El edificio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Francia. Enero de 2011.

(Sarajevo) – Los romaníes, los judíos y otras minorías nacionales de Bosnia y Herzegovina siguen excluidas de la participación en la política nacional 20 años después del comienzo de la guerra, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Bosnia necesita eliminar la discriminación étnica contra las minorías nacionales de su Constitución, sus leyes y sus instituciones públicas, dijo Human Rights Watch.

El informe de 62 páginas, “Second Class Citizens: Discrimination Against Roma, Jews, and Other National Minorities in Bosnia and Herzegovina” (“Ciudadanos de segunda clase: Discriminación contra romaníes, judíos y otras minorías nacionales en Bosnia y Herzegovina”), destaca la discriminación contra los romaníes, los judíos y otras minorías nacionales en la política y el Gobierno. Gran parte de esta discriminación se deriva de la Constitución de Bosnia de 1995, que promulga un sistema de gobierno basado en el origen étnico y excluye a estos grupos de los altos cargos políticos. El informe muestra también el impacto más amplio de la discriminación en la vida de diaria de los romaníes en términos de acceso a vivienda, educación, atención a la salud y empleo.

“La Constitución de Bosnia se diseñó para ayudar a poner fin a la guerra”, señaló Benjamin Ward, subdirector para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Sin embargo, la discriminación política contra las minorías no tiene cabida en un país europeo moderno. Es hora de una reforma”.

En diciembre de 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en el caso de Sejdic y Finci contra Bosnia y Herzegovina que la Constitución del país discrimina a los romaníes y los judíos, y viola la legislación de derechos humanos. La Constitución prohíbe a cualquier persona que no forme parte de los tres grupos étnicos principales del país –bosnios, croatas y serbios– presentar su candidatura a la Presidencia Nacional Tripartita o la Cámara Nacional de los Pueblos, una de las dos cámaras parlamentarias.

Más de dos años después de la decisión del Tribunal Europeo, Bosnia todavía no ha revisado la Constitución o puesto fin a la discriminación contra las minorías nacionales en el sistema político, señaló Human Rights Watch. En octubre de 2010 se celebraron elecciones nacionales con el sistema antiguo, y las obstrucciones étnicas impidieron la formación de un nuevo Gobierno durante más de un año. El Gobierno recién formado todavía no ha adoptado medidas.

Existe una discriminación similar en el ámbito local: los empleos en las dos “entidades” de Bosnia, Republika Srpska y la Federación, se asignan, según sus artículos constitucionales, en función del origen étnico con base en el censo de 1991. En el censo de 1991 se contaron menos de 9,000 romaníes, ya que muchos romaníes se identificaron como “yugoslavos” en ese momento, mientras que las estimaciones actuales sitúan la cifra hasta en 100,000. El censo de 1991 registró aproximadamente 30,000 miembros de otras minorías nacionales, entre ellos 500 judíos.

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos, que ayudaron a desarrollar la Constitución en 1995, al final de las guerras en la región, tienen una especial obligación de presionar a Bosnia para que adopte cambios constitucionales, dijo Human Rights Watch. La UE impuso como condición para negociar el ingreso en la Unión que se reformara la Constitución, pero tras los intentos fallidos de reforma constitucional en 2006 y 2009, la UE y Estados Unidos ya no participan activamente en el proceso de reforma.

Human Rights Watch examinó también la discriminación cotidiana a la que se enfrentan los romaníes en el acceso a vivienda, educación, atención a la salud y empleo, debido a las normas complicadas y las barreras financieras, y la conexión con la discriminación en la política y el Gobierno. Estos problemas incluyen lo siguiente:

 

  • Vivienda: Muchos romaníes de Bosnia viven en asentamientos informales que carecen de estabilidad y seguridad para sus familias. Los desalojos forzados son una amenaza siempre presente, y el Gobierno no ha dispuesto un alojamiento alternativo adecuado para los desalojados. Los desalojos forzados han sido especialmente problemáticos en Mostar, donde algunas familias romaníes han sido desalojadas dos veces en los últimos dos años. En el caso más reciente de octubre de 2011, un centenar de romaníes se quedaron si albergue adecuado después de que fueron desalojados para ofrecer viviendas a otros romaníes. No se ofreció un lugar alternativo a los desalojados.

 

  • Educación: Las familias romaníes de toda Bosnia enfrentan barreras financieras para la matriculación escolar, como el pago por comidas, libros, vestido y transporte, que el Gobierno no suministra generalmente. Como consecuencia, las tasas de asistencia escolar de los niños romaníes son muy bajas en muchas partes del país: solo un tercio de los niños romaníes asiste a la escuela primaria en todo el país, en comparación con el 93 por ciento del conjunto de niños a nivel nacional.

 

  • Empleo: La principal fuente de ingresos para la mayoría de las familias romaníes es el reciclaje de chatarra y la mendicidad callejera. Aunque el Gobierno ha establecido un programa de empleo para los romaníes, muy pocos romaníes o empleadores han participado en él, ya que muy pocos romaníes están registrados oficialmente como desempleados. El acceso a empleos públicos en la Federación y la Republika Srpska se ve obstaculizado por los requisitos constitucionales de contratar a personas en función de su origen étnico plasmado en el censo de 1991.

 

  • Atención a la salud: En la Federación, los romaníes se tienen que registrar en las oficinas para desempleados en un plazo de 30 días desde la pérdida de empleo para recibir cobertura sanitaria, una regla que muchos no descubren hasta que se ha cumplido el plazo. Durante la mayor parte de 2011, el cantón de Herzegovina-Neretva, que incluye a Mostar, violó la ley de la Federación al no financiar la atención a la salud de los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las personas de edad avanzada, una situación que afectó especialmente a los romaníes.

 

En octubre de 2011, Fika Ahmetovic, de 31 años, y sus cuatro hijos fueron desalojados de su precaria vivienda, que carecía de estructuras estables, electricidad o agua, en un asentamiento informal de la ciudad de Mostar. Cuando Human Rights Watch habló con Ahmetovic antes del desalojo, dijo que encontrar un nuevo terreno para construir un hogar improvisado no era su único problema. El desalojo también afectaría la asistencia escolar de sus dos hijos mayores. En el caso de su hijo menor, que padece problemas graves de alud, también acarrearía la interrupción de su atención médica, que la familia ya no podrá costearse con sus escasos ingresos del reciclaje de chatarra.

Bosnia ha asumido compromisos de alto nivel para resolver los problemas de derechos humanos que sufren los romaníes, a través de un programa para toda Europa denominado la Década para la Inclusión Romaní. Sin embargo, Human Rights Watch ha constatado que se ha logrado muy poco en la práctica, en parte debido a la baja prioridad que los líderes políticos han asignado a mejorar la situación de los romaníes.

Algunos funcionarios de Bosnia han afirmado que se debe dar prioridad a las necesidades de los tres principales grupos étnicos –denominados en la Constitución “personas constituyentes”–sobre las de las minorías nacionales.

“Este país ni siquiera tiene la capacidad para ayudar a las personas constituyentes, mucho menos a los romaníes”, dijo en una entrevista con Human Rights Watch Damir Dizdarevic, viceministro de Trabajo y Empleo en el Ministerio de Asuntos Civiles.

“Los romaníes experimentan discriminación y abuso en toda Europa”, señaló Ward. “La diferencia en el caso de Bosnia es que su exclusión de la política nacional y el Gobierno local hace que ni siquiera se reconozca su terrible situación”.