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Bolivia — Fortalecer la investigación por muertes de manifestantes
(Washington, DC, 22 de diciembre de 2003) — La falta de cooperación de las Fuerzas Armadas bolivianas pone en riesgo la investigación por los hechos de septiembre y octubre, en los cuales numerosos civiles murieron a causa de disparos de la fuerza pública, señaló hoy Human Rights Watch en una carta al Presidente de Bolivia, Carlos Mesa.

La investigación de las muertes de los manifestantes es una prueba crucial para la justicia boliviana.

José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch


La amenaza más grave que pesa sobre la investigación en curso es la probabilidad de que los tribunales militares reclamen la competencia si la justicia civil formula cargos contra el personal militar, agregó Human Rights Watch en la carta. Como lo demuestran casos anteriores, los tribunales militares carecen de independencia e imparcialidad, y sus juicios culminan, casi inevitablemente, con la absolución de los militares acusado de abusos contra civiles.

Human Rights Watch también llamó la atención sobre el hecho de que las Fuerzas Armadas no están cooperando plenamente con los fiscales encargados de la investigación, así como en la debilidad y la ineficiencia del sistema de justicia civil.

La carta está basada en las conclusiones de una misión de investigación de la organización que visitó La Paz durante la última semana de noviembre.

"La investigación de las muertes de los manifestantes es una prueba crucial para la justicia boliviana", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Para que la investigación tenga éxito, el Presidente Mesa tiene que asegurarse de que las cortes civiles retengan la jurisdicción y ordenar a los oficiales militares que cooperen plenamente con los fiscales civiles".

Entre septiembre y octubre murieron, al menos, 59 personas, durante las protestas antigubernamentales por los planes para exportar gas natural boliviano a través de Chile. El día más sangriento fue el 12 de octubre, cuando 26 civiles fueron asesinados con disparos de arma de fuego en El Alto, una ciudad pobre e industrial con vistas a La Paz.

Muchos fueron victimas de los disparos por parte de las tropas, cuando estas equipadas con fusiles de asalto intentaron derribar las barricadas que bloqueaban el paso de camiones cisterna entre esa ciudad y La Paz. Al día siguiente, también por disparos de arma de fuego murieron al menos 14 personas en La Paz, donde continuaban las protestas.

El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y su gabinete, renunciaron el 17 de octubre. Ahora, se enfrentan a un posible "juicio de responsabilidades" por las muertes ocurridas en ese mes, si el Congreso autoriza poner en marcha el proceso.

En su primer discurso ante el Congreso como presidente, el ex Vicepresidente Carlos Mesa, prometió que las cortes investigarían imparcialmente las muertes y pedirían cuentas a los responsables de las mismas.

Sin embargo, las investigaciones por muertes durante protestas anteriores no han dado resultados. Nadie ha sido hallado responsable de la muerte de 31 personas en febrero, ocurrida durante y después de una protesta en La Paz. De otra parte, los tribunales militares han retenido la competencia sobre un caso relacionado con cuatro soldados acusados de matar a una enfermera y un portero durante los altercados.

Human Rights Watch también hace hincapié en que las investigaciones que llevan a cabo los fiscales civiles están expuestas a sus propias dificultades graves, pues se afirma que los fiscales bolivianos carecen de independencia y son vulnerables a las presiones políticas. Sus esfuerzos por investigar también se ven obstaculizados por una grave escasez de fondos y recursos técnicos.

Algunos funcionarios de la Fiscalía General informaron a Human Rights Watch que no cuentan con los fondos aprobados por el Senado para cubrir los gastos de la investigación por los incidentes de febrero. Hasta ahora, el caso de las muertes de septiembre y octubre ha contado con escasísimos recursos y sigue pendiente de aprobación una solicitud de fondos especiales.

Human Rights Watch apeló al Presidente Mesa para que fortalezca la independencia y la efectividad del Ministerio Público, de acuerdo con las recomendaciones de un reciente informe de la Organización de Estados Americanos. El Presidente Mesa también debe considerar seriamente la formación de una comisión independiente encargada de investigar los incidentes de septiembre y octubre.

"Mientras no se pueda restaurar la credibilidad de esta investigación, el gobierno debe considerar la designación de una comisión compuesta por personas de imparcialidad reconocida, que realicen una investigación independiente sobre los incidentes de septiembre y octubre", señaló Vivanco.


LEÁ LA CARTA
EJERCER MESURA AL RESPONDER A PROTESTAS (15 de octubre de 2003)
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEBEN OBSERVAR NORMAS INTERNACIONALES (6 de octubre de 2000)
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