Colombia


LAS REDES DE ASESINOS DE COLOMBIA
La asociación militar-paramilitares y Estados Unidos




(New York: Human Rights Watch, 1996)

AGRADECIMIENTOS

Human Rights Watch/Americas y el Proyecto sobre Armamento de Human Rights Watch escribieron conjuntamente este informe, basándose en una investigación de ambas divisiones. Human Rights Watch/Americas investigó los grupos paramilitares, las violaciones de los derechos humanos por parte de estos grupos, y la impunidad por estas violaciones. El Proyecto de Armamento de Human Rights Watch se concentró en la relación entre las Fuerzas Armadas de Colombia, los paramilitares, y el Gobierno de Estados Unidos. Frank Smyth, asesor del Proyecto de Armamento, dirigió la investigación con la asistencia de Winifred Tate, también asesora del Proyecto. La División de las Américas editó el informe. Juan Luis Guillén tradujo el texto al castellano.

El Proyecto sobre Armamento de Human Rights Watch agradece el generoso apoyo de la Fundación Compton, el Fondo Ruth Mott, y la Fundación Rockefeller. Human Rights Watch toma completa responsabilidad por el contenido de este informe.

Este informe está dedicado a la memoria de Wilson Cáceres, un activista de los derechos humanos cuya desaparición forzada se produjo en 1995.

GLOSARIO
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ACC Autodefensas Campesinas de Colombia, una organización paramilitar.
ACCU Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, un grupo paramilitar dirigido por la Familia Castaño en el norte de Colombia.
ACDEGAM Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio. Desde principios de los ochenta se relaciona a ACDEGAM con grupos paramilitares.
ANUC Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.
BINCI Batallón Único de Inteligencia y Contra Inteligencia "Charry Solano". Conocido también como la Vigésima Brigada.
CINEP Centro de Investigación y Educación Popular, un grupo de derechos humanos colombiano con sede en Santafé de Bogotá.
CREDHOS Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, un grupo colombiano de derechos humanos que cubre la región del Magdalena Medio y que tiene su sede en Barrancabermeja, en el Departamento de Santander.
CTI Cuerpo Técnico de Investigación, investigadores bajo las órdenes de la Fiscalía
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos Forma parte de la rama ejecutiva, y asesora al presidente sobre temas relacionados con los derechos humanos. La Consejería también tiene un presupuesto limitado para asistir a víctimas de abusos a los derechos humanos y a familias desplazadas internamente por la violencia política. En 1996, la Consejería empezó a reunir información para una red informatizada de informes de abusos a los derechos humanos.
DAS Departamento Administrativo de Seguridad, una fuerza policial de investigación que opera sin uniforme y está controlada por la rama ejecutiva colombiana. El resto de las unidades policiales están controladas por el Ministerio de Interior.
DIJIN Dirección de Policía Judicial e Investigación, una parte de la Policía Nacional que se encarga de hacer las investigaciones previas a los juicios.
Defensoría La Defensoría del Pueblo gubernamental Responsable de proteger a los ciudadanos de los abusos a sus derechos constitucionales. La Defensoría supervisa oficinas locales y regionales así como los cuerpos de defensores públicos de Colombia.
ELN Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero.
EPL Ejército Popular de Liberación, un grupo guerrillero que desarrolla sus actividades a lo largo de la costa norte de Colombia. El EPL se dividió en 1991. Un grupo aceptó la amnistía del gobierno y se desmovilizó. Muchos de aquellos ex militantes formaron por aquel entonces el Partido de Esperanza, Paz y Libertad. Sin embargo, quedan algunos combatientes del EPL en activo.
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el mayor grupo insurgente de Colombia
Fiscalía El Fiscal de la Nación y la Fiscalía son los responsables de investigar y perseguir las violaciones del código penal de Colombia. Dentro de esta agencia, la Unidad de Derechos Humanos investiga los crímenes en materia de derechos humanos, incluidos los llevados a cabo por paramilitares o guerrilleros. En la práctica, los casos en los que están implicados miembros de las fuerzas de seguridad se entregan normalmente al sistema de justicia militar tras una recusación jurisdiccional por parte del ejército, lo que cierra el caso para los investigadores civiles.
INDUMIL Industria Militar. INDUMIL es parte de las fuerzas militares y la única entidad en Colombia con autorización para fabricar armas de fuego.
M-19 Movimiento 19 de abril, un grupo guerrillero cuyo nombre proviene de la fecha de las elecciones de 1970, que según ellos, fueron invalidadas fraudulentamente. El M-19 aceptó la amnistía del gobierno en 1990 y fue desmovilizado.
MAS Muerte A Secuestradores. MAS fue creado por narcotraficantes en 1981. Este nombre también fue adoptado por paramilitares organizados por el ejército en la región del Magdalena Medio, algunos de los cuales se aliaron posteriormente con narcotraficantes. El nombre se ha generalizado en Colombia y lo utilizan grupos paramilitares en todo el país.
MINGA Asociación para la Promoción Social Alternativa, un grupo de derechos humanos de Colombia. "Minga" es una palabra quechua que significa "trabajo colectivo".
MORENA Movimiento de Restauración Nacional, un fugaz partido político ligado a los paramilitares en la región del Magdalena Medio.
PCC Partido Comunista Colombiano.
Paramilitar En Colombia, paramilitar viene a denominar a una organización clandestina de hombres armados, que pueden incluir oficiales militares en activo o retirados, que trabaja en colaboración estrecha con las fuerzas de seguridad.
Procuraduría La agencia gubernamental responsable de investigar las denuncias de crímenes por parte de funcionarios del gobierno y de recomendar sanciones administrativas como suspensiones, multas, o despidos. Dentro de la Procuraduría hay divisiones específicas responsables de investigar los abusos cometidos por los diferentes organismos del gobierno. Estas incluyen la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Armadas y la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional. La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos investiga las denuncias que vinculan a agentes del estado con desapariciones forzadas, torturas, o masacres, definidas como asesinatos de cuatro o más personas por los mismos individuos y al mismo tiempo. Sin embargo, la Procuraduría solo puede recomendar y no imponer sanciones.
UNASE Unidad Anti Secuestro y Extorsión. Las UNASE están compuestas por oficiales provenientes de la policía, el DAS, y el ejército; y funcionan a través de las brigadas y divisiones del Ejército.
UP Unión Patriótica. La UP se formó como resultado de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC en 1984, y ha sido un objetivo destacado de los ataques de grupos paramilitares aliados con el ejército.
USO Unión Sindical Obrera, sindicato de los trabajadores del petróleo.
USSOUTHCOM Comando Sur de Estados Unidos, responsable de todas las actividades militares de EE.UU. en Centroamérica, Suramérica, y El Caribe.

I. RESUMEN Y RECOMENDACIONES

Wilson José Cáceres salió de su casa en Sabana de Torres, un municipio del valle del Río Magdalena en Colombia, antes del amanecer del 6 de abril de 1995. Cáceres, un líder de la comunidad, miembro fundador del Movimiento Campesino Obrero y Popular de Sabana de Torres, un grupo político local, y activista de los derechos humanos, era un candidato a la alcaldía por el Movimiento. Cáceres, junto con otras trece personas, había sido incluido en una lista negra que, como se supo entonces, las Autodefensas Campesinas de Colombia (ACC), un grupo paramilitar, había hecho circular. En Colombia, el término paramilitar viene a denominar a una organización clandestina de hombres armados, que puede incluir a oficiales militares en activo o retirados, que opera asociada con las fuerzas de seguridad.

A pesar de la amenaza, Cáceres siguió con su campaña política y la defensa de los derechos humanos, y ayudó voluntariamente a la misión de Human Rights Watch, que comenzó el trabajo sobre este informe, a ponerse en contacto con residentes locales para que dieran su testimonio. Esa tarde, Cáceres, ataviado con una gorra blanca, condujo su motocicleta blanca hasta la finca familiar donde trabajaba. Esa fue la última vez que se sabe que alguien lo vio con vida. Más tarde encontraron su gorra en la Autopista Panamericana.

Wilson Cáceres sigue desaparecido.

En 1989, Human Rights Watch escribió que a pesar de que no podía demostrar que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Colombia ordenó directamente a los paramilitares que cometieran atrocidades, parecía obvio que su respuesta ante estas atrocidades -- "cerrar filas y evitar - y con frecuencia obstruir - cualquier investigación seria" -- comprometió su obligación de respetar las leyes establecidas. En su momento, concluimos que el hecho de que no se investigara o procesara a los oficiales militares que, junto a los paramilitares, habían cometido asesinatos y masacres indicaba, en el mejor de los casos, que sus superiores habían decidido tolerar estos crímenes.

 

  En lugar de castigar a los oficiales de bajo y medio rango que toleraron, planearon, dirigieron, y hasta participaron en la violencia paramilitar de los ochenta, se les ha promovido y recompensado.

Sin embargo, hoy en día, podemos decir mucho más. Está claro que en lugar de castigar a los oficiales de bajo y medio rango que toleraron, planearon, dirigieron, y hasta participaron en la violencia paramilitar de los ochenta, se les ha promovido y recompensado, y ahora ocupan los cargos más altos dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia. Es evidente que algunos de ellos, relacionados con casos muy conocidos, han sido forzados al retiro o separados del servicio. Pero muchos más han sido condecorados por servicios distinguidos y dirigen tropas colombianas. Como comandantes no sólo han promovido, alentado, y protegido a los grupos paramilitares, sino que los han utilizado para labores de inteligencia, y para asesinar y masacrar a colombianos sospechosos de aliarse con la guerrilla. En realidad, muchas de las víctimas -- lideres comunitarios y campesinos, sindicalistas, y activistas de los derechos humanos, entre otros -- no tienen relación con la guerrilla, aunque se han visto atrapados en un conflicto en el que pocos están uniformados y admiten su afiliación.

Human Rights Watch ha elegido deliberadamente el uso del término "paramilitar," para denominar a un grupo que opera asociado con las fuerzas militares. Durante las últimas dos décadas, se ha vinculado a los paramilitares con miles de desapariciones forzadas, asesinatos, casos de tortura, y amenazas de muerte. En 1995, casi la mitad de todos los actos de violencia política en los que se identificó al perpetrador se atribuyeron a paramilitares.

En este informe, Human Rights Watch presenta pruebas como el plan, hasta ahora secreto, de reorganización de la inteligencia militar colombiana, Orden 200-05/91, y testimonios de testigos presenciales, que demuestran que en 1991 las fuerzas militares convirtieron a los paramilitares en un componente clave de su aparato de inteligencia. Este informe dedica especial atención a esta reorganización, que esencialmente asumió el modelo militar- paramilitar que se puso a prueba por primera vez en el Magdalena Medio. Fuerzas paramilitares, bajo las ordenes directas del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas e incorporadas a redes de inteligencia, vigilaron a personalidades y grupos de la oposición política legal, operaron con unidades militares, y finalmente realizaron ataques contra objetivos elegidos por sus comandantes militares. Este informe expone en detalle cómo una red de inteligencia organizada por la Armada, en cumplimiento de la Orden 200-05/91, fue la responsable de decenas de ejecuciones extrajudiciales en Barrancabermeja.

La asociación militar-paramilitares forma parte de la realidad colombiana hoy en día. Human Rights Watch ha comprobado que continúa la colaboración entre inteligencia militar, comandantes de división, brigada y batallón, y paramilitares; como se concibió en la Orden 200-05/91. Basándonos en nuestras entrevistas con testigos y ex miembros de la red, las propias investigaciones del gobierno, y el material abundante reunido por grupos de derechos humanos y periodistas, creemos que el estado mayor de las fuerzas armadas colombianas sigue organizando, alentando, y movilizando a paramilitares en la guerra encubierta contra los sospechosos de apoyar a la guerrilla.

En nuestro estudio monográfico de la Subregión Norte del Magdalena Medio, demostramos como el ejército ha armado y equipado paramilitares y ha patrullado con ellos. En algunos casos, los militares aparentemente han trasladado paramilitares a diversas regiones del país para cometer sus asesinatos políticos. Aunque las fuerzas armadas niegan haber vigilado a partidos políticos y funcionarios electos, presentamos pruebas que demuestran que la vigilancia de grupos políticos legales parece ser una de las tareas principales asignadas a la inteligencia militar, que al parecer se ha servido de paramilitares para reunir información y actuar posteriormente según ésta, amenazando o asesinando. En una entrevista, un mayor retirado describió a los paramilitares como "la fuente principal" de información de inteligencia militar. "Esta gente vive en la región y tiene contacto tanto con los de su bando como con el enemigo," nos dijo. "De hecho la principal acción de los paramilitares es [reunir] inteligencia, además de servir como un grupo de exterminación."

A pesar de que los investigadores del gobierno han identificado en múltiples ocasiones campos de entrenamiento paramilitar, incluso algunos cercanos a las bases militares siguen funcionando. Cuando los paramilitares pasan por estas mismas bases totalmente armados y equipados, en lugar de arrestarles y quitarles sus armas ilegales, los militares colombianos los dejan pasar normalmente, y sólo intervienen cuando llega el momento de recoger los cadáveres que dejaron a su paso.

Pero estas actividades suponen sólo la mitad de la asociación militar-paramilitares en Colombia. Es fundamental lo que llamamos la "estrategia de la impunidad": cómo el sistema de justicia militar encubre sistemáticamente los actos de los oficiales que se asocian con paramilitares, que los investigadores civiles del gobierno han puesto de manifiesto una y otra vez; permitiendo que estos mismos oficiales vuelvan al terreno y sigan con su tarea de organización, dirección, y despliegue de grupos paramilitares. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas es cómplice de las atrocidades paramilitares y debe hacérsele responsable de ellas.

Human Rights Watch también ha documentado el papel inquietante que ha desarrollado Estados Unidos dentro de la asociación militar-paramilitares. A pesar del historial desastroso de Colombia en materia de derechos humanos un equipo compuesto por el Departamento de Defensa de EE.UU. y la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA) trabajó con oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia en la reorganización de la inteligencia de 1991, que desembocó en la creación de redes asesinas que identificaron y asesinaron a civiles sospechosos de apoyar a la guerrilla. Testigos presenciales han identificado a una de las nuevas redes dirigidas por la Armada de Colombia como la responsable de los asesinatos de al menos cincuenta y siete personas en el interior y las cercanías de la ciudad de Barrancabermeja en 1992 y 1993, como parte de los incidentes que se exponen en el presente documento.

Además, las autoridades militares estadounidenses han suministrado armas, para fines ostensiblemente antidroga, a unidades de las fuerzas armadas colombianas con antecedentes de graves y constantes violaciones de los derechos humanos y no han establecido mecanismos apropiados de control para garantizar que la ayuda estadounidense no se utiliza para cometer dichas atrocidades. Según un informe del Gobierno de Estados Unidos, la ayuda militar estadounidense ha sido destinada a las Primera, Tercera, Quinta, Decimotercera, y Decimocuarta Brigadas; a las Brigadas Móviles No. 1 y 2; y a los Batallones Tarqui, José Hilario López, Numancia, Luciano D'Elhuyar, Ricuarte, Palacé, y La Popa. Todos ellos están implicados en graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas violaciones que involucran a paramilitares, y algunas de ellas descritas en este informe.

Otro informe del Gobierno de Estados Unidos revelaba que en 1994 el entrenamiento y equipo estadounidenses fueron destinados a la Brigada Móvil No. 1 y a la Cuarta División de Meta; la Cuarta Brigada de Cali; la Cuarta Brigada de Medellín; la Sexta Brigada de Ibagué; la Octava Brigada de Armenia, Valle; la Novena Brigada de Neiva; la Décimoprimera Brigada de Antioquia; la Decimosexta Brigada de Yopal, Arauca; y a tres unidades de la Fuerzas Especiales. Todas estas unidades se dedican principalmente a la lucha contra la guerrilla y la mayoría han estado implicadas en violaciones de los derechos humanos.

Desde 1990, el año en que una comisión de asesoramiento de EE.UU. redactó una serie de recomendaciones para la reorganización de la inteligencia militar colombiana, el armamento que Estados Unidos ha suministrado al Ejército y Armada colombianas ha sido 2.020 pistolas M9, 426 rifles M16A2, 945 ametralladoras M60E3, y 225 escopetas, así como varios vehículos militares y equipos de comunicación. En 1991, cuando se aplicó el plan de reorganización de la inteligencia militar colombiana, las entregas de armas estadounidenses a Colombia fueron excepcionales: 10.000 rifles M-14, 700 rifles M16, 623 lanzagranadas M79, 325 ametralladoras M60, 26.000 granadas de 60 mm., 20.000 granadas de 40 mm., 37.000 granadas de mano, 3.000 minas Claymore, y unas quince millones de balas para rifle.

Las masacres cometidas desde 1990 por tan sólo una de las unidades que recibieron ayuda militar estadounidense, el Batallón Palacé, acabaron con las vidas de al menos 120 personas, asesinatos que siguen generalmente sin castigo. En total, al menos veinticuatro unidades del ejército colombiano, con un total de tropas significativo, han recibido armamento de Estados Unidos para fines ostensiblemente antidroga.

Hace tiempo que Human Rights Watch y otros grupos nacionales e internacionales vienen preocupándose por el uso potencial que las unidades de seguridad, que violan derechos humanos, hacen de la ayuda y armamento que reciben del Ejército de Estados Unidos. En respuesta de dicha inquietud, en 1994, el Congreso de EE.UU. intentó limitar la ayuda militar a las unidades que participan "principalmente" en operaciones antidroga, y no contra insurgentes, partiendo de la creencia de que las unidades anti narcóticos no hacen abusos a los derechos humanos. Con esta disposición, los legisladores esperaban poder poner una barrera entre las unidades antidroga y las unidades contra insurgentes.

Sin embargo, el Informe de 1994 de la Misión Militar de Estados Unidos sobre el Control del Uso Final (U.S. Military Group's 1994 End-Use Monitoring Report) -- publicado después de las investigaciones de unidades implicadas en violaciones de los derechos humanos como receptores de ayuda militar estadounidense -- confirmó que Colombia estaba cumpliendo con las leyes de EE.UU. que limitan las ventas de armas y que "la asistencia de EE.UU. se está empleando eficazmente en las actividades anti narcóticos."

Claramente, dichas inspecciones no garantizan que la ayuda no sea utilizada para cometer violaciones de los derechos humanos o por unidades que los cometen. Tampoco demuestran claramente que las fuerzas armadas colombianas no están transfiriendo armamento suministrado por Estados Unidos a fuerzas paramilitares. Las misiones estadounidenses que llevaron a cabo dichas inspecciones tampoco han echo ningún esfuerzo concreto para investigar los casos de derechos humanos en curso, cuando visitaron las bases sospechosas de albergar actividad paramilitar.

De hecho, las entregas y ventas de armas estadounidenses a Colombia no sólo siguen produciéndose sin obstáculos, sino que se espera que alcancen una marca histórica. El Pentágono estima que las ventas en el año fiscal 1996 tendrán un valor de 84 millones de dólares y de 123 millones de dólares en el año 1997 -- el nivel más alto de la historia.

Oficiales colombianos entrenados por Estados Unidos y empleados como instructores militares también han estado implicados en graves violaciones de los derechos humanos, como masacres cometidas por grupos mixtos militares-paramilitares. En 1996, EE.UU. desplazó a Colombia al menos dos equipos de cincuenta y dos miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, para cumplir misiones de dos meses. De los cuarenta y nueve desplazamientos programados para 1996, con la participación de un total de 231 asesores militares y de inteligencia estadounidenses, treinta y dos, con la participación de noventa y siete asesores, fueron en apoyo de la Armada. Incluyen el destacamento de un oficial de inteligencia de la armada estadounidense en la sede en Santafé de Bogotá de la Armada de Colombia. La Dirección de Operaciones (Directorate of Operations) de la CIA también ha patrocinado el entrenamiento de unidades de las Fuerzas Especiales de Colombia.

No todos los paramilitares tienen una estrecha relación con los militares. Queda claro que otros grupos colombianos -- como terratenientes adinerados y narcotraficantes -- financian y dirigen ejércitos privados, que también cometen actos de violencia criminal y política. Sin embargo, el ejército no sólo ha creado y ha movilizado a grupos paramilitares, sino que también permiten que prácticamente todos ellos lleven a cabo asesinatos políticos con tal de que sirvan a un objetivo común, barrer del país el supuesto apoyo a la guerrilla.

Los militares y los paramilitares colombianos no son las únicas fuerzas que cometen actos de violencia política. En 1995, se relacionó a tres insurgencias guerrilleras con más de 300 asesinatos políticos así como secuestros, ataques indiscriminados, y amenazas de muerte. Aunque todas las guerrillas colombianas se han proclamado a favor del derecho internacional humanitario, en la práctica, ninguna ha aplicado claramente estas normas, incluso cuando se trata de medidas de protección para los no combatientes. Human Rights Watch sigue condenando estas violaciones y ha instado a los guerrilleros a que adopten medidas para proteger a los no combatientes.

Es hora de apartar la cortina de humo de desmentidos oficiales y de identificar la asociación militar-paramilitares como lo que es: un mecanismo sofisticado sustentado en parte por los años de asesoramiento, entrenamiento, armamento, y silencio oficial de Estados Unidos; que permite a las Fuerzas Armadas de Colombia combatir una guerra sucia y a la burocracia colombiana desmentirla. El precio: miles de colombianos muertos, desaparecidos, lisiados, y aterrorizados.

Partiendo de los descubrimientos de este informe, Human Rights Watch hace una serie de recomendaciones al Gobierno de Colombia, al Gobierno de Estados Unidos, y a la comunidad internacional. El Presidente de Colombia, Ernesto Samper, debe ejercer su poder para suspender inmediatamente a los oficiales de alto rango implicados en la asociación militar-paramilitares, y para convocar un equipo especial dirigido por el Fiscal de la Nación para que los investigue. El Ministerio de Defensa debe cooperar totalmente facilitando el interrogatorio de estos oficiales. Si se demuestra que las acusaciones contra ellos son fundadas, estos oficiales deben ser suspendidos del servicio activo a la espera de que se resuelvan sus casos, que deben remitirse inmediatamente a las cortes civiles.

Además, el presidente debe invitar al Fiscal de la Nación a que presida una comisión conjunta gubernamental y no gubernamental que investigue a las unidades del ejército implicadas en una práctica sistemática de organizar y promover a paramilitares; como la Fuerza de Tarea No. 27 Pantera, el Plan Especial No. 7, los Batallones Bomboná, Bárbula, Rafael Reyes, Nariño, Voltígeros, Palacé, José Hilario López, Ricuarte, y Luciano D'Elhuyar, La Quinta, Séptima, Novena, Décima, Décimoprimera, y Decimocuarta Brigadas, las Brigadas Móviles No.1 y 2, y la Cuarta División. Debe suspenderse a los oficiales implicados en la asociación militar-paramilitares a la espera de los resultados de la investigación. Deben adoptarse también medidas diseñadas para prevenir la actividad militar-paramilitar en el futuro. Esto debe incluir un recuento estricto del armamento, equipo (como radios), y materiales, que verifique que no están siendo desviados a los paramilitares; unas directivas claras y públicas que prohíban el reclutamiento, apoyo, o la colaboración con paramilitares; una prohibición de utilizar, como agentes de inteligencia o informantes, a paramilitares o individuos con un historial de actividad paramilitar; y un castigo rápido, eficaz, y público para el personal militar que viole estas normas. También hemos instado al Presidente Samper a que invoque una comisión especial dentro de su gabinete, que incluya al Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y a un representante de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, para que revise todos los manuales militares que se utilizan actualmente, de manera que promuevan el respeto a los derechos humanos y la protección de los no combatientes. Estos manuales también deben revisarse para garantizar que prohíben explícita y claramente las violaciones de los derechos humanos y la colaboración con paramilitares.

De manera a prevenir que se repita esta práctica sistemática de asesinatos, el Presidente Samper debe enviar al Congreso una reforma del sistema de justicia militar que incluya una interpretación más estricta del concepto de "acto de servicio", previniendo así que los tribunales militares obtengan jurisdicción sobre violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura. Debido a su parcialidad evidente y a la ausencia de las garantías procesales debidas, se debe limitar la jurisdicción de estos tribunales a los casos relacionados con infracciones de la disciplina militar. El Presidente Samper debe presentar también ante el Congreso y apoyar totalmente una legislación que tipifica el acto de desaparición forzada, definido como un arresto desconocido por parte de las fuerzas de seguridad, en un crimen castigable por la ley.

Al mismo tiempo, el ejecutivo debe resistirse clara y decididamente a los intentos apoyados por las Fuerzas Armadas de reformar la Constitución en el Congreso, para acabar con la supervisión civil de las fuerzas armadas. También creemos que el gobierno puede proteger a los jueces y fortalecer las cortes sin tener que recurrir a poner freno al debido proceso, como sucede en el sistema de orden público. Se debe reformar el sistema de orden público de manera a conferir poderes a los jueces para que puedan perseguir decididamente a los narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, y oficiales militares que cometen crímenes en materia de derechos humanos, resguardando, al mismo tiempo, el derecho de estos individuos a un juicio justo. Finalmente, el gobierno debe aumentar el presupuesto del programa de protección de testigos de la Fiscalía para permitir a los fiscales proteger no sólo a los que declaran en contra de supuestos narcotraficantes y guerrilleros, sino también a los que declaran en contra de miembros de las fuerzas de seguridad y de paramilitares acusados de violaciones de los derechos humanos.

Human Rights Watch insta también a Estados Unidos a que suspenda inmediatamente toda la ayuda militar, ventas de armas, y entrenamiento militar con Colombia, ya que la ayuda militar estadounidense se ha destinado a unidades implicadas en graves violaciones de los derechos humanos.

En especial, Estados Unidos debe suspender la entrega pendiente, por valor de 169 millones de dólares, de helicópteros Halcones Negras (Black Hawk), ametralladoras M-60, y munición vendidos a Colombia; así como el suministro gratuito, según la capacidad de entregas especiales de excedentes contemplada en la Sección 506 (a) del Decreto de Asistencia al Extranjero (Foreign Assistance Act), por valor de 40 millones de dólares, de helicópteros, material de comunicaciones, y equipo. Además, instamos al Gobierno de Estados Unidos a que suspenda inmediatamente los visados de los oficiales colombianos implicados en abusos a los derechos humanos, incluyendo los derivados de la asociación militar-paramilitares, a la espera de que concluya una investigación imparcial y pública por parte de la Fiscalía de Colombia.

No debe reiniciarse la ayuda hasta que las Fuerzas Armadas de Colombia y sus socios paramilitares no hayan cesado las prácticas constantes de graves y reiteradas violaciones de los derechos humanos. Como mínimo, el reinicio de la ayuda debe condicionarse a la voluntad del gobierno colombiano de emprender medidas eficaces para eliminar y prevenir cualquier forma de apoyo, cooperación, o colaboración entre las fuerzas militares y paramilitares. El Gobierno de Colombia debe demostrar la eficacia de sus mecanismos legales para investigar y disciplinar, también con sanciones penales, a los miembros del ejército responsables de abusos a los derechos humanos.

Concretamente, el gobierno colombiano debe emprender investigaciones completas y públicas de casos clave, como la masacre de Trujillo, la red de inteligencia de la Armada en Barrancabermeja, las amenazas y los ataques a observadores de derechos humanos en Meta, las masacres de Puerto Patiño y Segovia, y la actividad militar- paramilitar en la región del Chucurí.

El Gobierno de Colombia también debe llevar a cabo una revisión completa del progreso de las fuerzas armadas en la detención de los abusos a los derechos humanos, y en especial en el castigo adecuado a los oficiales responsables de violaciones. Cualquier revisión debe concentrarse especialmente en las unidades mencionadas anteriormente en este informe, e implicadas en una grave práctica sistemática de abusos a los derechos humanos.

Si el Gobierno de Estados Unidos considera aumentar significativamente su asistencia a las iniciativas antidroga latinoamericanas, debe comprometerse a convertir la protección de los derechos humanos en un componente integral de esta asistencia antes de reiniciar su ayuda a Colombia. Debe asegurarse de que la financiación, entrenamiento, equipo, y la puesta en común de inteligencia y otra asistencia antidroga no contribuye o conlleva abusos a los derechos humanos en los países receptores. Estados Unidos debe adoptar inmediatamente salvaguardias que garanticen que cualquier ayuda en el futuro, para cualquier finalidad declarada, no se canaliza hacia fuerzas responsables de prácticas sistemáticas de graves abusos de los derechos humanos o, dicho de otro modo, no contribuye a la violación de los derechos humanos.

Las leyes actuales estadounidenses sobre asistencia militar, incluida la asistencia antidroga, no llegan a cumplir con los estándares necesarios para proteger los derechos humanos. Los legisladores estadounidenses ya no pueden alegar que limitar la ayuda y entrenamiento militares a las unidades de las fuerzas de seguridad que se dedican "principalmente" a actividades antidroga contribuye a la reducción del apoyo a las fuerzas abusivas. Si la Administración Clinton se toma en serio la defensa y promoción de los derechos humanos, debe emprender iniciativas inmediatas para garantizar que no se destina ninguna asistencia a las fuerzas implicadas en una práctica sistemática de abusos.

Reconociendo que este informe plantea muchas interrogantes sobre el apoyo de la CIA y de las FF.AA. de Estados Unidos a la reorganización de los servicios de inteligencia colombianos, y a la consiguiente asistencia a las fuerzas armadas colombianas, Human Rights Watch insta a Estados Unidos a que conduzca una investigación inmediata y exhaustiva de la asistencia en materia de seguridad a Colombia desde 1990. Esto incluiría una investigación de la asesoría del ejército estadounidense y la CIA a los servicios de inteligencia colombianos; de hasta dónde los oficiales de EE.UU. tenían conocimiento o no prosiguieron la información sobre posibles violaciones de los derechos humanos por parte del personal militar y de inteligencia colombiano y de sus socios paramilitares; y de la posible complicidad de los oficiales estadounidenses en la obstrucción de la investigación pública de la asociación militar-paramilitares, reforzando así la impunidad que ha permitido que los abusos no hayan disminuido lo más mínimo. Esta investigación no debe incluir simplemente el historial en materia de derechos humanos del ejército, sino que también debe indagar los más amplios antecedentes en este sentido de las fuerzas paramilitares ligadas o asociadas de algún modo con las Fuerzas Armadas de Colombia.

Se debe entregar, a las autoridades públicas nacionales adecuadas, la información obtenida por Estados Unidos, durante la reunión de información de inteligencia antidroga u otras actividades, que indique la posibilidad de abusos a los derechos humanos. Instamos decididamente que, cuando los fiscales generales de Estados Unidos y Colombia vuelvan a negociar su acuerdo de compartir información sobre presuntos narcotraficantes, estas instituciones discutan también la posibilidad de compartir información reunida por Estados Unidos durante sus operaciones antidroga, aunque relacionada con violaciones de los derechos humanos y la asociación militar-paramilitares.

Todos el personal estadounidense destacado en el extranjero, incluido el personal del Ejército de Estados Unidos, de la DEA y de la CIA, debe recibir inmediatamente instrucciones para que informen a las autoridades colombianas o estadounidenses adecuadas de cualquier abuso a los derechos humanos por parte del Ejército de Colombia, del cual tengan conocimiento, sin importar la identidad de la víctima o el perpetrador.

Consideramos que la Administración Clinton debe redactar leyes que autoricen la incorporación a su informe anual ante el Congreso sobre la "certificación" de narcotráfico de una evaluación en materia de derechos humanos. Esta evaluación sería una revisión de las consecuencias en materia de derechos humanos de los programas y leyes antidroga de cada país.

Finalmente, también instamos al estado miembro de la Unión Europea a que suspenda inmediatamente cualquier ayuda militar a Colombia, incluidos entrenamiento, servicios, y entregas de armas, a la espera de los resultados de las medidas e investigaciones que se detallan en nuestras recomendaciones al Gobierno de Colombia, como la suspensión de los oficiales militares implicados en delitos, la adopción de medidas para acabar con la asociación militar-paramilitares, y las investigaciones de unidades concretas implicadas en crímenes. Human Rights Watch apoya decididamente el plan de Naciones Unidas de instalar una oficina permanente en Colombia auspiciada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la O.N.U., e insta a esta oficina a que elabore informes completos y públicos sobre la situación en materia de derechos humanos en Colombia.


CAPÍTULO II: La historia de la asociacón militar-paramilitares
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