El proyecto de ley de amnistía, que fue introducido ayer en el Congreso, impediría el procesamiento penal de más de un centenar de comandos que participaron en el asalto de abril de 1997. Las pruebas sugieren que ocho de los catorce guerrilleros muertos durante la operación de rescate fueron ejecutados sumariamente.

"El éxito de la operación de rescate de los rehenes convirtió a estos comandos en héroes nacionales, pero las pruebas de asesinatos ilegales son comprometedoras", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. "La gratitud nacional no es motivo para protegerles de la justicia".

En un asalto dramático y cuidadosamente planeado, los comandos rescataron a 71 rehenes retenidos por los guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), tras sitiar la residencia del embajador japonés en Lima durante cuatro meses. Según la versión oficial de los hechos, los catorce guerrilleros murieron en un intercambio de disparos. En esa época se difundió ampliamente una foto del entonces presidente Alberto Fujimori en la que aparecía de pie en una escalera sembrada de cuerpos de guerrilleros caídos.

Sin embargo, recientes investigaciones forenses han establecido que ocho de los guerrilleros fueron aparentemente disparados en la cabeza después de su captura o cuando estaban indefensos a causa de las heridas. Un japonés que había sido rehén dijo haber visto detenido y con vida después del asalto a uno de los guerrilleros, Eduardo Cruz Sánchez. El examen forense reveló que Cruz murió a consecuencia de un único disparo de bala en la nuca.

Los comités del Congreso están debatiendo ahora dos proyectos de ley de amnistía, uno presentado por la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) del ex candidato presidencial Alan García y otro por el partido Unidad Nacional (UN). La propuesta de UN "concede la amnistía" al general del ejército José Williams Zapata, que encabezó la operación y al "personal oficial que participó en la liberación y el rescate de los rehenes".

Los proyectos de ley de amnistía se presentaron después de que la juez Cecilia Polack Boluarte dictara órdenes de detención el 13 de mayo para diez oficiales superiores del ejército que participaron en el asalto. Las órdenes permiten la detención de los acusados durante quince días antes de formular el auto de procesamiento. Los ministros de defensa, justicia e interior de Perú han criticado las órdenes de detención.

Los proyectos de ley de amnistía son claramente incompatibles con los principios recogidos en el fallo de marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del gobierno peruano en el caso de la masacre de Barrios Altos de 1991. En dicho caso, relacionado con la ley de amnistía promulgada en 1995 por el gobierno de Fujimori, la Corte declaró nula y sin efecto la ley de amnistía por ser incompatible con las obligaciones en materia de derechos humanos de Perú. Posteriormente interpretó que dicha sentencia era aplicable a todos los casos similares.

A parte del proyecto de ley de amnistía, el Congreso de Perú emitió ayer una declaración expresando su preocupación por las órdenes de detención de oficiales involucrados en la operación de rescate. El Defensor del Pueblo también ha criticado las órdenes judiciales, en raro desacuerdo con la posición adoptada por las organizaciones no gubernamentales peruanas.

"Esta claro que a los líderes de opinión de Perú les parece que este caso es diferente de otras violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Fujimori que están siendo investigadas por los tribunales", dijo Vivanco. "Pero el principio es exactamente el mismo. Si el acusado quiere cuestionar las razones de su detención debe hacerlo ante los tribunales, y éstos deben ser los únicos que determinen si se mantienen los cargos".