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VIII. Conclusión

Anna F., de 61 años de edad y sin el medicamento que necesita para prevenir la PCP; Gloria M., consejera en VIH/sida y madre de dos niños; Nargis R., esposa de un ciudadano estadounidense y detenida durante dos años después de cumplir una sentencia de 69 días por emitir cheques fraudulentos; Antonio O., residente legal permanente y antiguo técnico de rayos X; Jean P., escapando de la violencia y la persecución en Haití. Éstas son las personas atrapadas en la red de una agresiva política inmigratoria estadounidense que detiene, y luego descuida, a personas que viven con VIH/sida.

El ICE es responsable por la salud y el bienestar de las 30,000 personas inmigrantes bajo su custodia, pero la atención médica descrita por personas detenidas que viven con VIH/sida no cumplía con ninguno de los estándares de atención médica requeridos. ¿Cuál norma de cuidados consideraría aceptables estos hechos: proporcionarle a Peter R. sólo el 65 por ciento del tiempo la dosis apropiada de medicamentos que salvan vidas; no prevenir infecciones oportunistas que pueden ser mortales para personas que viven con sida, como Anna F.; y no vigilar apropiadamente en Jean P. una condición que le provocó ceguera en un ojo?

Es evidente que la atención médica proporcionada por el ICE no cumple con la norma de “equivalencia” establecida por especialistas en salud penitenciaria estadounidenses; tampoco se ajusta a los estándares recomendados, de conformidad con la legislación internacional, para el ejercicio de los derechos humanos y prácticas médicas óptimas. Después de revisar los historiales médicos de personas detenidas, una experta médica independiente encontró numerosos casos de servicios médicos esenciales cuya calidad estaba por debajo de los estándares de atención comunitarios. En cuatro de estos casos, las personas detenidas fueron notificadas y se les recomendó que, de ser posible, obtuvieran atención médica y pruebas adicionales.

Resulta obvio que el tratamiento médico de personas inmigrantes detenidas que viven con VIH/sida pone en riesgo sus derechos a la salud, a la dignidad y, en algunos casos, a la vida. Los estándares de detención deben ser optimizados sin más demoras y emitidos como regulaciones administrativas formales, abiertas a escrutinio y comentarios del público. La vigilancia y la supervisión deben mejorar. De lo contrario, las personas que viven con VIH/sida continuarán sufriendo innecesariamente, e incluso morirán, durante su detención inmigratoria.

diciembre 2007

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