Doce años después del término de la brutal guerra civil que asoló a Guatemala, la impunidad por las violaciones a los derechos humanos sigue siendo la regla. La violencia y la intimidación continuas amenazan con revertir los limitados avances logrados en la promoción de la justicia. En Guatemala, las débiles y corruptas instituciones de justicia y fuerza pública han demostrado ser incapaces de contener a los poderosos grupos de crimen organizado aparentemente responsables, entre otras cosas, de agredir a defensores de los derechos humanos, jueces, fiscales y otros actores.

La impunidad por los crímenes de la guerra civil

Guatemala continúa sufriendo los efectos de un conflicto armado interno que culminó en 1996. Una comisión de la verdad auspiciada por las Naciones Unidas estimó que hasta 200.000 personas fueron asesinadas en esta guerra, que se extendió durante 36 años, y atribuyó la gran mayoría de los asesinatos a fuerzas del estado.

Los ciudadanos guatemaltecos que exigen el juzgamiento de estos abusos se enfrentan a enormes obstáculos. La capacitación y los recursos que reciben los fiscales e investigadores son absolutamente insuficientes. Los tribunales exceden sistemáticamente los plazos para resolver las apelaciones y recursos judiciales, lo cual permite que los abogados defensores empleen maniobras dilatorias. El Ejército y otras instituciones del estado se rehúsan a cooperar plenamente con las investigaciones de los abusos cometidos por sus miembros actuales o anteriores. La policía, por su parte, no brinda protección adecuada a los jueces, fiscales y testigos involucrados en casos con fuertes implicancias políticas.

De las 626 masacres documentadas por la comisión de la verdad, sólo tres casos han sido juzgados con éxito en los tribunales de Guatemala. La tercera condena se dictó en mayo de 2008, cuando cinco ex integrantes de una "patrulla civil" paramilitar fueron condenados por el asesinato de 26 de los 177 civiles masacrados en Río Negro en 1982.

La aparición en julio de 2005 de cerca de 80 millones de documentos pertenecientes a la ahora disuelta Policía Nacional, entre ellos varios archivos sobre ciudadanos guatemaltecos asesinados y "desaparecidos" durante el conflicto armado, podría ser clave para el juzgamiento de quienes cometieron abusos de los derechos humanos durante el conflicto. En octubre de 2008, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala había procesado siete millones de estos documentos, vinculados principalmente con casos que están siendo investigados actualmente. La procuraduría prevé difundir la primera parte del archivo en 2009.

En febrero de 2008, el Presidente Álvaro Colom anunció que revelaría los archivos militares correspondientes a la guerra civil de Guatemala. Sin embargo, el Ministro de Defensa luego ha postergado la entrega de los archivos, aduciendo que la constitución protege la confidencialidad de los documentos vinculados con la seguridad nacional. Una nueva ley aprobada en septiembre de 2008 cuestiona este argumento: el artículo 24 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública dispone que "en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad". Los archivos militares, no obstante, continúan cerrados.

La impunidad por los crímenes actuales como las agresiones a la sociedad civil

La impunidad no sólo es la regla para los crímenes cometidos durante la guerra, sino que se trata además de un problema que persiste en relación con los crímenes actuales. Si bien durante el 2007 el promedio de personas asesinadas en Guatemala fue de 16 cada día, un estudio de datos policiales elaborado por un reconocido grupo de expertos señaló que sólo se resolvió menos del 3% de los casos de asesinatos. Ningún caso ejemplifica mejor la corrosiva expansión de la violencia y la impunidad en Guatemala que el asesinato de tres representantes salvadoreños del Parlamento Centroamericano y de su chofer en febrero de 2007. Unos días después del crimen, cuatro policías guatemaltecos fueron detenidos como sospechosos y trasladados a prisión; sin embargo, los cuatro sospechosos fueron asesinados mientras esperaban un proceso legal. En julio de 2008, Juan Carlos Martínez, el fiscal a cargo de la causa, también fue asesinado. En agosto fue detenido un ex alcalde en relación con los asesinatos; no obstante, al momento de la redacción del presente documento, ninguna persona había sido condenada por los asesinatos.

Las agresiones y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos son algo cotidiano y representan un obstáculo importante para su labor. Otras personas que participan en el juzgamiento de casos de derechos humanos, como peritos forenses, demandantes o testigos, también son habitualmente víctimas de agresiones o amenazas. El Procurador de los Derechos Humanos documentó casi 200 agresiones y amenazas contra defensores de los derechos humanos durante el 2007.

El caso de Amílcar de Jesús Pop Ac, un abogado que ha estado asesorando a una comunidad indígena en una controversia con una compañía cementera, resulta representativo. En agosto de 2008, dos hombres armados amenazaron con asesinar a Pop y lo interrogaron acerca de por qué continuaba ayudando a la comunidad. Antes de este hecho, Pop había recibido varias amenazas de muerte, que denunció ante la policía y el Fiscal General, pero ninguna de estas autoridades tomó medidas para protegerlo.

La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, una ONG, denunció 37 agresiones contra defensores de los trabajadores durante la primera mitad de 2008, lo que supone un incremento alarmante respecto del total de 13 tales agresiones registradas durante el año anterior. En marzo, Miguel Ángel Ramírez Enríquez -uno de los cofundadores de un sindicato que representa a recolectores de  bananos- fue asesinado en su vivienda. Un mes antes, la hija de Ramírez había sido secuestrada y violada por una pandilla integrada por cuatro hombres, quienes le preguntaron sobre la actividad sindical de su padre. Ninguna persona ha sido juzgada por estos delitos.

Los periodistas, en particular aquellos que investigan hechos de corrupción, narcotráfico y el estado de la justicia por los abusos cometidos durante la guerra civil, reciben amenazas y agresiones por su trabajo. Cinco periodistas han sido asesinados en Guatemala desde 2006. En mayo de 2008, un periodista que había estado investigando los vínculos del gobierno con narcotraficantes falleció luego de recibir cuatro disparos en la cabeza. Tampoco ha habido imputados en relación con este crimen.

Entre enero y junio de 2008, fueron asesinados cuatro fiscales, un juez y un magistrado, en tanto varias decenas más recibieron amenazas. La mayoría de las víctimas participaban en el juzgamiento de casos de corrupción o crimen organizado.

Existe un amplio consenso entre los observadores locales e internacionales de que las personas responsables de muchos de estos actos de violencia e intimidación mantienen estrechos vínculos con redes u organizaciones privadas, poco conocidas e ilícitamente armadas, que en Guatemala se denominan habitualmente "aparatos clandestinos". Estos grupos aparentemente están vinculados tanto con funcionarios del gobierno como con el crimen organizado, lo cual les permite acceder a importantes recursos políticos y económicos. Hasta el momento, el sistema de justicia de Guatemala no ha contrarrestado esta poderosa amenaza al estado de derecho.

El uso excesivo de la fuerza

Los miembros de la Policía Nacional Civil suelen excederse en el uso de la fuerza contra presuntos delincuentes y otras personas. En septiembre de 2007, algunos oficiales de policía detuvieron a cinco hombres que se sospechaba que pertenecían a una pandilla violenta de narcotráfico de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de estos hombres fueron encontrados en una hacienda varios días después, y dos policías están siendo procesados actualmente por los asesinatos.

La pena de muerte

Si bien las leyes de Guatemala contemplan la pena de muerte, esta no ha sido aplicada desde 2000. En febrero de 2008, el Congreso aprobó un decreto que podría haber restablecido esta práctica, pero fue vetado el mes siguiente por el Presidente Colom. Al momento de la redacción del presente documento, aún continúa en Guatemala la moratoria sobre la pena de muerte.

Actores internacionales clave

En septiembre de 2007, el Secretario General de la ONU designó a un ex fiscal y juez español para que estuviera a cargo de la recientemente creada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El mandato de la comisión es trabajar con el Ministerio Público en la investigación, el juzgamiento y la desarticulación de los "aparatos clandestinos" responsables de la violencia continua contra los defensores de los derechos humanos. Durante su primer año, la comisión ha tomado 15 casos que se consideran representativos de los problemas de impunidad más arraigados. Sin embargo, como lo reconoció la CICIG en su informe anual de 2008, también se ha visto "una obstaculización sistemática", en ocasiones por la misma corrupción que pretende erradicar.

Mediante una decisión emblemática, el Tribunal Constitucional de España determinó en septiembre de 2005 que, según el principio de "jurisdicción universal", los supuestos casos de genocidio cometidos durante la guerra civil de Guatemala podían ser juzgados en los tribunales españoles. En julio de 2006, un juez español dictó una orden internacional de detención contra ocho ciudadanos guatemaltecos, y el gobierno español solicitó su extradición a fines de 2006. No obstante, en diciembre de 2007 la Corte Constitucional de Guatemala determinó que dos de los acusados no podrían ser extraditados a España. El tribunal español ha impulsado el caso de todos modos: en febrero, mayo y octubre de 2008 recibió declaraciones de testigos, víctimas y peritos sobre el conflicto. Mientras tanto, en Guatemala, el caso continúa paralizado por los recursos presentados por la defensa, en tanto los testigos y los peritos son víctimas de hostigamiento y amenazas.

La situación de Guatemala fue evaluada según el mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mayo de 2008. En esa oportunidad, Guatemala se comprometió a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como a aceptar el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (que trata de las peticiones individuales ante el comité para la eliminación de la discriminación racial, establecido en dicha Convención). En junio, Guatemala ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en septiembre ratificó la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene una oficina en Guatemala desde 2005, la cual lleva a cabo una labor de observación y asistencia técnica vinculada con las prácticas de derechos humanos en el país. El sistema interamericano de derechos humanos constituye una importante vía para los defensores de los derechos humanos que buscan ejercer presión para que Guatemala resuelva los abusos pasados y actuales.

Guatemala es parte del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA o TLC) entre los Estados Unidos y varios países de América Central. En abril de 2008, seis sindicatos guatemaltecos y la federación sindical estadounidense AFL-CIO presentaron una denuncia ante la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, alegando violaciones de las leyes laborales nacionales e internacionales. La denuncia -la primera de este tipo en el marco del DR-CAFTA- fue aceptada por los Estados Unidos en junio y está siendo investigada en la actualidad.