El gobierno del Perú publicó el 10 de mayo un decreto supremo que clasifica las identidades trans como condiciones de salud mental en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) del país. El PEAS enumera las condiciones de salud que los seguros médicos deben cubrir en el Perú. El decreto, firmado por la presidenta Dina Boluarte, el ministro de salud y el ministro de economía y finanzas, también hace referencia a la “orientación sexual egodistónica” como una condición de salud mental.
Un funcionario del Ministerio de Salud declaró que el cambio normativo pretendía facilitar la cobertura de “las personas transexuales y las personas con trastornos de identidad de género”, sobre todo en las clínicas privadas. Sin embargo, el decreto es profundamente regresivo.
La nueva regulación emplea clasificaciones obsoletas relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sustituyó en la Clasificación Internacional de Enfermedades más reciente, publicada en 2019. El decreto también endurece aún más los prejuicios contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) en el Perú, que han llevado a violencia y discriminación contra esta población.
El Ministerio de Salud afirmó el 11 de mayo que no considera las identidades LGBT como “enfermedades”, pero el decreto sigue en vigor a pesar de las fuertes críticas de organizaciones y activistas de derechos humanos peruanos, entre ellos PROMSEX, Más Igualdad Perú y Gahela Cari.
Patologizar de manera oficial a las personas LGBT en el Perú puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género. En la actualidad, el Perú no permite que las parejas del mismo sexo se casen o formen uniones civiles, no cuenta con un procedimiento para que las personas trans cambien sus documentos para reflejar su identidad de género ni tampoco tiene leyes civiles que prohíban la discriminación contra las personas LGBT. El decreto también podría dar legitimidad a las “prácticas de conversión” y agravar los problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT en el país.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa han instado a los gobiernos de todo el mundo a reformar las clasificaciones médicas porque la patologización es “una de las causas principales de las violaciones de derechos humanos” a las que se enfrentan las personas LGBT.
El gobierno peruano debería derogar este decreto sesgado y poco científico y, en su lugar, aplicar la clasificación actualizada de enfermedades de la OMS con respecto a la orientación sexual y la identidad de género. También debería consultar a las organizaciones LGBT del Perú sobre la mejor manera de garantizar el derecho a la salud física y mental de sus comunidades mediante políticas públicas proporcionadas y respetuosas de sus derechos.
