 Derechos de la mujer Por Marianne Mollmann «*» La candidatura de Carmen Argibay a la Corte Suprema provocó varios comentarios sobre sus pronunciamientos en favor de la despenalización del aborto. Es inocultable que el tema del aborto es importante, independientemente de la coyuntura judicial, ya que su penalización tiene un impacto tanto en la salud pública como en los derechos humanos.
Marianne Mollmann, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch
Algunos líderes de opinión dirían—y, de hecho, lo han dicho en la Argentina—que las opiniones en favor de la despenalización del aborto van en contra del derecho a la vida. Sin embargo, opiniones opuestas a la despenalización del aborto van en contra de una amplia gama de derechos humanos de seres cuya naturaleza humana no está en discusión: las mujeres argentinas.
La penalización del aborto es, definitivamente, un tema de derechos humanos. Se estima que en la Argentina se realiza medio millón de abortos ilegales por año. Existe una clara desigualdad entre la situación de la mujer con recursos—que puede pagar por un aborto ilegal en condiciones relativamente seguras y, por lo tanto, disminuye sus riesgos de muerte—y la mujer sin recursos, que no tiene esta opción.
El gobierno argentino estima que un cuarenta por ciento de la mortalidad materna se debe a abortos inseguros. Sería más honesto añadir la precisión de que esto se debe a la penalización del aborto: donde el aborto es legal, la mujer, en general, no muere por sus consecuencias.
La penalización del aborto también es un tema del derecho humano que interesa a la salud reproductiva. La posibilidad de embarazos indeseados baja cuando las mujeres tienen acceso a métodos modernos de anticoncepción y cuando se les concede la información y autonomía necesarias para tomar decisiones responsables sobre su vida y salud.
El Estado argentino hizo declaraciones claras al respecto hace una década. En 1994, en El Cairo, se unieron representantes de más de 180 países—entre ellos, la Argentina—para afirmar el derecho básico de todos los individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos por concebir, el intervalo entre los embarazos y nacimientos y el disponer de la información adecuada y los medios para ello.
En 2000, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció que, como parte de las obligaciones relacionadas con el derecho a la vida, todos los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos—incluso la Argentina—deben tomar medidas para ayudar a la mujer a prevenir embarazos no deseados y para que no tengan que recurrir a abortos clandestinos que pongan en peligro su vida. A mediados de este mes, los países de América latina reconfirmaron sus compromisos en el sentido de proveer servicios de salud reproductiva y sexual, sin discriminación, a todas las mujeres, en una reunión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en México.
El argumento en contra de la despenalización del aborto, en general, corre parejo con los argumentos que suelen esgrimirse para desaprobar los nuevos métodos anticonceptivos. Ambas nociones atentan contra los derechos de las mujeres y—en último análisis—contra su salud o su vida. Independientemente de la coyuntura judicial y política, estos argumentos ameritan un severo análisis crítico, puesto que tienen efectos de vida o de muerte para muchas mujeres argentinas.
Ahora, diez años después de la Declaración de El Cairo, es el momento para el gobierno argentino de convertir sus declaraciones al respecto en una protección real de los derechos de las mujeres.
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