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En 2010, Rusia demostró mayor apertura a la cooperación internacional en materia de derechos humanos, pero el clima general de derechos humanos en el país se mantuvo intensamente negativo. Los compromisos retóricos del presidente Dmitry Medvedev con los derechos humanos y el Estado de derecho no se han traducido en medidas concretas de apoyo a la sociedad civil. En el año 2010 se vivieron nuevos ataques contra defensores de los derechos humanos y los responsables de los asesinatos flagrantes cometidos el año anterior siguieron sin castigo.

Sociedad civil

A pesar de las reiteradas declaraciones del Kremlin acerca de la importancia de una condiciones normales de trabajo para las ONG, los defensores de los derechos humanos siguen expuestos al hostigamiento y los ataques, y los que intentan poner fin a la impunidad en el Cáucaso del Norte corren especial peligro.

En septiembre, Oleg Orlov, presidente del Centro Memorial de Derechos Humanos , fue juzgado por difamación, un delito que acarrea una pena de hasta tres años de prisión. Los cargos están relacionados con la declaración de Orlov afirmando que Ramzan Kadyrov, el líder de Chechenia, era el responsable político del asesinato de julio de 2009 de Natalia Estemirova, destacada investigadora de Memorial en Chechenia. Todavía no ha exigido responsabilidades a nadie por el asesinato de Estemirova. No está claro si la investigación ha examinado la posible participación o complicidad oficial en el crimen.

Memorial reanudó sus actividades en Chechenia a finales de 2009, tras una suspensión de seis meses después de la muerte de Estemirova y las amenazas contra su personal. Doce organizaciones de derechos humanos rusas, encabezadas por el Comité Nizhny Novgorod contra la Tortura, establecieron grupos móviles que trabajaron por turnos en Chechenia a lo largo de 2010. Los grupos ayudan a Memorial en las investigaciones de violaciones de los derechos humanos en la República y ofrecen asistencia legal a las víctimas.

En una reunión de mayo de 2010 con las ONG que trabajan en el Cáucaso del Norte, el presidente Medvedev instó a las autoridades locales a cooperar con las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, Kadyrov y otros altos funcionarios chechenos continuaron haciendo declaraciones amenazantes acerca de las organizaciones de derechos humanos. En una entrevista televisada en julio, Kadyrov describió a los defensores de los derechos humanos y los activistas de Memorial como "enemigos del Estado, enemigos del pueblo y enemigos de la ley". El Kremlin no hizo nada al respecto.

Los activistas pro derechos humanos de la República de Daguestán, especialmente las Madres de Daguestán por los Derechos Humanos, siguieron recibiendo amenazas. En junio de 2010, la abogada de derechos humanos Sapiyat Magomedova fue golpeada severamente por la policía en la ciudad de Khasavyurt. Los presuntos responsables no han rendido cuentas a pesar de que fueron identificados.

Los defensores de derechos humanos que trabajan en otras regiones también se enfrentaron al acoso y los ataques. En febrero de 2010, Vadim Karastelev, un defensor de los derechos humanos de la ciudad portuaria de Novorossiisk, pasó siete días en detención administrativa por organizar una manifestación no autorizada de apoyo a Aleksei Dymovsky, un ex agente de policía cuyo vídeo publicado en YouTube expuso la corrupción policial y atrajo la atención de todo el país.  Al día siguiente de su liberación, atacantes desconocidos golpearon brutalmente a Karastelev provocándole heridas graves.

En respuesta a la indignación pública por la violencia policial y la anarquía, el Gobierno se comprometió a emprender importantes reformas. Sin embargo, el proyecto de ley de la policía propuesto en 2010 no llega a cubrir las medidas necesarias para prevenir lo mejor posible las violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y garantizar la supervisión civil de la labor policial.

En mayo de 2010, un tribunal de la región de Sverdlovsk condenó en un juicio injusto a Alexei Sokolov, un defensor de los derechos de los presos de Ekaterinburgo, a cinco años de prisión por cargos penales espurios. Los cargos se formularon aparentemente en represalia por su trabajo de denuncia del abuso policial y en las cárceles.

A lo largo de 2010, la policía continuó disolviendo, a veces con violencia, los mítines públicos organizados en grandes ciudades el día 31 de cada mes para promover el artículo 31 de la Constitución, que garantiza la libertad de asamblea. El año 2010 se inició con la detención de Ludmilia Alexeeva, destacada defensora rusa de los derechos humanos, que entonces tenía 82 años, en un mitin organizado en Moscú el día de Nochevieja. El destacado activista Lev Ponomarev fue detenido administrativamente en dos ocasiones en 2010 por participar en mítines.

No obstante, también se produjo un avance en el otoño de 2010, cuando las autoridades permitieron la organización de un mitin el 31 de octubre en el que participaron al menos un millar de manifestantes pacíficos en la Plaza Triumfalnaya del centro de Moscú. Este acontecimiento constituye una gran victoria para el movimiento ruso de la sociedad civil y sus simpatizantes internacionales. Cabe señalar que las autoridades permitieron este mitin justo después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictará una dura sentencia en contra de Moscú en el caso Alexeev contra Rusia, afirmando que las autoridades rusas habían denegado reiteradamente a los activistas el derecho a organizar marchas del orgullo gay, lo que constituía una violación del derecho a la libertad de asamblea.

En junio, un tribunal moscovita halló culpables de incitar la hostilidad religiosa a Yuri Samodurov y Andrei Erofeev, coorganizadores de la muestra de Arte Prohibido-2006. El tribunal dictaminó que las obras de arte expuestas contenían imágenes ofensivas para los cristianos, e impuso multas a Samodurov y Erofeev de 200,000 rublos (US$6.452) y 150,000 rublos ($4.839), respectivamente.

Las ONG y los medios de comunicación siguen expuestos a la vaguedad de la legislación contra el extremismo, que las autoridades usan para silenciar a sus críticos. En julio de 2010, se adoptaron nuevas disposiciones legales sobre el Servicio de Seguridad Federal (SSF) que permiten a este organismo emitir advertencias a personas, organizaciones y medios de comunicación. En las advertencias se exige a las personas u organizaciones que cesen las actividades que el SSF considere que son o podrían resultar extremistas. En septiembre de 2010, la fiscalía de Moscú puso en marcha un conjunto sin precedentes de investigaciones intrusivas de las ONG que reciben financiamiento extranjero.

El Cáucaso del Norte

La insurgencia islamista de las repúblicas del Cáucaso del Norte se mantuvo activa en 2010. En la lucha contra ella, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de seguridad continuaron cometiendo graves violaciones de los derechos humanos fundamentales, como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

El uso de métodos ilegales para combatir la insurgencia, combinado con la impunidad desmedida por los abusos, genera antagonismo entre la población de Chechenia, Ingusetia y Daguestán, y amplia el distanciamiento entre el público y el Gobierno. El 29 de marzo, por primera vez desde 2004, se cometió un gran atentado en la capital de Rusia. Dos terroristas suicidas de Daguestán hicieron estallar las bombas que portaban en el metro de Moscú durante la hora punta de la mañana, matando a 40 personas e hiriendo a docenas más.

A pesar de que su capacidad de seguimiento está seriamente limitada por cuestiones de seguridad, las organizaciones de derechos humanos continuaron documentando secuestros y ejecuciones extrajudiciales en 2010.

El Gobierno checheno ha adoptado descaradamente una política de castigos colectivos. En 2010, altos funcionarios chechenos, entre ellos el presidente, declararon públicamente que las familias de los insurgentes deberían prepararse para el castigo si sus familiares no se entregaban a las autoridades.  Aunque no llegaron a ordenar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que destruyeran las casas de las familias de insurgentes y aplicaran otros castigos colectivos, este tipo de declaraciones fomentan actuaciones ilegales del personal policial y de seguridad.

Las violaciones de los derechos de la mujer en Chechenia se intensificaron en 2010. Las mujeres que no llevan pañuelos en la cabeza son hostigadas en la calle. Las autoridades locales condonaron inequívocamente que se disparara con balas de pintura contra las mujeres que no portaran el pañuelo, lo que provocó la hospitalización de al menos una de ellas en junio. En una entrevista de televisión en julio, Kadyrov dijo que las mujeres merecían dicho trato por no vestirse adecuadamente. Las autoridades chechenas han prohibido a las mujeres que no se cubren la cabeza trabajar en el sector público o asistir a las escuelas o las universidades.

En la República de Ingusetia, a pesar del compromiso declarado del presidente Yunus-Bek Yevkurov de defender el Estado de derecho y mejorar el clima de trabajo para las ONG de derechos humanos, los organismos encargados de hacen cumplir la ley y de seguridad continúan cometiendo secuestros, torturas y asesinatos. Según Memorial, entre enero y septiembre de 2010, 12 civiles fueron secuestrados, 3 fueron victimas de desapariciones forzadas y 11 fueron ejecutados extrajudicialmente.

En el año 2010 se produjeron nuevos ataques insurgentes en Daguestán y nuevos secuestros de residentes por parte de funcionarios de la ley y de seguridad. El nombramiento de Magomedsalam Magomedov como nuevo presidente de la República a principios de 2010 no ha tenido ningún impacto manifiesto sobre la situación de derechos humanos y de seguridad en Daguestán.

Los musulmanes salafistas están especialmente expuestos a la persecución en Daguestán, porque las autoridades sospechan que están vinculados a la insurgencia. En mayo, siete hombres salafistas fueron arbitrariamente detenidos y severamente golpeados por funcionarios de policía del distrito de Kazbekovsky; uno de ellos murió como consecuencia de las heridas. La tortura policial es endémica y va más allá de los métodos ilegales de lucha contra la insurgencia. En julio, la policía detuvo en el pueblo de Khotoba a un muchacho de 14 años sospechoso de robo, al que golpearon duramente causándole heridas graves y la pérdida de la audición en un oído.

Cooperación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En enero de 2010, tras un retraso de años, Rusia ratificó el Protocolo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, convirtiéndose en el último país miembro del Consejo de Europa (CdE) que lo ha ratificado. El Protocolo 14 optimiza el proceso de revisión de casos en el seno del TEDH y fortalece los mecanismos de aplicación de las decisiones del Comité de Ministros del CdE.

Hasta la fecha, el TEDH ha dictado más de 150 sentencias en las que responsabiliza a Rusia de graves violaciones de los derechos humanos en Chechenia. Rusia continúa pagando a las víctimas las indemnizaciones monetarias impuestas, pero no implementa significativamente los aspectos fundamentales de las sentencias, en concreto la puesta en marcha de investigaciones eficaces y la exigencia de cuentas a los responsables. Las autoridades rusas tampoco han adoptado medidas suficientes para prevenir la recurrencia de abusos similares y cada año se presentan nuevas denuncias ante el TEDH. La falta de cumplimiento de todos los aspectos de las sentencias deniega la justicia a las víctimas y fomenta un clima de impunidad en Chechenia.

Falta de rendición de cuentas por violaciones de las leyes de la guerra

Más de dos años después del conflicto entre Rusia y Georgia por Osetia del Sur, las autoridades rusas todavía no han garantizado una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas por las violaciones al derecho internacional humanitario y de derechos humanos por parte de sus tropas.

Las fuerzas rusas usaron bombas de racimo en áreas habitadas por civiles en Georgia, lo que provocó muertos y heridos entre la población  civil. Rusia también lanzó ataques indiscriminados con cohetes contra zonas civiles, causando el mismo tipo de daños. Las tropas rusas en Georgia no protegieron a los civiles en áreas bajo su control efectivo, a la vez que impidieron que las fuerzas georgianas patrullaran dichas zonas.

Cuestiones relacionadas con la salud y VIH/SIDA

En 2010, el Gobierno ruso continuó violando los derechos de cientos de miles de consumidores de drogas, a los que se negó el acceso a un tratamiento eficaz y la prevención del VIH. La decisión de 2009 del Gobierno de retirar el financiamiento de los servicios de prevención del VIH provocó el cierre de 42 centros de salud en agosto de 2010. Otra serie de centros operan gracias a la extensión de una donación del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, pero estos programas también corren el riesgo de ser cerrados.  La oposición del Gobierno al tratamiento de la adicción a las drogas mediante metadona y buprenorfina expone a los consumidores de drogas por vía intravenosa a un grave riesgo de contagio del VIH. Las leyes innecesariamente restrictivas sobre narcóticos limitan indebidamente el acceso a morfina para los pacientes que padecen dolor a causa del cáncer, el VIH/SIDA y otras enfermedades, lo que condena a muchos de ellos a un grave sufrimiento.                                                                                                          

Derechos de los trabajadores migrantes

Rusia tiene entre cuatro y nueve millones de trabajadores migrantes, más del 80 por ciento procedentes de la región de la antigua Unión Soviética. El 40 por ciento de los trabajadores migrantes trabajan en la construcción, donde se enfrentan a abusos que incluyen la confiscación de sus pasaportes, la negación de contratos, el impago o el retraso en el pago de sus salarios y la inseguridad de las condiciones laborales. Los trabajadores migrantes cuentas con muy pocas opciones eficaces de resarcimiento. Los cambios legislativos adoptados en mayo hacen que los trabajadores extranjeros dependan aún más de sus empleadores y pueden disuadir a un empleado de dejar de trabajar para un empleador abusivo. Otros cambios legislativos introdujeron un sistema para la simplificación del trabajo legal de personas empleadas por particulares  en labores como niñeras, contratistas u otros trabajos no comerciales.

Con el fin de completar los proyectos de construcción a gran escala necesarios para que Rusia acoja los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, los empleadores están contratando a gran número de trabajadores migrantes de otras regiones de Rusia y otros países. Algunos trabajadores han denunciado que los empleadores no les ofrecen contratos, no les pagan o retrasan mucho el pago de sus salarios y les suministran viviendas que no cumplen los requisitos de habitabilidad. 

Expropiación de propiedades y desalojos con antelación a los Juegos Olímpicos de 2014

Con el fin de dejar sitio a las sedes de los Juegos Olímpicos de 2014, cientos de familias residentes en Sochi, en el distrito de Adler, perderán sus propiedades a través de expropiaciones oficiales. Algunas también perderán sus medios de vida, como pequeños hoteles y granjas. Aunque, en la mayoría de los casos, el Gobierno regional ha prometido indemnizarles, siguen existiendo graves preocupaciones acerca de los montos y los procedimientos para dichas compensaciones, y los mecanismos para recurrir las medidas oficiales.

Actores internacionales

En 2010, Rusia demostró cierta mejora en su cooperación en materia de derechos humanos, pero sus socios internacionales no hicieron lo suficiente para fomentar la reforma de los derechos humanos.

En febrero, después de dos años de estancamiento de las negociaciones, Rusia permitió que una delegación del Parlamento británico realizara una visita de investigación en Chechenia.

En marzo, Dick Marty, relator sobre la situación de los derechos humanos en el Cáucaso del Norte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), realizó una visita largamente esperada a Chechenia, Ingusetia y Daguestán. El informe crítico de Marty acerca de la falta de remedios legales para las víctimas de violaciones de los derechos humanos fue adoptado por unanimidad en la sesión de junio de la APCE, lo que supuso la primera vez que la delegación rusa votaba a favor de un informe crítico sobre el Cáucaso del Norte.

La Unión Europea (UE) celebró dos rondas de consultas sobre derechos humanos con Rusia. Aunque las consultas constituyen un foro importante para las discusiones de trabajo sobre derechos humanos, la falta de mecanismos de seguimiento, el aislamiento de reuniones políticas de alto nivel y la ausencia de participación de altos funcionarios rusos debilitan su eficacia. La UE continuó las negociaciones sobre su Acuerdo de Asociación y Cooperación con Rusia, cuyo vigencia concluyó en 2007.

Estados Unidos y Rusia pusieron en marcha un grupo de trabajo sobre la sociedad civil para que representantes de los respectivos gobiernos y expertos en la sociedad civil analizaran cuestiones temáticas en ambos países. En enero, el grupo de trabajo se reunió en Washington, DC para ocuparse de la corrupción y los derechos del niño. Se volvió a reunir en mayo en la ciudad rusa de Vladimir para discutir la reforma penitenciaria y la migración. Estos encuentros, aunque ofrecen una buena plataforma para la discusión, no han tenido ningún resultado práctico hasta la fecha.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional continuó su examen preliminar del conflicto armado de 2008 entre Rusia y Georgia por el control de Osetia del Sur, y envió delegaciones a Rusia en marzo de 2010 y a Georgia en junio del mismo año para obtener información adicional acerca de los remedios y los procedimientos nacionales.