La nueva constitución de Bolivia fue promulgada por el Presidente Evo Morales y entró en vigor el 7 de febrero de 2009, luego de ser aprobada con el 61 por ciento de los votos en un referéndum realizado el 25 de enero. Morales fue reelecto con más del 60 porciento de los votos en diciembre de 2009 [actualizado en enero de 2010]. Las profundas divisiones políticas, étnicas y regionales (algunas relacionadas con la nueva Constitución), así como la fragilidad de las instituciones democráticas, contribuyen a la precaria situación de los derechos humanos en Bolivia. Casi dos tercios de la población vive por debajo de la línea nacional de la pobreza, y más de un tercio -en su mayoría, la población indígena- vive en condiciones de extrema pobreza.
La impunidad por las violaciones de derechos humanos constituye un problema crónico. Tanto partidarios como opositores de Morales, al igual que la policía y los militares, han sido acusados de asesinatos durante enfrentamientos violentos con manifestantes rivales. En casi todos los casos, las investigaciones de estas ejecuciones ilegales no han logrado establecer ninguna responsabilidad penal.
Si bien en Bolivia existe diversidad de medios de comunicación y un dinámico debate público, la polarización política ha dado lugar a violentos ataques contra periodistas y medios de comunicación por parte de manifestantes oficialistas y de oposición.
Violencia política, rendición de cuentas e impunidad
El profundo disenso en torno al procedimiento para aprobar la nueva constitución y los reclamos de autonomía de cinco departamentos de las tierras bajas han dado lugar a hechos de violencia. La tensa relación entre los partidarios de Morales, pertenecientes en su mayoría a sectores indígenas, y los prefectos de los departamentos autonomistas y sus partidarios, tuvo como resultado diversos enfrentamientos violentos en Santa Cruz, Sucre, Tarija y Cobija durante 2007 y 2008, con un saldo de numerosos muertos y heridos en ambos bandos. La cantidad de incidentes de violencia política fue menor en 2009, luego de que varios legisladores de la oposición llegaran a un acuerdo con el partido gobernante y se aprobara la nueva Constitución "plurinacional". Sin embargo, el desempeño de los fiscales y los tribunales en el esclarecimiento de los hechos de violencia continúa siendo deficiente.
El profundo debilitamiento del poder judicial continúa siendo un problema grave. El presidente de la Corte Suprema ha sido suspendido y se enfrenta a un procedimiento de destitución, mientras que otros cuatro jueces de la Corte también han sido suspendidos o se han jubilado, con lo cual la Corte prácticamente no funciona. Todos los miembros del Tribunal Constitucional han renunciado por razones políticas y no serán reemplazados hasta la elección de 2010. Asimismo, se han registrado conflictos de jurisdicción entre los tribunales regionales y los de La Paz de larga duración.
Uno de los incidentes de violencia más graves de 2009 fueron los ataques perpetrados por partidarios del gobierno contra la vivienda del ex Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, un ferviente opositor de la nueva Constitución. En marzo, cientos de campesinos indígenas ocuparon y saquearon la vivienda de Cárdenas en Sankajahuira, al oeste de La Paz. La multitud golpeó a la esposa, a los hijos y al sobrino de Cárdenas con palos y chicotes, y los obligó a salir de la vivienda. Todos debieron ser hospitalizados por las lesiones sufridas. Cárdenas no se encontraba en la vivienda cuando se produjo el ataque. En noviembre, no se habían informado avances en la investigación del incidente.
En abril de 2009, el Arzobispo de Santa Cruz Julio Terrazas, un abierto crítico del gobierno de Morales, fue objeto de un atentado con dinamita que causó daños en el portón de acceso a su vivienda. La noche siguiente, una unidad de policía de elite allanó sorpresivamente un hotel en el centro de la ciudad supuestamente para encontrar a los agresores. La acción policial tuvo como saldo tres huéspedes muertos por heridas de bala y dos hombres detenidos. Los ministros del gobierno afirmaron que estas personas eran mercenarios extranjeros que pertenecían a una célula financiada por autonomistas de derecha en Santa Cruz, y que sospechaban que habían planificado ataques contra varios funcionarios del gobierno, entre ellos el Presidente Morales. Los líderes de la oposición cruceña acusaron al gobierno de fabricar el complot. En noviembre de 2009, los dos detenidos aún se encontraban en la cárcel de San Pedro en La Paz y no habían sido acusados formalmente. En agosto, la Corte Suprema de Justicia determinó que un tribunal de Santa Cruz tenía competencia en el caso, que hasta entonces estaba siendo investigado en La Paz. El gobierno, que dudó de la imparcialidad del tribunal de Santa Cruz, amenazó con someter a juicio político a los jueces responsables de la sentencia.
Las circunstancias del tiroteo ocurrido en abril aún no han sido esclarecidas. La policía sostiene que se produjo un enfrentamiento con armas de fuego de 30 minutos de duración durante el cual los agentes dispararon en defensa propia. El gobierno no ha dado a conocer las conclusiones de la investigación acerca de las muertes, si es que efectivamente se llevó a cabo tal investigación. No obstante, la patóloga irlandesa que examinó el cuerpo de una de las víctimas, Michael Dwyer, originario de Irlanda, concluyó que había muerto a causa de un único disparo al corazón efectuado con una bala expansiva desde arriba, por alguien parado junto a él, "muy probablemente mientras se encontraba sentado en la cama".
En octubre de 2009, el prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, fue procesado por homicidio, terrorismo y conspiración en relación con la muerte de al menos nueve manifestantes partidarios de Morales en ese mismo departamento, en la localidad de Porvenir, en septiembre de 2008. Varios partidarios armados del gobierno departamental habrían disparado indiscriminadamente contra los manifestantes afines a Morales mientras estos huían del lugar. Algunos de los numerosos heridos presuntamente fueron golpeados mientras eran trasladados en ambulancias hacia el hospital. Fernández se encontraba detenido desde hacía más de un año sin que mediara una acusación formal.
Los tribunales bolivianos aún intentan establecer la responsabilidad penal por la muerte de más de 60 personas durante las protestas contra el gobierno que se produjeron en septiembre y octubre de 2003, cuando el Ejército recurrió a la fuerza letal para acallar las violentas protestas en la ciudad andina de El Alto. El ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada presentó su dimisión y abandonó el país luego de los sucesos que se conocieron en Bolivia como "octubre negro". En octubre de 2007, el Fiscal General acusó a Sánchez de Lozada, a 11 de sus ministros y a 5 ex jefes militares de genocidio y tortura en relación con las acciones del Ejército.
El ex presidente, su Ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y el ex Ministro de Energía Jorge Berinduague residen actualmente en Estados Unidos, donde Sánchez Berzaín ha obtenido asilo político. En noviembre de 2008, Bolivia solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición de los tres hombres para que puedan ser juzgados en Bolivia. Bolivia también ha pedido la extradición del Perú de otros tres ex ministros de gobierno en relación con el mismo caso. En mayo de 2009, la Corte Suprema de Bolivia inició el juicio político, y declaró a Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berinduague fugitivos de la justicia. El juicio comenzó sin la presencia de la mayoría de los 17 acusados.
Libertad de expresión
En Bolivia existe un dinámico debate público, con un amplio espectro de medios de comunicación tanto de línea crítica como oficialista. Al profundizarse la polarización política, muchos medios de comunicación han expresado abiertamente su postura. El Presidente Morales ha arremetido en varias ocasiones contra los medios privados, acusándolos de distorsionar los hechos y de intentar difamarlo. En marzo de 2009, presentó una demanda contra el director del periódico La Prensa por desacato y calumnias luego de que en diciembre de 2008 se publicara un artículo en el cual se sugería que había dado "luz verde" para el contrabando de unos camiones. El editor de La Prensa y el autor del artículo denunciaron haber recibido amenazas de muerte anónimas por teléfono.
Los periodistas de ambos sectores políticos han sido víctimas de actos de violencia e intimidación. En septiembre de 2009, una unidad de policía a cargo del mismo funcionario responsable del allanamiento del hotel en Santa Cruz agredió a un periodista y un camarógrafo que trabajaban para la red de televisión UNITEL mientras cubrían un arresto en Santa Cruz. Según los informes de prensa, su automóvil fue embestido por un vehículo policial; posteriormente, tres agentes los obligaron a salir a punta de pistola, los golpearon, los forzaron a permanecer boca abajo en el piso, dispararon contra el vehículo y les quitaron la cámara.
Defensores de derechos humanos
Algunos partidarios de la autonomía regional en Santa Cruz han atacado con bombas incendiarias y saqueado las oficinas de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos vinculados con la tierra de comunidades indígenas y campesinas. El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) ha sido objeto de reiterados ataques violentos. En febrero de 2009, dos hombres no identificados en una motocicleta dispararon contra el automóvil que conducía Miguel Gonzáles, director regional de CEJIS en Trinidad, la capital del departamento de Beni. Unos pocos días antes, había logrado escapar mientras era perseguido por varios vehículos. CEJIS denunció que los fiscales locales no habían realizado una investigación seria del intento de asesinato.
Orientación sexual e identidad de género
La nueva constitución prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, según sostienen varios activistas locales de derechos humanos, en octubre de 2009 el gobierno no había tomado medidas efectivas para implementar esta protección.
Actores internacionales clave
En 2008, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció una oficina en Bolivia con el propósito de fortalecer la protección de los derechos humanos. La oficina en Bolivia criticó la falta de rendición de cuentas por los sucesos de Pando, a los cuales se refirió como una masacre, y advirtió sobre los problemas estructurales que afectan desde hace tiempo al poder judicial.
En julio de 2009, Estados Unidos deportó a Luis Arce Gómez a Bolivia. Arce se había desempeñado como Ministro del Interior durante la dictadura del Gral. Luis García Meza (1980-1981), y había cumplido la mitad de una condena por narcotráfico en Estados Unidos. En 1993, la Corte Suprema de Bolivia condenó en ausencia a Arce y García Meza a 30 años de prisión por violaciones de derechos humanos. Actualmente, ambos cumplen su condena en La Paz.