen
a las autoridades colombianas o estadounidenses adecuadas de cualquier
abuso a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia,
del cual tengan conocimiento, sin importar la identidad de la víctima
o el perpetrador.
- Reconociendo que este informe plantea
muchas interrogantes sobre el apoyo de la CIA y el Ejército de Estados
Unidos a la reorganización de los servicios de inteligencia colombianos,
y a la consiguiente asistencia a las fuerzas armadas colombianas, Human
Rights Watch insta a Estados Unidos a que conduzca una investigación
inmediata y exhaustiva de la asistencia en materia de seguridad a Colombia
desde 1990. Esto incluiría una investigación de la asesoría
del ejército estadounidense y la CIA a los servicios de inteligencia
colombianos; de hasta dónde los oficiales de EE.UU. tenían
conocimiento o no prosiguieron la información sobre posibles violaciones
de los derechos humanos por parte del personal militar y de inteligencia
colombiana y de sus socios paramilitares o fueron cómplices directos
a acciones criminales cometidas durante el curso de sus misiones a Colombia;
y de la posible complicidad de los oficiales estadounidenses en la obstrucción
de la investigación pública de la asociación militar-paramilitares,
reforzando así la impunidad que ha permitido que los abusos no hayan
disminuido lo más mínimo. Esta investigación debe
examinar el historial en materia de derechos humanos de las fuerzas uniformadas
colombianas que han recibido asistencia de los EE.UU. y de las fuerzas
paramilitares actuando bajo su autoridad o en asociación con las
redes de inteligencia. Se debe hacer pública dicha investigación.
-
Se debe entregar, a las autoridades
públicas nacionales adecuadas, la información obtenida por
Estados Unidos, durante la reunión de información de inteligencia
antidroga u otras actividades, que indique la posibilidad de abusos a los
derechos humanos. Instamos decididamente que, cuando los fiscales generales
de Estados Unidos y Colombia vuelvan a negociar su acuerdo de compartir
información sobre presuntos narcotraficantes, estas instituciones
discutan también la posibilidad de compartir información
reunida por Estados Unidos durante sus operaciones antidroga, aunque relacionada
con violaciones de los derechos humanos y la asociación militar-paramilitares.
-
La Administración Clinton debe
redactar leyes que autoricen la incorporación a su informe anual
ante el Congreso sobre la "certificación" de narcotráfico
de una evaluación en materia de derechos humanos. Esta evaluación
sería una revisión de las consecuencias en materia de derechos
humanos de los programas y leyes antidroga de cada país.
-
Human Rights Watch no se opone a una ayuda no militar a Colombia, e insta al Gobierno de Estados Unidos a que
incluya en su programa de la Administración de Justicia fondos que
permitan a la Fiscalía fortalecer su Unidad de Derechos Humanos
y ampliar su programa de protección de testigos, para que incluya
a testigos que declaren contra miembros de las fuerzas de seguridad y paramilitares
acusados de violaciones de los derechos humanos.
A la Unión Europea:
-
Finalmente, también instamos
al estado miembro de la Unión Europea a que suspenda inmediatamente
cualquier ayuda militar a Colombia, incluidos entrenamiento, servicios,
y entregas de armas, a la espera de los resultados de las medidas e investigaciones
que se detallan en nuestras recomendaciones al Gobierno de Colombia, como
la suspensión de los oficiales militares implicados en delitos,
la adopción de medidas para acabar con la asociación militar-paramilitares,
y las investigaciones de unidades concretas implicadas en crímenes.
A la Organización de las Naciones
Unidas:
Human Rights Watch apoya decididamente
el plan de Naciones Unidas de instalar una oficina permanente en Colombia
auspiciada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la O.N.U.,
e insta a esta oficina a que elabore informes completos y públicos
sobre la situación en materia de derechos humanos en Colombia.
337. Karl Penhaul,
"Colombia Stokes Oil Giant's Rights Abuse Dispute", Reuter, 31 de
octubre de 1996.
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