Washington, D.C., 6 de febrero de 2004

1. Es crucial, teniendo en cuenta lo acontecido hasta ahora en Colombia, que la OEA adopte medidas para asegurarse que no confiere legitimidad internacional a un proceso que otorga impunidad a los autores de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, muchos de los cuales también son responsables de actos de terrorismo y narcotráfico. Por esta razón, nos preocupa seriamente la propuesta legislativa presentada por el Gobierno de Colombia en septiembre, que amenaza con otorgar impunidad a personas que han planeado, sufragado y, en ciertos casos, llevado a cabo algunos de los actos más atroces cometidos en el Hemisferio.

2. Es inaceptable y contrario al Derecho Interamericano que el Gobierno de Colombia pretenda, y el Secretario General de la OEA consienta, que los temas de justicia formen parte del fuero interno y que la OEA no pueda pronunciarse al respecto.

3. Antes de reanudar cualquier acuerdo de verificación, la OEA debe asegurarse de que Colombia fije criterios claros que garanticen que los más graves crímenes contra la humanidad y otras violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario sean debidamente investigados y sus autores enjuiciados. Esto debe hacerse de conformidad con los tratados relevantes sobre derechos humanos vigentes en la región.

4. La legislación que regularía este proceso está siendo objeto de intensos debates en el Congreso de Colombia. La OEA debe emitir una resolución reconociendo la seriedad del Congreso a este respecto, dentro de la mejor tradición de respeto a la democracia y al Estado de Derecho.

5. Al mismo tiempo, la existencia de este debate demuestra claramente que es prematuro para la OEA sumarse a este proceso antes de promulgarse la legislación que definirá el marco jurídico del mismo. Aún quedan demasiadas y muy importantes interrogantes por responder: ¿Cómo se enjuiciará y sancionará a los autores de graves violaciones de los derechos humanos? ¿Qué se va a hacer con las personas que siguen implicadas en el narcotráfico y terrorismo? Y por último: ¿Qué mensaje se enviará a la guerrilla con un acuerdo de este tipo, ya que exigirán, ciertamente, condiciones similares si existiera la posibilidad de una negociación con ellos?

6. Por esta razón Human Rights Watch propone que, antes que la OEA se comprometa a realizar una labor de verificación, el Consejo Permanente encargue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la tarea de preparar un estudio de la ley que apruebe el Congreso de Colombia. El estudio debe incluir, si procede, información específica sobre la compatibilidad o incompatibilidad del texto de la ley con las normas contempladas en los tratados relevantes sobre derechos humanos.

7. Además, proponemos que la CIDH presente recomendaciones sobre cómo se podrían resolver las deficiencias, si las hubiere, para que la ley definitiva incorpore dichas normas. Este estudio debería someterse en forma de informe al Consejo Permanente.

8. A continuación, luego de un informe favorable de la CIDH sobre el marco legal e institucional que guiará este proceso de desmovilización, el Consejo Permanente podría autorizar el envío a Colombia de una misión de verificación de la desmovilización, el desarme y el cese efectivo de las hostilidades por parte de los paramilitares.

9. Finalmente, sugerimos que se encargue a la CIDH que observe cómo se implementa la legislación que guiará el proceso de desmovilización y rendimiento de cuentas. Para verificar efectivamente este proceso, la CIDH debería informar periódicamente al Consejo Permanente hasta que concluya la desmovilización.

10. La OEA no debería precipitarse a un proceso que podría colocar a la organización en una situación embarazosa, al poner su imprimátur sobre la impunidad por las atrocidades cometidas por los paramilitares.

11. Al sumarse a este proceso sin prestar especial atención a las normas sobre derechos humanos, la OEA se situaría en el lado equivocado de la historia. Con el establecimiento de tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona-y, lo que es más importante, con la creación de la CPI, que ha recibido un amplio respaldo en América Latina-la comunidad internacional ha manifestado un firme compromiso con la administración de justicia por los graves abusos contra los derechos humanos. La OEA no debe debilitar estas instituciones comprometiéndose a participar en un proceso que ignora los mismos objetivos que defiende.

12. Puedo asegurarles que Human Rights Watch apoya decididamente los esfuerzos para poner fin a la violencia política en Colombia, conseguir la anhelada paz y fortalecer y no debilitar a las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. También estamos convencidos que la OEA puede realizar una importante contribución a estas iniciativas. Sin embargo, quisiéramos asegurarnos que no se ignore la justicia en los esfuerzos por poner fin a las hostilidades en Colombia.

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