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Bolivia bajo Presión:
(New York: Human Rights Watch, 1996) Durante 1995, cuatro civiles fueron
muertos por armas de fuego y por lo menos doce civiles y dos policías
fueron heridos a bala durante los violentos enfrentamientos entre la policía
y pobladores del Chapare. Algunos de estos enfrentamientos ocurrieron cuando
los cocaleros (el nombre de los agricultores que cultivan la coca), alertados
por pitos de advertencia de comunidades vecinas de que se estaba llevando
a cabo la erradicación forzada, abandonaron sus aldeas armados de
palos y hondas para detener la erradicación. Hubo otros enfrentamientos
cuando la policía intentó disolver reuniones políticas
o destruir barricadas puestas por los cocaleros para impedir el acceso
de la policía a sus comunidades.
UMOPAR estaba equipada con rifles
M-1, de uso corriente por el ejército de los Estados Unidos , escopetas,
y una variedad de armas fabricadas en EE UU para el control de disturbios
como gas lacrimógeno y granadas de humo.(12)
De acuerdo a altos oficiales de UMOPAR, las escopetas fueron usadas sólo
para disparar perdigones de goma; al UMOPAR no se le entrega -y no usa-
perdigones ni balines.(13) La policía
usó sus armas para detener el avance de multitudes amenazantes,
o para dispersarlas. Altos oficiales insistieron ante nuestros representantes
que las armas sólo fueron usadas para disparos de advertencia, y
que los disparos sólo se hicieron al aire, nunca sobre las cabezas
o frente a las multitudes que avanzaban.
En muchos de los enfrentamientos
los pobladores estaban armados con palos, piedras, y hondas capaces de
causar lesiones serias.(14) En varios informes,
funcionarios de UMOPAR aseveran que los cocaleros también estaban
armados con armas de fuego, machetes y cartuchos de dinamita. Es difícil
evaluar estas aseveraciones porque carecen de falta de especificidad o
evidencia que pueda confirmarlas.(15) Por
ejemplo, ninguno de los muchos pobladores detenidos durante los enfrentamientos
fue detenido en posesión de un arma de fuego, y el UMOPAR no asevera
haber confiscado armas durante los enfrentamientos callejeros.(16)
Además, los informes no identifican a los policías que afirman
haber visto el uso de armas durante un enfrentamiento. Todos los residentes
locales entrevistados por nuestros investigadores negaron que los cocaleros
hayan usado armas contra la policía, a pesar de admitir inmediatamente
haber usado hondas y haber tirado piedras.(17)
La mayoría también negó que los cocaleros usaron dinamita
en enfrentamientos con la policía durante 1995, a pesar de que muchos
pobladores del Chapare son ex-mineros que se sabe son versados en el uso
de explosivos, y reconocieron que en el pasado habían usado dinamita.
El escaso número de lesiones
registradas por UMOPAR tiende a confirmar las aseveraciones de los cocaleros
en cuanto a las armas. De acuerdo a un resumen de bajas hecho por UMOPAR
durante 1995, no se produjeron muertes en enfrentamientos con el público.
Dos policías fueron heridos por disparos; uno de los incidentes
fue indudablemente perpetrado por un cocalero,(18)
y el autor del otro es desconocido. Si los cocaleros hubiesen usado sus
armas para disparar a la policía, el número de policías
heridos a bala hubiese sido más alto. Ningún miembro de UMOPAR
fue herido por dinamita, excepto los heridos en el insólito ataque
a un vehículo de UMOPAR en Aroma (antes descrito).(19)
Un integrante de UMOPAR fue herido en un ataque con machete en Isarsama
en Abril de 1995, cuando un residente supuestamente reaccionó violentamente
cuando presenció que la policía golpeaba a su mujer embarazada.(20)
Por otra parte, cuatro personas murieron
por balas en incidentes separados en julio y diciembre. A pesar de que
no se ha confeccionado una lista fidedigna de personas heridas por UMOPAR
o por otras policías por fuentes gubernamentales y no gubernamentales,
nuestros investigadores obtuvieron información sobre más
de una docena de casos de pobladores que recibieron serias heridas de bala,
algunas de las cuales requirieron cirugía mayor, incluyendo la amputación
de una pierna. El número de heridos de menor gravedad puede ser
mucho más alto.(21)
Las muertes han sido el tema de informes
internos de UMOPAR y han sido investigadas por la Policía Técnica
Judicial (PTJ), la policía responsable de llevar a cabo investigaciones
criminales.(22) Nuestros estudios indican
que estas investigaciones han sido superficiales, muy limitadas, y descuidadas.
Se han llegado a conclusiones que no son fundamentadas con pruebas. Lagunas
y contradicciones en la evidencia no han sido tratadas. Testigos -policías
y civiles- no han sido identificados ni interrogados. (De hecho, el único
organismo oficial que ha hecho un esfuerzo concertado de identificar y
entrevistar testigos es la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
de Diputados, pero sólo ha informado sobre dos de los casos bajo
consideración.) Los informes formales enviados por altos oficiales
de la policía ofrecen una reseña de los enfrentamientos,
pero contienen pocos hechos concretos que puedan esclarecer cómo
ocurrieron las muertes. Ni los informes de UMOPAR ni las investigaciones
de la PTJ reflejan un esfuerzo por recopilar la información necesaria
para evaluar si las muertes ocurrieron como resultado del uso legítimo
de fuerza letal.
Bajo los principios establecidos
de derechos humanos para las fuerzas de orden, la policía sólo
puede usar la fuerza razonablemente necesaria para evitar un delito o para
llevar a cabo una detención. La fuerza desproporcionada al objetivo
fijado está prohibida. El uso de armas de fuego contra personas
debe estar únicamente restringido a la defensa propia, o la defensa
de otros ante la amenaza inminente de muerte o lesiones graves o para llevar
a cabo la detención de personas que presentan tal peligro. El uso
intencional de armas mortales está permitido solo cuando es inevitable
para proteger vidas.(23)
Nuestra investigación, y el
número y tipo de muertes y heridas a bala, sugieren que las propias
pautas de UMOPAR para el uso de armas y los principios internacionales
de proporcionalidad no siempre son observados.(24)
A pesar de que las multitudes presentaban algún riesgo para la policía,
el peligro era esencialmente de piedras. El uso de armas militares de asalto
como el M-16 es preocupante; el potencial de lesiones graves y muerte es
muy grande cuando ese tipo de armas es portada por policías que
están trabajando con altos niveles de tensión y con insuficiente
capacitación en el control de disturbios.(25)
De hecho, la evidencia sugiere que a veces las tropas de UMOPAR no se limitaron
a disparar tiros de advertencia, sino que dispararon sus armas indiscriminadamente
en contra de personas que no estaban usando fuerza mortal. También
hay bastante evidencia que algunos disparos fueron hechos directamente
a las multitudes bajo la cubierta de los disparos de advertencia. Además,
a pesar de que las reglas de UMOPAR prohíben disparar escopetas
con perdigones de goma desde una distancia menor de 15 metros, hubo pobladores
que denunciaron lesiones de perdigones.
Juan Ortiz Díaz
Juan Ortiz Díaz, 23, fue muerto
a bala el 8 de agosto en Ayopaya, Carrasco, durante un enfrentamiento entre
policías y cocaleros. El disparo mortal fue hecho por uno de los
policías que cubría a sus colegas que trataban de escapar
a pie, cruzando el río Ichoa, mientras eran perseguidos por una
multitud de cocaleros, incluyendo Ortiz, que supuestamente les tiraban
piedras.
De acuerdo a la policía, una
patrulla de ocho personas de UMOPAR, comandada por el Teniente Eduardo
Soliz Tordoya, le dieron un aventón a un campesino que les informó
sobre unas fosas de maceración en la Colonia Ayopaya y en la Colonia
6 de Agosto. Cuando llegaron al final del camino, dejaron el vehículo
y siguieron a pie con el informante. En el camino se encontraron con dos
campesinos, Basilio Gálvez y Silverio Canaviri, que despertaron
sospechas porque trataron de escaparse, y porque llevaban dinero en moneda
norteamericana. Le ordenaron a los dos que los acompañaran para
verificar su historia sobre el dinero. (De acuerdo al testimonio de Basilio
Gálvez a la Comisión de Derechos Humanos, la policía
lo detuvo cuando iba en camino a Entre Ríos en bicicleta a pagar
una deuda de tierras y le quitó US$1.100. Dijo que ese dinero era
compensación por la erradicación de plantas de coca.(26)
Asevera que la policía le cubrió la boca, le maltrató
y le pegó en las manos con una bayoneta).(27)
Al llegar al río Ichoa, la
patrulla se dividió en dos grupos de cuatro personas cada uno. Un
grupo se quedó custodiando a Basilio Gálvez, mientras que
el otro cruzó el río poco profundo a pie y siguieron con
Silverio Canaviri a Colonia Ayopaya. Ahí descubrieron la poza de
maceración, que quemaron, y decomisaron precursores químicos
y pasta base. Hicieron cinco detenciones inmediatamente y confiscaron una
escopeta calibre 12 que le pertenecía a Canaviri. En ese momento
la policía se vio rodeada por una multitud enardecida "armada con
machetes, piedras y cuchillos" que pedían la devolución del
dinero confiscado de Gálvez y Canaviri y de otro residente local.(28)
Superados en número, corrieron hacia el río con los campesinos
en persecución. Los cinco detenidos se escaparon durante la gresca.
De acuerdo al UMOPAR, cuando la policía llegó al banco del
río, sus colegas que habían permanecido al otro lado dispararon
al aire para asustar a la multitud. La policía cruzó el río
y los ocho huyeron del lugar de los hechos sin haberse percatado que una
de las balas que habían disparado había impactado y matado
a Juan Ortiz.
Nadie disputa el hecho de que la
bala que mató a Juan Ortiz fue disparada por un miembro de UMOPAR.
La policía asevera que la explicación más probable
es un rebote o una bala loca. Sin embargo, un testigo que dice haber visto
a la policía disparando en el momento en que Ortiz cayó y
afirma que vio a un policía disparar directamente a la víctima,
desde una distancia que calculamos en 110 a 190 metros. Basilio Gálvez,
quien estaba detenido por la policía que se había quedado
en el otro lado del río y que, por lo tanto, estaba cerca de la
policía que disparó los "tiros de advertencia al aire", declaró
a la Comisión de Derechos Humanos que vio al "teniente" (supuestamente
Soliz Tordoya) apuntar directamente en dirección de Ortiz y disparar.
Asevera que la policía vio qué pasó y que la persona
que disparó se asustó y dijo, "No han visto nada, carajos".
Gálvez repitió esta versión a nuestros investigadores.
La teoría planteada por UMOPAR
de un posible rebote de bala es improbable, considerando la topografía,
la ubicación de los participantes, y la naturaleza del arma. Aunque
UMOPAR obtuvo declaraciones de algunos de los policías que participaron
en el incidente, no llevaron a cabo una investigación prolija. Los
archivos de la investigación policial sobre el caso indican que
ninguno de los miembros de UMOPAR que dispararon, incluyendo al Teniente
Soliz, fueron interrogados después de sus declaraciones iniciales,
ni fueron requeridos para demostrar el ángulo en que dispararon.
Altos oficiales de UMOPAR nos declararon
que el Teniente Soliz fue subsiguientemente transferido fuera de la región,
a La Paz. En enero, el Ministerio de Justicia le informó a la Embajada
de los Estados Unidos que un tribunal de Cochabamba estaba investigando
al Teniente Soliz y tres miembros de su patrulla.(29)
Ramón Crespo Condori
Ramón Crespo Condori, un cocalero
de 25 años de Ayopaya, falleció de heridas a bala el 2 de
septiembre, 1995, durante un violento enfrentamiento entre cocaleros y
la policía en La Chancadora, Carrasco. Las responsables de la muerte
de Crespo no han sido identificados. La policía cree que un cocalero
es responsable; los pobladores afirman que Crespo fue muerto por la policía.
El caso de Crespo ejemplifica las dificultades inherentes a establecer
responsabilidad en casos de muertes y heridos en el Chapare, y la incapacidad
y renuencia de investigadores oficiales de superar tales dificultades.
De acuerdo a un informe oficial del
comandante de UMOPAR, el Coronel Luis Caballero, a las 4:30 a.m. dos compañías
de la Unidad Policial Ecológica, dos compañías de
UMOPAR y personal de DIRECO(30) y DINACO
llegaron a La Chancadora en una misión de erradicación. La
patrulla erradicó 6.431 metros cuadrados de coca inmadura y 1.132
metros cuadrados de semilleros de coca, confiscó una escopeta calibre
12 y efectuó 78 detenciones. A su retorno al camino principal, una
piedra quebró la ventana de un camión de UMOPAR, y la policía
observó a gente de la localidad agrupándose "con el evidente
objetivo de obstaculizar la operación policial". El comandante del
operativo pidió ayuda por radio, y el Mayor Meleán llegó
en helicóptero con dos patrullas, encontrándose con una enconada
batalla entre la policía y 1.000 campesinos "armados con piedras,
palos, machetes, dinamita y oras cosas". La multitud fue finalmente dispersada
con gases lacrimógenos y tiros de advertencia. Alrededor de las
3:30 p.m., la policía volvió a su base con tres de sus miembros
heridos -dos cortados por machetes y uno alcanzado por una piedra.(31)
Crespo fue alcanzado durante un enfrentamiento
entre un grupo de cocaleros y la policía que ocurrió en Colonia
Gualberto, en un pequeño sendero rodeado de arboles bananeros. De
acuerdo a testigos entrevistados por nuestros investigadores, en el momento
en que la bala lo alcanzó, Crespo estaba al frente de un grupo y
le estaba tirando piedras a la policía con honda. Aunque Ramón
Crespo fue alcanzado por una bala a no más de cincuenta metros de
la policía, la policía asegura que no se percató que
una persona había muerto.
Al día siguiente un médico
forense de Cochabamba realizó una autopsia en el cuerpo de Crespo,
presenciada por pobladores y miembros del sindicato local de cocaleros.
Encontró una herida de entrada de dos centímetros en el lado
derecho del abdomen: la bala había perforado los intestinos y había
cercenado varias arterias. No había herida de salida. Después
de trabajar por varias horas en condiciones primitivas sin agua, no pudo
ubicar la bala y, a medida que se acercaba la noche, pidió permiso
del fiscal y de los líderes campesinos de llevar el cadáver
a Cochabamba para sacarle una radiografía. Seis líderes campesinos
acompañaron el cuerpo de Crespo al hospital de Cochabamba y a las
3:30 de la mañana el médico finalmente localizó con
radiografía un fragmento de bala incrustado en la columna dorsal
que extrajo en la morgue en presencia de los líderes campesinos.(32)
Analistas balísticos de la policía concluyeron que el fragmento,
que pesaba 2.60 gramos, era parte de un perdigón de fabricación
casera, disparado por una escopeta del calibre 12 o 16.(33)
El informe policial concluyó que la muerte no había sido
causada por un arma de servicio de UMOPAR. De acuerdo a las conclusiones
forenses, la policía cree que Crespo fue muerto por un cocalero
armado. Sin embargo, que nosotros sepamos, no han llevado a cabo investigaciones
adicionales para apoyar su conclusión -o para identificar y llevar
a la justicia la persona responsable de la muerte de Crespo. Ningún
participante o testigo de los incidentes ha sido interrogado por investigadores
de la policía o por fiscales.
Los testigos entrevistados por nuestros
investigadores dudan de la versión de la policía. Dos testigos
afirman haber visto a la policía disparar en la dirección
de Crespo antes de que cayera. Un testigo, Severo Angulo, nos declaró
que Ramón Crespo estaba en un grupo de cinco personas encabezando
la multitud que enfrentaba la policía, que estaba a unas treinta
y dos metros de distancia. Crespo estaba usando una honda. Angulo estaba
diez metros más atrás. La policía estaba disparando
sus armas en ráfagas y Angulo vio a uno de ellos hincarse y apuntar
cuidadosamente "como si estuviera cazando". En ese momento Crespo se volteó
como si hubiera sentido un dolor, y se derrumbó entre dos árboles
de plátanos al borde del camino de piedra. Se levantó y caminó
tambaleándose unos quince metros hasta un campo de coca, donde se
desplomó otra vez.(34) Angulo se
le acercó. "Qué pasó, hermano?", le preguntó,
y Crespo le respondió, "Me dispararon aquí", mostrándole
el estómago donde se advertía un pequeño orificio
redondo, sin sangre. Angulo fue rodeado por UMOPAR. Intentó escapar,
pero la policía lo tiró al suelo y lo golpeo y pateo, luego
le ataron las manos y se lo llevaron, sangrando profusamente.
Otro testigo, David Quispe Condori,
21, que presenció el incidente en el sendero desde una distancia
de noventa metros, nos declaró que vio a un policía de uniforme
verde, del tipo que usa el GES o la Unidad Policial Ecológica y
no UMOPAR, que usa uniformes camuflados, hincarse y apuntar "con calma",
mientras que un colega disparaba una ráfaga de su arma automática.
Crespo de repente se volteó cuando el policía estaba apuntando.
Quispe se tiró al suelo para cubrirse, pero fue alcanzado por una
bala en la mano. Pocos momentos después se acerco al cuerpo de Crespo,
en la mitad del sendero. Crespo ya estaba muerto, y el lado de su cuerpo
y boca estaban llenos de barro.(35)
Ambos testigos entrevistados por
nuestros investigadores insistieron que los cocaleros no portaban escopetas
el día del enfrentamiento. Dado que Crespo estaba al frente de los
cocaleros, de cara a la policía, es poco probable que una bala disparada
por sus compañeros pudiera haber entrado a su cuerpo desde adelante
y haberse incrustado en su columna vertebral. Oficiales de UMOPAR niegan
haber usado escopetas, excepto para disparar balas de goma. El informe
del Coronel Caballero afirma que la policía había confiscado
una escopeta calibre 12 en algún momento durante el día,
pero no indica dónde fue incautada el arma, o si la policía
que enfrentó a Crespo la tenía. No sabemos de ninguna prueba
para determinar si el arma había sido disparada recientemente.
Roxana Janeth Veliz Vargas
Roxana Janeth Veliz Vargas, 13, falleció
el 15 de noviembre, 1995, después de ser alcanzada en el estómago
durante un disturbio en Shinahota, un pueblo en la carretera principal
entre Cochabamba y Santa Cruz. De acuerdo a la versión de UMOPAR,
ese día UMOPAR habia iniciado un operativo de "erradicación
automática" en Shinahota y había asumido el control del pueblo
para evitar disturbios. De acuerdo a los informes policiales, alrededor
de las 5:00 p.m. la policía que vigilaba el camino fue atacada por
alrededor de 3.000 miembros del sindicato, que se habían estado
reuniendo en un local, armados de hondas, palos y machetes. Sin embargo,
de acuerdo a lideres cocaleros, la violencia se produjo porque la policía
prohibió una reunión sindical y ocupó el local. Los
cocaleros entonces decidieron llevar a cabo una reunión electoral
para lanzar a sus candidatos a alcalde, pero la policía también
la prohibió.
La policía disparó
grandes cantidades de gas lacrimógeno pero fueron superados en número
a medida que llegaban más manifestantes. La policía se replegó
por el camino en ambas direcciones, y los manifestantes pusieron barricadas
con troncos de árboles, automóviles y neumáticos llameantes.
Llegaron más refuerzos de UMOPAR, y después de escaramuzas
de varias horas -durante las cuales la policía usó grandes
cantidades de gas lacrimógeno y balas de goma, y disparó
varias ráfagas de armas automáticas, lograron despejar el
camino.(36) La policía hizo una
veintena de detenciones, y nueve policías resultaron heridos, aparentemente
ninguno con heridas de bala. Por parte de los civiles, hubo seis heridos
de bala, el número mayor durante el año. Dos de los heridos
requirieron cirugía mayor: Pedro Franco Bustos, 21, fue alcanzado
en el estómago y debió practicársele una colostomía;
Felipa Mamami Martínez, 37, fue alcanzada en el muslo derecho por
una bala que le cortó la arteria femoral, que posteriormente significó
la amputación de la pierna.(37)
No pudimos obtener información
precisa sobre las circunstancias exactas de la muerte de Veliz. La rama
de Cochabamba de Defensa de los Niños Internacional informó
que Veliz se había caído de su bicicleta y fue alcanzada
en el estómago por una bala cuando se estaba levantando.(38)
No hemos podido confirmar esto o establecer si Veliz estaba enfrentando
a la policía cuando fue alcanzada.
Durante la autopsia, un fragmento
de bala fue extraído de su cuerpo, descrito como un "fragmento laminado
con una cubierta de aleación de plomo y cobre de un peso de dos
gramos", sin embargo los expertos balísticos del PTJ no pudieron
identificar el calibre del arma. En Cochabamba, altos oficiales policiales
del PTJ declararon a nuestros investigadores que la bala se fragmentó
antes de entrar en el cuerpo y que el fragmento era demasiado pequeño
para poder identificarlo.(39) La autopsia
no establece la distancia en que estaba Veliz del arma que disparó
la bala mortal. La evidencia sugiere, sin embargo, que a ella la mataron
fuerzas gubernamentales. No se informó de ningún policía
herido a bala ese día, ni se informó de ningún arma
confiscada de los manifestantes. Seis manifestantes fueron alcanzados por
balas y la policía, en sus informes sobre el incidente, reconoció
haber usado balas letales para hacer "disparos de advertencia". De acuerdo
a la Embajada de los Estados Unidos, la policía reconoce que una
de sus balas mató a la niña.(40)
Más allá de la autopsia
y la prueba balística no concluyente, no se ha hecho nada para investigar
las circunstancias en que murió Janeth Veliz. De hecho, el 9 de
enero, 1996, casi dos meses después de su muerte, el Dr. Gualberto
Villarroel Román, un funcionario de la oficina del fiscal, le envió
un memorándum al fiscal de distrito afirmando: "Ha quedado claramente
establecido que las investigaciones no fueron continuadas ya que el hecho
acaeció entre fuerzas de UMOPAR y campesinos,... Es, por lo tanto,
imposible determinar la responsabilidad del autor o de los autores".(41)
A pesar de que la responsabilidad
de la muerte de Janeth Veliz no ha sido establecida, el prefecto (la más
alta autoridad regional) de Cochabamba rápidamente exculpó
al gobierno regional de posible responsabilidad en una demanda civil por
daños. Antes de que Veliz hubiese sido incluso enterrada, el prefecto,
el Dr. Alberto Glasser Vargas, persuadió a su padre, Bernardo Veliz
Soria, y a la madre, Sebastiana Vargas, a firmar un acuerdo privado para
que renunciaran a su derecho de exigir daños. El acuerdo, redactado
rápidamente en papel no oficial, culpaba a la niña de haberse
metido en problemas, y los firmantes concurrieron que su muerte había
sido un "lamentable accidente", y expresaron su "completa y absoluta confianza"
en las investigaciones sobre su muerte, y renunciaron a cualquier derecho
a daños o compensación. A los padres se les otorgó
US$ 3.000 en "asistencia humanitaria", a cambio de firmar el documento.
En una entrevista con el matrimonio,
descubrimos que Bernardo Veliz tenía sólo unos pocos años
de educación básica y no podía leer como resultado
de una explosión de gas hace tres años, que lo había
dejado casi ciego. La esposa sólo habla Quechua y es analfabeta.
No tuvieron abogado que los asistiera y Veliz dijo que él estaba
"borracho de pena" en el momento que firmó el documento. "No era
favorable para mí. Me obligaron a firmarlo, y si inicio un juicio
me van a mandar a la cárcel".(42)
José Mejía Piso
José Mejía Piso, un
campesino de aproximadamente 60 años, fue muerto a bala por una
patrulla de UMOPAR cerca de San Gabriel el 18 de agosto, 1995. En un esfuerzo
por esclarecer las circunstancias de su muerte, nuestros investigadores
entrevistaron a pobladores de San Gabriel pero no pudo hablar con testigos
del incidente. También hemos estudiado los informes policiales pertinentes
y el informe de una investigación in situ llevada a cabo
por la Comisión de Derechos Humanos parlamentaria. De estas fuentes,
pareciera que la patrulla UMOPAR, que estaba presente en la zona para apoyar
la erradicación, provocó una violenta reacción de
los campesinos. Pobladores aseveran que la patrulla había golpeado
a los pobladores, incluyendo mujeres y niños, y robó y destruyó
propiedad. Los pobladores atacaron la patrulla con piedras y hondas, pero
fueron dispersados con gas lacrimógeno y balas de goma. De acuerdo
a la versión policial, José Mejía, actuando solo,
enfrentó a la policía con un viejo rifle Mauser. Hirió
al policía Edgar Paco Matías en la pierna con una bala y
le rozó el pecho con otra. De acuerdo a la declaración suministrada
a la Comisión de Derechos Humanos por el General Simón Sejas
Tordoya, el entonces Comandante de FELCN, UMOPAR persiguió a Mejía
mientras él se preparaba a disparar otra vez. Su rifle se trabó
y fue alcanzado por una ráfaga de balas de otro policía de
UMOPAR. El General Sejas no estaba presente en San Gabriel en el momento
del incidente, y no sabemos de dónde obtuvo esta versión.
El informe de la PTJ sobre el incidente, entregado el 8 de septiembre al
fiscal, no describe las circunstancias específicas de la muerte
de Mejía aunque nota, casi de paso, que ocurrió en un "fuego
cruzado". El informe sobre Mejía de la Comisión de Derechos
Humanos parlamentaria fue inconcluso, debido a la limitada evidencia disponible
cuando realizó su investigación dos días después
de la muerte de Mejía. Sin embargo, la Comisión temía
que Mejía pudiese haber sido muerto en represalia por haber disparado
contra UMOPAR.
La PTJ hizo una prueba de parafina
en las manos de Mejía con un resultado positivo de la mano derecha,
lo que es consistente con haber disparado un arma de fuego. También
establecieron que las balas que lo mataron habían sido disparadas
por un M-16. Nuestros investigadores poseen una copia de un certificado
médico escrito a mano que atestigua de la herida en la rodilla del
policía Matías, y una copia de su declaración, en
la que afirma que se había desmayado después de haber sido
herido y que no había visto como había muerto Mejía.
Matías fue el único testigo entrevistado por la PTJ. Ningún
otro testigo civil o policial ha sido identificado o interrogado. La distancia
a que fueron disparadas las balas no ha sido establecida, y parece no haber
existido ningún esfuerzo por identificar al policía que disparó
la bala fatal, o de establecer si Mejía en realidad falleció
en un intercambio de fuego. En resumen, nuestro estudio de los archivos
de la PTJ, tanto como el de los informes internos de UMOPAR sugieren que
no se ha manifestado ningún esfuerzo por parte de la policía
de recopilar evidencia pertinente a la interrogante de si el UMOPAR mató
a Mejía con un uso razonable de fuerza mortal.
Perdigones de Goma
Hasta donde sabemos, nadie ha intentado
catalogar las lesiones causadas por el uso masivo por parte de la policía
de perdigones de goma disparados con escopeta. El Coronel Caballero afirmó
a nuestros representantes que la policía tiene instrucciones de
evitar el uso de perdigones de goma a una distancia inferior a 15 metros,
ya que a una distancia menor los cartuchos pueden causar graves heridas.
Dos casos fueron denunciados a nuestros investigadores que constituyen
una clara violación de dichas pautas.
Dionisio Jamache Nina, miembro del
Sindicato de Cocaleros 12 de Mayo de San Gabriel, denunció haber
sido herido en la espalda dos veces, a una distancia de cinco metros, cuando
se escapaba de la policía durante un enfrentamiento sobre erradicación
el 18 de agosto, 1995. Presentaba una cicatriz en su espalda de aproximadamente
cuatro centímetros, y afirmó que a causa de la lesión
fue hospitalizado en una clínica de Cochabamba.(43)
Angelina Encinas declaró a
nuestros investigadores que en el mismo enfrentamiento, su madre, Victoria
Campos, fue alcanzada por perdigones en el brazo derecho, pecho, pierna
derecha sobre la rodilla, y clavícula. Campos había estado
lanzando piedras con honda a una patrulla de UMOPAR cuando fue capturado.
De acuerdo a Encinas, la policía le ordenó a Campos a mirar
hacia el cielo y le disparó a una distancia entre dos a tres metros.
Campos fue detenido por seis días en la base de Chimoré sin
atención médica.(44) Posteriormente,
obtuvo atención privadamente en una clínica en Shinahota,
donde un médico le extirpó los perdigones de la piel.
La policía recurrió
repetidamente al uso de agentes químicos para el control de disturbios,
especialmente gas CN y CS, para sofocar disturbios civiles y superar la
resistencia organizada a las operaciones antinarcóticos en el Chapare.(45)
Durante nuestra gira de cinco días vimos un gran número de
granadas, cartuchos, y proyectiles de gas lacrimógeno gastados,
de distintas formas y tamaños, que residentes locales habían
acumulado en meses previos recientes.(46)
Uno de los principios fundamentales de la conducta policial es que el uso
de armas no letales, como el gas lacrimógeno, deben ser cuidadosamente
controlado para minimizar el riesgo a personas que no están involucradas. Este principio no fue observado en el Chapare.
Cuando nuestros investigadores preguntaron
al Coronel Luis Caballero sobre las pautas de UMOPAR pertinentes al uso
de gas lacrimógeno, afirmó que el uso de gas CS y CN dentro
de casas o cerca de hospitales o colegios estaba estrictamente prohibido.(47)
No obstante, encontramos evidencia que los gases lacrimógenos fueron
utilizados de una manera que exponía innecesariamente peligros a
la salud a pobladores, especialmente bebés y niños. Los pobladores
aseveran, por ejemplo, que la policía disparó gas lacrimógeno
directamente hacia adentro de casas, sin ningún otro fin evidente
fuera de obligar a la gente a salir; en un caso cartuchos de gas lacrimógeno
impactaron a una escuela; cartuchos de gas también cayeron en una
clínica de salud pública donde varias personas graves recibían
atención. Personas que viven cerca de donde habían ocurrido
disturbios se quejaron de los persistentes efectos del gas lacrimógeno
en niños de poca edad. Un bebé de seis meses falleció
durante un disturbio, aparentemente asfixiado después de una prolongada
inhalación de gas en su hogar. Los efectos nocivos del gas lacrimógeno
en estas ocasiones fueron exacerbados al ser usados por muchas horas en
zonas densamente pobladas, en muchas casas de mala construcción
y abiertas a los elementos.
La utilidad del gas lacrimógeno
como un arma de control de disturbios es que puede disolver una multitud
agresiva y peligrosa incapacitando temporalmente a la gente sin causar
heridas permanentes. Sin embargo, el gas lacrimógeno no es inocuo,
y para evitar peligro es esencial que la policía esté capacitada
adecuada y responsablemente en su uso.(48)
Recientes estudios han identificado varios tipos de trauma asociados al
uso indebido del gas lacrimógeno, como las heridas penetrantes causadas
por la explosión de granadas y cartuchos de gas, quemaduras a la
piel con ampollas como resultados del contacto directo con el polvo de
gas, efectos respiratorios perdurables, y el aumento de abortos espontáneos
y muertos al nacer.(49) Muchas variables
pueden afectar la toxicidad del gas lacrimógeno. Fuera de los factores
atmosféricos y climáticos, dos factores son frecuentemente
recalcados en la literatura técnica: la concentración del
gas y la capacidad de los afectados de escaparse de sus efectos. El gas
utilizado en espacios cerrados es más concentrado y persistente
en cuanto a sus efectos y por lo tanto más peligroso,(50)
especialmente si se usa en casas donde hay bebés, ancianos o gente
incapacitada que no pueden salir afuera.(51)
De la misma manera, el gas lacrimógeno puede ser peligroso si se
usa en, o cerca de, escuelas y hospitales.
Los médicos del Hospital de
Niños y Maternidad San Martín de Porras (también conocido
como el Hospital Ibuelo), que han tratado numerosas víctimas en
el Chapare, recalcaron la mayor sensibilidad de los niños pequeños
expuestos al gas lacrimógeno debido a su efecto de reducir la cantidad
de oxigeno, especialmente en lugares cerrados. Aunque no descartaron los
efectos fisiológicos a largo plazo, dependiendo del tipo de gas
utilizado, consideraron que las secuelas sicológicas son más
serias. También nos declararon que dos mujeres en sus primeros tres
meses de embarazo habían tenido abortos espontáneos después
de los incidentes en Shinahota. No pudieron decir si los abortos espontáneos
fueron un efecto físico del gas o el resultado de estrés
emocional.(52)
Isarsama, 22-23 de abril, 1995
De acuerdo a Peter Richard Gutiérrez,
integrante del Comité Cívico en la aldea de Isarsama (población
400 familias), policía de UMOPAR y GES utilizaron gas lacrimógeno
en Isarsama en tres ocasiones el 22 y 23 de abril, 1995, disparando cartuchos
directamente hacia el interior de las casas, poniendo en peligro especialmente
a los niños. Un informe oficial de UMOPAR declara que el objetivo
del operativo en Isarsama fue mantener el camino principal entre Cochabamba
y Santa Cruz abierto después de informes que se planeaba un bloqueo
por parte de campesinos armados de "machetes y armas largas, tanto como
dinamita. Los informes de inteligencia indicaban que los vehículos
oficiales serían atacados y destruidos y que sus pasajeros serían
secuestrados".(53)
De acuerdo a los pobladores, después
de los rumores de que UMOPAR estaba tratando de aprovecharse del estado
de sitio en vigencia para llevar a cabo la erradicación forzada,
se realizó una reunión en la aldea a alrededor de las 2:00
p.m. el 22 de abril. La policía UMOPAR pensó que la gente
se estaba agrupando para una manifestación violenta y disparó
gas lacrimógeno en contra de la multitud. Los violentos enfrentamientos
duraron hora y media. Cuatro hombres fueron heridos por disparos, y los
que pudieron escaparon a los matorrales. En el suelo yacían niños
inconscientes como resultado del gas. A las 6:30 p.m. la policía
volvió y disparó gas directamente a las casas, a pesar de
que no había resistencia o violencia. Una vez más la gente
se dispersó y la policía se retiró alrededor de las
8:00 pm. Poco después la gente volvió a dormir. Alrededor
de las 4:30 a.m., la mañana siguiente, unos 450 efectivos de UMOPAR
y Policía Nacional regresaron en treinta vehículos, esta
vez con perros. Se comportaron con extrema violencia, introduciéndose
en tiendas, lanzando granadas de gas hacia dentro de las casas para obligar
a salir a los hombres. Por lo menos dos mujeres embarazadas fueron golpeadas;
un marido que intentó defender a su mujer con un machete, hiriendo
a un policía, fue acusado de intento de homicidio.(54)
Algunos de los pobladores entrevistados por nuestros investigadores son:
Ramiro Lazarte Gutiérrez,
14 años, vive con su tío y tía. Declaró que
la policía entro después de haber derribado la puerta. Tiraron
cartuchos de gas hacia adentro de la casa. Vio tres cartuchos: el gas era
gris, y los cartuchos plateados. Le causo quemazón a los ojos y
no podía respirar. Todos se escaparon de la casa hacia el campo.
Delia Espinoza de Figueroa, 23 años:
"Estábamos en mi casa en la tarde. Los niños estaban en la
calle. Los leos (abreviación de leopardo, el nombre con el cual
se conoce a UMOPAR) llegaron y entraron a la casa. 'Tú eres cocalera!'
dijeron. Patearon a mi marido y me insultaron cuando lo defendí.
Tiraron mucho gas dentro de la casa. Pedí ayuda a gritos, mis abuelos
ahora son muy viejos, y no pudieron hacer nada. 'Toma agua!' me gritó
mi marido. 'Saca a los niños de aquí antes de que se mueran!'
Mi marido se escapó al campo. El próximo día llevé
a los niños al hospital. Tengo tres niños, la niña
tenía tres años en ese momento, y los mellizos sólo
tres meses. Todos los niños se desmayaron. Yo pude revivir a los
niños poniéndoles orina bajo la nariz. Mi abuelo también
fue tratado en el hospital de Cochabamba".
Aunque el informe UMOPAR sobre Isarsama
menciona ochenta y siete personas detenidas por la policía y un
policía herido por arma blanca (presumiblemente en el incidente
del machete), el informe no se refiere a los gases lacrimógenos
y sus efectos sobre los pobladores.(56)
La Clínica de Shinahota
En el momento álgido del enfrentamiento
en Shinahota el 15 de noviembre (véase el caso de Roxana Veliz)
un cartucho de gas lacrimógeno fue disparado o tirado en la puerta
de una clínica de salud pública. A través de las puertas
abiertas nubes de gas penetraron la clínica donde nueve heridos,
tres de ellos en condición crítica de heridas a bala, muy
probablemente infligidas por la policía, estaban siendo atendidos.
Entrevistamos a cinco personas presentes: el Dr. Edgar Rodríguez
Antezana, el joven interno a cargo de la clínica; Flora Galarza
Burgos, enfermera; Quintín Vargas Calderón, líder
cocalero que ayudaba a pacientes, y que fue detenido en la clínica;
Bernardo Veliz Soria, padre de Janeth Veliz Vargas, que había fallecido
a las 5:00 p.m. de una herida a bala, y el Mayor Juan Meléan Arias,
vice-comandante de UMOPAR, que llegó a la clínica con una
ambulancia de UMOPAR para evacuar los casos de emergencia.
De acuerdo al Dr. Rodríguez,
los primeros pacientes fueron traídos aproximadamente a las 6:00
p.m. Uno de ellos, Felipa Mamani Martínez, de 37 años, sangraba
profusamente de una arteria cercenada y requirió atención
médica especializada.(57) El Dr.
Rodríguez salió de la clínica a buscar transporte
de emergencia para ella. Luego de mostrar sus credenciales y explicarle
la situación a un oficial de UMOPAR, volvió a la clínica
con un minibús. Pero antes de que los casos más serios pudieran
ser evacuados, el Dr. Rodríguez oyó una violenta explosión
en la puerta, y nubes de humo blanco penetraron en el edificio. Sintió
una intensa irritación en los ojos.(58)
Al mismo tiempo el médico escuchó una ráfaga de armas
automáticas en la calle, y se dio cuenta que la clínica había
sido rodeada por policías de UMOPAR y el Grupo Especial de Seguridad.
La policía entró a la clínica y rudamente obligó
a todos los no pacientes a salir, haciéndolos ponerse en el suelo
boca abajo El Dr. Rodríguez también fue amenazado. La policía
mantuvo a los detenidos bajo guardia alrededor de treinta minutos mientras
los pacientes eran evacuados en el minibús y llevados al hospital
local en Ibuelo. El Dr. Rodríguez afirma haber hablado con un alto
oficial a cargo del operativo (aparentemente el Mayor Meléan), que
parecía nervioso y que preguntó, "¿Qué hace
todo este gas aquí?"(59)
Quintín Vargas Calderón,
un líder cocalero, declaró a nuestros investigadores que
estaba en clínica ayudando con los heridos y que algunos de los
pacientes ya estaban en el minibús cuando el gas fue arrojado. Fue
arrestado entre las 7:30 y 8:00 p.m. Declaró que fue obligado a
acostarse boca abajo con los otros detenidos antes de ser llevado a la
base UMOPAR en Chimoré.(60)
Bernardo Veliz Soria afirmó
que el cartucho de gas fue arrojado mientras un gran número de personas
huía de la policía cerca del hospital. Aunque no salió
del hospital para mirar, escucho helicópteros y el ruido de persecuciones.
El cartucho impactó sobre algo pero no entró por la puerta
abierta. "Todo el mundo estaba llorando adentro. Antes de entrar los leos
gritaban 'Alto, carajos, salgan! Fuera, carajos!'" Veliz no vio a nadie
obligado a recostarse sobre el suelo. Dijo que los detenidos fueron llevados
directamente a un minibús que esperaba. No fue obligado a salir
sino que se le permitió quedarse con el cuerpo de su hija.(61)
De acuerdo al informe oficial del
Mayor Juan Meléan sobre los incidentes en Shinahota, "se contactó"
con el Dr. Rodríguez a alrededor de las 8:45 p.m., y el Dr. Rodríguez
le informó sobre la emergencia médica, y Meléan ordenó
que enviaran ambulancias y paramédicos de UMOPAR a la clínica,
donde evacuaron seis heridos al hospital de Ibuelo. "Una vez que la situación
estuvo bajo control, algunos de los agitadores que estaban fomentando la
violencia fueron identificados, y procedimos a detenerlos". Se nombran
19 detenidos. El informe no menciona la presencia de gas lacrimógeno
en la clínica o que algunos de los detenidos fueron arrestados en
la clínica. De hecho, da la impresión que los cabecillas
fueron identificados y detenidos después de los incidentes en la
clínica, mientras que los hechos descritos antes indican que la
policía entró a la clínica a buscarlos.(62)
Si este fuera el caso, es muy probable que el gas fue deliberadamente usado
para obligar a salir a los sospechosos del edificio, donde se estimó
que se estaban refugiando -una abierta violación de las pautas de
UMOPAR sobre el uso del gas que pudo haber puesto en peligro a personas
heridas. Cuando nuestros investigadores le plantearon el tema del gas lacrimógeno
al Mayor Meléan, este negó categóricamente que el
gas había penetrado en la clínica.(63)
En una reunión posterior le preguntamos si se acordaba haber comentado
sobre el gas en la clínica cuando entró a evacuar a los pacientes.
Dijo que no se podía acordar.(64)
No podemos descartar la posibilidad
de que el ataque con gas contra la clínica de debió simplemente
a un disparo descuidado durante la confusión. Sin embargo, el hecho
de que la policía estaba persiguiendo a los revoltosos en ese momento,
y que más tarde les ordenó a salir de la clínica y
rápidamente los detuvo, sugiere que el gas fue lanzado deliberadamente
a la puerta para obligarlos a salir del edificio. Esa acción es
una seria violación de las reglas básicas sobre el uso del
gas lacrimógeno. Hasta donde sabemos, UMOPAR nunca ha realizado
una investigación sobre el uso de gas lacrimógeno en Shinahota,
a pesar de que los incidentes recibieron gran cobertura en la prensa e
implican una seria violación de la reglas operacionales de UMOPAR.
Remberto García Agreda
Remberto García Agreda, un
bebé de seis meses, falleció durante la noche del 16 de noviembre,
aparentemente debido a la inhalación de gas lacrimógeno.
Varios miles de manifestantes habían ocupado un tramo de carretera
de aproximadamente cuatro kilómetros en Entre Ríos, con barricadas
y lanzandole piedras a la policía. Con la ayuda de bengalas de color
disparadas desde helicópteros, la policía respondió
durante horas con gases lacrimógenos, perdigones de goma, y disparos
al aire. La violencia duro desde alrededor de las 10:30 p.m. del 16 de
noviembre hasta las 2:30 a.m. el 17 de noviembre, cuando una violenta tormenta
desplazó a los manifestantes y a la policía del camino.(65)
La casa donde vivía Remberto García estaba muy cerca del
camino bloqueado. Como la mayoría de las casas en Entre Ríos
-en verdad, en todos los pueblos del Chapare- es una estructura de madera
liviana, construida toscamente, sin ventanas de vidrio. El gas de afuera
podía penetrar fácilmente. En la noche, cuando la mayoría
de las familias estaba en casa durmiendo, se podía prever que el
uso masivo y prolongado del gas lacrimógeno expondría a niños
y bebés a riesgos de salud.
La madre del bebé fallecido,
Flora Agreda, residente de Entre Ríos y madre de cinco niños,
declaró a nuestros investigadores: "Primero nos tiraron gas en la
calle, y después me refugié en la casa, pero nos dieron otra
vez. El bebé no podía respirar, estaba llorando, ni yo podía
aguantar, el gas era como ají. ¿Pero a qué otra parte
podíamos ir? También corrían las balas, y también
empezó la lluvia... arropé al niño, el no podía
aguantar, jadeaba, y no podía respirar. También estaba vomitando.
Debe haber sido alrededor de la 1:00 a.m... Puse a los niños a la
cama y también me sentí cansada. Dormí un poco y cuando
me levanté, el bebé estaba muerto. ¿Qué podía
hacer?"(66)
Víctor Hugo Canelas, secretario
nacional de Defensa Social de Bolivia, que visitó Entre Ríos
poco después de los incidentes, conversó con los padres y
donó dinero al padre para cubrir los costos del funeral del bebé.
El bebé fue sepultado en el cementerio local. Flora Agreda nos mostró
fotografías del funeral y de la tumba. No se efectuó autopsia,
por lo tanto no existe evidencia médica concluyente que los gases
lacrimógenos mataron al bebé. Sin embargo, no se ha ofrecido
ninguna otra explicación de la muerte.(67)
Cerca de la casa de Agreda está
la casa de Filomena Ticol de Mamami. Su hija Andreína, de un año
ocho meses, se desmayó por 20 minutos en su casa por efecto del
gas. La Sra. Ticol la revivió con un abanico y poniéndole
orina bajo la nariz.(68)
12.
Véase Human Rights Watch/Americas, "Bolivia: Violaciones a los Derechos
Humanos," p.15-16 para una descripción general de las características
paramilitares de UMOPAR.
13.
El uso de perdigones de goma era evidente por el montón de cartuchos
verdes disparados y que fueron recolectados por residentes del Chapare.
Fuimos informados por el Mayor Juan Meleán, vicecomandante de UMOPAR,
que los cartuchos verdes de escopeta contenían perdigones de goma,
mientras que los cartuchos rojos contienen perdigones de plomo o acero,
que son mortales, especialmente a corta distancia. No pudimos observar
cartuchos rojos disparados durante nuestra misión en el Chapare.
No logramos obtener una lista de las armas llevadas por otras dos agencias
policiales que participaron en el control de disturbios y operaciones de
erradicación en el Chapare en 1995, el GES y la Policía Ecológica,
aunque fuimos informados que el GES también usa escopetas con cartuchos
de perdigones de goma. La Policía Ecológica es una nueva
unidad de 260 funcionarios creada con el apoyo de los Estados Unidos para
asistir a la campaña gubernamental de erradicación llevando
a cabo la destrucción forzada de semilleros de coca y nuevas plantaciones.
De acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Policía
Ecológica destruyó 100.000 metros cuadrados de semilleros
y 45 hectáreas de nueva coca durante los primeros cuatro meses de
su fundación. (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement
Affairs, Department of State, International Narcotics Control Stategy
Report [Washington: marzo 1996], p.69.)
14.
Funcionarios gubernamentales y residentes, calculan el número de
campesinos involucrados en estos enfrentamientos entre 1.000 y 14.000.
Sin embargo, ninguno de los cálculos es confiable y hemos preferido
referirnos en este informe a "miles" de personas cuando se habla de multitudes,
sin tratar de ser más precisos.
15.
Los informes policiales ofrecen rutinariamente listas de armas supuestamente
usadas por los cocaleros, con poca evidencia que en cualquier incidente
se haya intentado identificar qué armas estuvieron presentes o usadas.
16.
Los informes de UMOPAR no identifican arma alguna confiscada durante enfrentamientos
con los cocaleros, a pesar de que enumeran escrupulosamente las armas confiscadas
durante misiones de interdicción de drogas, ej., cuando se descubren
pozas de maceración -en los cuales las hojas de coca y los agentes
químicos son mezclados y machacados con los pies para producir una
base o pasta base.
17.
Recibimos informes contradictorios en cuanto a la cantidad de residentes
del Chapare que poseían armas. La policía y un par de residentes
que entrevistamos aseveraron que las escopetas para la caza eran comunes.
Otros insistieron que las escopetas son escasas.
18.
Véase el caso de José Mejía, Sección IV. Las
listas de bajas de UMOPAR indican que diez agentes fueron heridos en 1995,
dos por disparos de armas de fuego (Edgar Paco Mejías, herido en
el muslo izquierdo por José Mejía Piso, y el Sargento Simón
Quisbeth Mamami, herido por un desconocido con una bala calibre .22 en
la pierna izquierda en Entre Ríos, el 17 de noviembre.) De los otros
ocho heridos, cuatro fueron seriamente lesionados por piedras, dos por
fragmentos de granada (incidente Aroma), uno por un machetazo, y otro con
una fractura en el cráneo no especificada. UMOPAR, Relación
Nominal de Policías de Umopar y U.P.E. fallecidos durante la gestión
1995 en la región del Chapare, documento sin fecha.
19.
De acuerdo a funcionarios gubernamentales, la manera usual en que los cocaleros
usan la dinamita es de tirar pequeños pedazos en el camino en frente
de la policía. No se trata de herir, sino de evitar el avance.
20.
Entrevista a Peter Richard Gutiérrez, integrante del Comité
Cívico, Isarsama, 18 de enero, 1995.
21.
Los informes policiales sobre incidentes de violencia no incluyen el número
de civiles heridos.
22.
No sabemos de ninguna investigación oficial sobre lesiones sin resultado
de muerte.
23.
Véase, por ejemplo, El Código de Conducta para Funcionarios
Encarcados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas 34/19 de diciembre 17, 1979; Principios
Básicos sobre el uso de Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios
Policiales, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre
la Prevención del Delito y el Tratamiento de Delicuentes, La Habana,
Cuba, Agosto 27 a Septiembre 7, 1990.
24.
En su investigación de estas muertes hablamos con altos funcionarios
de UMOPAR y la Policía Judicial Técnica, fiscales públicos
responsables de investigaciones policiales, médicos forenses, testigos
y familiares de las víctimas. También tuvimos acceso a informes
policiales oficiales, incluyendo el resultado de autopsias y de resultados
balísticos, y los informes de la Comisión de Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados. No pudimos entrevistar funcionarios del
Grupo Especial de Seguridad o la Policía Ecológica.
25.
La capacitación de UMOPAR se concentra en operaciones en la selva
y en acciones contra narcotraficantes. La capacitación rutinaria
previa que reciben los que ingresan a UMOPAR suministra instrucción
limitada sobre el control de disturbios.
26.
Basilio Gomez les mostró a nuestros investigadores recibos que documentaban
pagos por la erradicación de la coca. Fue pagado en bolivianos y
convirtió el dinero as dolares, una práctica común
en el Chapare.
27.
"Campesino asegura que teniente ametralló a cocalero muerto," Ultima
Hora, (La Paz, Bolivia), 10 de agosto de 1995.
28.
Memorándum del Sargento Dionisio Plata Huanca (UMOPAR) al Mayor
Juan Meléan Arias (Subcomandante de UMOPAR), 10 de agosto de 1995.
29.
Carta de René Blattman, Ministro de Justicia, a Joseph C. Heller,
Primer Secretario, Embajada de los Estados Unidos, fechada 18 de enero de
1996.
30.
DIRECO es la agencia gubernamental boliviana que monitorea la erradicación
de la coca y paga la compensación a los agricultores que erradican.
31.
Memorándum del Coronel Luis Caballero Tirado, comandante de UMOPAR,
al General Simón Sejas Tordoya, comandante de las Fuerzas Especiales
para la Lucha Contra el Narcotráfico, FELCN, 2 de septiembre de 1995.
32.
Entrevista con el Dr. Ricardo Mercado Mercado, Cochabamba, 22 de enero de
1996.
33.
La conclusión de la policía que la bala que mató a
Crespo era de fabricación casera es un detalle importante, porque
el uso de cartuchos de fabricación casera indicaría que probablemente
el arma pertenecía a un cocalero. Planteamos la pregunta si los
residentes del Chapare fabrican sus propios cartuchos en una reunión
el 22 de enero de 1996, al Coronel Julio Mejía, director del PTJ
de Cochabamba, y al Teniente General Cárdenas Méndez, director
de la división de homicidios del PTJ. Los oficiales nos dijeron
que los campesinos en el Chapare hacen sus propios cartuchos de escopeta
con materiales reciclados. Cartuchos comerciales usados son rellenados
con una carga, y los perdigones son fabricados derritiendo el plomo de
viejas baterías de automóviles que vacían sobre una
lámina perforada de aluminio, que dejan caer sobre un recipiente
de agua donde se enfría y se solidifica en esferas. Nicholas T.
Forbes, M.D., un patólogo forense consultado por nuestros investigadores,
afirmó que el fragmento no se parecía a ningún proyectil
de arma estriada y que a una distancia de 35 metros un cartucho del calibre
12 podría haber causado las heridas registradas en la autopsia.
(Comunicación escrita del Dr. Nicholas T. Forbes con Human Rights
Watch, 8 de febrero de 1996.)
34.
El director de la División de Homicidios del PTJ en Cochabamba también afirmó que Crespo no murió inmediatamente sino que caminó tambaleándose y que eventualmente falleció de una hemorragia interna. Entrevista con el Teniente General Cárdenas Mejía,
22 de enero de 1996.
35.
Informes del incidente que circularon después arguyen que Crespo
fue torturado por la policía, que le metió barro a la boca
antes de matarlo. Se dice que las fotografías del cuerpo muestran
que tenía la boca llena de barro. Nuestros investigadores no han
visto estas fotografías y no pudieron confirmar estas acusaciones
de tortura. Ni Angulo no Crespo vieron a la policía metiendole barro
a la boca de Crespo o golpeandolo. El Dr. Ricardo Mercado que llevo a cabo
la autopsia, nos dijo que no vio barro en la boca de Crespo. Es posible
que el barro en la cara fuese el resultado de que el cuerpo fue arrastrado
desde el campo de coca donde cayo Crespo, al sendero, donde Quispe se acerco
al cuerpo, una distancia de dieciocho metros.
36. Memorándum del Teniente Coronel Miguel Flores, comandante de la Policía Ecológica, y el Mayor Juan Meleán Arias, vicecomandante de UMOPAR, al Coronel Luis Caballero Tirado, Comandante de UMOPAR Chapare, 16 de noviembre y 23 de noviembre, respectivamente. Varias salvas de disparos son discernibles en un video de los hechos que vieron nuestros investigadores.
37. Entrevista con el Dr. Edgardo Rodríguez Antezana, Clínica de Salud Pública de Shinahota, 18 de enero de 1996.
38. Carta de Defensa de los Niños Internacional a Juan del Granado, Presidente, Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, 23 de noviembre de 1995.
39. Entrevista con el Coronel Julio Mejía, director del PTJ, y el Teniente General Cárdenas Méndez, director de la división de homicidios del PTJ, Cochabamba, 22 de enero de 1996.
40. Entrevista telefónica con Ken Keller, Primer Secretario, Embajada de los Estados Unidos, La Paz, 7 de marzo de 1996.
41.
Memorándum del Dr. Gualberto Villaroel Román, agente fiscal,
al Dr. Mario Montaño Pereira, fiscal del distrito, Cochabamba, 9
de enero de 1996.
42. Entrevista con Bernardo Veliz Soria y Sebastiana Vargas de Veliz, 18 de enero de 1996.
43. Entrevista con Dionisio Jamache Nina, Shinahota, 20 de enero de 1996.
44. Encinas no estaba presente durante el incidente, pero les declaró a nuestros investigadores lo que le había dicho su madre. El nombre de Victoria Campos está incluido en las listas de detención de UMOPAR de ese día.
45.
CS y CN son miembros de una familia de compuestos químicos que se
llaman "lacrimógenos", cuyos efectos son descritos como "intensa
irritación de los ojos que causan llanto y ceguera temporal, irritación
de las membranas mucosas de la nariz, tráquea o pulmones, causando
tos, irritación de la garganta y estómago, con la inducción
de vómitos y posiblemente diarrea, e irritación de la piel".
Aunque el CN todavía se usa en todas partes del mundo, muchos países
ahora prefieren el CS, porque sus efectos inmediatos son más fuertes,
causando "conjuntivitis instantánea, con blefaroespasmo (parpadeo
involuntario), quemazón y dolor". También se dice que causa
menos lesiones a largo plazo. Los efectos de ambos gases dependen de su
concentración. En grandes concentraciones CS puede producir la sensación
de sofocación acompañada de pánico, vómitos
y postración, y causa ampollas en la piel expuesta. Véase
Howard HU, M.P.H; Jonathan Fine, M.D., M.P.H; Karl Kelesy, M.D., M.O.H.;
Preston Reynolds, M.D., Ph.D; Bailus Walker, Ph.D, M.P.H, "Tear Gas --Harassing
Agent or Toxic Chemical Weapon?" Journal of the American Medical Association,
August 4, 1989, p. 660-63; Thompson S. Crockett, "Chemical Agents" (Washington,
D.C.: International Association of Chiefs of Police, 1968).
46.
UMOPAR está equipado de gas CN y CS en cartuchos, granadas y proyectiles,
y con granadas de humo de color y perdigones de goma. De acuerdo a oficiales
de UMOPAR, no están equipados de bastones de goma o de palo que
normalmente usa la policía. No pudimos obtener las cifras de la
cantidad de suministros para el control de turbas usados por UMOPAR en
1995. De acuerdo a la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos le suministró a la policía
antinarcóticos desde 1991: 1.168 granadas de gas CN entre septiembre
1991 y marzo 1993; 1.912 cartuchos de gas CN en noviembre 1992 y 3.296
en 1995. (Carta de Rodger D. Slaughter, Colonel, SF, U.S. Military Group,
La Paz, 21 de febrero de 1996.)
47. Entrevista, Chimoré, 21 de enero de 1996.
48.
" La seguridad es un término relativo cuando se usa en relación
a agentes de control de turbas de cualquier tipo, y siempre existe la posibilidad
de heridas y muerte bajo circunstancias inusuales o cuando los agentes
son empleados inadecuadamente. Garantías de parte de fuentes comerciales
o militares en relación a seguridad comparativa del CS no debieran
permitir que ofusque el hecho que como cualquier otro agente, el CS debe
utilizarse con discreción." (Crockett, "Chemical Agents", p. 10.)
49. Véase por ejemplo investigaciones sobre Corea en Howard Hu et al., "Tear Gas Harassing Agent or Toxic Chemical Weapon?", p. 661, y sobre Israel en Amnesty International, "Israel and the Occupied Territories: The Misuse of Tear Gas by Israeli Army Personnel in the Israeli Occupied Territories," AI Index MDE/15/26/88, (London) June 1988.
50.
La contaminación de CS es muy difícil de remover. "Cuando
se usa adentro, las partículas de CS se depositan en el piso, corredores,
techos, y mercadería o muebles donde permanecen por largos períodos
de tiempo. A no ser que se saquen, estas pequeñas partículas
son reactivadas y flotan en el aire, produciendo síntomas de CS,
cuando el aire en la zona contaminada es perturbado". (Crockett, "Chemical
Agents," p. 18). Residentes del Chapare a los cuales le habían tirado
gas a casas se quejaron que el olor persistió por días.
51. En su estudio de Israel y los Territorios Ocupados, Amnistía Internacional se refiere a la muerte de más de cuarenta palestinos en los cuales el gas fue un factor contribuyente. Cientos más fueron hospitalizados, como resultado de los efectos del gas. Amnistía determino que casi todas las víctimas "pertenecían a sectores de la población
especialmente vulnerables a la inhalación de gas: bebés,
los ancianos y enfermos, particularmente los que sufren de enfermedades
respiratorias". Amnesty International, "The Misuse of Tear Gas," p. 2.
52.
Entrevista con el Dr. Edwin Pinto, pediatra, Dra. Miriam Pardo, ginecóloga, y Dr. Ramiro Franco, médico general, Hospital San Martín
de Porras, Chipiri, 18 de enero de 1996.
53.
UMOPAR, Balance General 1995, página sin número. El
Mayor Juan Meléan, vice comandante de UMOPAR, le declaró
a nuestros investigadores que había habido un gran bloqueo del camino
en Isarsama el día de la acción policial y que los cocaleros
habían detenido en vehículo de las Naciones Unidas, quebrado
las ventanas, y golpeado al conductor. Entrevista, Chimoré, Bolivia,
19 de enero de 1996.
54.
Entrevista con Peter Richard Gutiérrez, Isarsama, 18 de enero de 1996.
55.
Entrevista con la Dra. Elizabeth Patiño, directora, Defensa de los
Niños Internacional: sección Cochabamba, Cochabamba, 22 de
enero de 1996.
56.
UMOPAR, Operaciones Antinarcóticos, p. 5.
57.
Como en el caso de Janeth Veliz Vargas, el prefecto de Cochabamba, Dr.
Alberto Glasser, intentó concertar un "contrato privado", que acordaba
pagarle los gastos médicos a cambio de una renuncia a la responsabilidad
civil y penal. Sin embargo, esta vez las negociaciones se quebraron porque
Mamani, asesorada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, un grupo
de promoción de derechos humanos no gubernamental, rechazó
la redacción del acuerdo. La versión original del acuerdo
estipulaba que Mamani "participó conjuntamento con otras personas
en acciones ilegales y criminales de enfrentar y chocar con unidades policiales...
desafortunadamente, causándole serias lesiones a su persona, al
ser víctima de balas de armas usadas por sus propios compañeros".
No conocemos ninguna determinación oficial en cuanto a la bala que
impactó a Mamani.
58.
El Dr. Rodríguez afirmó que el olor a gas persistió
hasta la mañana siguiente.
59.
Entrevista con Dr. Edgar Rodríguez Antezana, Shinahota, 18 de enero
de 1996. El Dr. Rodríguez nos informó que la policía
UMOPAR lanzó un proyectil de gas en el consultorio de un médico
particular, Dr. Osvaldo Mérida, mientras atendía a un paciente.
Supuestamente, Dr Mérida tuvo que evacuar al paciente, llevándolo
en sus espaldas. No pudimos confirmar este hecho.
60.
Entrevista con Quintín Vargas, Shinahota, 18 de enerode 1996. De
acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados, la policía arrestó a 20 personas durante los incidentes
en Shinahota, ocho de los cuales fueron detenidos en la clínica
mientras ayudaban a los heridos. Memorándum sin título por
la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El informe oficial de UMOPAR sobre el incidente enumera 19 detenidos.
61. Entrevista con Bernardo Veliz Soria, Shinahota, 18 de enero de 1996.
62.
Memorándum, con fecha del 23 de noviembrede 1996, del Mayor Juan
Meléan Arias al Coronel Luis Caballero Tirado.
63.
Entrevista con el Mayor Juan Meléan Arias, Chimoré, 19 de
enero de 1996.
64.
Entrevista con el Coronel Luis Caballero Tirado y el Mayor Juan Meléan
Arias, Chimoré, 21 de enero de 1996.
65.
Entrevista con residente de Entre Ríos, 18 de enero de 1996.
66.
Entrevista con Flora Agreda, Entre Ríos, 18 de enero de 1996.
67.
Funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos expresaron escepticismo
a nuestros investigadores sobre la causa de la muerte del bebé e,
incluso, sobre su existencia. No creemos, sin embargo, que los padres y
la comunidad conspiraron en la fabricación de un niño y su
fallecimiento, funeral y entierro.
68.
Entrevista con Filomena Ticol de Mamani, Entre Ríos, 18 de enero de
1996.
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