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Entre dos fuegos
La libertad de expresión en Venezuela


(New York: Human Rights Watch, mayo de 2003)

RESUMEN

    El desarrollo de una política inspirada en el totalitarismo castro-comunista que caracteriza al gobierno del teniente coronel Hugo Chávez encuentra en los medios de comunicación un responsable y serio escollo para sus acciones de desmantelamiento y dominio de todas las instituciones democráticas de la Patria.

    -- David Natera Febres, Presidente del Bloque de Prensa Venezolano, asociación que agrupa a los principales periódicos venezolanos, enero de 2003.

    La mayoría de los miembros del Bloque de Prensa forman parte de estos golpistas, especialmente las cadenas de televisión y las estaciones de radio.

    -- Presidente Hugo Chávez, enero de 2003 (citado en Newsweek).

En 2002 y los primeros meses de 2003 el gobierno de Presidente Hugo Chávez y la mayoría de los medios de comunicación venezolanos estaban prácticamente en guerra. Algunos destacados periodistas denunciaron al presidente en duros términos y, en ocasiones, claramente partidistas. El Presidente Chávez, por su parte, arremetió frecuentemente contra la prensa en sus programas semanales de televisión y radio, señalando por su nombre a proprietarios de medios de comunicación, a los que acusó de traidores y golpistas. Mientras la situación se iba polarizando cada vez más, los ataques de simpatizantes del presidente contra periodistas aumentaron vertiginosamente. Algunos simpatizantes de la oposición, a su vez, atacaron a los medios públicos y comunitarios con una tendencia favorable al presidente. Aunque las tensiones se han relajado en cierto modo en los últimos meses, las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación siguen reflejando la polarización de la situación política del país.

El gobierno venezolano no ha hecho ni mucho menos lo suficiente para frenar los actos de violencia contra periodistas o enjuiciar a los responsables. De hecho, sus medidas han incrementado frecuentemente la agitación popular contra los medios de comunicación. Es más, el gobierno está investigando actualmente a cuatro destacadas estaciones privadas de televisión por violaciones de los reglamentos sobre licencias, algunos de los cuales vulneran las normas internacionales vigentes sobre libertad de expresión y otros contienen normativas vagas que invitan a su aplicación arbitraria y al abuso. Aunque existen razones legítimas para estar preocupado por la independencia y la objetividad de la prensa venezolana, las investigaciones en curso y la amenaza de suspensión de las licencias de emisión de las cuatro estaciones no hacen sino empeorar aún más la situación.

Finalmente, el gobierno ha presentado recientemente un proyecto de ley sobre la responsabilidad social en radio y televisión que impondría restricciones de largo alcance a la prensa. Es importante poner fin a esta espiral negativa antes de que se causen más daños perdurables a la institución de la prensa y al derecho fundamental a la libertad de expresión en Venezuela.

A principios de febrero de 2003, se desconvocó una huelga general indefinida en protesta contra el gobierno del Presidente Chávez, sin que se hubiera logrado el objetivo de obligarle a renunciar al cargo antes de finalizar su mandato. La paralización del país durante 60 días, organizada por la Coordinadora Democrática, grupo de la oposición que engloba a la organización empresarial Fedecámaras y a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la federación sindical más numerosa del país, mermó la industria petrolera y provocó graves carencias de combustible y otras penurias dentro del país. La huelga también exacerbó las tensiones políticas en un país ya de por si polarizado. Durante las protestas, en las que decenas de miles de personas marcharon en las calles de manera mayoritariamente pacífica, los medios de comunicación, con escasas excepciones, respaldaron a los huelguistas y se hicieron eco de su petición de renuncia del gobierno. Los canales privados de televisión venezolanos bombardearon a los televidentes con la cobertura de las marchas y emitieron gratuitamente los mensajes políticos de la oposición en lugar de los anuncios comerciales. Esta intensa cobertura de las protestas contrastó claramente con el hecho de que los medios de comunicación no hubieran informado ocho meses antes de los acontecimientos del 13 de abril de 2002, cuando las fuerzas armadas reinstauraron a Chávez en el poder tras un intento fallido de derrocamiento organizado por civiles y militares.

Desde el final de la huelga han continuado las negociaciones para una resolución pacífica bajo el auspicio del Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Las tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación se han relajado en cierto modo en comparación con los meses anteriores y el número de ataques contra periodistas ha disminuido. No obstante, con la actual volatilidad del ambiente político, el riesgo de un enfrentamiento violento sigue siendo alto. Las tensiones podrían volver a estallar fácilmente si el actual punto muerto entre el gobierno, sus simpatizantes y la oposición da paso una vez más a las protestas y las contraprotestas en las calles.

Existen pocas limitaciones obvias de la libertad de expresión en Venezuela y los medios impresos y audiovisuales operan sin restricciones. La mayoría de ellos se oponen enérgicamente al Presidente Chávez y expresan sus críticas de manera inequívoca y con frecuencia estridente. No hay ningún periodista en la cárcel por ejercer su profesión y, en los últimos años ha habido muy pocos procesos penales contra periodistas o demandas civiles que hayan surtido efecto.

No obstante, los periodistas están expuestos hoy en día en Venezuela a un riesgo físico constante. Human Rights Watch calcula que se produjeron al menos 130 atentados y amenazas de daños físicos contra periodistas y propiedades de los medios comunicación entre principios de 2002 y febrero de 2003, y los ataques continúan. Sin embargo, los responsables de estos ataques no son el gobierno, ni la policía ni las fuerzas armadas, sino civiles que se identifican claramente con el presidente y el programa revolucionario proclamado por éste.

Hasta las pintadas de las calles de Caracas, capital de Venezuela, ponen de evidencia que un segmento importante de la población está enojado con la prensa. Muchos sienten que los medios de comunicación no han cumplido la tarea esencial de ofrecer información veraz e imparcial al público. Tanto los miembros del gobierno como sus simpatizantes civiles, que organizan vigilias de protesta frente a los estudios de televisión, comparten esta opinión. Muchos periodistas entrevistados por Human Rights Watch recelaban seriamente del papel político que está desempeñando la prensa en Venezuela.

Las normas internacionales sobre la libertad de expresión reconocen que los medios de comunicación pueden someterse a ciertas restricciones legítimas. Sin embargo, se acepta generalmente que la mejor protección de las normas sobre la información, la veracidad y la imparcialidad son los controles voluntarios y el mercado, mientras que las personas tratadas injustamente por la prensa pueden proteger sus derechos mediante procesos judiciales civiles. En definitiva, existe un amplio consenso en que la reducción, y no el aumento de los controles, beneficia a la democracia, ya que estimula la diversidad y la energía del debate público.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó recientemente el tema de los controles oficiales sobre los medios de comunicación. En referencia a las preocupaciones expresadas por los gobiernos y los políticos de la región sobre la presunta falta de ética periodística, el Relator señaló:

[L]os medios de comunicación son principalmente responsables ante el público y no ante el Gobierno. La función principal de los medios de comunicación consiste en informar al público, entre otras, las medidas adoptadas por el Gobierno. Esta es una función primordial en una democracia, por lo que la amenaza de imposición de sanciones legales por la adopción de decisiones periodísticas basadas esencialmente en cuestiones subjetivas o juicios profesionales suscitaría también un efecto inhibitorio en los medios, impidiendo la divulgación de información de legítimo interés público.

También instó a los medios de comunicación a que "inicien un proceso de reflexión sobre su rol en estos momentos de crisis política donde la sociedad espera la más amplia información".

En este informe, fruto de una misión a Caracas en febrero de 2003 en la que recopilamos información de primera mano sobre la actual crisis política y sus repercusiones sobre la libertad de expresión, se recogen las preocupaciones de Human Rights Watch con respecto a este asunto en Venezuela. Como se resume a continuación, los diferentes capítulos de este informe se ocupan de las tres principales preocupaciones de Human Rights Watch: la violencia contra los periodistas, la investigación en curso sobre las cuatro principales cadenas de televisión y el proyecto de ley sobre los medios de comunicación.

Durante nuestra visita de febrero a Venezuela entrevistamos a muchos periodistas de medios de la oposición que habían sido víctimas de ataques violentos. Algunos periodistas de medios financiados por el Estado y de estaciones comunitarias de radio y televisión también han sido objeto de ataques. Independientemente del bando responsable, prácticamente ninguno de estos atentados ha sido castigado.

La mayoría de las víctimas de los ataques contra la prensa han sido reporteros, fotógrafos, camarógrafos de televisión y asistentes de medios privados que trabajaban en Caracas y en las provincias. Cuando los equipos de televisión intentan cubrir un evento oficial, portando el logotipo de su empresa en la cámara o el micrófono, los irritados simpatizantes de Chávez suelen arremeter contra ellos. Hombres y mujeres armados con palos les reprenden, acusan de mentirosos y golpistas, les ordenan que se vayan, les insultan, rompen las ventanas de sus vehículos, dañan su equipo y a veces les empujan o lanzan puñetazos. En menor medida, algunos periodistas de los medios estatales han sido empujados, insultados y hostigados por manifestantes de la oposición.

El propio Presidente Chávez ha lanzando ataques mordaces contra la prensa, especialmente contra los canales privados de televisión, a los que ha acusado de enemigos de la "Revolución Bolivariana" de Venezuela. Sin embargo, hasta donde sabemos, ni Chávez ni ningún funcionario del gobierno han ordenado o promovido directamente los ataques físicos contra periodistas. De hecho, en al menos una ocasión, Chávez ha pedido públicamente a sus simpatizantes que respeten a los periodistas y ha dicho: "la culpa no es de ellos, de los periodistas que andan en la calle tomando notas, del fotógrafo o el camarógrafo... ellos son trabajadores. La culpa la tienen los dueños de estos medios". Sin embargo, las fuerzas de seguridad ha hecho muy poco para detener dichos ataques y, como se señaló anteriormente, el gobierno no ha hecho casi nada para llevar a los responsables ante la justicia.

En una entrevista con el Presidente Chávez en junio de 2002, Human Rights Watch le instó enérgicamente a que dejara claro que sus críticas contra la prensa no justificaban, en ninguna circunstancia, los ataques de sus simpatizantes contra los periodistas de la oposición. En febrero de 2003, Human Rights Watch reiteró sus preocupaciones en una reunión con Norma Uribe, Ministra de Información de Venezuela, que suele acompañar al presidente durante sus programas televisivos. Cabe destacar que, en la edición del 27 de abril de su programa Aló Presidente, Chávez pidió de hecho a sus simpatizantes que cesarán dichos ataques. "Hago un llamado a todos los dirigentes políticos, a todos los grupos sociales que en la calle están y estamos siempre a que respetemos al periodista pues, respetemos a los periodistas y le demos el tratamiento que ellos dignamente merecen", dijo Chávez. "Yo le pido al pueblo venezolano que no nos dejemos llevar por posiciones políticas o porque un canal de televisión transmita o tenga una campaña contra Chávez o contra el gobierno, no vamos a identificar eso con los periodistas que trabajan para ese canal".

Human Rights Watch aplaude estas declaraciones conciliatorias, pero considera que deben respaldarse con una determinación de garantizar que los ataques físicos contra periodistas no quedan sin castigo. Desafortunadamente, los esfuerzos emprendidos hasta la fecha por la Fiscalía General para investigar dichos ataques y enjuiciar a los responsables han sido de una insuficiencia lamentable. El enjuiciamiento penal de los responsables sería una muestra mucho más fuerte para el público que los simples llamamientos del presidente.

Es más, los gestos conciliadores del gobierno significan muy poco si van acompañados de otras medidas legales que, de ejecutarse, mermarían considerablemente la libertad de prensa y violarían las normas internacionales en materia de libertad de expresión de obligado cumplimiento para Venezuela. El gobierno de Chávez ha insistido en que el control estatal de las frecuencias implica que su gobierno tiene autoridad para sancionar a los canales de radio y televisión que superan los límites permisibles en sus críticas. A principios de febrero de 2003, Diosdado Cabello, Ministro de Infraestructura, puso en marcha una investigación sobre los cuatro canales privados de televisión más grandes del país-RCTV, Globovisión, Televen y Venevisión-por graves infracciones de los reglamentos sobre emisiones durante la cobertura de la huelga. De acuerdo con la vigente ley de telecomunicaciones, el ministro puede suspender o anular sus licencias de emisión. En teoría, el gobierno puede silenciar o amordazar de un solo golpe a los medios de comunicación más poderosos de Venezuela, aunque los canales pueden apelar al Tribunal Supremo para que revise la decisión.

Durante nuestra visita de febrero, hablamos de la investigación con Diosdado Cabello, Ministro de Infraestructura; Jesse Chacón, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), organismo responsable de la investigación; y Nora Uribe, Ministra de Comunicación e Información. También nos reunimos con altos ejecutivos de los cuatro canales privados que se enfrentan a la pérdida de sus licencias. Finalmente, con el fin de obtener un juicio independiente sobre las emisiones en cuestión, vimos muchas horas de grabaciones de video, algunas suministradas por la CONTAL y otras por los canales.

Concluimos que los procedimientos administrativos que se han iniciado plantean serias preocupaciones con respecto a la libertad de expresión. En particular, señalamos que:

  • Algunos de los reglamentos que pretende aplicar el gobierno violan las normas relativas a la libertad de expresión protegidas por los tratados de derechos humanos ratificados por Venezuela.
  • Otros reglamentos citados en las investigaciones se ajustan a razones tales como la protección del orden público, por las cuales se podría restringir legítimamente la libertad de expresión. Nos preocupa, sin embargo, que se pueda interpretar ampliamente la expresión "incitación a la rebelión" y aplicarla a las críticas duras contra las autoridades o los llamamientos a participar en actividades no violentas de protesta.
  • El organismo creado para investigar las infracciones en las emisiones y aplicar sanciones legales depende totalmente del poder ejecutivo y no ofrece las garantías necesarias de independencia e imparcialidad.
Esta investigación no es el único acontecimiento reciente que amenaza la libertad de expresión. Hace varios años que se viene debatiendo un proyecto de ley para regular las emisiones de televisión y radio. En enero, al mismo tiempo que se iniciaba la investigación sobre los cuatro canales de televisión, el Presidente Chávez presentó una versión revisada del proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. Dicha versión incluía disposiciones más restrictivas y diferentes de las recogidas en el anteproyecto de ley que CONATEL había discutido con los representantes del sector audiovisual en 2002. El Nuevo proyecto de ley tiene varios aspectos inquietantes e impone toda una desconcertante serie de nuevos requisitos y restricciones a los canales. En concreto:

  • Con la intención de proteger a los niños frente a los programas violentos, se imponen excesivas (y posiblemente inviables) restricciones sobre las emisiones durante el "horario protegido" (entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.).

  • La prohibición de "contenidos que promuevan, apologicen o inciten el irrespeto a las instituciones y autoridades legítimas" es una fórmula para la autocensura, en detrimento de la diversidad y la dinámica del debate público.

  • Los canales que hayan promovido, defendido o incitado a la alteración del orden público pueden ser suspendidos temporalmente hasta 48 horas, si se trata de la primera sanción. Si se aplica de manera amplia, esta disposición puede conllevar la suspensión de licencias de canales que defiendan las actividades de protesta o expresen opiniones críticas contra el gobierno. Un canal que haya sido sancionado una vez en los últimos tres años y vuelve a incurrir en una infracción puede perder su licencia de emisión. Esta disposición podría provocar también una autocensura generalizada.

  • El "Instituto Nacional de Radio y Televisión", que se creará conforme al proyecto de ley, no ofrece suficientes garantías de independencia para actuar en defensa del interés público y no de los intereses políticos del partido gobernante.

RECOMENDACIONES

El actual clima de polarización política en Venezuela fomenta la violencia y pone en peligro el ejercicio de los derechos humanos. Los medios de comunicación pueden contribuir a un debate público constructivo mediante informaciones imparciales y veraces. Por su parte, el gobierno debe preservar la tradición de respeto por la libertad de prensa en Venezuela. En particular:

  • El Presidente Chávez debe declarar, de manera inequívoca, que sus críticas contra la prensa no pretenden justificar los ataques físicos de sus simpatizantes contra periodistas u opositores al gobierno. Debe comprometerse públicamente a garantizar que se pedirá cuentas a los responsables de dichos abusos.

  • La Fiscalía General debe establecer un panel especial, con personal y recursos suficientes, para investigar los ataques contra prensa y anunciar públicamente su creación.

  • Se deben anular o modificar las leyes y los reglamentos vigentes incompatibles con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de libertad de expresión. A la espera de que se revoquen dichas disposiciones, el Ministerio de Infraestructura no debe emprender investigaciones de los canales de televisión que hayan infringido alguno de estos reglamentos o leyes. En toda investigación, un organismo imparcial e independiente debe ser el responsable de determinar la culpabilidad y la sanción correspondiente, que debe ser estrictamente proporcional a la gravedad de la infracción.

  • El gobierno debe eliminar la disposición sobre "irrespeto a la autoridad" del proyecto de ley. Debe definir de manera más precisa el significado de "promover, apologizar o incitar a alteraciones del orden público" para garantizar que no se utiliza para sancionar las críticas y el debate político.

  • El organismo establecido para implementar la nueva ley de medios de comunicación e investigar y sancionar las infracciones de los reglamentos sobre los contenidos debe estar compuesto por personas con experiencia que sean razonablemente representativas de la sociedad en general. Los funcionarios del gobierno y los ejecutivos de partidos políticos no deben formar parte del organismo, cuyos miembros deben ocupar el puesto durante un plazo establecido y estar protegidos frente al despido, salvo en circunstancias claramente especificadas.

INFORME ANUAL 2003 — CAPÍTULO SOBRE VENEZUELA
CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA (julio de 2002)
PROTEGER A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (19 de abril de 2002)
INVESTIGAR MUERTES DE MANIFESTANTES (16 de abril de 2002)
RESTAURAR EL ESTADO DE DERECHO (13 de abril de 2002)
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