Eventos de 2010

Los ciudadanos estadounidenses disfrutan de toda una serie de libertades civiles y cuentan con un sólido sistema de tribunales federales y estatales independientes, pero las fallas constantes, notablemente en los sistemas de justicia penal e inmigración, así como en la legislación y las políticas antiterroristas, manchan su historial de derechos humanos. Aunque el gobierno de Obama se ha comprometido a abordar muchas de estas preocupaciones, el progreso ha sido lento, e incluso inexistente en algunas áreas.

En 2010, se produjeron acontecimientos positivos, como una sentencia de la Corte Suprema que abole la condena de menores de edad a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por delitos distintos del homicidio, una nueva ley que promete reducir las disparidades raciales en las condenas por delitos relacionados con la cocaína y una ley de reforma de la sanidad que podría ofrecer un seguro de salud a los alrededor de 32 millones de estadounidenses que carecen de él.

En noviembre de 2010, se analizaron todas estas cuestiones en el primer examen periódico universal de Estados Unidos (EE. UU.) en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que forma parte de un proceso más amplio en el que el Consejo examina la situación de derechos humanos en los 192 países miembros de la ONU.

Sanciones penales extremas

El número de estados de Estados Unidos que imponen la pena de muerte se mantuvo en 35 en 2010. Al momento de escribir este informe, se había ejecutado a 45 personas en EE. UU. durante el 2010, en comparación con las 52 ejecutadas en 2009.

Hay 2,574 delincuentes juveniles (personas menores de 18 años en el momento de la comisión del delito) cumpliendo condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en prisiones estadounidenses. No se conoce ningún caso de delincuentes juveniles que estén cumpliendo este tipo de condena en ninguna otra parte del mundo. En una sentencia histórica dictada en junio de 2010, en el caso Graham contra Florida, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que no se puede imponer este tipo de pena a los delincuentes juveniles condenados por delitos distintos del homicidio. Aunque esta sentencia constituyó un avance significativo, la mayoría de los delincuentes juveniles que cumplen esta pena habían sido condenados por homicidio y no resultaron afectados por la sentencia.

Condiciones penitenciarias

En junio de 2009, Estados Unidos seguía contando con la población carcelaria más numerosa (2,297,400 reclusos, lo que suponía una disminución del 0.5% desde diciembre de 2008) y la tasa de encarcelamiento per cápita más alta (748 reclusos por cada 100,000 habitantes) del mundo. 17 meses después de que la Comisión Nacional para la Eliminación de la Violación en las Prisiones entregara sus recomendaciones al Departamento de Justicia, el fiscal general Eric Holder no había promulgado todavía las normas finales para la eliminación de la violación en las prisiones. Mientras tanto, la violencia sexual sigue siendo habitual en las prisiones estadounidenses. En agosto de 2010, la Oficina de Estadísticas Judiciales (BJS) informó que 88,500 reclusos de prisiones y cárceles habían experimentado algún tipo de victimización sexual entre octubre de 2008 y diciembre de 2009. Según un estudio estipulado por la Ley para la Eliminación de la Violación en las Prisiones y analizado por la BJS, se estima que el 12 por ciento de los menores de edad recluidos en centros juveniles denunciaron que habían sido víctimas de abuso sexual.

Hubo avances con respecto al tratamiento de las mujeres en las prisiones de Estados Unidos. En agosto, en cumplimiento de una orden judicial, el Departamento de Prisiones de Washington empezó a abordar la mala conducta sexual de su personal contra mujeres reclusas, lo que incluyó la modernización de los procedimientos de queja e investigación, la instalación de cámaras de vigilancia adicionales y el aumento de la capacitación. El número de estados que restringen la aplicación de grilletes a reclusas embarazadas pasó de seis a diez: Colorado, Washington, Pensilvania y West Virginia se sumaron a Nueva York, Illinois, California, Texas, Vermont y Nuevo México. Pero también se produjeron acontecimientos muy inquietantes: en Colorado, por ejemplo, las mujeres reclusas fueron sometidas a registros degradantes, habituales y no justificados en los que los guardias las obligaron a abrir sus labios vaginales para inspeccionarlas.

En enero de 2010, entró en vigor una ley en California destinada a reducir la población carcelaria mediante medidas tales como conceder más reducciones de condena por buena conducta o no enviar a prisión a ciertos infractores de las condiciones de la libertad condicional. No obstante, California ha recurrido ante la Corte Suprema de EE. UU. una orden de un tribunal federal que exige al estado reducir su población carcelaria para poder ofrecer tratamiento médico y psicológico acorde con la Constitución a los presos.

A pesar del gran número de presos en Estados Unidos con historiales de consumo y adicción a las drogas, estos disponen muy pocas veces de tratamiento para la drogodependencia basado en evidencias.  La prevalencia del VIH y la hepatitis entre los presos es significativamente superior a la registrada entre la población no encarcelada, sin embargo, los programas que han demostrado reducir el contagio, como la disponibilidad de condones y el intercambio de jeringuillas, siguen siendo escasos. El informe de 2010 de Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Sentenced to Stigma (Condenados al estigma), documentó el perjuicio para los presos y sus familias causado por las políticas penitenciarias que ordenan pruebas de VIH, violan la confidencialidad y promueven el estigma y la discriminación.

Las duras condiciones en las prisiones estadounidenses se vieron expuestas de nuevo en julio, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos suspendió temporalmente la extradición de cuatro sospechosos de terrorismo del Reino Unido a Estados Unidos, debido a preocupaciones de que su prolongado encarcelamiento en una prisión estadounidense de "supermáxima" seguridad pudiera violar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe "la tortura o... el trato o las penas inhumanas o degradantes".

Disparidades raciales en el sistema de justicia penal

Gran parte de los encarcelamientos corresponde desproporcionadamente a miembros de minorías raciales o étnicas, una disparidad que no se puede atribuir solamente a las diferencias en la conducta delictiva: la tasa de encarcelamiento de los hombres negros no hispanos es seis veces mayor que la de los hombres blancos no hispanos y 2.6 veces superior a la de los hombres hispanos. Uno de cada diez hombres negros de 25 a 29 años estaban en la prisión o la cárcel en 2009; en el caso de los hombres hispanos, la cifra era de 1 por cada 25; y 1 por cada 64 en el caso de los hombres blancos.

En agosto de 2010, el presidente Barack Obama firmó la Ley de Sentencias Justas, que altera la estrategia histórica del Gobierno federal de sancionar más duramente los delitos relacionados con el crack que los relacionados con la cocaína, lo que ha provocado disparidades raciales en las sentencias. Aunque se trata de un gesto simbólicamente importante, la ley ayuda muy poco a resolver las abrumadoras disparidades raciales en la aplicación de leyes de la lucha contra las drogas: los negros constituyen el 33.6 por ciento de los arrestados, el 44 por ciento de los condenados por delitos relacionados con las drogas en tribunales estatales y el 37 por ciento de las personas que cumplen condena en prisiones estatales por delitos relacionados con las drogas. Esto a pesar de que los negros no constituyen más que el 13 por ciento de la población estadounidense y el nivel de comisión de delitos relacionados con las drogas por negros y blancos es equivalente.

Los derechos de los no ciudadanos

En Estados Unidos viven 38 millones de personas que no son ciudadanas del país, de las cuales aproximadamente 12 millones son indocumentadas. En 2009, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. tenía recluidos a entre 380,000 y 442,000 no ciudadanos en alrededor de 300 centros de detención, con un costo anual de US$1,700 millones.

En mayo de 2010, aparecieron informaciones de que el ICE estaba investigando las alegaciones de que una guardia de un centro de detención de inmigrantes de Texas había atacado sexualmente a varias reclusas. Esta fue la última de una serie de denuncias de ataques sexuales, abusos y episodios de acoso que han salido a la luz pública desde la creación del ICE en 2003.

En un informe de julio, Deportación por defecto, Human Rights Watch documentó los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad mental sometidas a procesos migratorios, lo que incluye la falta de salvaguardias legales y numerosos casos de prolongación de la detención.

El ICE hizo algunas propuestas interesantes en 2010 para abordar mejor los casos de abuso sexual en los centros de detención de inmigrantes y el maltrato a los detenidos con discapacidad mental, pero pocas de ellas se habían implementado cuando se escribió este informe.

A finales de 2009, Human Rights Watch informó del problema de los numerosos traslados entre los centros de detención migratoria de todo Estados Unidos. Entre 1999 y 2008 se produjeron más de 1.4 millones de traslados de detenidos, lo que interfiere con su derecho a tener acceso a un abogado, testigos y presentación de pruebas. En julio de 2010, el ICE anunció la puesta en marcha de un sistema de localización de detenidos en red, lo que supuso una reforma importante, sin embargo, el Congreso no adoptado ninguna medida para controlar la expansión de la autoridad del ICE para efectuar traslados y el ICE no promulgó la política prometida para reducir dichos traslados.

El ICE también sigue contando con amplia autoridad para realizar deportaciones. En junio, el subsecretario de Justicia, John Morton, expresó por escrito su deseo de priorizar la deportación de "criminales peligrosos que no son ciudadanos" de Estados Unidos. Si esto se hiciera realidad, conllevaría una reforma importante, ya que la mayoría de las deportaciones han sido por delitos no violentos o menores; pero las posibilidades de que cambiaran las prácticas del ICE seguían sin estar claras al momento de escribir este informe.

Según las cifras publicadas en 2010 por Center for Constitutional Rights y otras organizaciones, el 79 por ciento de las deportaciones dentro del programa de "Comunidades Seguras" del ICE fueron por delitos no violentos y menores. El propio análisis de Human Rights Watch de los datos oficiales demuestra que tres cuartas partes de los no ciudadanos deportados entre 1997 y 2007 habían cometido delitos no violentos o menores. En virtud de las leyes draconianas aprobadas en 1996, en muchos casos de deportación, los jueces no tienen discreción alguna para permitir que los inmigrantes condenados por dichos delitos menores permanezcan en EE. UU., independientemente de que su presencia en el país sea legal, tengan conyugues o hijos ciudadanos estadounidenses, sus contribuciones a la economía o su servicio en las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Las iniciativas parlamentarias para reformar el sistema de inmigración siguieron estancadas. No se aprobó ningún proyecto de ley de reforma de la inmigración en el Congreso, ni siquiera el Proyecto de Ley DREAM, cuyo objetivo es ayudar a los niños inmigrantes que han crecido en Estados Unidos, introducido originalmente en 2001. El sistema actual ha generado un conjunto masivo de personas en la clandestinidad que llevan muchos años viviendo en situación irregular en Estados Unidos.  Según el Pew Hispanic Center, 5.9 millones de las personas indocumentadas (53 por ciento del total de indocumentadas) han vivido en Estados Unidos más de 10 años, y 1.4 millones han vivido en el país más de 20 años. Un informe de Human Rights Watch de julio de 2010, Tough, Fair, and Practical (Resistente, justo y práctico), describe cómo se violan principios fundamentales de derechos humanos por el hecho de que los legisladores no reformen las leyes de inmigración de Estados Unidos.

Ciertos estados del país continuaron proponiendo leyes problemáticas sobre inmigración en 2010. Una ley de Arizona, SB 1070, autorizó a la policía a interrogar a cualquier persona de la que sospechen razonablemente que carece de documentos migratorios. En julio, un tribunal federal bloqueó la aplicación de las disposiciones más controvertidas de la SB 1070, entre ellas los interrogatorios basados en "sospechas razonables", sobre la base de que las leyes federales de inmigración tienen preeminencia sobre la legislación de Arizona y que la ley tendría consecuencias negativas intolerables sobre los extranjeros que se encuentran legalmente en el país. La decisión del tribunal ha sido apelada.

Derechos de los trabajadores

Los trabajadores estadounidenses continuaron enfrentando  severos obstáculos para la formación de sindicatos y la afiliación a ellos, y el Gobierno de EE. UU. está incumpliendo su obligación internacional de proteger el ejercicio de sus derechos. Human Rights Watch apoyó el Proyecto de Ley de Libertad de Elección de los Empleados, una propuesta legislativa modesta para reducir algunos de estos obstáculos, pero una amenaza de obstrucción en el Senado ha bloqueado su aprobación durante dos años.

El informe de Human Rights Watch de septiembre de 2010, A Strange Case (Un caso extraño), se ocupó de las violaciones de los derechos de organización y negociación colectiva de los trabajadores estadounidenses empleados en compañías multinacionales europeas que operan en Estados Unidos. Las empresas europeas que afirman cumplir con las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y otras leyes de derechos humanos violan con demasiada frecuencia estas normas en sus operaciones en Estados Unidos, donde las leyes laborales permiten protecciones inferiores en cuestiones esenciales.

Un informe de Human Rights Watch de mayo de 2010, En tierras peligrosas, analizó las condiciones de trabajo a las que se enfrentan los cientos de miles de niños que trabajan en la industria agrícola de Estados Unidos. La Ley de Normas Laborales Justas de 1938 exime específicamente a los niños trabajadores agrícolas de los requisitos de edad mínima y jornada laboral máxima aplicables a todos los demás niños trabajadores, lo que los expone a trabajar cuando son muchos más jóvenes, durante muchas más horas y en condiciones mucho más peligrosas. Las salvaguardias federales existentes no suelen aplicarse, y varía el grado de exigencia y aplicación de las leyes estatales sobre trabajo infantil. Como consecuencia, los trabajadores agrícolas menores de edad, la mayoría de ellos latinos, suelen trabajar diez o más horas diarias y corren el riesgo de intoxicación por pesticidas, enfermedades producidas por el calor, lesiones y discapacidades permanentes. Muchos abandonan la escuela y, en ocasiones, las niñas son víctimas de acoso sexual.

Política sanitaria

En marzo de 2010, el presidente Obama firmó la Ley de Protección del Paciente y Atención Sanitaria Asequible, que ofrecerá seguro de salud a alrededor de 32 millones de estadounidenses que carecían de él. Sin embargo, se prevé que las restricciones de la ley sobre la manera en que las compañías de seguro pueden ofrecer cobertura para abortos impidan el acceso a este tipo de intervención.

En julio de 2010, el gobierno de Obama puso en marcha la primera Estrategia Nacional sobre el Sida de Estados Unidos. Las infecciones de VIH en Estados Unidos continuaron creciendo a un ritmo alarmante, especialmente entre las comunidades minoritarias; y muchos estados siguen menoscabando tanto los derechos humanos como la salud pública con restricciones a la educación sexual para basarla exclusivamente en la abstinencia, protecciones legales inadecuadas para las personas con VIH, renuencia a los programas de reducción del daño como los de intercambio de jeringuillas y la falta de financiamiento para la prevención y la atención del VIH.

Los derechos de las mujeres y las niñas

A pesar del respaldo declarado del gobierno de Obama a la ratificación del tratado mundial sobre derechos de la mujer, conocido como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ni la Administración ni el Senado actuaron en este sentido. Estados Unidos es ahora uno de los tan solo siete países que no han ratificado el tratado. Un proyecto de ley para mejorar las iniciativas de Estados Unidos en la lucha mundial para combatir la violencia contra la mujer cobró impulso en 2010, pero seguía pendiente de la aprobación del Congreso al momento de escribir el presente informe.

En los lugares de trabajo, las mujeres continúan ganando 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres. Estados Unidos es uno de los pocos países que no garantizan licencia por maternidad pagada, y las quejas por discriminación basada en el embarazo han aumentado considerablemente. La presencia de las mujeres sigue siendo significativamente insuficiente en todos los niveles del Gobierno, lo que incluye el Congreso de Estados Unidos, donde sólo constituyen el 17 por ciento de todos los miembros.

Las mujeres que experimentan la violencia en EE. UU. se enfrentan a obstáculos para la seguridad y la justicia. Año con año no se atienden miles de peticiones de refugio de emergencia y viviendas de transición para supervivientes de violencia doméstica, y el financiamiento federal para dichos servicios no alcanza para cubrir los objetivos fijados. En julio, Human Rights Watch publicó un informe afirmando que hasta un 80 por ciento de los estuches de violación (evidencias de ADN recopiladas del cuerpo de las víctimas) podían no haber sido analizados en el estado de Illinois.  El estado está intentando solucionar este problema: El gobernador Pat Quinn firmó una ley, que coincidió con la publicación del informe Human Rights Watch, exigiendo a los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley que enviaran a los laboratorios las evidencias de los estuches de violación para su análisis, con lo que Illinois se convirtió en el primer estado del país que tomó esta medida.

Discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género

La legislación de Estados Unidos no ofrece protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. El Proyecto de Ley para Unir a las Familias Americanas, que permitiría el reconocimiento de las relaciones entre un ciudadano de Estados Unidos y un extranjero del mismo sexo para fines migratorios, no progresó en el Congreso. La Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), que prohíbe al Gobierno federal reconocer las relaciones entre parejas del mismo sexo, se mantiene en vigor.

Se han adoptado medidas a nivel estatal para proteger mejor los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Un tribunal federal del distrito de Massachusetts declaró inconstitucional la disposición de la DOMA que prohíbe al Gobierno federal reconocer la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo en otras jurisdicciones. Distintos tribunales de distrito de California dictaminaron que la enmienda de la constitución del estado que prohíbe el matrimonio entre parejas del mismo sexo (Proposición 8) y la política federal que impide a personas lesbianas, gays y bisexuales manifestar abiertamente su orientación sexual cuando sirvan en las fuerzas armadas (No preguntar y no decir) violan la Constitución de Estados Unidos.

Cuando se escribió este capítulo, seguía pendiente de aprobación una propuesta presentada en mayo para revocar la política de No preguntar y no decir. El Proyecto de Ley contra la Discriminación en el Empleo, que prohibiría la discriminación en el empleo por motivos de orientación sexual o identidad de género a nivel federal, también está pendiente de la aprobación del Congreso.

Lucha contra el terrorismo

A pesar de las pruebas abrumadoras de que altos funcionarios del gobierno de Bush aprobaron métodos ilegales de interrogatorio que incluyeron la tortura y otras formas de maltrato, el gobierno de Obama aún no ha emprendido el enjuiciamiento de ninguno de estos funcionarios ni establecido una comisión de investigación. En enero, la Oficina de Asesoría sobre Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia publicó un informe concluyendo que los principales abogados de la Oficina del Consejero Jurídico durante el gobierno de Bush no violaron las normas éticas legales cuando redactaron memorandos autorizando la denominada mejora de las técnicas de interrogatorio, sino que más bien "cometieron un error de juicio".

Aunque, en 2009, el fiscal general Eric Holder encargó a un fiscal federal el examen de las prácticas de interrogatorio después del 11 de septiembre de 2001, éste aún no ha publicado un informe, y todo indica que es improbable que la investigación examine la responsabilidad de los altos funcionarios que establecieron las políticas y autorizaron los abusos. Varios tribunales aceptaron la invocación constante por parte del gobierno de Obama de un concepto sumamente amplio de la condición privilegiada de los "secretos de Estado", lo que elimina otra posible vía de resarcimiento para las víctimas de la tortura y otros abusos.

Al transferir a los detenidos en la lucha contra el terrorismo al extranjero, el gobierno de Obama señaló que continuaría confiando en las "garantías diplomáticas": promesas no vinculantes y con frecuencia no fiables de que el país receptor tratará humanamente a los detenidos. En julio, el gobierno de Obama transfirió a un detenido de Guantánamo a su país de origen, Argelia, sobre la base de dichas garantías, a pesar de que el detenido afirmó que sufriría tortura o maltrato por parte del Gobierno argelino y otros agentes no estatales.

El gobierno de Obama incumplió su propio plazo para el cierre de Guantánamo y no ofreció ningún indicio claro de la fecha en que cerraría realmente este centro de detención. Aunque la Administración no pretendía promulgar ninguna legislación sobre la prisión preventiva, continúa deteniendo sin cargos a sospechosos en Guantánamo utilizando su autoridad en tiempos de guerra. En mayo, el Gobierno anunció sus planes de continuar recluyendo indefinidamente al menos a 48 detenidos que ya llevaban alrededor de ocho años bajo la custodia estadounidense. Tras un atentado fallido contra un avión de una compañía aérea de Estados Unidos en diciembre de 2009, por parte de un nigeriano que había sido supuestamente entrenado por Al Qaeda en Yemen, el Gobierno dejó de transferir a detenidos a Yemen, y 57 detenidos yemeníes cuyos traslados habían sido aprobados se quedaron estancados indefinidamente en Guantánamo.

La indignación política tras el anuncio del fiscal general Holder de noviembre de 2009 sobre el juicio contra Khalid Sheikh Mohammed y otros cuatro detenidos de "gran valor" en un tribunal penal federal hizo que el Gobierno reconsiderara esta decisión. Cuando se escribió este informe, no se había adoptado ninguna decisión sobre dónde y cómo juzgarlos.

Mientras tanto, el Gobierno procesó otros casos ante comisiones militares, entre ellos el enjuiciamiento de Ibrahim al Qosi, un sudanés que se había declarado culpable pero cuya condena se mantuvo en secreto. El gobierno de Obama también llevó adelante el enjuiciamiento ante una comisión militar del niño soldado Omar Khadr, a pesar de que sólo tenía 15 años cuando fue capturado y que había sido acusado de un delito no considerado un crimen de guerra. A pesar de algunas mejoras, las comisiones militares continúan careciendo de las garantías procesales de justicia con que cuentan los tribunales federales de Estados Unidos, permiten ciertas pruebas obtenidas mediante coacción, discriminan a los no ciudadanos de EE. UU. y se emplean para juzgar conductas que nunca antes se habían considerado violaciones de las leyes de la guerra, lo que despierta una seria preocupación con respecto a la retroactividad.