 Cuba se burla de la ONU Por José Miguel Vivanco «*» ¿Qué duda cabe de que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas no está cumpliendo con su misión? Bajo la presidencia de Libia y con la participación, como miembros de pleno de derecho, de
China, Arabia Saudita y Zimbabwe, no es sorprendente que muchos de los más flagrantes violadores de los derechos humanos del mundo-inclusive los que no forman parte de la
Comisión- logren eludir sus responsabilidades.
José Miguel Vivanco , Director
Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch
Y este año, gracias a Cuba, las cosas van a empeorar.
Cuba, cuyo período como miembro de la Comisión acaba de vencer, ha logrado con éxito renovar su participación en este organismo de la ONU. Su campaña para la reelección,
si se la puede llamar así, fue un crudo testimonio del deterioro de la credibilidad de la Comisión y de la degradación de los requisitos que se exigen a sus miembros.
No, el gobierno cubano no ha pensado en poner en libertad a ningún preso político, ni en darle un respiro a la perseguida comunidad de defensores de derechos humanos, ni
en hacer el mínimo gesto simbólico en defensa de estos
derechos. El gobierno no siente, evidentemente, necesidad
alguna de modificar sus políticas represivas para
asegurarse un puesto en la Comisión.
Por el contrario, en las últimas semanas el gobierno
cubano ha tomado todas las medidas posibles para demostrar
su total desprecio por los ideales representados por la
Comisión.
El 18 de marzo, apenas comenzada la sesión anual de la
Comisión en Ginebra, los agentes de la seguridad del
Estado cubano estaban muy ocupados deteniendo a decenas de
disidentes políticos, periodistas independientes,
defensores de los derechos humanos, bibliotecarios
independientes y otros cubanos suficientemente valientes
como para cuestionar el monopolio oficial de la verdad.
Estos arrestos fueron el anuncio de una de las campañas
represivas más duras del régimen cubano en décadas.
En total, fueron La misma semana en que estas sentencias fueron anunciadas,
el gobierno cubano ejecutó a tres hombres que intentaron
secuestrar una embarcación. Los tres fueron ejecutados a
nueve días de su arresto, tiempo suficiente para que el
gobierno pudiera realizar juicios sumarios y para que el
Consejo de Estado, máximo órgano del Ejecutivo, aprobara
las condenas.
Mientras tanto, en Ginebra, los representantes del
gobierno cubano ante la ONU se afanaban por examinar la
situación de los derechos humanos alrededor del mundo.
También estaban negociando con otros países para
garantizar su reelección como miembro de la Comisión, meta
que ya lograron.
¿Cómo puede Cuba cometer estos flagrantes abusos y al
mismo tiempo aspirar a un puesto en la Comisión?
Lamentablemente, ante la ONU estas circunstancias no han
tenido mayor relevancia. Cuba cuenta con un récord de
recalcitrante incumplimiento de las resoluciones de la
propia Comisión y de total desprecio por su autoridad.
Sin embargo, ello no ha impedido que, periódicamente, Cuba
sea reelegida como miembro de este organismo.
En vista de la magnitud y la gravedad de la campaña
represiva que se está viviendo en Cuba, su reelección para
un puesto en el máximo organismo de derechos de la ONU
representa una amarga derrota para la promoción universal
de estos derechos. El problema no es sólo que los
representantes cubanos se apresten a manipular las
prioridades de la Comisión, sino que su presencia
permanente en este organismo lo desprestigia.
La presencia de Cuba en la Comisión debería inspirar a las
democracias latinoamericanas para evitar que esto vuelva a
ocurrir. Por ejemplo, deberían acordarse estándares
mínimos para alcanzar posiciones que permitan excluir, al
menos, a quienes abiertamente se burlan de las
recomendaciones de la Comisión. América latina, que tiene
aún fresco el recuerdo de muchos regímenes represivos, no
debe permitir ser representada por un paria de los
derechos humanos.
Países que han sido reiteradamente condenados por la
Comisión, que se niegan a instrumentar sus
recomendaciones, que desconocen su autoridad, que han
impedido sistemáticamente misiones de investigación -el
caso de Cuba se ajusta a todas las situaciones enumeradas-
no deberían jamás ser considerados como potenciales
candidatos para el máximo órgano de derechos humanos del
mundo.
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