(Washington D.C.) – La decisión de reactivar el programa “Quédate en México” (Remain in Mexico) en la frontera con Estados Unidos expondrá a los solicitantes de asilo nuevamente a riesgos de secuestro, extorsión, violación sexual y otros abusos, señaló hoy Human Rights Watch. También violará su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.
Si bien el programa ha sido modificado por la administración Biden, hay pocas razones para creer que las agencias gubernamentales responsables de implementar Quédate en México puedan hacerlo de un modo que respete los derechos humanos, explicó Human Rights Watch. Las agencias fronterizas, a ambos lados de esta, han estado implicados en un número de abusos que son intrínsecos al programa y siguen actuando con casi absoluta impunidad.
“En el marco del programa Quédate en México, Estados Unidos y México han adoptado medidas a sabiendas de que ponían en riesgo la vida de miles de solicitantes de asilo”, señaló Ari Sawyer, investigadora fronteriza en Human Rights Watch. “No hay forma de que un programa diseñado para postergar el derecho a solicitar asilo obligando a las personas a esperar en sitios peligrosos pueda operar de modo que respete sus derechos. Los gobiernos de Estados Unidos y de México deberían dar marcha atrás de inmediato”.
Los gobiernos de EE. UU. y de México anunciaron que, a partir del 6 de diciembre, empezarían a inscribir a solicitantes de asilo en Quédate en México, incluyendo a personas que no hablan español, como haitianos, brasileños y personas indígenas, y los enviarían a siete ciudades en la frontera mexicana para que esperaran allí el resultado de sus solicitudes.
La nueva iteración del programa no toma en cuenta que muchos de aquellos enviados a México como parte de la iniciativa han sido blancos sistemáticos de violencia por organizaciones delictivas y, a veces, por policías y agentes migratorios mexicanos. Si bien el gobierno de EE. UU. afirma que mejorará el proceso de identificar solicitantes con vulnerabilidades para evitar que sean enviados a México, esto seguirá dependiendo de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los remitan a una entrevista con un funcionario de asilo.
Human Rights Watch ha concluido que, tanto en el contexto de Quédate en México como fuera de él, los agentes generalmente no realizan las remisiones que exige la ley. El programa ha agudizado las falencias que ya tenía el sistema de tribunales de migración estadounidense, incluyendo la falta de acceso a asesoramiento jurídico, obstáculos a la representación legal, falta de transparencia y garantías legales limitadas.
Además, el programa seguirá enviando a solicitantes de asilo a dos ciudades en el estado de Tamaulipas, un lugar particularmente peligroso. Allí, organizaciones delictivas y policías del estado han perpetrado ejecuciones masivas de migrantes. Tanto las autoridades estadounidenses como mexicanas reconocen que los secuestros son frecuentes en la zona de Tamaulipas cercana a la frontera estadounidense. El Departamento de Estado de los EE. UU. ha emitido una alerta de “No viajar” para el estado, en la cual indica que “miembros fuertemente armados de organizaciones delictivas suelen patrullar zonas del estado y actúan con impunidad, sobre todo a lo largo de la región de la frontera”. Human Rights Watch y otros actores han instado reiteradamente al gobierno de EE. UU. a que no envíe solicitantes de asilo a Tamaulipas.
En la versión previa del programa, ambos gobiernos aseguraron que solo enviarían solicitantes de asilo que hablaran español a México, pero Human Rights Watch determinó que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) también enviaban a solicitantes de asilo que no hablaban el idioma, incluyendo personas indígenas. Muchos solicitantes de asilo que no hablan español y fueron enviados a México por el gobierno de Biden han sufrido discriminación y han tenido dificultades para trabajar y acceder a servicios públicos.
Entre enero de 2019 y enero de 2021, la administración del expresidente Donald Trump envió más de 71 mil solicitantes de asilo a México como parte del programa Quédate en México, incluyendo decenas de miles de niños y niñas y personas con discapacidad y condiciones de salud crónicas. La administración Biden puso fin al programa oficialmente en junio. El presidente Biden calificó al programa de “peligroso” e “inhumano” y un memorando del Departamento de Seguridad Nacional explicó que la decisión del gobierno se debía al reconocimiento de sus “falencias generalizadas” y “costos humanos injustificables”.
La administración Biden señaló que se ve obligada a reanudar el programa debido a una decisión de la Suprema Corte, pero que lo hará con “mejoras de carácter humanitario”. Estas incluyen resolver la mayoría de los casos de asilo en un plazo de seis meses, asegurar que los solicitantes de asilo tengan acceso a asesoría legal y verificar que las “personas particularmente vulnerables” no sean inscritas en el programa. También ha prometido que aquellos enviados a México tendrán acceso a albergues y medios de transporte seguros y podrán obtener permisos de trabajo y acceder a centros de salud y otros servicios en México.
Tanto Estados Unidos como México prometieron muchas de estas presuntas mejoras durante primera instancia del programa, pero nunca se concretaron. El gobierno de EE. UU. expuso a solicitantes de asilo al riesgo de ser torturados en México, pese a reconocer desde el inicio del programa su obligación de asegurar que esto no sucediera conforme a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Estados Unidos también se comprometió previamente a no enviar a solicitantes de asilo de grupos vulnerables a México, pero Human Rights Watch comprobó que los agentes fronterizos no evaluaban si las personas tenían vulnerabilidades o bien, a sabiendas, enviaban a México a solicitantes de asilo particularmente vulnerables, incluyendo personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas y mujeres embarazadas. El gobierno mexicano tampoco identificó a personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas que Estados Unidos había enviado a México en el marco del programa.
Cuando inicialmente aceptó participar en el programa Quédate en México, el gobierno mexicano se comprometió a encargarse de la seguridad de los solicitantes de asilo que esperaran en el país y a garantizar que tuvieran acceso a trabajo, atención de la salud, educación y el sistema de justicia. Sin embargo, Human Rights Watch concluyó que el gobierno mexicano no brindó estas protecciones y dejó a miles de personas varadas en México sin posibilidades de mantenerse económicamente ni de acceder a servicios básicos, y sin vías de recurso cuando sufrían abusos por parte de carteles delictivos o autoridades mexicanas.
El gobierno de Biden dijo que se cerciorará de que los solicitantes de asilo inscritos en el programa tengan acceso a asesoría legal. Anteriormente, Human Rights Watch concluyó que el programa había impedido que tuvieran un acceso efectivo. Diversos abogados dijeron a Human Rights Watch que los riesgos a su seguridad y dificultades logísticas les impedían viajar a México, y que generalmente los solicitantes de asilo en el programa no tenían domicilios ni números de teléfono fijos.
Previamente, tan solo un 10 por ciento de los solicitantes de asilo en el programa contaron con representación legal. Ahora, muchos abogados se están negando a que el gobierno incluya sus nombres en las listas de abogados ad honórem distribuidas a solicitantes de asilo, sosteniendo que no van a ser cómplices de un programa que viola las leyes estadounidenses y el derecho internacional de los derechos humanos.
Ni el gobierno de EE. UU. ni el de México han precisado cómo prevén cumplir sus compromisos bajo la nueva iteración del programa ni han explicado por qué no lo hicieron anteriormente.
El gobierno de López Obrador señaló en una declaración en noviembre que solo aceptaría reanudar Quédate en México si la administración Biden abordaba ciertas “preocupaciones de índole humanitaria”, incluyendo el compromiso de no asignar solicitantes de asilo de grupos vulnerables al programa y a aportar fondos para programas de desarrollo económico para América Central. En diciembre, el gobierno mexicano informó que había aceptado reanudar el programa porque la administración Biden había abordado estas cuestiones.
Ninguna de esas dos declaraciones abordó los abusos ampliamente documentados que policías y agentes de migración mexicanos cometieron contra solicitantes de asilo en el programa. En el pasado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha negado que ocurrieran abusos en el marco del programa y sostenido que había sido “muy bueno el resultado”.
“Es claro que el presidente López Obrador tan solo pretende estar preocupado por las violaciones de derechos humanos que ocurrirán al reanudar el programa Quédate en México”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si realmente le importara poner fin a los abusos atroces que han padecido los solicitantes de asilo en el programa, se habría negado clara e inequívocamente a participar en él desde el principio”.
