El 9 de enero, el presidente colombiano Andrés Pastrana anunció el final de tres años de negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). En enero de 1999, la guerrilla tomó el control de un área de 40.000 kilómetros cuadrados conocida como la zona de despeje. El gobierno retiró a sus fuerzas de seguridad. Unos 90.000 colombianos viven en la zona, que cubre cinco municipios de los departamentos del Meta y Caquetá.

"Nunca se consultó a los civiles que viven en la zona antes de incluirlos en el territorio de la guerrilla ni tampoco se les ha consultado sobre la decisión de poner fin a las conversaciones," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Ahora, corren el riesgo de que los identifiquen como simpatizantes de la guerrilla simplemente por haber permanecido en sus casas, fincas, escuelas y negocios. El gobierno tiene que garantizar que cualquier operación de sus fuerzas para retomar la zona incluye instrucciones estrictas para proteger a la población civil."

Vivanco también señaló que los residentes de la zona entrevistados por Human Rights Watch dijeron que temían que los paramilitares aliados con el ejército les atacaran por ser simpatizantes de la guerrilla si se suspendían las conversaciones de paz. Hasta ahora, las fuerzas armadas no han tomado las medidas necesarias para romper los vínculos con estos grupos responsables de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Human Rights Watch ha pedido a todas las partes en conflicto de Colombia que respeten el derecho internacional humanitario y protejan a los civiles.