La Constitución de Marruecos de 2011 incorporó sólidas disposiciones de derechos humanos, pero estas reformas no se tradujeron en prácticas mejoradas, ni en la aprobación de leyes significativas de implementación o en la revisión de leyes represivas. En 2014, los marroquíes ejercieron su derecho a protestar pacíficamente en las calles pero, en algunas ocasiones, la policía continuó dispersándolos violentamente. Las leyes que penalizan los actos que puedan atentar contra el rey, la monarquía, el Islam o la soberanía que Marruecos defiende sobre el Sáhara Occidental limitaron los derechos a las libertades de expresión, asamblea y asociación pacíficas. Los tribunales siguieron condenando y encarcelando a los que se manifestaron en las calles y a los disidentes en juicios injustos. En una nota más positiva, Marruecos implementó reformas anunciadas en 2013 a sus políticas de inmigración, concediendo estatus legal temporal a cientos de refugiados y miles de otros extranjeros, la mayoría de ellos subsaharianos.
Libertad de expresión
Los medios de comunicación independientes impresos y en línea de Marruecos continúan investigando y criticando a los funcionarios gubernamentales y sus políticas, pero se enfrentan al enjuiciamiento y al acoso cuando cruzan ciertos límites. La ley de prensa contempla penas de prisión por la difusión “maliciosa” de “información falsa” que las autoridades consideren que pueda perturbar el orden público, o por el discurso que sea considerado difamatorio.
La televisión estatal marroquí ofrece cierto margen para el debate y el periodismo de investigación, pero deja poco espacio para la crítica directa al gobierno o al disenso sobre cuestiones fundamentales. Las autoridades continuaron su investigación por cargos de terrorismo de Ali Anouzla, director del sitio web de noticias independiente Lakome.com, por un artículo que describía y proporcionaba un enlace indirecto a un video militante de reclutamiento yihadista. En 2013, Anouzla pasó cinco semanas detenido tras la publicación del artículo.
El rapero Mouad Belghouat (“El-Haqed”), cuyas canciones denuncian la corrupción y los abusos policiales, pasó cuatro meses en prisión tras ser declarado culpable de agredir a agentes de la policía, en un juicio en el que el juez se negó a convocar los testigos de la defensa o a las supuestas víctimas. Las autoridades impidieron en febrero que una librería en Casablanca celebrara un evento para lanzar el nuevo álbum de canciones de El-Haqed. El rapero de 17 años Othmane Atiq (“Mr. Crazy”) cumplió una pena de prisión de tres meses por insultar a la policía e incitar al consumo de drogas en sus videos musicales que representan la vida de una juventud urbana descontenta.
Abdessamad Haydour, un estudiante, continuo cumpliendo una condena de tres años por insultar al rey, calificándolo como un “perro”, “un asesino” y “un dictador” en un video de YouTube. Un tribunal lo sentenció en febrero de 2012 en virtud de una disposición del Código Penal que criminaliza las “injurias al rey”.
Libertad de reunión
Las autoridades toleraron numerosas marchas y mítines para exigir reformas políticas y protestar contra acciones del gobierno, pero dispersaron por la fuerza algunas reuniones, agrediendo a los manifestantes. En el Sáhara Occidental, las autoridades prohibieron todas las reuniones públicas consideradas hostiles a la norma impugnada de Marruecos sobre ese territorio, desplegando una gran cantidad de policías que bloquearon el acceso a los lugares de las manifestaciones y, a menudo por la fuerza, dispersaron a los saharauis que pretendían reunirse.
El 6 de abril, la policía detuvo a 11 jóvenes en una marcha a favor de la reforma en Casablanca y los acusó de golpear e insultar a la policía. El 22 de mayo, un tribunal de primera instancia sentenció a nueve de ellos a penas de prisión de hasta un año y a dos a penas suspendidas, basándose en “confesiones” muy similares que según la policía habían redactado mientras estaban en prisión preventiva, aunque los acusados las repudiaron en la corte. El 17 de junio, el tribunal liberó provisionalmente a los nueve en espera del resultado de su juicio de apelación, que seguía en curso en el momento de esta redacción.
Libertad de asociación
Los funcionarios siguen impidiendo arbitrariamente a muchas asociaciones obtener el registro legal, aunque la Constitución de 2011 garantiza el derecho a formar una asociación. En mayo, las autoridades se negaron a registrar a Freedom Now, un nuevo grupo de libertad de expresión y le prohibieron celebrar una conferencia en el Colegio de Abogados de Rabat. A otras asociaciones también se les negó el registro legal, incluyendo asociaciones caritativas, culturales y educativas, cuyo liderazgo incluye a miembros de al-Adl wal-Ihsan (Justicia y Espiritualidad), un movimiento nacional que aboga por un Estado islámico y cuestiona la autoridad espiritual del rey.
En el Sáhara Occidental, las autoridades denegaron el reconocimiento legal a todas las organizaciones locales de derechos humanos, cuyo liderazgo apoya la independencia de ese territorio, incluso asociaciones que ganaron resoluciones administrativas judiciales que afirmaban que se les había denegado injustamente el reconocimiento.
Las autoridades también prohibieron decenas de actividades públicas y no públicas organizadas por asociaciones de derechos humanos legalmente reconocidas, como un campamento juvenil internacional que la sección nacional de Amnistía Internacional había organizado cada verano; y numerosas conferencias, sesiones de capacitación y actividades juveniles organizadas por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y sus secciones.
Entre abril y octubre, Marruecos expulsó al menos a 40 visitantes extranjeros del Sáhara Occidental. La mayoría de los afectados eran o europeos que apoyan la autodeterminación saharaui o periodistas independientes o investigadores que no habían coordinado su visita con las autoridades. Estas expulsiones, junto con la severa vigilancia a la que la policía marroquí sometió a los extranjeros que visitaron y se reunieron con activistas de los derechos saharauis, socavaron los esfuerzos de Marruecos para mostrar el Sáhara Occidental como un lugar abierto al escrutinio internacional.
Conducta policial, tortura y el sistema de justicia penal
Las reformas legales avanzaron lentamente. Una ley promulgada en septiembre faculta a la Corte Constitucional de bloquear propuestas legislativas si son contrarias a la nueva Constitución, incluidas sus disposiciones sobre derechos humanos. Un proyecto de ley que negaría la jurisdicción de los tribunales militares sobre los civiles está a la espera de aprobación parlamentaria.
Mientras tanto, los tribunales militares continuaron juzgando a civiles, incluyendo a Mbarek Daoudi, un activista saharaui detenido desde septiembre de 2013 por cargos de armamento. Otros 21 saharauis permanecieron en prisión cumpliendo largas condenas impuestas por un tribunal militar en 2013. Los hombres habían sido acusados en relación con la violencia que estalló el 8 de noviembre de 2010, cuando las autoridades desmantelaron el campamento de protesta de Gdeim Izik en el Sáhara Occidental. Once miembros de las fuerzas de seguridad murieron en los disturbios. El tribunal militar no investigó las denuncias de los acusados de que los agentes de la policía los habían torturado y obligado a firmar declaraciones falsas, y se basó en gran medida en estas declaraciones para dictar su veredicto de culpabilidad.
Los tribunales privaron del derecho a un juicio justo a los acusados en casos políticos y relacionados con temas de seguridad. Las autoridades continuaron encarcelando a cientos de presuntos militantes islamistas que detuvieron a raíz de los atentados de Casablanca de mayo de 2003. Muchos están cumpliendo condenas impuestas en juicios injustos tras varios meses de detención secreta, malos tratos y, en algunos casos, tortura. La policía ha arrestado a cientos más de presuntos militantes tras los nuevos ataques terroristas en 2007 y 2011. Los tribunales han condenado y encarcelado a muchos de ellos, acusados de pertenecer a una “red terrorista” o de estar preparándose para unirse a los militantes islamistas que combaten en Irak o en otros lugares. La ley antiterrorista de Marruecos de 2003 contiene una amplia definición de “terrorismo” y permite hasta 12 días de detención garde à vue (pre-condena).
Después de visitar Marruecos y el Sáhara Occidental en diciembre de 2013, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) concluyó: “El sistema judicial penal marroquí se basa en gran medida en las confesiones como la principal evidencia para apoyar la condena. Las quejas recibidas por el Grupo de Trabajo indican el uso de la tortura por parte de funcionarios estatales para obtener pruebas o confesiones durante el interrogatorio inicial... Los tribunales y los fiscales no cumplen con su obligación de iniciar una investigación ex officio siempre que haya motivos razonables para creer que una confesión se ha obtenido a través del uso de la tortura y los malos tratos”. El GTDA dijo que las autoridades le permitió visitar los lugares de detención que había solicitado, y entrevistarse en privado con los detenidos que habían elegido.
Los tribunales marroquíes siguen imponiendo la pena de muerte, pero las autoridades no han consumado ninguna ejecución desde principios de los años 90.
Aparentemente, las condiciones de reclusión son duras, en gran parte debido al hacinamiento, y agravadas por la tendencia de los jueces de ordenar la detención preventiva de los sospechosos. El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que instó al gobierno a expandir las penas alternativas, informó que la población penitenciaria había llegado a 72.000 prisioneros en 2013, el 42 por ciento de ellos en detención preventiva, con un promedio de 2 metros cuadrados por recluso. El CNDH es un organismo financiado por el Estado que rinde cuentas al rey.
El 12 de agosto, un tribunal condenó a la activista de ideología de izquierdas Wafae Charaf a servir un año en prisión y pagar una multa y daños y perjuicios por difamación e informar “falsamente” de un delito, después de que presentara una denuncia alegando que unos desconocidos la secuestraron y la torturaron tras una protesta de trabajadores que tuvo lugar en abril en Tánger. Un tribunal de apelaciones de esa ciudad duplicó, el 20 de octubre, su pena de prisión a dos años. Un tribunal de Casablanca condenó a un activista local a tres años de prisión, una multa y daños y perjuicios por los mismos cargos, después de que denunciara haber sido secuestrado y torturado por hombres desconocidos. Las sentencias en estos dos casos podrían tener un efecto disuasorio en las personas que deseen presentar denuncias de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Orientación sexual e identidad de género
Los tribunales marroquíes continuaron encarcelando a personas por comportamiento homosexual en virtud del artículo 489 del código penal, que prohíbe “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo”. Dos de seis hombres detenidos en Beni Mellal en abril y acusados en virtud de esta disposición fueron condenados a penas de prisión por este y otros delitos.
El 2 de octubre, un tribunal condenó a un turista británico y un amigo íntimo de Marruecos a cuatro meses de prisión por homosexualidad. Después de pasar tres semanas en la cárcel, los dos hombres fueron puestos en libertad pendiente de apelación.
Migrantes y refugiados
En 2014 se continuó ejecutando un plan de 2013 para reformar las políticas nacionales hacia los migrantes. La agencia para los refugiados de Marruecos concedió permisos de residencia renovables de un año a más de 500 refugiados reconocidos por el ACNUR. En el momento de redactarse este informe, Marruecos no había determinado el estatus que otorgaría a más de 1.300 sirios, que el ACNUR reconoce como refugiados. Marruecos también concedió permisos de residencia de un año renovables a miles de migrantes subsaharianos que no eran solicitantes de asilo, pero que cumplían con ciertos criterios. Sin embargo, las fuerzas de seguridad siguieron utilizando la fuerza excesiva contra los migrantes, especialmente aquellos, en su mayoría subsaharianos, que acampaban cerca de las vallas que separan Marruecos del enclave español de Melilla y los que las intentaban escalar por ellas (ver también el capítulo sobre España).
Derechos de la mujer y las niñas
La Constitución de 2011 garantiza la igualdad de las mujeres “al mismo tiempo que respeta las disposiciones de la Constitución, las leyes y las características permanentes del Reino”. En enero, el Parlamento retiró del artículo 475 del Código Penal una cláusula que, en efecto, permitía a algunos hombres evitar ser procesados por violar a una menor de edad si accedían a casarse con ésta. El código conserva otras disposiciones discriminatorias, incluido el artículo 490, que tipifica como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas no casadas, poniendo así a las víctimas de violación en riesgo de ser enjuiciadas si el violador acusado es absuelto.
El Código Familiar discrimina a las mujeres con respecto a la herencia y el derecho de los esposos a divorciarse unilateralmente de sus esposas. Las reformas al código en 2004 mejoraron los derechos de la mujer respecto al divorcio y la custodia de los hijos, y elevaron la edad para contraer matrimonio de 15 a 18 años. Sin embargo, los jueces rutinariamente permiten que las niñas se casen por debajo de esta edad. En septiembre de 2014, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación porque Marruecos no había adoptado una legislación que penalizara todas las formas de violencia doméstica, incluida la violación conyugal, aunque todo indica que la violencia contra las mujeres y las niñas en el hogar está generalizada.
Trabajadoras del hogar
A pesar de las leyes que prohíben que los menores de 15 años trabajen, se cree que miles de niños más jóvenes –sobre todo niñas—trabajan en el servicio doméstico. Según la ONU, organizaciones no gubernamentales y fuentes del Gobierno, el número de trabajadores infantiles del hogar ha disminuido en los últimos años, pero niñas de tan solo 8 años siguen trabajando en casas privadas hasta 12 horas al día por cantidades tan pequeñas como US$11 al mes. En algunos casos, los empleadores golpearon y abusaron verbalmente de las niñas, les negaron una educación y una alimentación adecuada. En enero de 2014, un tribunal de Agadir condenó a una empleadora a 20 años de prisión por la violencia que causó la muerte de un trabajador doméstico infantil en su puesto de trabajo. En septiembre de 2014, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación porque el gobierno no había tomado medidas eficaces para impedir que los niños desempeñen tareas doméstica peligrosas.
La ley laboral de Marruecos excluye a los trabajadores domésticos de sus protecciones, incluyendo un salario mínimo, límites a las horas de trabajo y un día de descanso semanal. En 2006, las autoridades presentaron un proyecto de ley para regular el trabajo doméstico y reforzar las prohibiciones existentes a los trabajadores domésticos de menos de 15 años. En el momento de escribirse este informe, el borrador había sido modificado pero no adoptado.
Principales actores internacionales
Francia, un aliado cercano y el principal socio comercial de Marruecos, se abstuvo de criticar públicamente las violaciones de derechos humanos en el reino. Marruecos suspendió sus acuerdos bilaterales de cooperación judicial con Francia en febrero después de un juez francés presentara citaciones a un comandante de la policía marroquí de visita en base a una denuncia de complicidad en la tortura. Estados Unidos también es un aliado cercano de Marruecos. El Secretario de Estado, John Kerry, visitó Rabat en abril para el “Diálogo Estratégico" bilateral, pero evitó cualquier mención pública de los problemas de derechos humanos.
En los últimos años, el gobierno ha concedido el acceso a varios mecanismos de derechos humanos de la ONU que tratan de visitar Marruecos y el Sáhara Occidental, incluido el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en diciembre de 2013 (véase más arriba). La entonces Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en visita oficial el 29 de mayo, señaló que Marruecos había dado “grandes pasos hacia la mejor promoción y protección de los derechos humanos”, pero citó varias áreas de preocupación, como la tortura, las restricciones a la libertad de expresión y la necesidad de aplicar leyes que garanticen los derechos establecidos en la Constitución de 2011.
Como en años anteriores, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó en abril el mandato de la fuerza de paz de la ONU en el Sáhara Occidental (MINURSO) sin ampliarlo para incluir el monitoreo de los derechos humanos, algo a lo que Marruecos se opone firmemente.