Luis Alberto Ramírez Hinostroza ha sido un testigo fundamental para la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú y para la fiscalía local en los casos de torturas militares en los noventa. Aproximadamente a las 8:30 de la tarde del 30 de agosto, un hombre y una mujer, con aspecto militar, dispararon contra Ramírez en una calle cercana a su casa en Huancayo. Los dos habían salido de un vehículo negro, que huyó rápidamente después de los disparos. Ramírez fue trasladado al hospital, donde fue sometido a una intervención de emergencia y se recupera de una herida de arma de fuego en el estómago.

"Quienes arriesgan su vida por denunciar violaciones de los derechos humanos merecen toda la protección del Estado", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "El gobierno, que lamentablemente ha incumplido su deber de proteger a Ramírez Hinostroza, debe tomar medidas inmediatas para protegerlo en el futuro".

En 1991, cuando Ramírez tenía 17 años, fue detenido extraoficialmente en un cuartel militar de Huancayo y sometido a torturas junto a otras personas. Según los informes, un soldado del cuartel desobedeció las órdenes de mantener el silencio y dijo a los padres de Ramírez que éste había estado detenido allí y que había sido severamente torturado.

Posteriormente Ramírez testificó sobre estos episodios ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La comisión informó el año pasado sobre las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidas durante el conflicto interno en Perú (1982-2000.)

Ramírez también testificó sobre su caso ante un fiscal local encargado de investigar las torturas, “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales cometidas durante dicho período. Uno de los acusados de tortura es el General (ret.) Luis Pérez Documet, antiguo jefe militar de la provincia de Junín. Pérez Documet está acusado de la "desaparición" de otras nueve personas detenidas junto a Ramírez en el mismo cuartel.

Como testigo clave en el caso Ramírez ha sufrido otros atentados contra su vida y amenazas de muerte este año. El 13 de marzo salió ileso cuando cuatro personas le persiguieron por la calle y le dispararon con rifles. En julio recibió amenazas de muerte en su casa. Durante una inspección policial en el cuartel donde fue torturado, algunos soldados lo fotografiaron y amenazaron con detenerlo.

Según abogados peruanos de derechos humanos, dos días antes del ataque del 30 de agosto, Ramírez se percató que lo estaban siguiendo, logró despistar a quienes lo seguían y se dirigió a la fiscalía de Huancayo en busca de ayuda. Le respondieron que el funcionario que buscaba no podía atenderlo y tuvo que irse sin protección policial.

Preocupada por la seguridad de Ramírez, el 2 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno peruano que dispusiera medidas especiales para su protección. Antes del ataque, Ramírez había recibido documentos oficiales aceptando su petición de “garantías personales”, pero no le habían prestado asistencia física. Los abogados han informado que dos policías lo custodian actualmente en el hospital, pero el gobierno aún no se ha comprometido a ofrecerle medidas de seguridad en el futuro.

Ramírez, que ahora tiene 30 años, todavía mantiene cicatrices de torturas en sus manos, brazos, espalda y piernas. Desde la cama del hospital le dijo a un periodista del periódico limeño El Comercio: "Me ratifico en mis declaraciones ante la Comisión de la Verdad".