Resumen

[El proyecto de ley] ataca todos los aspectos de la vida de un extranjero ilegal en el país... La finalidad del proyecto es crear tantos obstáculos para su vida en el país que finalmente se deporten ellos mismos.

—Mickey Hammon, legislador del estado de Alabama, durante el debate previo a la aprobación en la Cámara Legislativa el 5 de abril de 2011

Legal o ilegal, antes soy un ser humano.

—Sara M., inmigrante no autorizada que reside en Estados Unidos desde hace 20 años y madre de dos hijos de nacionalidad estadounidense, 29 de octubre de 2011

El 28 de septiembre de 2011, el estado de Alabama comenzó a implementar una ley promovida con la finalidad de crear obstáculos que hicieran imposible la vida diaria para los inmigrantes no autorizados en Estados Unidos. Todas las disposiciones de esta ley, denominada “Ley Beason-Hammon de Protección a Contribuyentes y Ciudadanos de Alabama” (Beason-Hammon Alabama Taxpayer and Citizen Protection Act), N.° 2011-535 (la “Ley Beason-Hammon” o “ley sobre inmigración de Alabama”, conocida también como “HB 56”) , insta a impartir a los inmigrantes no autorizados un trato diferente al de otros residentes de Alabama, ya sea cuando solicitan uno de los servicios regulados por el estado o cuando acuden ante los tribunales para obtener justicia. La ley niega a inmigrantes no autorizados la protección igualitaria conforme a la ley reconocida por la constitución estadounidense y las normas internacionales de derechos humanos. Y ha facilitado que funcionarios locales y del estado nieguen a inmigrantes no autorizados derechos básicos como el acceso al agua y la vivienda. Si bien se trata de una ley nueva y se desconoce aún cuál será su impacto total, ya ha afectado gravemente a los inmigrantes no autorizados de ese estado y a sus hijos, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, así como a la comunidad en general que mantiene vínculos con esta población.

Todos los países tienen la potestad de reglamentar el ingreso de inmigrantes en su territorio, deportar a quienes ingresan en forma irregular y aplicar las leyes sobre inmigración a quienes ya no tengan autorización para permanecer en el territorio. A su vez, el derecho internacional exige que todas las personas, por su condición humana, gocen de derechos fundamentales. En Estados Unidos, estos derechos están consagrados en el derecho constitucional y en las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por este país que, al crear garantías para los derechos fundamentales, establecen claramente que estos corresponden a todas las “personas”, al “pueblo” y a “todos”, y son pocas las distinciones que se reconocen entre los ciudadanos y quienes no lo son, como por ejemplo en materia de derechos de votación y procedimientos de deportación. Tales obligaciones jurídicas son también vinculantes para los estados y gobiernos locales. Por ende, si bien en todos los estados de Estados Unidos viven personas que ingresaron al país de manera ilegal y que podrían ser deportadas lícitamente, ninguna ley federal ni de los estados podrá dar lugar a una situación en la cual se vulneren los derechos fundamentales que corresponden a todas las personas.

Sin embargo, este ha sido justamente el efecto de la ley sobre inmigración de Alabama. Como se advierte en forma explícita en la cita del legislador Mickey Hammon, uno de los promotores de la ley en la Cámara de representantes de Alabama, esta norma tiene por objeto atacar “todos los aspectos de la vida de un extranjero ilegal en el país” [1] . Esta finalidad fue enfatizada por los comentarios del senador del estado y coautor de la ley Scott Beason [2] , quien indicó que la manera más efectiva de resolver el problema de la inmigración ilegal era “vaciar el cargador, y hacer lo que se debe hacer”.

El alcance de la ley es impactante. Al igual que la ley sobre inmigración de Arizona (conocida como “SB 1070”) —otra norma que también ha sido sumamente conflictiva—, la Ley Beason-Hammon exige a la policía determinar la ciudadanía y la condición migratoria de todas las personas interceptadas o detenidas cuando existan “sospechas razonables” de que se encuentran en el país en forma irregular. No obstante, la ley de Alabama contiene disposiciones que van más allá de la interacción de los funcionarios de seguridad pública con los inmigrantes. Se prohíbe a los inmigrantes no autorizados realizar “transacciones comerciales” con el estado, un concepto definido de manera excesivamente amplia. Se exige también a las escuelas verificar la condición migratoria de los niños. La búsqueda de empleo por parte de inmigrantes no autorizados ha sido tipificada como un delito menor. Los inmigrantes no autorizados que han sufrido un incumplimiento contractual, ya sea de un contrato de trabajo o de arrendamiento, no podrán recurrir a la justicia para reclamar protección. Los inmigrantes no autorizados que sean detenidos por cualquier delito, incluso delitos menores como conducir sin la correspondiente licencia, perderán automáticamente la posibilidad de ser liberados bajo fianza. La ley también penaliza a ciudadanos estadounidenses y residentes legales que, a sabiendas, presten ayuda a inmigrantes no autorizados, por ejemplo, dándoles un aventón o ayudándolos a contratar el servicio de agua.

Y estas son las meras consecuencias que se buscan con esta ley. Las consecuencias en la práctica, que se manifiestan con el transcurso del tiempo, aún no se conocen totalmente, y dependerán en gran parte de cuáles sean las disposiciones de la ley que superen el control constitucional de la justicia. Como se señala más adelante, los tribunales ya han dispuesto en forma preliminar la inaplicabilidad de algunas disposiciones; al momento de la redacción del presente documento, aún se desconoce si serán invalidadas en forma permanente. Mientras tanto, otras disposiciones continúan vigentes o entrarán en vigor en 2012, y la vida de numerosas personas ya se ha visto profundamente afectada.

Los partidarios de la ley no toman en cuenta que muchos de los inmigrantes no autorizados de Alabama —y de otros estados— están integrados en la comunidad desde hace tiempo. La mayoría de los 50 inmigrantes no autorizados entrevistados por Human Rights Watch para este informe han vivido en Estados Unidos durante más de 10 años y, en algunos casos, más de 20. En casi todos los casos, hay miembros de su familia que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, no sólo hijos, sino también hermanos y padres. Uno de estos inmigrantes no autorizados señaló que su hijo y su padre tenían ciudadanía estadounidense, y que su madre y cuatro de sus hermanos eran residentes permanentes. Debido a la lentitud con que funciona el sistema de inmigración estadounidense, ha estado  “formado en línea” para obtener la residencia durante casi 19 años, desde que su padre presentó la solicitud para él [3] . Estas cifras han sido reflejadas en una investigación reciente, que señala que casi dos tercios de los inmigrantes no autorizados en Estados Unidos han vivido en el país durante al menos 10 años, y que casi la mitad tienen hijos menores de edad [4] .

Estos inmigrantes trabajan en empresas de Alabama, y en muchos casos son propietarios de negocios. Tienen una participación importante en las actividades religiosas, educativas y cívicas de su localidad. Muchos afirmaron sentir un profundo sentimiento de pertenencia a Alabama, no sólo a Estados Unidos. Un joven de 19 años, que fue traído a Estados Unidos cuando tenía 9 años, intentó expresar qué significaba Alabama para él: “Simplemente es mi hogar. Me encanta estar aquí”[5]. Un hombre de 27 años, padre de dos hijos, que llegó a Estados Unidos a los 15 años, expresó un sentimiento similar: “Otros van a Michigan, Florida. Este es mi hogar”[6].

Durante años, Alabama ha reconocido de manera implícita su presencia, ha aceptado su mano de obra, sus impuestos, y los pagos que realizan de diversas tasas del estado. Sin embargo, ahora Alabama ha decidido que muchas de las garantías del estado no se aplicarán a estos residentes.

Poco antes de que este informe pasara a imprenta, el procurador general de Alabama, Luther Strange, emitió una serie de memorandos que asignaban a algunas disposiciones de la Ley Beason-Hammon una interpretación más acotada que la aplicada por diversos funcionarios locales y del estado, e instó a que se modificaran o derogaran otros artículos. Sin embargo, como se demuestra en el presente informe, la ley niega derechos fundamentales y favorece interpretaciones que facilitarían la violación de estos derechos. No será posible proteger los derechos humanos de todos los residentes de Alabama tan sólo modificando algunas disposiciones de una ley que ha sido creada sobre la base de criterios discriminatorios .

Aspectos preocupantes para los derechos humanos

La nueva ley contiene disposiciones que han sido interpretadas para impedir que inmigrantes no autorizados lleven a cabo transacciones cotidianas indispensables, y esto supone una negación de sus derechos fundamentales.

Por ejemplo, durante los primeros dos meses de implementación de la ley, se ha impedido que inmigrantes no autorizados en algunas regiones del estado soliciten el servicio de agua u otros servicios públicos, pues se consideró que esto constituía una “transacción comercial” prohibida con el estado. La ley también ha sido interpretada de un modo que priva a inmigrantes no autorizados de la posibilidad de habitar  las viviendas que les pertenecen: a algunos de ellos se les advirtió que no podrían renovar las matrículas correspondientes a las viviendas móviles que son de su propiedad, ni tampoco pagar los impuestos inmobiliarios como lo hicieron durante años. El procurador general emitió una carta de orientación en diciembre donde se indicaba que la expresión “transacción comercial” no incluye el acceso al agua y a otros servicios públicos . A su vez, un tribunal federal ordenó la inaplicabilidad provisional de la disposición sobre “transacción comercial” a las viviendas móviles. Al momento de la redacción del presente informe, aún se desconoce cómo se implementarán estas directivas en el ámbito local.

En varios aspectos la Ley Beason-Hammon niegan de manera más explícita la protección igualitaria conforme a la ley. Algunos inmigrantes no autorizados a quienes se les niega el pago de su salario o que sufren otros delitos, tras enterarse de que los tribunales de Alabama no exigirán el cumplimiento de los contratos en los cuales sean parte y que la policía participará en los controles migratorios federales, han optado por no denunciar los delitos ante las autoridades. Jueces y abogados han expresado su preocupación de que la ley pueda impedirles cumplir con sus obligaciones legales respecto de inmigrantes no autorizados.

Los sectores más afectados por la ley son, en su gran mayoría, personas de origen hispano, que en Alabama constituyen una minoría étnica. Si bien en Alabama ha existido tradicionalmente discriminación contra la población hispana y otras minorías, la aprobación de la Ley Beason-Hammon parece haber otorgado a policías y particulares un permiso para perseguir y tratar de manera abusiva a inmigrantes no autorizados y a otros ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que pertenecen a minorías. Varios hispanos comentaron a Human Rights Watch que desde que entró en vigor la ley habían sido interceptados o detenidos por policías sin invocar ninguna razón o con cualquier pretexto. También afirmaron ser objeto de hostigamiento por parte de particulares. Algunos denunciaron que eran discriminados en transacciones comerciales privadas, como el caso de una mujer, con condición de residente permanente, a quien no se le permitió comprar medicamentos recetados en una importante cadena de venta con descuento, debido a que no pudo comprobar ciudadanía estadounidense.

Entre los más gravemente afectados por la ley se encuentran los hijos de inmigrantes no autorizados —un sector de la población especialmente vulnerable—, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Como sus padres se abstienen de conducir, algunos dejaron de recibir atención médica oportuna. Si bien la disposición que exige a la escuelas controlar la condición migratoria de sus estudiantes ha sido invalidada provisionalmente por la justicia, muchas familias sacaron a sus hijos de la escuela mientras la norma estaba vigente, y los demás estudiantes no terminan de comprender que ocurrió con sus compañeros y qué puede sucederle a sus propias familias. Estos problemas se ven exacerbados por el hostigamiento por parte de compañeros que cuestionan a otros niños, incluso a ciudadanos estadounidenses, y les preguntan: “¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te regresas?”.

La afirmación de que los inmigrantes no autorizados podrían evitar muchos de estos abusos regresando a su país de origen no justifica la negación de derechos fundamentales por parte de Alabama. El hecho de que la ley de Alabama también vulnere los derechos de numerosos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes es otro factor inquietante.

Un clima de temor

En los dos primeros meses transcurridos desde que la ley entró en vigor, inmigrantes no autorizados, sus familiares y sus comunidades han sufrido profundos cambios en su vida. Escuelas, empresas y propietarios de inmuebles han informado sobre un importante éxodo de personas del estado [7] . Patricia T., una ciudadana estadounidense casada con un indocumentado de origen mexicano, relató haber presenciado el momento en que sus vecinos se mudaron durante la noche del mismo día en que entró en vigor la ley, llevándose tan sólo su ropa y sus automóviles, y dejando tras sí sus viviendas, muebles y otras pertenencias [8] . Al partir, estas familias no sólo han dejado sus bienes, sino también su comunidad y numerosos niños afectados por la repentina desaparición de sus compañeros de clase. Una congregación religiosa, por ejemplo, pasó de tener 100 miembros a tan sólo 25 [9] .

Quienes se han quedado evitan en la mayor medida posible el contacto con funcionarios gubernamentales y adoptan un estilo de vida “clandestino”. Una mujer dijo acerca del clima que prevalece en su comunidad: “Vivimos aterrorizados” [10] . Prácticamente todos los inmigrantes no autorizados entrevistados por Human Rights Watch afirmaron haber restringido sus actividades cotidianas. A fin de minimizar el riesgo de ser detenidos por la policía mientras conducen, muchas familias informaron que permanecen dentro de sus casas siempre que pueden, y que conducen solamente para ir a trabajar o para comprar artículos indispensables. Una pareja afirmó que acudía a Walmart, una cadena de tiendas de descuento, para hacer sus compras únicamente durante la noche, cuando es más difícil para la policía identificarlos como latinos [11] .

El temor también se ha cernido sobre la vida espiritual de los inmigrantes no autorizados de Alabama. La iglesia es un ámbito que ofrece consuelo y fortaleza a numerosas familias de inmigrantes. Como señaló un hombre, “Existe un Dios y Él no pide papeles” [12] . No obstante, en una comunidad rural, varias familias decidieron que la iglesia se encontraba demasiado lejos como para correr el riesgo de conducir hasta allí. Si bien el sacerdote actualmente oficia misa en el remolque de una de las familias una vez por mes, esa misma familia decidió que su hijo no asistiría a las clases para recibir la comunión [13] .

El impacto para la vida familiar ha sido severo. Varias familias indicaron que sus hijos ya no participaban en actividades como fútbol, entrenamiento de porristas y Boy Scouts, debido a que no querían arriesgarse a conducir más de lo necesario. Como consecuencia natural de esto, algunos niños sufren ansiedad y se muestran temerosos. Una de las madres contó que cuando no está en la casa sus hijos la llaman constantemente y le preguntan: “Mami, ¿Ya vas a regresar? ¿Dónde estás? ¿Cuándo regresas a casa?” [14] .

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Dentro del estado, la ley ha tenido numerosos detractores. Muchos ciudadanos de Alabama, incluidos docentes y policías, se han pronunciado públicamente en contra de la norma. Varios inmigrantes no autorizados informaron que son muchas más las personas que, de forma anónima, han ayudado a mitigar el impacto de la ley, dándoles un aventón hasta el trabajo, llevando a los niños a la escuela o a las prácticas de fútbol, firmando poderes para ayudar a cuidar a los niños en caso de que los padres sean detenidos o contratando el servicio de agua en nombre suyo. Lamentablemente, muchos de estos actos, realizados como una muestra de generosidad y decencia, son penalizados por la Ley Beason-Hammon.

Si bien durante los dos primeros meses el impacto de la ley ya ha sido severo, es probable que sus efectos se agraven con el transcurso del tiempo. A menos que la justicia intervenga y las medidas cautelares pasen a ser definitivas, cada vez habrá más personas a quienes se niegue el acceso a servicios públicos y que no puedan renovar las licencias de sus negocios o de sus viviendas móviles, y serán más las víctimas de delitos, abusos y hostigamiento que no tengan derecho a un recurso legal efectivo.

Algunos de los legisladores del estado que votaron a favor de la ley ahora están reconsiderando su decisión. El senador del estado Gerald Dial creó recientemente un paquete de reformas para contrarrestar las “consecuencias no deseadas” [15] . Afirmó al respecto: “El pueblo de Alabama es afectuoso, bondadoso y compasivo, no guardamos odio ni mezquindad como pareciera sugerir esta ley. Quiero acabar con parte de ese estigma” [16] . Y al momento en que este informe pasaba a imprenta, el procurador general Strange hizo un llamado a que se derogara la ley o se modificaran ciertas disposiciones, incluidas algunas analizadas en el presente documento. También publicó cartas de orientación destinadas a limitar el impacto de la ley respecto de ciertos derechos . Sin embargo, al mismo tiempo, los promotores de la ley insisten en que sólo están dispuestos a aceptar cambios menores que faciliten la aplicación de la ley. El senador Beason declaró al respecto: “No tengo intención de debilitar la ley contra la inmigración ilegal” [17] .

El reconocimiento por parte del Gobierno de Alabama de que la Ley Beason-Hammon plantea problemas serios podría excluir algunas de las posibilidades más preocupantes de aplicación de esta norma. No obstante, las reformas propuestas no modifican la finalidad ni los efectos de la ley, que consisten en privar a inmigrantes no autorizados de sus derechos fundamentales y de la protección igualitaria conforme a la ley, de modo de obstaculizar o hacer casi imposible que vivan en el estado. En vista de las múltiples implicaciones de la ley, creemos que la única solución adecuada sería igualmente rotunda: derogar la Ley Beason-Hammon en su totalidad.

Recomendaciones

Al estado de Alabama

A la Legislatura del estado de Alabama

• Derogar tan pronto como sea posible la Ley Beason-Hammon de Protección a Contribuyentes y Ciudadanos de Alabama, N.° 2011-535.

Al gobernador Robert Bentley y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Alabama

Incluso con anterioridad a la derogación,

• Ordenar a todos los funcionarios del estado y locales que adopten medidas para asegurar que todos los residentes, con independencia de su condición migratoria, puedan acceder a servicios básicos como agua y vivienda.
• Capacitar a los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley para que se abstengan de efectuar controles selectivos en función del origen racial, y recabar datos sobre controles y detenciones policiales para asegurar que no se esté produciendo tal selectividad racial.

Al procurador general del estado de Alabama Luther Strange

• Asegurar que los funcionarios locales y del estado implementen políticas que sean acordes con las cartas de orientación del procurador general, que proponen una interpretación más acotada de algunas disposiciones de la Ley Beason-Hammon.

A todos los gobiernos locales y de los estados en Estados Unidos

• Derogar o rechazar leyes que vulneren los derechos fundamentales de inmigrantes no autorizados reconocidos por la Constitución de Estados Unidos o las normas internacionales de derechos humanos.

Al Congreso de Estados Unidos

• Promulgar una reforma inmigratoria integral que sea acorde con las obligaciones jurídicas asumidas por Estados Unidos conforme a las normas internacionales de derechos humanos.

Al Presidente de Estados Unidos

• Ordenar al Departamento de Seguridad Nacional y otros organismos de Estados Unidos que se abstengan de aplicar la ley sobre inmigración de Alabama y, concretamente, asegurar que no se inicien procedimientos de deportación contra los inmigrantes no autorizados que sean detenidos de conformidad con esta ley.
• Ordenar al Departamento de Justicia que continúe investigando con firmeza todas las denuncias de violaciones de derechos civiles cometidas como resultado de la ley de Alabama.

Metodología

El presente informe se elaboró a partir de investigaciones realizadas por Human Rights Watch en Alabama entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre de 2011. Los investigadores de Human Rights Watch visitaron varias ciudades y localidades de Alabama, como Birmingham y parte de sus suburbios, al igual que Albertville, Decatur, Tuscaloosa, Troy, Dothan y Foley. Para el informe también se utilizaron entrevistas telefónicas realizadas a residentes de Alabama en octubre y noviembre de 2011, e información proporcionada por medios de comunicación locales y nacionales y otras organizaciones de incidencia.

Human Rights Watch efectuó 57 entrevistas a personas que informaron haber sufrido actos de discriminación o abusos como resultado de la nueva ley sobre inmigración, incluidos 50 inmigrantes no autorizados y varios ciudadanos estadounidenses y personas con residencia permanente legítima en Alabama. También recibimos más de una decena de denuncias de discriminación y abusos sufridos por terceros y presentadas por personas que tenían conocimiento directo de los hechos. Asimismo, entrevistamos a personas familiarizadas con la aplicación de la ley de Alabama, como abogados, ministros religiosos, docentes, líderes comunitarios y defensores locales de inmigrantes. Muchas de estas personas nos pusieron en contacto con los inmigrantes no autorizados que entrevistamos.

También mantuvimos entrevistas con jueces, policías y autoridades de escuelas. Si bien no investigamos incidentes concretos de hostigamiento policial cuando la persona denunciante pidió que se mantuviera su anonimato, nos entrevistamos con funcionarios policiales de alto rango para conocer su política general acerca de la Ley Beason-Hammon y su respuesta ante las denuncias sobre abuso y aplicación de criterios selectivos de tipo raciales. También visitamos varios organismos locales de licencias permisos y juntas de administración de servicios públicos en dos localidades, y preguntamos qué documentación se exigía para solicitar y renovar los servicios. Se entrevistó a un total de 90 personas.

Las entrevistas se realizaron en inglés, español o en una combinación de ambos idiomas, según la preferencia del entrevistado. La mayoría de las entrevistas se llevaron a cabo en forma individual, salvo en unos pocos casos en que los entrevistados prefirieron hablar en presencia de sus cónyuges o en grupos reducidos.

Ninguno de los entrevistados recibió remuneración alguna por proporcionar información. En los casos en que fue oportuno, Human Rights Watch brindó información de contacto sobre organizaciones que ofrecen asesoramiento legal u otros servicios, incluida información sobre servicios de asistencia telefónica a través de los cuales se pueden denunciar abusos ante el Departamento de Justicia y el Southern Poverty Law Center.

Hemos utilizado seudónimos para todos los inmigrantes no autorizados que entrevistamos a fin de resguardar su privacidad. Algunos residentes legales y ciudadanos estadounidenses también pidieron que se no divulgara su identidad por razones de privacidad. Todas las entrevistas se efectuaron en Alabama, salvo en los casos en que se indica específicamente que se realizaron de manera telefónica. A fin de proteger la identidad de los entrevistados, no hemos señalado el lugar exacto donde se realizaron las entrevistas, ya que en algunos casos esto implicaría proporcionar datos que facilitarían su identificación.

I. Consecuencias de la Ley Beason-Hammon para el acceso a las necesidades básicas cotidianas

La Ley Beason-Hammon de Protección a Contribuyentes y Ciudadanos de Alabama contiene disposiciones que han negado a inmigrantes no autorizados la posibilidad de realizar transacciones cotidianas necesarias [18] . Inmediatamente después de que la ley entró en vigor, se indicó a algunos inmigrantes no autorizados que ya no podrían solicitar el acceso al servicio de agua y otros servicios públicos, y muchos han visto comprometida de distintas maneras la posibilidad de continuar viviendo en las casas que son de su propiedad.

El artículo 30 prohíbe a los “extranjeros que no se encuentran legalmente en Estados Unidos” celebrar “transacciones comerciales” con el estado [19] . Para quienes son inmigrantes no autorizados, celebrar una transacción comercial con el estado, o procurar realizar este tipo de operaciones, constituye ahora un delito de clase C, para el cual se prevén penas de prisión de 1 a 10 años y multas de hasta US$ 15,000 [20] . Los familiares y amigos que se encuentren en situación legal en Estados Unidos y que ayuden a inmigrantes no autorizados conocidos a celebrar dichas transacciones podrán ser juzgados por concertación delictiva y estarán sujetos a la misma pena [21] .

La ley no provee una definición de la expresión “transacción comercial”, y esto ha dado lugar a interpretaciones confusas y contradictorias. Una gran cantidad de juntas de administración de servicios públicos, departamentos de registro de automotores y oficinas de condados en todo el estado han interpretado que estas disposiciones prohíben a los inmigrantes no autorizados suscribirse a servicios de agua, saneamiento, gas o electricidad; renovar la matrícula de sus viviendas móviles y automóviles; renovar las licencias de sus negocios y pagar los impuestos inmobiliarios. De esta manera, por medio de la ley se niega a un grupo determinado de residentes de Alabama —aquellos cuya presencia no está autorizada en virtud de las leyes federales de Estados Unidos— la posibilidad de satisfacer necesidades básicas para la vida y el bienestar.

Estas disposiciones, interpretadas de ese modo, violan las normas internacionales de derechos humanos, que reconocen los derechos fundamentales de todas las personas al agua, la vivienda y otras necesidades esenciales para la salud y el bienestar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” [23] . El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del cual Estados Unidos es parte, prohíbe expresamente la injerencia arbitraria en la familia o el domicilio de las personas [24] . El estado de Alabama está obligado a respetar los derechos garantizados por el PIDCP, que resulta vinculante para todos los funcionarios de gobierno [25] , y también lo exige la Constitución de Estados Unidos, que dispone que los tratados forman parte de la ley aplicable que los gobiernos de los estados deben respetar [26] .

Poco antes de que este informe pasara a imprenta, un juez federal dictó una orden de restricción temporal que dispuso la inaplicabilidad del artículo 30 a las viviendas móviles [27] . Asimismo, la Procuraduría General del estado emitió una serie de cartas de orientación donde indicaba a funcionarios locales y de los condados que no implementaran este artículo, a menos que pudieran verificar la condición migratoria de una persona que no fuera ciudadana estadounidense a través de un programa federal , y donde se consignaba que la expresión “transacción comercial” no incluye el acceso al agua y a otros servicios públicos similares [28] . La Liga de Municipios de Alabama (Alabama League of Municipalities) publicó sus propias directrices e indicó que las personas deberán igualmente declarar su ciudadanía o situación legal bajo pena de perjurio cuando realicen “transacciones comerciales” con el estado [29] y , al momento de la redacción del informe, al menos un condado continuaba anunciando en su sitio web que todas las personas que celebraran transacciones comerciales con cualquier departamento gubernamental deberían presentar constancia de ciudadanía estadounidense o residencia legal [30] .

Las cartas de orientación del procurador general, así como la orden de restricción temporal sobre aplicación de la ley a viviendas móviles, podrían impedir algunas de las violaciones más graves de derechos en virtud de la ley, si bien aún no es claro si estas directrices se aplicarán en todo el estado. No obstante, la finalidad de la ley de crear trabas que dificulten la vida de los inmigrantes no autorizados dio lugar a interpretaciones amplias y abusivas luego de su entrada en vigor, como se señala a continuación. Human Rights Watch considera que, hasta que se derogue la ley y el estado proteja de manera efectiva el derecho de los inmigrantes no autorizados a satisfacer sus necesidades cotidianas, la ley favorecerá la discriminación y la negación de derechos fundamentales.

Agua potable, saneamiento, gas y electricidad

El procurador general de Alabama Luther Strange afirmó en el marco de un litigio por la ley de Alabama que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba “incurriendo en una interpretación inadecuada o, al menos, exagerada” al argumentar que el artículo 30 prohibiría que inmigrantes no autorizados tuvieran acceso a agua corriente o servicios de alcantarillado [31] . No obstante, incluso varias semanas antes de que la ley entrara en vigor, la compañía Allgood Alabama Water Works publicó un aviso que indicaba: “Usted podría perder el servicio de agua”, dirigido a clientes que no tuvieran un documento de identificación válido emitido por Alabama [32] . Otras empresas de servicios públicos han adoptado medidas similares. El periódico Decatur Daily informó que Decatur Utilities modificó su política y empezó a exigir comprobantes de su situación legal a quienes se suscriban a los servicios de agua, electricidad, gas y alcantarillado, de conformidad con un dictamen jurídico emitido por Electric Cities of Alabama, una coalición de empresas de servicios públicos de propiedad municipal que operan en el estado [33] . La representación de ACLU en Alabama informó que los departamentos de asuntos sucesorios de los condados de Montgomery y Houston habían indicado que quienes solicitaran el servicio de agua debían cumplir los requisitos de la nueva ley [34] . A través de visitas efectuadas por Human Rights Watch a la Junta Municipal de Administración de Servicios Públicos (Municipal Utilities Board) en Albertville y Dothan Utilities en Dothan, se confirmó que estos también pedían identificaciones emitidas por el gobierno que únicamente se entregan a ciudadanos estadounidenses y personas que no son ciudadanas estadounidenses pero residen legalmente en el país [35] .

Las empresas de servicios públicos que anunciaron este tipo de políticas en general limitaron el requisito de acreditación de la situación legal a quienes se suscriben a un servicio nuevo, incorporan una cuenta a un servicio existente o desean restablecer el servicio después de que este fue interrumpido por falta de pago [36] . Anteriormente, algunas empresas de servicios públicos exigían una identificación, pero no lo hacían con la intención de determinar si la persona que solicitaba el servicio era un residente legal.

Si bien la mayoría de las familias que entrevistamos no estaban tratando de obtener nuevos servicios públicos y, por lo tanto, no habían enfrentado la posibilidad de una interrupción del servicio, algunos entrevistados afirmaron conocer a personas a quienes les habían cancelado el servicio de electricidad o agua después de la entrada en vigor de la ley [37] o que debieron pagar cientos de dólares adicionales por el servicio debido a que no contaban con los documentos de identificación necesarios [38] . Un programa de noticias en Univision también informó que a una familia en Montgomery se le había indicado que para tener acceso al servicio de agua sin un pasaporte estadounidense o un documento de identificación emitido por Alabama, deberían pagar cientos de dólares adicionales para instalar su propio sistema [39] . Una mujer, que se fue de Alabama y se mudó a Georgia poco después de la aprobación de la ley, contó que en su edificio de departamentos se había anunciado a los residentes que deberían presentar un número de Seguridad Social para poder recibir los servicios de agua y luz. El temor de perder estos servicios incidió en su decisión de abandonar Alabama, a pesar de que había vivido en el estado durante 18 años y que sus dos hijos eran ciudadanos estadounidenses nacidos en ese estado [40] .

Nuestra investigación también reveló que algunas empresas de servicios públicos, incluidas empresas en Dothan y Decatur, exigían documentos emitidos por el estado o las autoridades federales —que los inmigrantes no autorizados no pueden obtener— como condición para solicitar el servicio incluso antes de que Alabama sancionara su ley sobre inmigración, y continúan haciéndolo en la actualidad [41] . Leticia M., una joven de 20 años que vive en Alabama desde que tenía un año, ha intentado infructuosamente desde mayo de 2011 obtener el servicio de agua para su remolque, donde tiene intención de vivir con su esposo y su hija de un año, que es ciudadana estadounidense [42] . Inmigrantes no autorizados en otras localidades informaron que las empresas locales de servicios públicos también exigen desde hace años una identificación emitida por el estado [43] .

Más de dos meses después de que la ley entró vigor, el procurador general emitió una serie de criterios de orientación donde se indicaba que la frase “transacciones comerciales” “no contempla la prestación de servicios... como agua, alcantarillado, electricidad, saneamiento, alimentos y atención de la salud” [44] e instó a la legislatura a modificar la disposición y establecer claramente que “transacción comercial” se refiere únicamente a transacciones específicas relacionadas con licencias [45] . Aun cuando los criterios de orientación del procurador general, si se aplican de manera coherente, reducirán considerablemente la incidencia de la ley en el acceso por parte de inmigrantes no autorizados a los servicios de agua, alcantarillado y electricidad, no reivindican el derecho de todos los residentes de Alabama a las necesidades básicas cotidianas. El memorando del procurador general contiene la aclaración de que “[a]lgunos de estos servicios podrán quedar alcanzados por otras disposiciones de la Ley N.° 2011-535”, sin indicar qué servicios podrían ser negados [46] . Como se señala más adelante, las oficinas locales no tienen los recursos para interpretar e implementar esta ley, y aún existe incertidumbre acerca de cómo se implementarán los criterios de orientación del procurador general en todo el estado.

Las directrices emitidas por el procurador general demuestran que la finalidad de la ley, que consiste en crear obstáculos que dificulten la vida de los inmigrantes no autorizados, ha favorecido una interpretación tan amplia por parte de funcionarios locales y del estado, que se ha negado a inmigrantes no autorizados derechos tan básicos como el acceso al servicio de agua.

Vivienda

Para muchas familias, la posibilidad de perder su vivienda es uno de los problemas más apremiantes generados por la nueva ley sobre inmigración. La ley, que según se ha interpretado impide que inmigrantes no autorizados renueven la matrícula de sus viviendas móviles, efectivamente prohíbe que las familias y personas afectadas ocupen legalmente las viviendas que son de su propiedad, que en general se encuentran ubicadas en terrenos que también son propios. Varias semanas después de nuestra visita a Alabama, el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Medio de Alabama emitió una orden de restricción temporal que establece la inaplicabilidad de esta disposición a las viviendas móviles, y que vencerá el 7 de diciembre [47] . Sin embargo, la disposición ha estado en vigor desde el 28 de septiembre hasta el 23 de noviembre, y ha tenido graves consecuencias para algunas de las personas que entrevistamos. Incluso después de que entró en vigor la orden de restricción temporal, el Southern Poverty Law Center recibió denuncias de personas en seis condados que señalaban que algunas oficinas del condado no estaban cumpliendo con lo dispuesto por dicha orden [48] . La carta de orientación emitida por el procurador general el 1 de diciembre dispone que las oficinas locales y de los condados únicamente podrán negar a personas que no sean ciudadanas el derecho a llevar a cabo una transacción comercial solo cuando se verifique mediante un programa del gobierno federal que la persona en cuestión no se encuentra legalmente en el país [49] . Dado que tan solo un condado se encuentra actualmente inscripto en el programa, hasta el momento la disposición no debería excluir a inmigrantes no autorizados de la posibilidad de celebrar “transacciones comerciales” relativas a viviendas [50] . Sin embargo, los criterios de orientación no reivindican el derecho de los inmigrantes no autorizados a vivir en las casas que son de su propiedad, y si la ley no se deroga o no se determina su inaplicabilidad con efectos permanentes, cada vez serán más los inmigrantes no autorizados y las familias que podrían ver amenazado su derecho a la vivienda.

Según el Pew Hispanic Center, el 43 por ciento de los hispanos [51] en Alabama son propietarios de viviendas [52] . Si bien es difícil determinar qué cantidad de estos propietarios son indocumentados, resulta claro que una proporción significativa de hispanos podrían ver comprometido su derecho a habitar sus propias viviendas como resultado de la ley sobre inmigración de Alabama.

El 29 de septiembre de 2011, el Departamento de Impuestos de Alabama (Alabama Department of Revenue) envió un memorando a todos los valuadores de impuestos, recaudadores de impuestos, comisionados de impuestos y analistas de valuación impositiva en Alabama, en el cual indicaba que:

[C]ualquier persona que solicite la inembargabilidad de los bienes de familia, la aplicación de la valuación según el uso actual de su propiedad o cualquier otra exención para la rebaja de los impuestos inmobiliarios por primera vez deberá comprobar antes su ciudadanía estadounidense. Si la persona es extranjera, deberá demostrar que se encuentra legalmente en Estados Unidos. Toda persona que registre una vivienda prefabricada deberá además comprobar su ciudadanía estadounidense. Si la persona es extranjera, deberá demostrar que se encuentra legalmente en Estados Unidos [énfasis en el original] [53] .

La gran mayoría de las familias que entrevistamos viven en remolques que, desde el punto de vista técnico, son viviendas móviles, pero que en general ahora tienen carácter fijo. No obstante, se consideran vehículos móviles cuya matrícula debe renovarse todos los años. Diversas familias que viven en cinco ciudades del estado informaron a Human Rights Watch que el Departamento de Automotores ( Department of Motor Vehicles) dejará de renovar la matrícula de esos remolques ya que constituiría una “transacción comercial” con el estado, lo cual infringe la ley de Alabama [54] . Activistas locales [55] , el conductor de un programa de radio [56] y ministros religiosos [57] informaron que este tema también preocupa a miembros de su comunidad. A las personas que son propietarias del terreno en el cual se encuentran los remolques también se les indica que no pueden pagar los impuestos inmobiliarios ni recibir el comprobante de pago [58] . Una mujer informó que, a causa de la ley, se había visto obligada a vender su vivienda a un precio extremadamente bajo [59] . Otras personas dijeron que habían transferido el título de propiedad a familiares y amigos que son residentes legales [60] .

Estos remolques no son vehículos usados para fines de esparcimiento, sino la “vivienda” de una familia, en todos los sentidos de la palabra. Muchas familias manifestaron haber ahorrado o efectuado pagos durante años y haber invertido en otros gastos para reacondicionar los remolques y hacer que fueran habitables. Human Rights Watch visitó a dos hermanas cuyas familias viven en remolques contiguos. Ambos remolques estaban meticulosamente cuidados por dentro y por fuera, y tenían cobertizos, zonas infantiles, gallineros y conejeras, y jardines. Una de las hermanas y su esposo habían trabajado y ahorrado durante ocho años para pagar el remolque y también habían logrado comprar el terreno donde lo habían instalado [61] . En otra ciudad, Víctor, un joven de 19 años que llegó a Alabama cuando tenía 6 años, nos mostró orgulloso una vivienda en la cual su padre había gastado US$20,000 para reacondicionarla e instalar pisos de madera, azulejos y lámparas tipo candelabro. Su padre es propietario de otros dos remolques que ha acondicionado y que arrienda a otras personas [62] . Al momento de las entrevistas, las tres familias estaban preocupadas por la falta de certidumbre acerca de si podrían continuar viviendo en sus casas sin renovar las matrículas.

La imposibilidad de los inmigrantes no autorizados de renovar la matrícula de sus viviendas móviles de conformidad con el artículo 30 se ve agravada por la disposición de la ley que establece que los tribunales de Alabama no pueden exigir el cumplimiento de contratos en los cuales se sabe que una de las partes es una persona indocumentada [64] . El único tribunal que se pronunció con respecto a la disposición sobre contratos de la Ley Beason-Hammon sostuvo que la ley no se aplica a las demandas interpuestas antes de que la ley entrara en vigor [65] . Cabe la posibilidad de que los tribunales dispongan, empleando un criterio similar, que la ley se aplica solamente a nuevos contratos, y no a contratos celebrados con anterioridad a su sanción, si bien aún no se ha dictado ninguna decisión de ese tipo. Pero mientras se mantenga la incertidumbre respecto de la validez de esta disposición, muchas familias experimentarán una profunda preocupación respecto de su vivienda y su activo financiero más importante. Por ejemplo, Sara M. y su familia continúan preocupados debido a que desconocen qué derechos tienen exactamente sobre las dos viviendas que les pertenecen, una de las cuales aún no han terminado de pagar. Sara, que ahora tiene 27 años de edad, vive en Estados Unidos desde que tenía 7. Con dos hijos que son ciudadanos estadounidenses y el resto de su familia en el estado, no puede imaginarse llegar a perder “todo aquello por lo que trabajamos” [66] .

Si bien Human Rights Watch no recibió denuncias de personas cuyas viviendas hubieran sido embargadas por bancos, varios agentes inmobiliarios que trabajan con residentes latinos expresaron su preocupación de que la ley pudiera comprometer el derecho de los inmigrantes no autorizados sobre las viviendas con hipotecas. Freddy Guerra, un agente inmobiliario de Birmingham, comentó que durante una reunión celebrada recientemente de la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces   (National Association of Hispanic Real Estate Professionals), un abogado explicó que la ley podría anular las hipotecas otorgadas a inmigrantes no autorizados. Si bien existe la posibilidad de que la justicia determine que la ley no se aplica retroactivamente a las hipotecas suscriptas antes de su entrada en vigor, esto solo se sabrá cuando un caso de este tipo llegue a los tribunales. Guerra cree que debido a que los valores de las viviendas han bajado, los bancos no se han mostrado interesados en los embargos, pero que si su valor sube “entonces tendremos grandes problemas” [67] .

Independientemente de cuál sea finalmente la interpretación de la ley, la incertidumbre ha sido suficiente para que algunas personas que vendieron viviendas móviles y casas se nieguen a cumplir sus acuerdos de venta en pagos. Una líder comunitaria informó que una familia la había llamado para pedirle ayuda después de que quien les había vendido su vivienda les advirtió que volvería a tomar posesión del inmueble. Pese a que habían estado cumpliendo los pagos durante tres años, el vendedor pretendía devolverles únicamente el depósito [68] . Y la coordinadora de ministerios hispanos de una iglesia católica afirmó conocer a familias que aún estaban realizando pagos de sus viviendas móviles y a quienes los vendedores les habían avisado que, en adelante, debían proporcionar un número de Seguridad Social para continuar efectuando los pagos [69] .

La ley también amenaza el derecho a una vivienda digna de los inmigrantes no autorizados que son arrendatarios. La ley penaliza a los propietarios que arrienden una propiedad a una persona cuando sepan que su situación es ilegal [70] . Si bien esta disposición fue invalidada de manera preliminar por un tribunal federal [71] , parece haber alentado a algunos propietarios a incumplir sus obligaciones frente a sus arrendatarios. Una mujer que vive con su esposo y siete hijos en un remolque arrendado dijo que este se había infectado de cucarachas. Antes de que se aprobara la Ley Beason-Hammon, podía pedir al propietario que solucionara cualquier problema. Pero desde entonces, el propietario ya no está dispuesto a ayudarla, y teme que si se muda y busca una nueva vivienda se le pida un documento que acredite su situación legal [72] . Otro inmigrante no autorizado informó haber tenido un problema similar con una empresa de administración que se rehusó a intervenir ante el hostigamiento de un vecino [73] , mientras que otro conocía a una persona que había sufrido un robo y que, tras pedir al propietario que reparara la ventana por la cual habían ingresado los asaltantes, este se rehusó a hacer los arreglos [74] .

Varios líderes comunitarios señalaron que la mayoría de los propietarios estaban inconformes por haber perdido a arrendatarios confiables que eran inmigrantes y que habían abandonado el estado, y no pensaban iniciar acciones legales para desalojar a los que aún no se habían ido. Sin embargo, un médico en un centro de salud rural informó que el propietario de un predio utilizado para el aparcamiento de remolques se estaba aprovechando de la situación de personas que se habían  ido y luego decidieron volver, cobrándoles el doble del precio de arrendamiento que pagaban antes y vendiéndoles nuevamente los muebles que habían dejado en sus viviendas [75] .

Licencias de negocios

La renovación de la licencia de un negocio se considera una “transacción comercial” con el estado, y la nueva ley, por lo tanto, requiere que las personas que pretendan renovar tales licencias presenten documentación que comprueben su ciudadanía o que viven legalmente en Estados Unidos [78] . Este requisito ha sido sumamente gravoso para todos los propietarios de negocios, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes legales, y el estado ha debido extender el plazo para las renovaciones que vencían en octubre de 2011 [79] . Como se señaló anteriormente, el procurador general ha dado instrucciones a oficinas locales y de los condados de que únicamente podrán negarse a celebrar “transacciones comerciales” con una persona en virtud de la ley cuando constaten que se trata de un inmigrante indocumentado a través de un programa federal [80] . Sin embargo, ya se ha observado un profundo impacto sobre los inmigrantes no autorizados, varios de los cuales han informado que cerraron o que posiblemente cierren sus negocios a causa de la ley   [81] . El caso de la madre de Carmen, explicado anteriormente, es un ejemplo de ello. Otro caso similar es el de Sonia D., quien teme no poder renovar la licencia de su restaurante que vence el próximo año pero que, según nos dijo, aún no puede aceptar tener que dejar el negocio del cual depende toda su familia [82] . En la sección a continuación se describe el caso de una persona de origen salvadoreño con residencia permanente en Estados Unidos que se ha visto obligada a cerrar su taller mecánico porque no pudo renovar la licencia.

También cabe mencionar que el artículo 11 de la ley sobre inmigración de Alabama penaliza a los inmigrantes no autorizados que buscan trabajo o, incluso, que trabajan en forma independiente [83] , mientras que otros artículos de la ley prevén penas para los empleadores que, a sabiendas, contratan a inmigrantes no autorizados (algunos de los últimos artículos han sido invalidados mientras se encuentren pendientes procedimientos judiciales) [84] .

Más allá de las enormes dificultades que se generan para las familias de inmigrantes no autorizados, se prevé que la ley sobre inmigración de Alabama tendrá consecuencias profundamente negativas para la economía del estado. Los negocios enfocados a las comunidades latinas ya tienen dificultades para mantener su actividad [85] , los agricultores aseveran que no hay suficientes trabajadores [86] y las empresas que no son del estado están reconsiderando o cancelando sus planes de instalarse en Alabama [87] . A pesar de que se afirma lo contrario, la mayoría de los inmigrantes no autorizados pagan impuestos: se calcula que la población de inmigrantes no autorizados de Alabama ha pagado US$ 130 millones en concepto de impuestos durante 2010 [88] . El profesor Samuel Addy del Centro de Investigación Comercial y Económica (Center for Business and Economic Research) de la Universidad de Alabama ha estimado que la ausencia de 10,000 trabajadores no autorizados en el estado provocaría una contracción de US$ 40 millones en la economía de Alabama [89] .

Verificación de documentos irregular y discriminatoria

Si bien la Ley Beason-Hammon exige que los funcionarios del estado y locales asuman la tarea de verificar los documentos de inmigración y ciudadanía para cualquier clase de trámite, desde la inscripción de viviendas móviles hasta la renovación de licencias de negocios, no destina ningún tipo de financiamiento a medidas de capacitación o supervisión que permitan garantizar que los funcionarios cumplan esta tarea de conformidad con todas las leyes relevantes. La ley sobre inmigración es compleja, e incluso el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), el organismo federal de control de inmigración, comete errores graves, que incluyen la deportación de ciudadanos estadounidenses [90] . Las largas filas de residentes de Alabama que intentan renovar matrículas y licencias son una señal de que la nueva ley exige requisitos engorrosos, incluso para residentes de Alabama cuya situación es legal [91] . A su vez, los primeros informes señalan que es probable que la carga recaiga particularmente sobre residentes legales que son percibidos como no autorizados, en particular las personas de ascendencia latina, dado que es posible que los funcionarios estatales y locales de Alabama no siempre comprendan las distinciones entre ciudadanos, no ciudadanos a quienes se ha reconocido algún tipo de situación legal e inmigrantes no autorizados.

Cuando una asesora en declaraciones de impuestos de Dothan intentó ayudar a uno de sus clientes, que es propietario de un negocio y residente permanente, a renovar la licencia comercial, se encontró con que la oficina de licencias local no sabía que una tarjeta de residencia permanente, o “tarjeta verde” (green card), constituía un documento que acredita la situación legal. Cuando presentó una tarjeta de residencia permanente, un funcionario de la oficina de licencias le preguntó: “¿Quién otorgó esto?, ¿Qué es USCIS?”. La oficina no comprendía que USCIS, o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (US Citizenship and Immigration Service), es el organismo federal encargado de la emisión de tarjetas de residencia permanente. Dijeron que podían aceptar únicamente un “Formulario I-551”, lo cual indica que ignoraban que a la tarjeta de residencia permanente también se la conoce como   Formulario I-551 [92] . Cuando Human Rights Watch hizo un seguimiento para averiguar si esta oficina aceptaba una “tarjeta verde”, se le preguntó al investigador: “¿Contiene una fotografía?” [93] .

En otra parte del estado, una mujer informó que un amigo, originario de El Salvador, se había visto obligado a cerrar su taller mecánico porque no pudo renovar su licencia comercial. Aunque es residente permanente y vive en Estados Unidos desde hace 20 años, en la oficina local del condado de Shelby le indicaron que necesitaba presentar un certificado de nacimiento para renovar la licencia de su negocio [94] . Alfredo Chávez, un ciudadano estadounidense y propietario de varios negocios en Decatur, creía que los funcionarios habían aplicado criterios de selectividad racial cuando renovó la licencia de su negocio poco tiempo atrás. Contó que los funcionarios en la oficina no solicitaron la licencia de conducir a dos personas de origen caucásico que estaban en la fila delante de él, pero que sí se la pidieron a él y a otra persona de ascendencia hispana [95] .

Algunos memorandos emitidos por organismos del estado poco después de que la ley entró en vigor contenían información incorrecta y hacían referencia, por ejemplo, a un pasaporte extranjero “con una visa de Estados Unidos vencida” [96] y una “tarjeta de inscripción tribal válida (no vencida) u otra forma de identificación tribal” [97] como prueba de permanencia legal para quienes no sean ciudadanos.

El 1 de diciembre, luego de que supuestamente se produjeron los incidentes antes descritos, la Procuraduría General emitió una carta de orientación donde indicaba a los funcionarios locales y de los condados que “solamente se podrá negar a un extranjero el derecho a llevar a cabo una transacción comercial con el estado... cuando exista una determinación federal de que este se encuentra en el país en forma ilegal”, es decir, dicha determinación deberá efectuarse a través del programa de Verificación Sistemática del Derecho de los Extranjeros a Recibir Beneficios (Systematic Alien Verification for Entitlements, SAVE), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional [98] . El Departamento de Impuestos de Alabama también emitió un memorando por el cual dejó sin efecto una directiva previa que autorizaba a funcionarios locales y del condado a verificar la situación migratoria de personas que no fueran ciudadanas estadounidenses y que quisieran realizar “transacciones comerciales” con el estado [99] . Al momento de la redacción de este informe, se desconoce si estas medidas lograrán prevenir prácticas discriminatorias o incongruentes de verificación de documentos. Asimismo, incluso si todos los organismos se inscribieran en el programa SAVE y pudieran reconocer adecuadamente a personas que no son ciudadanas que se encuentran ilegalmente en el país, la negación de las necesidades básicas cotidianas a inmigrantes no autorizados constituiría igualmente una violación de las normas internacionales de derechos humanos.

II. Negación de protección igualitaria conforme a la ley

No podemos presentar reclamos [sobre abusos en el lugar de trabajo] porque somos indocumentados. Tenemos un corazón del mismo tamaño, la misma sangre, sólo el color de nuestra piel es distinto.

—Miguel, inmigrante no autorizado, 28 de octubre de 2011

La Constitución de Estados Unidos y las normas internacionales de derechos humanos reconocen la igualdad ante la ley de todas las “personas” [100] . La Enmienda XIV a la Constitución de Estados Unidos define en primer lugar a “personas” como “ciudadanos de Estados Unidos”, y luego declara que ningún estado podrá “privar a ninguna persona de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción igual protección conforme a la ley” [101] . De manera similar, las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se refieren a “todo individuo” o “todas las personas”, en lugar de los ciudadanos. Salvo en el artículo 13 sobre expulsión y el artículo 25 sobre el derecho a voto, el PIDCP no distingue entre los derechos de los ciudadanos y de quienes no lo son [102] . El artículo 26 consagra el derecho a recibir igual protección de la ley:

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social [103] .

El PIDCP también asegura específicamente a “toda persona” cuyos derechos fundamentales hayan sido violados la posibilidad de interponer un recurso efectivo, reconoce que “todas las personas” son iguales ante los tribunales y las cortes de justicia, y que “todo ser humano” tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica [104] .

Sin derecho a exigir el cumplimiento de contratos

Sin embargo, la Ley Beason-Hammon excluye expresamente a inmigrantes no autorizados de ciertas garantías legales. El artículo 27 establece que “[n]ingún tribunal de justicia en el estado podrá hacer cumplir, o considerar válidas de algún otro modo, las disposiciones establecidas en un contrato celebrado entre una parte y un extranjero que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos” [105] . La disposición admite algunas excepciones y no se aplica a quienes desconozcan que la otra parte se encuentra en el país de manera ilegal; y excluye a aquellos contratos que puedan ejecutarse en menos de 24 horas, así como los de alojamiento durante una noche, alimentos, servicios médicos y transporte efectuado para “facilitar el regreso del extranjero a su país de origen”. La ley también excluye aquellos contratos “autorizados por la ley federal”, pero no ofrece una definición que aclare qué significa [106] . Salvo estas excepciones, el artículo 27 se aplica a todos los demás contratos que se utilizan cotidianamente, desde contratos de trabajo hasta hipotecas [107] .

Si bien la ley ha estado vigente por poco tiempo, en al menos una demanda interpuesta por inmigrantes no autorizados que presuntamente habrían sido estafados durante la venta de dos automóviles, los acusados habrían invocado en su defensa la ley sobre inmigración de Alabama, afirmando que los demandantes eran “residentes ilegales” [108] . El juez se pronunció a favor de los reclamantes debido a que la demanda ya había sido interpuesta cuando se aprobó la ley en cuestión [109] .

Varias personas informaron que a ellas o a otros inmigrantes no autorizados que conocían les habían negado el pago de sus salarios, pero creían que no tenían derecho a un recurso en función de lo dispuesto por la ley [110] . Una mujer señaló que a su esposo le habían pagado con un cheque sin fondos. Al reclamar a su empleador, este le habría dicho: “No tengo que pagarte nada porque no tienes papeles” [111] .

Si bien los inmigrantes no autorizados ya estaban expuestos a la posibilidad de que se les negara el salario incluso antes de la aprobación de la Ley Beason-Hammon, esta norma transmite un mensaje claro a los empleadores de que no deben temer que trabajadores no autorizados presenten acciones judiciales por incumplimiento contractual. Con independencia de la interpretación legal que reciba finalmente el artículo 30, es muy probable que como resultado de esta ley la negación de salarios y otros abusos contra inmigrantes no autorizados sea cada vez más frecuente y que se frustre la posibilidad de un reconocimiento más amplio de la importancia del Estado de derecho en Alabama.

Desigualdad en el acceso a recursos por las víctimas de delitos

La ley de Alabama exige que los agentes del orden locales realicen un “esfuerzo razonable” por determinar la condición de ciudadanía o migratoria de las personas al ser interceptadas o detenidas, cuando exista “sospecha razonable” de que se encuentran en el territorio en forma ilegal [114] . La norma suspende la aplicación de “todas las disposiciones de la presente ley” hasta la conclusión de los procedimientos legales cuando un inmigrante no autorizado sea víctima de un delito o testigo clave en un juicio, pero establece expresamente que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán acatar los pedidos de funcionarios federales de inmigración de que se ponga a disposición de ellos a la persona en cuestión. La ley tampoco brinda criterios que indiquen de qué forma los funcionarios deben determinar si un inmigrante interceptado ha sido víctima de un delito o es un testigo clave en un juicio. En la práctica, el efecto general de la ley ha sido que inmigrantes no autorizados se muestren extremadamente renuentes a mantener cualquier contacto con la policía, incluso cuando son víctimas de delitos [115] .

Sara M., quien vive en Estados Unidos desde los 7 años y habla inglés con fluidez, intentó ayudar al enterarse de que un inmigrante hondureño había sido agredido y robado, el cuarto hecho de este tipo ocurrido en un barrio de Birmingham del cual había tenido conocimiento en poco tiempo. Dos vecinos que presenciaron la agresión llevaron a la víctima dentro de su casa y procuraron atender sus heridas, pero no llamaron a la policía ni trasladaron a esta persona hasta el hospital a pedido suyo. Sara llamó a la policía y preguntó si, al presentarse para denunciar el delito, le pedirían que demostrara su condición migratoria. Cuando le respondieron que “sí”, colgó el teléfono. Sara dijo al respecto: “Antes, podías llamar a la policía y sentirte seguro. Ahora no hay seguridad para los hispanos” [116] .

En un hecho similar en otra región del estado, un joven contó que un amigo, que había sido víctima de un intento de robo, prefirió no denunciar el incidente a la policía [117] .

Algunas personas expresaron su temor de que hubiera una tendencia progresiva a agredir deliberadamente a inmigrantes latinos, ya que los delincuentes creen que probablemente no denunciarán los robos. Blanca Taylor, quien trabaja para la Unidad de Asistencia a Víctimas de la Fiscalía del Condado de Jefferson (Jefferson County District Attorney’s Victim Assistance Unit), contó a Human Rights Watch que si bien no tenía datos concretos, “el temor era cada vez más generalizado ” [118] . El día anterior, un amigo le había contado sobre un conocido que, pese a que había sido robado, se rehusó a llamar a la policía [119] . El pastor Rodríguez dijo acerca de su comunidad: “No saben quién es el enemigo, si la policía o los delincuentes” [120] .

Algunos departamentos de policía han expresado públicamente su preocupación por el modo en que la Ley Beason-Hammon podría afectar su capacidad de trabajar con comunidades de inmigrantes y minorías. Por ejemplo, el jefe de Policía de Birmingham, A.C. Roper, expresó en una declaración de apoyo a la petición de medida cautelar interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos: “la ley HB 56 frustrará los esfuerzos realizados por nuestro Departamento para llevar a cabo prácticas de policía de manera justa e igualitaria en todo Birmingham, ya que seremos percibidos como agentes de inmigración del Estado, en vez de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que procuran proteger a todas las personas de Birmingham” [121] . Algunos departamentos de policía entrevistados por Human Rights Watch también expresaron que su aspiración era “resolver delitos” y “no estar buscando personas para detenerlas conforme a la ley [sobre inmigración]” [122] . No obstante, algunos funcionarios negaron que la participación activa de la policía en controles de inmigración pudiera afectar la voluntad de inmigrantes no autorizados de denunciar delitos. Si bien el departamento de policía de Elberta ya tenía la práctica de averiguar la condición migratoria de las personas que interceptaban antes de la aplicación de la ley, el jefe de policía comentó a Human Rights Watch: “Nunca ha pasado que alguien no venga por [su situación migratoria]” [123] .

Desigualdad en el acceso a la justicia

La ley de Alabama ha generado gran incertidumbre respecto de la situación de inmigrantes no autorizados que actúan en la justicia penal o civil como testigos, acusados o demandantes. Al igual que en el trato con la policía, las personas se muestran renuentes a recurrir a los tribunales por temor a ser detenidas y deportadas.

Esta aprensión se debe en gran parte a lo dispuesto por el artículo 19 de la ley, que niega la posibilidad de libertad bajo fianza a todos los inmigrantes no autorizados acusados de delitos, con independencia de si se trata de delitos menores o de si el riesgo de fuga es mínimo [124] . Esto implica que permanecerán detenidos por períodos prolongados a la espera de un juicio, mientras que ciudadanos estadounidenses acusados de cometer delitos mucho más graves podrán conseguir la libertad bajo fianza. A efectos del derecho internacional, esta disposición viola el derecho de igualdad ante la justicia y de protección igualitaria conforme a la ley establecidos en el PIDCP. También supone una violación del artículo 9(3) del PIDCP, según el cual “[l]a prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio”. El procurador general de Alabama Luther Strange también ha señalado que esta disposición resulta violatoria de la Constitución del Estado de Alabama, y ha instado a que se derogue [125] . No obstante, al momento de la redacción de este documento, la disposición continuaba vigente.

La ley prohíbe asimismo a “funcionarios judiciales del estado” —jueces, abogados, personal de la justicia— adoptar políticas o prácticas que restrinjan las medidas de aplicación de la ley por parte de funcionarios del estado [126] . Establece además que no se podrá prohibir a un funcionario de la justicia compartir información que permita “[verificar] cualquier afirmación sobre residencia o domicilio cuando tal determinación sea necesaria conforme a las leyes del estado o una orden judicial emitida en virtud de un procedimiento civil o penal en este estado” [127] . Abogados, jueces e intérpretes judiciales han expresado su desconcierto y han cuestionado hasta qué punto están obligados a establecer e informar sobre la condición de indocumentados de sus clientes y de quienes comparecen ante la justicia.

La intérprete de español Melissa Fridlin comentó a Human Rights Watch que recibió una llamada telefónica de una defensora de oficio que afirmó no saber si debía denunciar la condición migratoria de su cliente [128] . Cuando esta abogada le preguntó a un juez, le respondió que era su obligación informar ese dato. Le dijo además que si alguien solicitaba un intérprete en su tribunal, él asumiría que esa persona era indocumentada y tendría la obligación de denunciarla. Finalmente, tras consultar a otros colegas, la abogada decidió que el deber de confidencialidad entre abogado y cliente se aplicaba a la condición migratoria, pero informó igualmente a su cliente que si bien estaba obligado a comparecer ante la justicia, sería detenido. Su cliente no se presentó al día siguiente como estaba previsto [129] .

El periódico Decatur Daily informó que el abogado Eric Summerford, en un mensaje de correo electrónica enviado al Colegio de Abogados del Condado de Morgan (Morgan County Bar Association), recomendó a otros colegas que por las dudas cumplieran el requisito de divulgación[130]. El juez J. Scott Vowell del Tribunal Civil del Condado de Jefferson indicó haber tenido noticias de que un juez municipal de Birmingham anunció que si alguien en su juzgado no tenía constancia que acreditara su situación, dicha persona sería arrestada[131].

No resulta sorprendente entonces que, como resultado, la población latina prefiera no acudir a la justicia, ni siquiera para pagar multas de tránsito. La intérprete de español Mavi Figueres, que trabaja habitualmente en los tribunales del condado de Jefferson, informó que desde septiembre no vio a personas latinas que se presentaran ante la justicia para pagar multas de tránsito, aun cuando dicha incomparecencia agrava su situación judicial [132] .

Los abogados entrevistados por Human Rights Watch fueron terminantes en cuanto a que el deber de confidencialidad entre abogados y clientes prevalecía por sobre cualquier obligación establecida por la legislación de Alabama, y la mayoría de los jueces entrevistados por Human Rights Watch consideraban que su función de árbitros imparciales se vería menoscabada si debían determinar la condición migratoria de las personas que acudían a su tribunal. La jueza Laura Petro indicó que si le ordenaban hacerlo, su reacción sería la siguiente: “me opondría rotundamente. Yo no soy un funcionario de aplicaci ó n de la ley. Como jueza, mi responsabilidad es interpretar la ley. Se supone que debemos ser imparciales y objetivos” [133] . Si bien el juez Sheldon Watkins indicó que estaba dispuesto a averiguar la condición migratoria si se le exigía hacerlo, creía que esto obstaculizaría el procedimiento ya que se vería obligado a llamar al alguacil para que detuviera a la persona en cuestión. Pero no sabía si el alguacil contaba con recursos para enviar a una persona a su juzgado, debido a los recortes presupuestarios [134] . El juez Vowell indicó que “la justicia ha sido siempre un ámbito al cual pueden acudir las personas para reclamar la protección que necesitan... La condición de ciudadano no debería incidir en la posibilidad de las personas de recibir protección” [135] .

Aun si no se detiene a inmigrantes no autorizados en los tribunales de justicia, existe un grave riesgo de que la vaguedad de la ley, así como las declaraciones ambiguas u hostiles de jueces y otros funcionarios judiciales, tengan un profundo efecto inhibitorio para los inmigrantes indocumentados que busquen justicia. Al aprobar esta ley, Alabama ya ha enviado un mensaje a los inmigrantes no autorizados de que no se respetará su derecho a la protección igualitaria conforme a la ley.

III. Hostigamiento y abusos discriminatorios

La ley sobre inmigración de Alabama envía un mensaje rotundo de que los inmigrantes no autorizados deben ser tratados de manera diferente a otros residentes de Alabama. No resulta sorprendente que dichas personas, y otras que se perciben como “ilegales”, hayan informado una mayor cantidad de incidentes de hostigamiento discriminatorio por parte de autoridades del estado y particulares.

La discriminación y hostigamiento experimentados por latinos, incluidos ciudadanos y residentes permanentes, no son un fenómeno nuevo. Algunas personas entrevistadas por Human Rights Watch informaron haber sido objeto de discriminación y medidas selectivas que respondían a motivos raciales mucho antes de la aprobación de la Ley Beason-Hammon [136] . Sin embargo, la nueva ley sobre inmigración ha creado un clima en el cual es más probable que se produzcan dichos abusos y existen menores probabilidades de que las víctimas los denuncien.

Hostigamiento y abuso por parte de autoridades locales

No depende de la ley. Depende del policía que te detiene.

—Mariana F., inmigrante no autorizada, 2 de noviembre de 2011.

Al momento de nuestra investigación en Alabama, los departamentos de alguaciles y de policía en el estado aún no habían comenzado a aplicar de manera uniforme la ley sobre inmigración. No había uniformidad en los documentos que se requerían para comprobar la situación legal de las personas que interceptaban o detenían, ni en los criterios para encarcelar a personas por conducir sin la correspondiente licencia [137] . Si bien algunos departamentos han arrestado y acusado a personas de conformidad con la nueva ley, otros han expresado públicamente su renuencia a aplicar una ley que consideran “confusa” [138] . Al 30 de octubre, el Departamento de Seguridad Interna de Alabama (Alabama Department of Homeland Security) tenía conocimiento de sólo 10 casos en los cuales se habían aplicado las disposiciones de la ley relativas al accionar policial [139] .

Varias personas comentaron a Human Rights Watch que tuvieron problemas al interactuar con la policía local después de que la ley entró en vigor o inmediatamente antes de esa fecha. Hay otros ejemplos proporcionados por la prensa, que se resumen a continuación. A pesar de que Human Rights Watch no pudo verificar de manera independiente los detalles específicos de estos incidentes, si  son efectivamente ciertos, esto sugiere que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de ascendencia latina, al igual que los inmigrantes no autorizados, están expuestos a un mayor riesgo de recibir un trato discriminatorio.

Fernando Rodríguez, un residente permanente legal y ministro de una iglesia en Albertville, informó que junto con otro amigo que también es pastor fueron detenidos cuando salían de una gasolinera en Warrior sin que se les explicara el motivo. En vez de eso, y de acuerdo con las versiones de los medios, el oficial habría hecho declaraciones abusivas y despectivas como “¿Por qué están en Estados Unidos?” y “Regresen a México” [140] . Cuando el policía lo palpó y encontró su billetera con su tarjeta de residente permanente, lo dejó ir, pero su amigo, el pastor Hernández, fue arrestado. Según trascendió, el policía habría dicho que los detuvo por exceso de velocidad [141] , pero el Oficial de Información Pública del Departamento de Policía de Warrior no pudo confirmar qué fue lo que sucedió al momento de la detención, ya que él no había participado en la detención [142] . Si bien el pastor Hernández fue puesto a disposición del ICE y fue liberado poco después sin tener que pagar una fianza, aún no se ha fijado la fecha para su procedimiento de deportación [143] . El estado retiró todos los cargos [144] .

En otra región del estado, Rafael B., inmigrante no autorizado de 23 años que vive en Estados Unidos desde los 17 años, informó que se le dijo varias veces “Tú no tienes derechos” cuando fue interceptado y detenido dos semanas después de que la ley entrara en vigor, supuestamente por no haber usado la señal de giro [145] . Rafael no pudo mostrar una licencia de conducir porque, al igual que los demás inmigrantes no autorizados, no puede obtener una licencia de conducir de Alabama. Cuando mostró su pasaporte mexicano, el oficial no creyó que fuera legítimo porque no tenía un “sello”. (El consulado mexicano en Atlanta indicó que no podía dar fe de la autenticidad del pasaporte sin verlo, pero que según el lugar y la fecha en que fue emitido, podía o no tener un sello en relieve sobre la fotografía) [146] . El oficial entonces procedió a arrestarlo. Cuando Rafael preguntó si podía llamar a un abogado, el oficial presuntamente le dijo: “No. Tú no tienes ningún derecho. Estás en la calle” [147] . Rafael luego preguntó si podía llamar a otra persona, y según contó: “Me dijo que no, que yo no tenía derecho a nada”. Continuaron preguntándole de dónde había sacado el pasaporte, y él les respondió que lo había obtenido en el consulado. Luego lo trasladaron a la estación de policía, y una vez allí “dijeron que no tenía derecho a nada, que si era legal podría salir con US$300, pero que no tenía derecho a nada”. Le habrían hecho preguntas como “¿Por qué hay tantos mexicanos aquí? Hay muchos ciudadanos estadounidenses que aquí no tienen trabajo. Ustedes les están quitando sus trabajos” y “¿Por dónde cruzó la frontera?”. Lo obligaron a firmar papeles sin explicarle qué eran, diciendo que darían más multas si no los firmaba.

Al día siguiente, Rafael fue puesto a disposición de la justicia. Finalmente, se le permitió ponerse en contacto con sus familiares, y estos le consiguieron un abogado. En ningún momento le ofrecieron los servicios de un intérprete. El juez no lo condenó por las multas, y no se le entregó ningún documento relacionado con su detención. Posteriormente pasó a disposición del ICE, pero fue liberado sin que se fijara una fecha para su procedimiento de deportación. En total, permaneció detenido una semana [148] .

En otro caso, un médico latino con residencia permanente en Estados Unidos dijo que pocas semanas después de que la ley entrara en vigor, un policía del estado le ordenó que se detuviera mientras circulaba en su automóvil, sin dar ningún motivo. Según el médico, el policía, que estaba parado en la calle, simplemente alzó la mano, con el brazo extendido, después de “ver el color de mi piel”. Cuando el oficial vio que tenía licencia de conducir, se la devolvió y lo dejó ir [149] .

Un inmigrante no autorizado de origen mexicano que vive en Elberta, una pequeña localidad en las afueras de Foley, describió haber vivido un incidente similar una semana después de que la ley entrara en vigor. Un policía siguió su automóvil durante un trayecto de tres millas y luego le indicó que se detuviera inmediatamente antes de que cruzara el límite con la jurisdicción de la policía de Foley. Si bien no le dio ningún motivo para detenerlo, cuando el conductor no pudo mostrar una licencia de conducir, el policía habría repetido varias veces: “Voy a darle una oportunidad para que se vaya de Alabama. La próxima vez, voy a enviarlo de vuelta a México” [150] .

Varias personas relataron casos de terceros que fueron detenidos o arrestados por razones que, según consideraban, eran poco plausibles. Stephen McGowan, un abogado de Dothan, informó que uno de sus clientes fue deportado después de que le indicaran que detuviera su automóvil, supuestamente por llevar la radio con el volumen demasiado alto. Según McGowan, sin embargo, la radio estaba averiada y no podía encenderse [151] .

Una mujer, que nació en Estados Unidos y cuya familia es originaria de República Dominicana, piensa que posiblemente la policía tuvo en cuenta criterios raciales cuando le indicó que detuviera su vehículo, poco después de que la ley entró en vigor. El policía dijo que creyó que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. La mujer reconoció que era posible que el cinturón de seguridad no se viera dado que vestía ropa oscura, pero a la vez dijo que en todos los años que había vivido en la zona nunca antes se le había pedido que se detuviera por no usar el cinturón de seguridad. El oficial hizo comentarios sobre el trabajo de la mujer que sugerían que él estaba suponiendo que había inmigrado recientemente. Después de mostrarle su licencia de conducir, la dejó ir, pero cuando relató lo sucedido a amigos que trabajan en el departamento de policía, le sugirieron que comenzara a llevar consigo su certificado de nacimiento [152] .

Hostigamiento y abuso por parte de particulares y empresas

Sentimos que el racismo ha aumentado entre los estadounidenses.

—Lorena B., inmigrante no autorizada, residente en Alabama desde hace 15 años y madre de cuatro hijos que son ciudadanos estadounidenses, 30 de octubre de 2011

En este momento, podemos ver quién es realmente cristiano.

—Lara P., inmigrante no autorizada, residente en Alabama desde hace 15 años y madre de un hijo de nacionalidad estadounidense, 30 de octubre de 2011

Muchas de las personas con quienes hablamos dijeron que la vida cotidiana en Alabama se ha vuelto cada vez más difícil para los residentes latinos desde que se aprobó la Ley Beason-Hammon, ya que han aumentado los actos de hostigamiento y discriminación por parte de particulares y empresas. Cuando el estado declara que un grupo determinado de personas, que en su mayoría pertenecen a una minoría étnica, no es bienvenido, no resulta sorprendente que los ciudadanos consideren que tienen un permiso para discriminar a esa minoría. Todos los incidentes de hostigamiento informados a Human Rights Watch desde la aprobación de la ley involucraban a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes e inmigrantes no autorizados de ascendencia latina.

Algunas empresas privadas, que no tienen obligación legal de exigir ninguna documentación que compruebe la situación legal, parecen haber asumido por sí mismas la responsabilidad de verificar la ciudadanía o la presencia legal de las personas en el territorio como parte de transacciones de rutina. Un mujer informó que su madre de 55 años, una residente permanente de ascendencia latina, se sorprendió cuando un empleado de una importante tienda de descuento le dijo que tenía que presentar un documento que acreditara la ciudadanía estadounidense para poder venderle un medicamento que le habían recetado. Cuando la hija preguntó en la tienda qué había sucedido, le dijeron que habían tenido un problema con el seguro de su madre, pero esta no tuvo problemas para usar la receta en otra farmacia [155] . Leticia M., una inmigrante no autorizada que vive en Alabama desde que tenía un año, había abierto una cuenta en una cadena minorista para comprar en pagos vestimenta de invierno para su familia. Después de completar los pagos, acudió a la tienda para recoger las prendas. Como había perdido el recibo, se le pidió que proporcionara una identificación con fotografía, pero el gerente se rehusó a aceptar cualquier identificación que no hubiera sido emitida por Alabama [156] . Suzanna Collerd, una organizadora de la Coalición de Alabama por la Justicia para los Inmigrantes (Alabama Coalition for Immigrant Justice), informó que había hablado con una mujer a quien se le exigió una identificación cuando pidió que le mostraran unas joyas que estaban a la venta en un almacén de descuento, y con otra mujer que no pudo conseguir que en una importante tienda minorista de artículos electrónicos respetaran la garantía del producto que había comprado porque no tenía una licencia de conducir emitida por Alabama [157] .

Varias personas informaron que su entorno de trabajo se había vuelto hostil, y que sus compañeros hacían comentarios discriminatorios e hirientes, como “¿Te has enterado de la nueva ley? ¡Van a atraparte!” [158] . Delia R., una residente permanente, estaba consternada porque sus compañeros de trabajo nunca habían hecho este tipo de comentarios antes de que se aprobara la ley [159] . El esposo de Leticia M. consiguió un trabajo en una fábrica de autopartes que utiliza E-Verify, un programa federal que tiene por finalidad asegurar que los nuevos empleados tengan autorización para trabajar en Estados Unidos, a pesar de que no cuenta con dicha autorización. Si bien la empresa lo considera formalmente un trabajador con documentación, sus compañeros de trabajo y su supervisor lo tratan a él y a otras personas que están trabajando sin autorización de manera diferente, asignándoles más tareas y haciendo comentarios amenazantes como “No voy a escuchar a un mexicano sin papeles... ¡Haz que me despidan! Si lo haces, llamaré a migración para denunciarte” [160] .

Algunas personas afirmaron que incluso personas que no conocían en las tiendas de comestibles han hecho cometarios abusivos, como “¿Por qué todavía estás aquí? ¿No entiendes que tienes que irte?” [161] . Una docente de Foley informó que algunas personas habían alterado los folletos de “Preguntas Frecuentes” acerca de la ley sobre inmigración de Alabama y habían incluido expresiones como “Vuelvan a México”, para luego colocarlos en los parabrisas de los automóviles en un estacionamiento fuera de una conocida tienda de descuento [162] .

Este tipo de declaraciones, cuando se expresan en el ámbito de trabajo o en la escuela, pueden llegar a constituir hostigamiento ilegal. El creciente temor entre los inmigrantes no autorizados, sin embargo, es que el acoso verbal sea tan sólo el comienzo. Como manifestó Katherine Guzmán: “Me hace mal... saber que mi hija de 8 años tiene miedo y no saber realmente cómo ayudarla con eso, porque de alguna manera yo también tengo miedo… No se puede saber hasta dónde otras personas están dispuestas a llegar” [163] .

IV. Consecuencias de la Ley Beason-Hammon en los niños

Alguien debería luchar por los derechos de los niños.

—Alma R., inmigrante no autorizada, residente en Alabama durante 14 años y madre de dos niños estadounidenses, 30 de octubre de 2011

La ley sobre inmigración de Alabama también pone en peligro el bienestar de los niños. Al generar incentivos para que los padres eviten tener contacto con autoridades o incluso ser vistos en público, ha creado nuevos obstáculos que se interponen a la posibilidad de que sus hijos —muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses [164] — reciban atención de la salud y educación.

Tanto el derecho constitucional estadounidense como las normas internacionales de derechos humanos reconocen la situación especial de los niños y sus necesidades específicas de protección y cuidado. En 1982, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en el caso Plyler v. Doe que los hijos de inmigrantes no autorizados tenían derecho a recibir educación en escuelas públicas. La Corte señaló que aun si un estado preveía consecuencias para los adultos que ingresaran a Estados Unidos de manera ilegal, “cualquier ley que extendiera a los hijos la responsabilidad por la conducta indebida de sus padres no sería compatible con los conceptos fundamentales de justicia” [165] . Son varios los tratados internacionales de derechos humanos que protegen los derechos de los niños. El artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce a los niños el derecho a “las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado” [166] . El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que “[s]e debe conceder a la familia... la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición” [167] . La Convención sobre los Derechos del Niño dispone que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal” [168] .

La ley de Alabama no toma en cuenta ninguno de estos conceptos sobre derechos de la niñez, e incrementa la posibilidad de que se separe a padres de hijos que tienen ciudadanía estadounidense. Intensifica las medidas de aplicación de la ley sin que esto se acompañe con una reforma de la política inmigratoria, lo cual exacerba las falencias del sistema federal de inmigración en lo que respecta a la preservación de la unidad familiar [169] . Los inmigrantes no autorizados cuyos hijos tienen ciudadanía estadounidense se enfrentan a la difícil situación, en caso de ser deportados, de decidir si dejar a sus hijos en Estados Unidos, sabiendo que pueden perder la custodia de sus hijos y el contacto con ellos [170] . Los inmigrantes no autorizados que residen en Alabama son conscientes de estos riesgos, y en respuesta algunos han otorgado poderes a familiares y amigos estadounidenses para el supuesto de que sean detenidos, deportados y separados de sus hijos [171] .

Consecuencias para el acceso a servicios básicos y la atención de la salud

Cuando se niega a padres que son inmigrantes no autorizados el acceso a necesidades básicas de la vida cotidiana, como agua y vivienda, también se niega inevitablemente estos derechos a sus hijos. Algunos padres de Alabama dijeron a Human Rights Watch que, a causa de la Ley Beason-Hammon, se habían visto obligados a limitar severamente sus actividades, con consecuencias negativas para la salud de sus hijos.

Una recepcionista de un consultorio pediátrico en Albertville, que trabaja además en un centro de salud rural, informó haber registrado un incremento de la cantidad de cancelaciones y que hay menos pacientes desde que entró en vigor la ley de Alabama [174] . La madre de una niña de 9 años que padece una enfermedad cardíaca grave intentó contener las lágrimas cuando nos contó que había cancelado la cita de seguimiento a la cual su hija debe acudir cada seis meses, porque sentía que no podía arriesgarse a conducir hasta el hospital en Birmingham, que quedaba a una hora y media de distancia [175] . Otras personas contaron que también tenían temor de llevar a sus hijos a citas médicas necesarias [176] . Una persona dijo que conocía varias madres que temían conducir para ir a recoger la leche para sus hijos que entrega el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (conocido como WIC), un programa federal que brinda alimentos a mujeres embarazadas de bajos ingresos y niños de hasta cinco años que están expuestos a riesgo de desnutrición. Si bien ella también reside en el país sin autorización, se arriesgaba a recoger la leche para sus vecinos [177] . El intérprete Luis Robledo denunció ante ACLU que una mujer y su hijo pequeño, este último de nacionalidad estadounidense, ambos VIH positivos, habían decidido irse de Alabama y trasladarse a Guatemala luego de que la ley entró en vigor, pese a que el centro médico más próximo a la localidad de donde era originaria la mujer quedaba a tres horas en automóvil [178] .

Como se señaló anteriormente, la decisión de los padres de evitar conducir y de mantener el menor contacto posible con los agentes encargados de la aplicación de la ley también ha repercutido profundamente en las actividades de sus hijos. Varios padres señalaron que ya no llevan a sus hijos a reuniones o partidos para actividades como fútbol, entrenamiento de porristas y Boy Scouts [179] . A los niños que quieren salir durante Halloween a pedir dulces o asistir a los carnavales organizados durante el festival local del maní se les dice que es demasiado peligroso, y las familias tampoco salen a pescar ni van a la playa [180] . Muchos padres dijeron a Human Rights Watch que sus hijos entendían que ya no podían formar parte del equipo de fútbol ni de los Boy Scouts, pero que aún tenían secuelas emocionales. Cuando Ana S. explicó a sus hijas de 6 y 11 años que si las llevaba a entrenamientos o partidos de fútbol podían detenerla, “ellas entendieron, pero se pusieron a llorar” [181] . Otra madre contó acongojada que su hija ya no siente que pertenezca al estado donde nació y pregunta: “¿Por qué estamos aquí? No nos quieren” [182] .

Consecuencias para el acceso a la educación

El artículo 28 de la Ley Beason-Hammon tuvo consecuencias inmediatas para los niños, al exigir que las escuelas verificaran la condición migratoria de sus estudiantes. El derecho a la educación es un derecho fundamental que corresponde a todos los niños, con independencia de su condición migratoria, y se encuentra protegido por el derecho estadounidense y las normas internacionales de derechos humanos [183] . Si bien la ley de Alabama no prohíbe expresamente que los niños asistan a la escuela, la disposición ha tenido un fuerte efecto disuasivo y se desconocen cuáles serán totalmente los efectos. Desde que la ley entró en vigor, el 28 de septiembre de 2011, hasta el momento en que el Tribunal de Apelaciones del 11°Circuito dispuso en forma preliminar la inaplicabilidad del artículo 28, el 14 de octubre de 2011 [184] , la asistencia de niños de origen hispano a las escuelas públicas ha sido bastante menor de lo habitual. Según el Departamento de Educación del estado, más de 5,000 niños de origen hispano se ausentaron de la escuela, en un momento en que el ausentismo esperable era de cerca de 1,000 [185] . La población escolar de origen hispano en Alabama asciende a cerca de 31,000 estudiantes, algunos de ellos con ciudadanía estadounidense [186] . El procurador general Strange recomendó en diciembre a la legislatura que derogara esta disposición [187] , pero como se demuestra en los relatos que se presentan a continuación, el impacto negativo que ha tenido la ley respecto del derecho a la educación de los niños no ha sido resultado del artículo 28 únicamente.  

Las autoridades escolares que hablaron con Human Rights Watch dijeron que luego de que la justicia resolvió la inaplicabilidad del artículo 28, algunos niños regresaron a la escuela pero otros ya se habían dado de baja formalmente. Algunos estudiantes que formaban parte de Head Start, un programa federal de nivel preescolar para niños de sectores menos favorecidos, no pudieron reinscribirse ya que perdieron su lugar [188] . Algunos estudiantes que cancelaron su inscripción presuntamente se habrían mudado a otros estados, pero aun suponiendo que hayan conseguido reinscribirse en escuelas en otros lugares, esto supuso la pérdida de tiempo y valiosas oportunidades educativas [189] . Una maestra que enseña inglés como segunda lengua en Birmingham comentó al respecto: “Tuve que hablar con un niño pequeño cuyo padre iba a sacarlo de la escuela... Le dije que su padre estaba haciendo lo que consideraba mejor, pero igualmente se sentía desolado por tener que dejar a sus amigos” [190] .

La mayoría de los padres que son inmigrantes no autorizados y que hablaron con Human Rights Watch dijeron que las autoridades de las escuelas habían instado a sus hijos a que continuaran asistiendo luego de que la ley entrara en vigor [191] , y la Junta Educativa de Birmingham emitió una resolución en la cual repudiaba la ley [192] . No obstante, algunos docentes informaron que hay niños que aún no han regresado a clases porque sus padres temen conducir hasta la escuela, y una ciudadana estadounidense dijo que se encarga de llevar a la escuela a la hija de otra mujer que tiene miedo de conducir [193] . Una de las razones principales de este temor es la presencia de policías en las escuelas. Patricia Armour, que trabaja como docente en Foley, señaló que ya había policías en las escuelas antes de la aprobación de la ley sobre inmigración de Alabama, pero que tras su aprobación su presencia ha adquirido un nuevo significado, y que los padres llaman y dicen haber visto a policías y que no quieren acercarse a dejar a sus niños [194] . En otra localidad, como se explica más adelante, una mujer contó que deja a su hija en la escuela a las 6:30 a.m. para evitar tener contacto con la policía [195] . Human Rights Watch visitó la escuela y comprobó que la policía tiene una presencia visible, con patrullas aparcadas en los caminos de acceso a la institución [196] .

Varios docentes y un director de una escuela informaron que algunos de los niños que continúan asistiendo a clases están consternados y que les cuesta entender por qué muchos de sus compañeros ya no están. La escuela primaria Foley Elementary School, donde el 20 por ciento del alumnado es de origen latino, tuvo que implementar su “estrategia de respuesta ante casos de crisis” durante los días siguientes a la entrada en vigor de la Ley Beason-Hammon para brindar asistencia a los niños que lloraban y se sentían atemorizados [198] . Una madre expresó su profunda preocupación porque las calificaciones de su hijo de 12 años habían empeorado y ya no tenía interés siquiera en las actividades que sí podía continuar [199] . Una docente de Birmingham contó lo difícil que fue tratar de consolar a una niña pequeña que, luego de llegar a la escuela, quería regresar inmediatamente a su casa para ver que estuvieran sus padres, pese a que ellos son residentes legales permanentes [200] . Esa misma maestra comentó que algunos estudiantes le habían preguntado a ella y a otros docentes si los adoptarían si algo les sucedía a sus padres [201] .

Incluso en los casos de estudiantes que pueden continuar asistiendo habitualmente a la escuela, muchos padres indicaron que cada vez eran más comunes los actos de hostigamiento y abuso. Patricia T., nacida en Estados Unidos pero de ascendencia portorriqueña, contó que a su hijo, también ciudadano estadounidense, un compañero le preguntó: “¿Tienes una green card?” Cuando respondió espontáneamente que no, su compañero le dijo: “Vas a tener que irte del país” [202] . Otros compañeros le preguntaron: “¿Por qué estás aquí?” [203] . Otros seis padres, que viven en distintas localidades de Alabama, ofrecieron relatos similares sobre niños que hacían comentarios como “¿Qué haces aquí? ¿Por qué no regresas?”, en tanto un docente de Foley contó que algunos vecinos arrojan objetos y gritan a los estudiantes cuando estos caminan hasta las paradas de autobuses [204] . En algunos casos, las autoridades escolares mostraron una actitud de colaboración y tomaron medidas para poner fin al hostigamiento, pero en dos escuelas hubo padres que se mostraron decepcionados porque los docentes no hicieron nada y respondieron con comentarios como “Son sólo cosas de niños” [205] .

Conclusión

Al momento de la redacción del presente informe, la nueva ley sobre inmigración de Alabama ha estado en vigor desde hace poco más de dos meses, pero las consecuencias han sido inmediatas y severas. El impacto económico se ha propagado en todo el estado: algunos agricultores y otras empresas afirman que no hay suficientes trabajadores, los negocios que dependen de la comunidad de inmigrantes han tenido una merma en su actividad y algunas empresas que no son de la región están reconsiderando sus planes de invertir en el estado. Los funcionarios estatales y locales se ven obligados a cumplir con un mandato infundado de aplicar la ley en un momento en que el estado no cuenta con suficiente presupuesto para gastos adicionales.

Las primeras consecuencias de la ley en términos humanos han sido devastadoras, si bien aún se desconoce cuál será su impacto total. Un sector de la población se ve imposibilitado de vivir del modo en que lo ha hecho durante años. Algunas personas han sido excluidas del acceso a servicios básicos como agua , y a muchas más les han advertido que no podían vivir en las casas de las cuales son propietarias. Si bien ha habido cambios en la interpretación de algunas disposiciones o éstas han sido invalidadas por los tribunales, aún subsisten otros artículos que niegan a inmigrantes no autorizados la protección igualitaria conforme a la ley. Esto ha disuadido a algunos inmigrantes no autorizados de denunciar delitos y otros hechos como la retención de sus salarios. Entre los más gravemente afectados por la ley se encuentran los hijos de inmigrantes no autorizados —un sector de la población especialmente vulnerable— muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Los legisladores afirman que se trata de “consecuencias no deseadas” de la ley, pero los promotores de la ley de Alabama fueron claros desde el comienzo sobre su intención de conseguir que a los inmigrantes no autorizados les fuera imposible vivir en el estado.

La responsabilidad de subsanar los problemas del sistema inmigratorio de Estados Unidos le compete en última instancia al Congreso estadounidense y al Presidente. El gobierno federal no ha asumido su responsabilidad frente a una situación en la cual la sociedad estadounidense obtiene provecho de un sector de la población cada vez más numeroso, y a la vez niega sus derechos. Sin embargo, no puede continuar permitiendo que las economías locales dependan del trabajo de inmigrantes no autorizados sin reconocer a esos residentes algún tipo de proceso que garantice el pleno respeto de sus derechos humanos.

La solución no puede consistir en la negación generalizada de sus derechos en el ámbito local. Alabama debe asumir su responsabilidad por haber adoptado una ley abusiva y con fines claramente desacertados. Otros estados y localidades han aprobado leyes similares, pero en la mayoría se han evitado las consecuencias gracias a que las disposiciones más gravosas fueron invalidadas por los tribunales. Los legisladores de Alabama están debatiendo actualmente la posibilidad de reformar la ley, y aún es posible que la justicia declare su nulidad o invalide las disposiciones más inadmisibles. No obstante, el impacto que ha tenido la ley de Alabama para el estado y sus residentes durante los dos primeros meses ha dejado una enseñanza a todos los gobiernos de los estados que buscan una solución al problema de los inmigrantes no autorizados. Si bien en Estados Unidos los gobiernos de los estados no tienen facultades para promulgar leyes que brinden la posibilidad de obtener ciudadanía para inmigrantes no autorizados, los estados deberían hacer lo que está a su alcance: asegurar que se respeten los derechos humanos fundamentales de quienes viven en sus comunidades, con independencia de su condición migratoria, y ejercer presión política sobre el gobierno estadounidense para que se adopte una solución integral.

Los electores estadounidenses también tienen la obligación de asegurar que se protejan los derechos de todas las personas dentro del país, incluidos los inmigrantes no autorizados. Las consecuencias de la ley de Alabama dejan en claro que las medidas que procuran negar los derechos de inmigrantes no autorizados afectan a la población en general, en particular los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes que mantienen vínculos familiares, comerciales y comunitarios con estos inmigrantes.

Paolo B., un joven de 27 años que vive en Alabama desde los 15, sigue creyendo en el estado que tanto le ha dado: una familia, un hogar y un empleo que lo hace feliz. Dijo a Human Rights Watch: “Las personas que impulsaron la ley no representan a todas las personas del estado” [207] . Instamos a los ciudadanos de Alabama a que exijan a sus representantes que deroguen la ley y demuestren que son merecedores de esta confianza.

Agradecimientos

Las investigaciones para este informe fueron llevadas a cabo por Grace Meng, investigadora del Programa de Estados Unidos en Human Rights Watch; Antonio Ginatta, director de Incidencia Política del Programa de Estados Unidos; y la consultora Paola Medina. Grace Meng es la autora del presente informe. La edición estuvo a cargo de Alison Parker, directora del Programa de Estados Unidos; James Ross, director de Políticas y Asuntos Jurídicos de Human Rights Watch; y Joseph Saunders, subdirector de Programas de Human Rights Watch.

Vikram Shah y Elena Vanko, asociadas del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch, colaboraron con aspectos de investigación, edición y producción, con la ayuda de Laurel Schmitt, pasante de ese mismo Programa. El informe fue traducido al español por Gabriel a Haymes, y Xabay Spinka, editora web sénior, revisó la versión en español. Grace Choi, directora de Publicaciones, Kathy Mils, especialista de Publicaciones, y Fitzroy Hepkins, gerente administrativo, colaboraron con la producción.

Agradecemos a las numerosas personas en Alabama y organizaciones del estado que colaboraron con este informe, incluidos Alabama Appleseed, Alabama Coalition for Immigrant Justice, American Civil Liberties Union of Alabama, The Hispanic Interest Coalition of Alabama, Southern Poverty Law Center y Vamos Together, así como varias organizaciones y personas que no podemos nombrar para proteger la identidad de los inmigrantes no autorizados que entrevistamos. Deseamos también expresar nuestro agradecimiento a Patricia Armour, Mavi Figueres, Gwen Ferreti, Melissa Fridlin, Miriana Nichele y Helen Rivas, cuyo compromiso con la defensa de los derechos de todos los residentes de Alabama no depende de su pertenencia a ninguna organización.

En particular, agradecemos a los inmigrantes no autorizados de Alabama que relataron a Human Rights Watch las vidas que han construido, los abusos que han sufrido y todo lo que podrían llegar a perder para conseguir el reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales.