Eventos de 2011

A mediados de febrero, las autoridades de Bahréin hicieron uso de la fuerza letal para reprimir protestas pacíficas contra el gobierno y en defensa de la democracia, acabando con la vida de siete manifestantes e hiriendo a muchos más.

La represión se reanudó a mediados de marzo, cuando las tropas de Arabia Saudita entraron a Bahréin y las fuerzas militares y de seguridad bahreiníes lanzaron una campaña sistemática de represalias, arrestando a miles de manifestantes y personas que apoyaron las protestas. Las autoridades despidieron a cientos de empleados del sector público sospechosos de apoyar estas protestas. Grandes empresas privadas en las que el Estado tenía una participación sustancial tomaron medidas similares.

El uso por parte de las fuerzas de seguridad de balas de perdigones, balas de goma y gases lacrimógenos, así como munición real, causó la mayoría de las muertes y lesiones de manifestantes y transeúntes. Los ataques contra los manifestantes continuaron incluso después de que las autoridades levantaran formalmente el "estado de seguridad nacional", el 1 de junio. Al momento de escribir este informe, más de 40 personas habían muerto en relación con la represión de las protestas, entre ellas cuatro que fallecieron en abril en custodia por lesiones de tortura o falta de atención médica, y varios miembros de las fuerzas de seguridad.

Derecho de reunión

Durante la madrugada del 17 de febrero, miembros de las fuerzas de seguridad atacaron a manifestantes pacíficos en la Rotonda de la Perla en Manama, la capital. Muchos estaban durmiendo. El asalto se saldó con cuatro manifestantes muertos y cientos de heridos. El 18 de febrero, las fuerzas de seguridad y las Fuerzas de Defensa de Bahréin (FDB) dispararon munición real y balas de goma contra manifestantes pacíficos que marchaban hacia la Rotonda de la Perla, entonces ocupada por tanques de las FDB, vehículos blindados y unidades de la policía, acabando con la vida de Abd al-Ridha Bu Hameed.

El 19 de febrero, las autoridades ordenaron que las fuerzas de seguridad y militares se retiraran y los manifestantes volvieron a ocupar la Rotonda de la Perla. Durante cuatro semanas, los manifestantes ocuparon la Rotonda y otras áreas para expresar su oposición al gobierno y al mandato de la familia Al Khalifa. El príncipe heredero, Salma bin Hamad bin Isa Al Khalifa, apareció en televisión nacional y garantizó que los manifestantes tendrían la libertad para manifestarse en la Rotonda de la Perla sin ser arrestados o atacados por las fuerzas del gobierno.

El 16 de marzo —un día después de que el rey Hamad declarara el "estado de seguridad nacional", situación similar a un estado de excepción— las fuerzas militares y de seguridad despejaron por la fuerza la Rotonda de la Perla, el núcleo de las protestas contra el gobierno. El mismo día, las fuerzas gubernamentales dispersaron a manifestantes en pueblos fuera de Manama y rodearon el Complejo Médico Salmaniya, el hospital público más grande del país, impidiendo que los pacientes y el personal médico pudiera entrar o salir del hospital. Al menos seis personas murieron durante los enfrentamientos del 16 de marzo, entre ellos dos oficiales de la policía.

Después de levantar el estado de emergencia el 1 de junio, las autoridades permitieron que Al Wefaq, la asociación política opositora más grande, celebrara varias marchas, mismas que transcurrieron con tranquilidad, pero cuando los manifestantes llevaron a cabo mítines en las aldeas chiitas, los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad estallaron con regularidad. Al menos once manifestantes y transeúntes, entre ellos dos niños menores de 18 años, habían muerto como consecuencia de las lesiones sufridas durante las protestas entre el 1 de junio y la redacción de este informe.

Arrestos y detenciones arbitrarias

Desde mediados de marzo, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 1,600 personas que participaron o eran sospechosas de apoyar las manifestaciones contra el gobierno. Algunos de los detenidos y arrestados eran niños. En muchos casos, hombres armados enmascarados, algunos vestidos con uniforme y otros de civil, sacaron a la gente de sus hogares en redadas a primera hora de la mañana y los trasladaron a lugares desconocidos. Otros fueron detenidos en el trabajo o sacados de vehículos en los puestos de control. Las autoridades mantenían a la mayoría de los detenidos en régimen de incomunicación durante semanas, en algunos casos hasta meses. Los detenidos tenían poco o ningún contacto con abogados o familiares, excepto cuando eran presentados ante un tribunal militar especial.

Entre los detenidos que permanecieron en régimen de incomunicación había médicos, maestros, estudiantes, deportistas, un prominente abogado defensor y los líderes de las sociedades de la oposición política legalmente reconocidas. Ibrahim Sharif, un sunita que encabeza la Sociedad Nacional de Acción Democrática, de naturaleza laica, fue uno de los primeros arrestados en una redada la mañana del 17 de marzo. Matar Ibrahim Matar y Jawad Fairouz —que representaba a Al Wefaq, el mayor bloque de la oposición en el Parlamento antes de que sus miembros renunciaran en protesta en febrero— fueron detenidos el 2 de mayo. Las autoridades liberaron a Matar y Fairouz en agosto, pero aún enfrentan cargos relacionados con sus actividades políticas.

Hasta octubre, decenas permanecían en prisión preventiva, además de los más de 250 que fueron declarados culpables y condenados por tribunales militares especiales. El gobierno proporcionó poca información sobre el número de detenciones y por lo general dio explicaciones por ellas sólo cuando los detenidos habían sido acusados ​​ante tribunales militares especiales.

Tortura, malos tratos y abuso

En abril, cuatro personas murieron bajo custodia, al parecer como consecuencia de torturas y la falta de atención médica. El cuerpo de uno —Ali Isa Ibrahim Saqer, arrestado en relación con la muerte de dos agentes de policía— mostraba signos inequívocos de tortura en su cuerpo. El 28 de abril, la televisión de Bahréin emitió la supuesta confesión de Saqer en relación al juicio de sus co-acusados, aunque las autoridades habían notificado sobre la muerte de Saqer a su familia el 9 de abril.

Abdulhadi al-Khawaja, un destacado activista político y de derechos humanos, compareció ante un tribunal militar especial el 8 de mayo con fracturas faciales y lesiones en la cabeza, al parecer como resultado de fuertes golpes que sufrió cuando las autoridades lo detuvieron el 9 de abril. Otros co-acusados ​​también mostraban señales de posibles abusos o malos tratos. Desde mediados de febrero, decenas de detenidos liberados, entre ellos médicos, enfermeras y paramédicos detenidos en marzo y abril, han denunciado haber sido maltratados o torturados durante sus detenciones, a menudo para obligarles a hacer confesiones.

El 23 de febrero, las autoridades pusieron en libertad a 23 líderes y activistas de la oposición arrestados entre mediados de agosto y principios de septiembre de 2010 por presuntos delitos de terrorismo. Varios miembros del grupo describieron largas sesiones de interrogatorio durante las cuales siempre estuvieron con los ojos vendados y fueron sometidos a abusos físicos y psicológicos, algunos de los cuales constituyen tortura. El abuso incluía amenazas, humillaciones, aislamiento, golpes en la cabeza, el pecho y otras zonas sensibles, golpes en las plantas de los pies con palos o tubos, privación del sueño, denegación al acceso a sanitarios y descargas eléctricas. Algunos dijeron que fueron acosados o atacados sexualmente. Muchos de los acusados ​​han sido detenidos de nuevo desde entonces.

Las autoridades negaron todas las solicitudes de visitas a centros de detención por parte de organizaciones independientes humanitarias y de derechos humanos, así como a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Juicios injustos en tribunales militares especiales

El 15 de marzo, el rey Hamad estableció por decreto los tribunales militares especiales, llamados "Tribunales de Seguridad Nacional", para juzgar a manifestantes y sospechosos de apoyar las protestas callejeras. El comandante jefe de las FDB, el mariscal de campo Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, nombró al juez militar que preside el tribunal, junto con dos jueces civiles y el fiscal militar que llevó a cabo la persecución de los casos.

Desde marzo, las autoridades han juzgado a varios cientos de acusados ​​ante los tribunales militares y han condenado y sentenciado a más de 300 personas.

Entre aquellos que el tribunal militar especial condenó el 22 de junio a penas de prisión que variaron de cinco años a cadena perpetua, estaban Sharif al-Khawaja y otros 19 líderes de protestas, siete de los cuales fueron condenados en ausencia. Entre los cargos que se les imputaron se encontraban: pedir públicamente un cambio de gobierno, dirigir manifestaciones "ilegales", "difundir noticias falsas" o "dañar la reputación" del país. El expediente del juicio no cita ninguna evidencia que vincule a ninguno de los acusados ​​con actos de violencia u otros delitos penales reconocibles. El 28 de septiembre,  un tribunal de apelaciones ratificó sus condenas y sentencias.

El 28 de abril, el tribunal militar especial condenó a cuatro acusados a la pena de muerte y a otros tres a cadena perpetua por su supuesta implicación en el asesinato de dos agentes de policía. Dos de las sentencias de muerte fueron confirmadas por el Tribunal de Apelaciones de la Seguridad Nacional, mientras que las otras dos fueron cambiadas a cadena perpetua. El 29 de septiembre, el tribunal militar especial condenó a muerte a otro acusado por el presunto asesinato de un tercer policía.

Los abogados que defienden a acusados ante el tribunal militar especial tuvieron un acceso muy limitado a sus clientes y no pudieron preparar adecuadamente su defensa. En muchos casos, las condenas estaban basadas exclusivamente en pruebas secretas que proporcionaba la fiscalía militar, el testimonio de los interrogadores y las confesiones que los acusados ​​alegaron fueron coaccionadas.

Los tribunales militares especiales terminaron su operación el 7 de octubre, más de cuatro meses después de un decreto del 29 de junio del rey Hamad que supuestamente transfería todos los casos relacionados con la protesta a los tribunales civiles.

Los ataques contra médicos y demás personal de la salud

Desde el estallido de las protestas contra el gobierno a mediados de febrero, Human Rights Watch ha documentado las restricciones en el suministro de atención de emergencia en los puestos de salud temporales, el establecimiento de miembros de las fuerzas de seguridad en los hospitales y clínicas, arrestos y palizas de personas con lesiones relacionadas a las manifestaciones, y detenciones de médicos y demás personal de la salud que criticaron estas acciones.

El 17 de febrero, cuando irrumpió en la Rotonda de la Perla, la policía atacó una tienda de campaña de voluntarios médicos, golpeando y arrestando a enfermeras y médicos, así como a manifestantes. En respuesta a este ataque y a las acusaciones de que las autoridades impidieron la salida de las ambulancias para atender a los heridos, los manifestantes se reunieron enfrente de la unidad de emergencia del hospital de Salmaniya, con el apoyo de algunos miembros del personal de salud. Durante varias semanas, las inmediaciones del complejo se convirtieron en una plataforma para la organización de manifestaciones contra el gobierno, con carteles, tiendas de campaña, fotos de manifestantes heridos y discursos de los líderes de la oposición.

El 16 de marzo,  las FDB irrumpieron en el hospital Salmaniya y restringieron la entrada y salida del complejo. El personal del hospital y los manifestantes en tratamiento por lesiones sufridas durante las protestas fueron objeto de hostigamiento y palizas, que a veces escalaron al nivel de la tortura, así como de arrestos. Las fuerzas de seguridad también allanaron las instalaciones de atención médica en otros lugares, donde interrogaron y detuvieron al personal médico.

El 29 de septiembre, el tribunal militar especial condenó a 20 médicos y otros empleados sanitarios acusados ​​de delitos graves, incluyendo secuestro y almacenamiento de armas en el hospital Salmaniya, a penas de prisión de 5 a 15 años. La corte denegó un juicio justo a los médicos y demás personal sanitario apoyándose en pruebas viciadas o cuestionables, incluyendo confesiones forzadas, rumores y "pruebas secretas" presentadas por los interrogadores, que a menudo ejercían como los principales testigos de la fiscalía. Los jueces también impidieron que médicos y el demás personal de salud pudiera testificar en su propia defensa. Al momento de escribir este informe, un tribunal civil tenía programada una audiencia para el 28 de noviembre con el fin de escuchar la apelación de los médicos y el demás personal sanitario.

Otros veintiocho médicos y trabajadores de la salud enfrentaron cargos por delitos menores ante un tribunal civil.

Despidos sumarios en el trabajo y en las universidades

De acuerdo con la Federación General de Sindicatos de Bahréin, los ministerios y otros organismos oficiales, así como empresas privadas en las que el Estado tiene una participación sustancial, despidieron a más de 2,500 empleados durante el primer semestre del año.

En la mayoría de los casos, la razón aducida para el despido era la ausencia del trabajo durante e inmediatamente después de las protestas callejeras, pero los despidos parecen haber sido arbitrarios y llevados a cabo en violación de la legislación de Bahréin.

El 19 de abril, la Agencia de Noticias de Bahréin (ANB) informó que la Universidad de Bahréin había expulsado a 200 estudiantes, académicos y otros empleados en relación a las protestas y enfrentamientos de marzo en el campus. El 25 de mayo, de acuerdo con la ANB, el ministro de Educación, Majid al-Nuaimi, confirmó que algunos estudiantes en Bahréin y en el extranjero que participaron en las protestas contra el gobierno perdieron sus becas estatales. La Universidad de Bahréin requería que todos los estudiantes firmaran un compromiso de fidelidad a la familia real antes de que pudieran volver a inscribirse en la universidad cuando abrió de nuevo sus puertas a principios de mayo y otra vez en septiembre.

Derechos de la mujer

A diferencia de los sunitas, los chiitas carecen de una ley de estado civil que regule el matrimonio, el divorcio, la tutoría y la custodia de los hijos, o las herencias. Esos asuntos se dejan a la discreción del juez en los tribunales chiitas. El Código Penal no aborda adecuadamente la violencia contra las mujeres ya que no existen disposiciones detalladas sobre el acoso sexual o la violencia doméstica. La violación puede ser castigada con cadena perpetua, pero la violación por parte del cónyuge no se reconoce como un delito.

Los trabajadores inmigrantes

Más de 460,000 trabajadores inmigrantes, principalmente de Asia, trabajan en Bahréin con contratos temporales en la construcción, el trabajo doméstico y otros servicios. Los abusos como salarios no pagados, la confiscación de pasaportes, viviendas inseguras, exceso de horas de trabajo y el abuso físico son comunes. Una reforma de 2009 que permite a los trabajadores cambiar de trabajo con mayor libertad aún no se ha difundido ampliamente y no se aplica a los trabajadores domésticos, que también están excluidos de las protecciones laborales. Bahréin votó a favor de adoptar la Convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Doméstico, pero todavía no ha ratificado o aprobado un proyecto de ley nacional sobre el trabajo doméstico.

Actores internacionales clave

Tropas principalmente de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos entraron a Bahréin el 14 de marzo para apoyar al país en la represión contra las protestas mayoritariamente pacíficas.

Bahréin acoge la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, y Estados Unidos vende equipo militar a Bahréin, un "importante aliado fuera de la OTAN." Después de los ataques en febrero contra los manifestantes, el Reino Unido y Francia anunciaron que cancelarían las ventas militares y de seguridad, así como la asistencia a Bahréin. A su vez, Estados Unidos anunció dijo que "revisaría" dichas ventas. En septiembre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos notificó formalmente al Congreso sobre una propuesta para vender a las FDB US$53 millones en Humvees blindados y otros equipos, así como concederle a Bahréin US$15 millones en financiación militar extranjera.

El 18 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó por teléfono al rey Hamad, después de que las autoridades de Bahréin abrieran fuego contra los manifestantes y, según un comunicado de la Casa Blanca, el Presidente "reiteró su condena de la violencia ejercida contra manifestantes pacíficos". En un discurso pronunciado el 19 de mayo criticó "los arrestos en masa y la fuerza bruta" del gobierno. Sin embargo, en su mayor parte, los principales aliados occidentales de Bahréin —Estados Unidos, la Unión Europea y sus Estados miembros— no se expresaron públicamente sobre las graves violaciones a los derechos humanos de Bahréin, lo cual contrasta drásticamente con sus declaraciones públicas sobre otros gobiernos involucrados en abusos similares en la región. Tampoco tomaron ninguna iniciativa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El 29 de junio, el rey Hamad emitió un decreto que establecía la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (CIIB), encabezada por M. Cherif Bassiouni y otros cuatro expertos de derechos humanos de reconocimiento internacional. El mandato de la comisión es investigar "los hechos ocurridos en Bahréin entre febrero y marzo de 2011, y las consecuencias derivadas de los eventos antes mencionados". La comisión tenía programado publicar sus hallazgos el 23 de noviembre.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Secretario General de la ONU acogieron con satisfacción el establecimiento de la CIIB. El Gobierno de Estados Unidos ha dicho que esperará la publicación del informe final de la comisión y la respuesta del gobierno para tomar una decisión sobre la propuesta de venta de armas por US$53 millones.

Después de la ola de represión de marzo, el gobierno ha restringido fuertemente el acceso al país de periodistas independientes y organizaciones de derechos internacionales, entre las que se encuentra Human Rights Watch.