(Bruselas) – La Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) no ha reconocido las decenas de muertes de civiles ocurridas como resultado de ataques aéreos durante su campaña de 2011 en Libia, y tampoco ha investigado posibles ataques ilícitos, señaló Human Rights Watch en un informe que se divulgó hoy.
El informe de 76 páginas, “Unacknowledged Deaths: Civilian Casualties in NATO’s Air Campaign in Libya” (“Muertes no reconocidas: víctimas civiles durante la campaña aérea de la OTAN en Libia”), examina en forma rigurosa ocho ofensivas aéreas de la OTAN en Libia que tuvieron un saldo de 72 muertes entre la población civil, incluidas 20 mujeres y 24 niños. El informe se elaboró a partir de una o más investigaciones de campo efectuadas en cada uno de los sitios donde se produjeron los bombardeos, tanto durante como después del conflicto, y las cuales incluyeron entrevistas con testigos y residentes locales.
“La OTAN dio pasos importantes para reducir al mínimo la cantidad de muertes de civiles durante la campaña en Libia, pero resulta necesario recabar información e iniciar investigaciones para determinar por qué perdieron la vida 72 civiles”, afirmó Fred Abrahams, asesor especial de Human Rights Watch y principal autor del informe. “Los ataques sólo están permitidos contra objetivos militares, y en algunos incidentes aún subsisten serias interrogantes sobre cuál fue exactamente el objetivo de las fuerzas de la OTAN”.
La campaña militar desplegada por la OTAN en Libia entre marzo y octubre de 2011 fue ordenada por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la finalidad de proteger a civiles frente a ataques de las fuerzas de seguridad del entonces líder libanés Muammar Gaddafi.
Se puede considerar que la cantidad de muertes civiles ocurridas como resultado de intervenciones aéreas de la OTAN en Libia fue baja, teniendo en cuenta la magnitud de los bombardeos y la duración de la campaña, indicó Human Rights Watch. Sin embargo, al no haberse identificado un objetivo militar claro en siete de los ocho lugares visitados por Human Rights Watch, podríamos estar ante posibles transgresiones del derecho de guerra que deberían ser investigadas.
Human Rights Watch exhortó a la OTAN a investigar todos los ataques potencialmente ilícitos e informar sus conclusiones al Consejo de Seguridad de la ONU, que autorizó la intervención militar en Libia.
La OTAN también debería tratar el tema de las bajas civiles de sus ataques aéreos en Libia durante la cumbre de jefes de Estado de esta organización que se celebrará en Chicago el 20 y 21 de mayo, señaló Human Rights Watch.
El informe de Human Rights Watch contiene el análisis más exhaustivo hasta la fecha sobre víctimas civiles de la campaña aérea de la OTAN. El documento examina todos los sitios donde, según tomó conocimiento Human Rights Watch, se produjeron muertes de civiles como resultado de ataques de la OTAN. No se incluyeron aquellas ofensivas donde, si bien hubo civiles heridos o que sufrieron daños en su propiedad, no se registraron víctimas mortales entre la población civil.
El incidente más grave se produjo el 8 de agosto de 2011 en la localidad de Majer, ubicada 160 kilómetros al este de Trípoli, la capital del país, donde murieron 34 civiles y más de 30 resultaron heridos a causa de ataques aéreos de la OTAN que afectaron a dos complejos residenciales, indicó Human Rights Watch. Docenas de personas desplazadas se alojaban en uno de estos complejos.
Un segundo ataque impactó fuera del complejo y mató e hirió a varios civiles que, según contaron testigos, estaban buscando a otras víctimas. El sistema infrarrojo empleado por la bomba lanzada por la OTAN debería haber indicado al piloto la presencia de numerosas personas en tierra. Si el piloto no estaba en condiciones de determinar si esas personas eran combatientes, entonces el ataque debería haber sido cancelado o desviado.
Conforme al derecho de guerra, las partes de un conflicto solamente pueden atacar objetivos militares y deben tomar todos las precauciones posibles para minimizar el daño causado a civiles. Si bien la muerte de civiles no implica necesariamente que haya habido una transgresión del derecho de guerra, los gobiernos están obligados a investigar denuncias de violaciones graves e indemnizar a víctimas de ataques ilícitos.
Human Rights Watch señaló que la OTAN debería evaluar la posibilidad de implementar un programa que prevea indemnizaciones para las víctimas civiles de ataques de la OTAN, con independencia de la ilegitimidad de tales ofensivas, tal como esta organización hizo en Afganistán.
En siete lugares documentados en el informe, Human Rights Watch no observó ningún indicio —o tan sólo indicios remotos—de que al momento de los ataques se encontraran presentes fuerzas militares, armamento, equipos informáticos o de telecomunicaciones. Las circunstancias de tales ataques permiten dudar de que los edificios que recibieron los impactos —todos ellos de tipo residencial—hayan sido objetivos militares válidos. En el octavo sitio, donde murieron tres mujeres y cuatro niños, es posible que el objetivo haya sido un oficial militar libio.
Diversos funcionarios de la OTAN dijeron a Human Rights Watch que todos sus objetivos eran de naturaleza militar y, por ende, legítimos. Sin embargo, no se ofreció información concreta para respaldar tales afirmaciones, y básicamente se indicó que los sitios eran “centros de comando y control” o “bases de operaciones militares”.
La OTAN afirmó que los complejos de Majer eran una “base de operaciones y campamento militar” de las fuerzas de Gaddafi, pero no brindó información concreta para sustentar este señalamiento. Durante cuatro visitas a Majer, incluida una efectuada al día siguiente del ataque, la única posible evidencia de presencia militar encontrada por Human Rights Watch fue una camiseta de estilo militar —una prenda que usan habitualmente numerosos libaneses—entre los escombros de una de las tres viviendas destruidas.
Familiares y vecinos de víctimas de Majer contaron por separado que no había presencia ni actividad militar en el complejo en el momento del ataque ni tampoco con anterioridad al mismo.
“Me pregunto por qué hicieron esto; ¿por qué justo nuestras viviendas?”, expresó Muammar al-Jarud, quien perdió a su madre, su hermana, su esposa y una niña de 8 meses. “Lo aceptaríamos si hubiera tanques o vehículos militares en las cercanías, pero éramos todos civiles, y no se puede atacar a civiles”.
Para investigar los ocho incidentes, Human Rights Watch visitó el lugar de los ataques, en algunos casos varias veces, inspeccionó si había restos de armas, entrevistó a testigos, examinó pericias médicas y certificados de defunción, revisó las imágenes satelitales y reunió fotografías de personas muertas y heridas. Se elaboraron una serie de preguntas detalladas que fueron presentadas a la OTAN y los Estados miembros que participaron en la campaña, así como durante un encuentro celebrado en agosto de 2011 con altos oficiales de la OTAN que intervinieron en la determinación de los objetivos.
El mandato de la OTAN fue establecido por la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, que autorizó el uso de la fuerza para proteger a civiles en Libia. El número relativamente moderado de víctimas fatales civiles registradas durante la campaña de siete meses demuestra que la OTAN tomó recaudos para reducir al mínimo el daño causado a civiles, aseveró Human Rights Watch.
Algunos países, entre ellos Rusia, han formulado acusaciones absolutamente exageradas sobre la cantidad de muertes de civiles provocadas por ataques aéreos de la OTAN durante la campaña en Libia, que carecen de todo fundamento, indicó Human Rights Watch.
“Los países que han criticado a la OTAN por supuestas muertes masivas de civiles en Libia intentan fortalecer su posición política antes que proteger a la población civil”, opinó Abrahams.
La OTAN señala que no puede investigar la muerte de civiles en Libia con posterioridad a los operativos debido a que no cuenta con mandato para actuar en el territorio. Sin embargo, la OTAN no ha pedido autorización al gobierno de transición en Libia para hacer averiguaciones sobre los casos de muertes de civiles y debería adoptar medidas inmediatas con ese fin, indicó Human Rights Watch.
“La prudencia que aplicó en general la OTAN durante la campaña se ve minada por su negativa a investigar decenas de muertes de civiles”, expresó Abrahams. “Esta investigación es indispensable para poder indemnizar a las víctimas de ataques ilícitos, extraer enseñanzas de los errores cometidos y reducir al mínimo la cantidad de muertes de civiles durante futuros conflictos bélicos”.
