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Chile — Confirmadas las condenas de la policía secreta
Corte Suprema declara inaplicable la amnistía
(Santiago, 17 de noviembre de 2004) — La decisión de hoy de la Corte Suprema de Chile de confirmar las condenas de prisión del General Manuel Contreras y otros cuatro oficiales militares por un caso de desaparición forzada ocurrido en 1975 supone una importante victoria para el rendimiento de cuentas, señaló Human Rights Watch.

El fallo de hoy brinda un respaldo completo a los esfuerzos de los tribunales inferiores en hacer que los responsables de graves violaciones de los derechos humanos durante el gobierno militar rindan cuentas ante la justicia. Es una gran victoria para las familias de las víctimas y sus abogados, que llevan años luchando para que esto ocurra.

José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch


"El fallo de hoy brinda un respaldo completo a los esfuerzos de los tribunales inferiores en hacer que los responsables de graves violaciones de los derechos humanos durante el gobierno militar rindan cuentas ante la justicia", señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Es una gran victoria para las familias de las víctimas y sus abogados, que llevan años luchando para que esto ocurra", agregó.

La Sala Segunda de la Corte Suprema confirmó por unanimidad la doctrina que establece que la "desaparición forzada" constituye un delito continuado hasta tanto se demuestre la muerte de la víctima. La Corte coincidió con los abogados de la víctima en que la doctrina invalidaba el decreto de amnistía promulgado por el gobierno militar en 1978, que cubre los crímenes contra los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y la fecha del decreto.

Agentes del gobierno detuvieron a Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, un sastre de 26 años, en enero de 1975. Estuvo detenido en forma secreta en Villa Grimaldi, un campo de concentración clandestino en Santiago, donde lo torturaron. Sandoval fue uno de los 119 detenidos desaparecidos de los que después se dijo falsamente a la prensa que habían sido hallados muertos en Argentina, una artimaña tramada por la policía secreta para encubrir sus ejecuciones clandestinas. Su cuerpo nunca fue encontrado.

La opinión de la Corte de que las "desapariciones" deben considerarse delitos de ejecución continuada ha brindado sustento al enjuiciamiento en los últimos años de cientos de ex oficiales militares y policiales por "desapariciones" y asesinatos cometidos durante los primeros cinco años de la dictadura de Pinochet, a pesar de la amnistía destinada a impedir que esto ocurriera.


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