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La represión en China agrava las protestas de los trabajadores
(Nueva York, 2 de agosto de 2002) La negativa del gobierno chino a autorizar el establecimiento de sindicatos independientes está alimentando el nivel de descontento entre los trabajadores, afirmó Human Rights Watch en un informe publicado el día de ayer.

El Partido Comunista Chino enfrenta una fuerte contradicción: por un lado dice proteger los intereses de los trabajadores, pero, por el otro, esos mismos trabajadores organizan protestas callejeras contra las medidas adoptadas por el gobierno.

Mike Jendrzejczyk, Director para Washington de la División de Asia de Human Rights Watch.


El informe, que consta de 50 páginas y se titula "Pagando el Precio: Descontento entre los trabajadores en el Nordeste de China," analiza de manera detallada las manifestaciones organizadas por trabajadores que tuvieron lugar entre los meses de marzo y mayo de 2002 en tres ciudades ubicadas en la región nordeste del país. El informe también examina la respuesta del gobierno a estas manifestaciones.

"El Partido Comunista Chino enfrenta una fuerte contradicción: por un lado dice proteger los intereses de los trabajadores, pero, por el otro, esos mismos trabajadores organizan protestas callejeras contra las medidas adoptadas por el gobierno," afirmó Mike Jendrzejczyk, Director para Washington de la División de Asia de Human Rights Watch. "Los trabajadores reclaman el derecho a poder crear sus propios sindicatos y buscan participar en aquellas decisiones que afectan sus trabajos y beneficios."

Las manifestaciones, que no registran precedentes comparables en la historia del país, duraron más que cualquier protesta ocurrida desde el movimiento pro-democrático de 1989. En Liaoyang, trabajadores metalúrgicos que fueron despedidos de ex-empresas estatales se volcaron masivamente a las calles -por un período de diez semanas- para reclamar por su situación laboral. En Daqing, trabajadores recientemente despedidos enfrentaron un formidable despliegue de fuerzas de seguridad, las que detuvieron por lo menos a sesenta trabajadores por períodos de entre 24 horas y dos semanas. En Fushun, miles de mineros despedidos de sus respectivos empleos, junto a trabajadores de fábricas cercanas a esta localidad, bloquearon caminos y vías de ferrocarriles reclamando el pago de salarios atrasados.

El 30 de marzo de 2002 el gobierno chino levantó cargos contra cuatro activistas que lideraron las protestas llevadas a cabo en Liaoyang, y que encabezaron un plan de lucha que se extendió a lo largo de cuatro años y que intentó acercar los reclamos de los trabajadores a las autoridades locales. Estos individuos pueden ser sometidos a juicio en cualquier momento. Yao Fuxin, Pang Qingxiang, Xiao Yunliang and Wanh Zhaoming han sido acusados de "reuniones ilegales, marchas y protestas," cargos que pueden acarrea penas de hasta cinco años de prisión. Estas cuatro personas han estado detenidas por cerca de cinco meses y se les ha denegado, de manera casi absoluta, el acceso a abogados y el beneficio de visitas familiares.

En toda China se observa el mismo fenómeno: empresas estatales que prometían empleos de por vida y una fuente segura de beneficios sociales para sus trabajadores, cerraron o redujeron su personal de manera drástica. A muchos trabajadores -algunos de los cuales cuentan con décadas de antigüedad en sus empleos- no sólo se les adeudan meses de salarios sino que también han perdido sus seguros de salud, beneficios sociales y pensiones.

"Estos trabajadores están protestando contra la hipocresía del gobierno Chino," dijo Jendrzejczyk. "A pesar de que la constitución China presenta a los trabajadores como 'los dueños del país,' el gobierno los trata -especialmente a aquellos que elevan su voz para reclamar por sus derechos-como criminales."

Las leyes chinas prohíben que los trabajadores se organicen de manera independiente. Sólo una organización, La Federación de Sindicatos de China, está autorizada a representarlos legalmente. Sin embargo, esta organización se encuentra bajo el control de las autoridades gubernamentales y nunca ha protestado contra aquellas leyes y reglamentaciones empleadas rutinariamente para justificar el encarcelamiento de aquellos activistas que promueven la creación de sindicatos independientes.

Human Rights Watch observó que la actitud del gobierno Chino frente a estas tres manifestaciones fue relativamente moderada. Dicha actitud tal vez se deba a que el malestar reinante entre los trabajadores amenaza con socavar la legitimidad del Partido Comunista Chino y a que las autoridades temen que una respuesta demasiado fuerte provoque una reacción contraria a la deseada.

Sin embargo, cabe destacar que las autoridades chinas violaron los derechos fundamentales de libertad de asociación, expresión y reunión en el manejo de las protestas. Las autoridades se negaron a entregar las autorizaciones necesarias para llevar a cabo las manifestaciones -amenazando a los trabajadores que aun cuentan con empleos con el no pago de salarios en el caso de que sus familiares participaran en las protestas- e impusieron restricciones a la libertad de prensa en las áreas afectadas por las protestas. Las fuerzas de seguridad agraviaron físicamente a los manifestantes, deteniendo a muchos de éstos por breves periodos de tiempo y negándose a soltarlos hasta que prometieran que no participarían en nuevas protestas.

Human Rights Watch solicitó al gobierno chino que libere de manera inmediata e incondicional a todas aquellas personas detenidas por llevar a cabo actividades destinadas a promover el derecho de los trabajadores a asociarse libremente. Este pedido, que reviste carácter urgente, se aplica a todos los trabajadores detenidos como consecuencia de su participación en las protestas realizadas este año en el nordeste de China, a aquellos detenidos por sus actividades pro-sindicales durante el movimiento para la democracia de 1989 y durante los años 1992 y 1997-98, y a aquellos que se encuentran encarcelados por divulgar ante la opinión publica china y los medios de comunicación internacionales los problemas que aquejan a los trabajadores del país.

China debe cumplir con las obligaciones asumidas al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 2001. China ha manifestado que la aplicación del artículo 8(1)(a) debe ser consistente con las leyes sindicales del país -las mismas leyes que niegan el derecho de los trabajadores a establecer sindicatos independientes.

Como país miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), China se encuentra obligada a acatar los principios básicos de esta organización, incluyendo la libertad de asociación y el derecho a negociaciones colectivas. Human Rights Watch solicitó a los socios comerciales de China y a aquellos gobiernos que se encuentran involucrados en diálogos bilaterales sobre derechos humanos que alienten a Beijing a pedir la ayuda de la OIT para reformar sus prácticas laborales y adecuarlas a los estándares internacionales en materia de libertad de asociación.

Human Rights Watch también apeló a aquellas corporaciones que mantienen relaciones comerciales con China y las conminó a que se abstengan de cumplir con los pedidos de las autoridades de ese país de discriminar contra, despedir, o tomar medidas disciplinarias contra aquellos trabajadores que traten de establecer sus propios sindicatos, protestar de manera pacífica por sus condiciones de trabajo, o ir a la huelga.


LEÁ EL INFORME (en inglés)
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