 Las apariencias engañan en Colombia Por José Miguel Vivanco / María McFarland Sánchez-Moreno «*» Álvaro Uribe llegó a España a vender su Ley de Justicia y Paz para desmovilizar a paramilitares. Felizmente, fracasó. Pero hay que reconocer que no se fue con las manos vacías.
José Miguel Vivanco y María McFarland Sánchez-Moreno, Human Rights Watch
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no le entregó un cheque en blanco. Sin embargo, accedió a involucrarse en el proceso, verificando la implementación de dicha ley. Sólo puso una condición: el aval de la Unión Europea.
Como verán, este proceso no es genuino y España no debe legitimarlo. Lo que Zapatero vio fue una versión maquillada de la ley. A simple vista la ley parece contener las instituciones propias de un proceso penal: tribunales, fiscales, penas. Pero las apariencias engañan. Esta ley no es más que impunidad disfrazada, y servirá para lavar el poder de los paramilitares.
El Gobierno colombiano dice que la ley incluye la confesión. Falta a la verdad; la ley señala que los paramilitares rendirán una "versión libre" de lo que deseen, sin obligación de decir la verdad. Para recibir cuantiosas rebajas de penas, solo tienen que "aceptar" -sin confesar- los cargos que en 36 horas se puedan formular.
El Gobierno dice que no es una ley de impunidad porque no perdona ningún delito. Esto es cierto sólo en teoría, ya que en la práctica, la ley resultará en una amplia impunidad porque drásticamente restringe los plazos para investigar atrocidades cometidas por estos grupos, reconocidos como terroristas en Europa.
También dice que los paramilitares—quienes se financian con el narcotráfico—tendrán la obligación de entregar bienes ilegalmente adquiridos. Ojalá fuera cierto. La ley señala que deben entregar bienes, pero no incluye sanciones si no lo hacen. Aún si se descubre que ocultaron sus fortunas, no se les podrá revocar las fabulosas rebajas de penas.
Muchos paramilitares entregarán armas, pero debido a su gran poder económico, será fácil para estos grupos reclutar nuevas tropas. Aun si son condenados, los líderes podrán cumplir sus condenas en tan sólo dos años y salir con sus historiales criminales limpios y su fortuna, poder y redes criminales intactas.
Una comisión verificadora sólo legitimaría este lavado de historiales y de activos. España no debe convertirse en un instrumento de estos grupos mafiosos, ni en cómplice de un proceso que socava el ya debilitado Estado de Derecho colombiano.
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