El sistema de justicia penal de México continúa teniendo problemas generalizados en materia de derechos humanos. Las personas que se encuentran detenidas o en prisión son sometidas a torturas y maltratos. Es común que los funcionarios encargados de la aplicación de la ley no investiguen ni juzguen a quienes son responsables por las violaciones de derechos humanos, incluso aquellas cometidas durante la “guerra sucia” que tuvo lugar en México y los abusos cometidos actualmente durante operaciones para promover la seguridad pública. A su vez, México no cuenta con protecciones jurídicas suficientes que permitan amparar a mujeres y niñas de la violencia y el abuso sexual.
El sistema de justicia penalEl sistema de justicia penal, frecuentemente, no permite que las víctimas de delitos violentos y de violaciones de los derechos humanos puedan obtener justicia. Las causas de esta falla son diversas y responden a factores como la corrupción, capacitación y recursos inadecuados, y prácticas abusivas por parte de la policía.
La tortura continúa siendo un problema extendido dentro del sistema de justicia penal de México. Un factor que contribuye a perpetuar esta situación es que algunos jueces le dan valor a las pruebas obtenidas mediante prácticas de tortura y otros tratos indebidos. Otro factor que contribuye es la negativa a investigar y juzgar la mayoría de los casos de tortura.
Más del 40% de las personas que se encuentran detenidas en México no han sido condenadas por la comisión de un delito. En vez, se encuentran detenidas a la espera de un juicio y, a menudo, deben esperar años hasta que éste se sustancie. El uso excesivo de la prisión preventiva contribuye a empeorar las condiciones de hacinamiento. Los internos también sufren abusos, tales como extorsión por parte de guardias y aislamiento por períodos indefinidos. Los inmigrantes extranjeros son particularmente vulnerables a esta clase de abusos.
En marzo de 2007, el presidente Felipe Calderón presentó una propuesta de reforma constitucional que apuntaba a fortalecer el trabajo del Ministerio Público para combatir el crimen organizado. La propuesta establece graves excepciones a garantías básicas del debido proceso y faculta a los agentes del ministerio público a adoptar medidas cautelares —como el arraigo, cateos e intervención de comunicaciones privadas— sin autorización judicial previa. Al momento de la redacción del presente documento, la propuesta estaba siendo analizada en el Congreso.
Una de las principales deficiencias del sistema de justicia de México es que confía regularmente la investigación y los juicios de abusos cometidos por el Ejército a autoridades militares. El sistema de justicia militar no se encuentra preparado para esta tarea: carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones confiables y su funcionamiento es, en terminos generales, poco transparente. La capacidad de los agentes del ministerio público militar de investigar abusos cometidos por el Ejército se ve socavada aun más por el temor al Ejército, que constituye un sentimiento generalizado en muchas comunidades rurales e impide a las víctimas civiles y a los testigos brindar información a las autoridades militares.
Abusos cometidos por las fuerzas de seguridad
Las fuerzas policiales de México habitualmente aplican un uso excesivo de la fuerza al llevar a cabo operaciones de control de multitudes. En julio de 2007, una marcha de protesta tuvo como desenlace una violenta confrontación con la policía en la capital del estado de Oaxaca. La policía disparó proyectiles de gas lacrimógeno y tanto los manifestantes como la policía se agredieron arrojándose piedras. Human Rights Watch recibió denuncias verosímiles en las cuales se acusaba a la policía de efectuar arrestos arbitrarios al, por ejemplo, detener a personas que se encontraban en automóviles o autobuses que pasaban por la zona, y de golpear a quienes estaban bajo su custodia. Estos eventos fueron posteriores a los esporádicos enfrentamientos violentos que comenzaron en junio de 2006, en relación con una huelga docente; durante estos enfrentamientos, la policía federal y estatal emplearon un uso de la fuerza excesivo.
Durante el último año, soldados Mexicanos cometieron abusos atroces mientras participaban en actividades de seguridad pública. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, en mayo de 2007 soldados en el estado de Michoacán detuvieron arbitrariamente a 65 personas, algunas de las cuales fueron mantenidas incomunicadas en una base militar. Los soldados luego golpearon a muchos de los detenidos y violaron a cuatro menores. Ese mismo mes, soldados en Michoacán detuvieron arbitrariamente a ocho personas y las mantuvieron incomunicadas en una base militar, en la cual golpearon y cubrieron la cabeza con bolsas plásticas a cuatro de ellas. En junio, soldados abrieron fuego contra un camión en Sinaloa, lo cual causó la muerte de cinco personas, incluidos tres niños, y heridas a otras tres.
Impunidad por los delitos de la “Guerra Sucia”
En marzo de 2007, el presidente Calderón cerró oficialmente la Fiscalía Especial que había sido establecida por el ex presidente Vicente Fox para investigar los abusos cometidos durante la “guerra sucia” que tuvo lugar en el país en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Durante sus cinco años de vida, la Fiscalía logró avances muy limitados en la investigación y los juicios de estos delitos. Sus primeros logros —como la sentencia emitida por la Suprema Corte en 2003 que autorizaba que se juzgaran los casos de “desapariciones” ocurridas varias décadas antes— fueron opacados por algunos fracasos significativos. La Fiscalía no obtuvo siquiera una condena penal. De los más de 600 casos de “desapariciones”, consignó solo 16 y obtuvo órdenes de aprehensión en solo nueve. La Fiscalía pudo determinar cuál había sido el paradero de solo seis personas “desaparecidas”. Al momento de la redacción del presente documento, solo quedaba pendiente ante los tribunales el cargo la acusación por el delito de genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría por su responsabilidad en la masacre de manifestantes estudiantiles perpetrada en 1968.
Derechos reproductivos, violencia doméstica y abuso sexual
Las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas contra actos de violencia doméstica y abuso sexual. Algunas leyes sobre violencia doméstica contra mujeres son claramente contrarias a los estándares internacionales, como por ejemplo las disposiciones del derecho mexicano que establecen sanciones para algunas agresiones sexuales en función de la “castidad” de la víctima y penalizan la violencia doméstica únicamente cuando la víctima ha sido golpeada en repetidas oportunidades. Las protecciones legales que efectivamente se encuentran vigentes a menudo no se aplican en forma enérgica. Las niñas y mujeres que denuncian violaciones o hechos de violencia ante las autoridades suelen enfrentarse a sospechas, indiferencia y a un trato irrespetuoso. Como resultado de esto, es común que las víctimas se rehúsen a denunciar estos delitos y, esta falta de denuncias, a su vez, limita la presión existente para avanzar con reformas legales necesarias. El resultado final es que la violencia sexual y doméstica contra mujeres y niñas sigue siendo endémica y se encuentra cubierta por un manto de impunidad.
En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legalizó el aborto practicado durante las 12 primeras semanas de gestación. Si bien el aborto continúa estando penalizado en el resto de México, cada uno de los estados federales que conforman el país permiten el aborto en determinadas circunstancias específicas, tales como el aborto con posterioridad a una violación. Sin embargo, el trato displicente e incluso hostil impartido por las autoridades a las víctimas de violaciones que buscan interrumpir su embarazo no deseado, haciendo caso omiso de su derecho a no ser discriminadas, al debido proceso y a la igualdad ante la ley, muchas veces logra que desistan de llevar a cabo esta práctica.
Libertad de expresión
Varios periodistas, en especial aquellos que han investigado el narcotráfico o han adoptado una posición crítica hacia los gobiernos estatales, han sido víctima de acoso y agresiones. En abril de 2007, un periodista murió en Acapulco víctima de un disparo, otro periodista en Sonora recibió amenazas de muerte y fue golpeado hasta quedar inconsciente, y un tercer periodista fue secuestrado en Chihuahua y fue hallado sin vida una semana más tarde. En octubre, tres trabajadores de los medios de comunicación que pertenecían a un periódico de Oaxaca murieron a causa de disparos recibidos en la camioneta que los transportaba, la cual llevaba el logo del periódico. Cinco periodistas mexicanos se encuentran desaparecidos desde 2005, cuatro de los cuales habían denunciado hechos relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado.
En marzo de 2007, el Congreso mexicano aprobó una ley que despenaliza los delitos de difamación, calumnias e injurias en el ámbito federal. Sin embargo, a nivel estatal, este tipo de leyes continúan imponiendo restricciones excesivas y contribuyen a socavar la libertad de expresión. Además de sanciones económicas, los periodistas están sujetos a acciones penales por la difamación de funcionarios públicos.
Acceso a la información
Una ley federal sobre transparencia y acceso a la información del año 2002 facilitó la posibilidad de un mayor escrutinio público del gobierno federal. Sin embargo, existe todavía un riesgo significativo de que la secrecía vuelva a restablecerse en el futuro: la agencia federal encargada de aplicar la ley en poder ejecutivo no ha sido dotada de autonomía, continúa siendo vulnerable a la interferencia política y ha encontrado oposición por parte de varios organismos de gobierno clave. Los avances logrados en la promoción de la transparencia dentro del poder ejecutivo no han sido igualados en los restantes poderes del gobierno ni en los organismos autónomos.
Derechos de los trabajadores
La actividad legítima de organización de los trabajadores continúa estando obstaculizada por los convenios colectivos negociados entre la gerencia y los sindicatos adeptos a esta. A menudo, estos convenios no establecen beneficios para los trabajadores por encima de los mínimos exigidos por la ley mexicana. Los trabajadores que intentan organizar sindicatos independientes se arriesgan a la posibilidad de perder su empleo, ya que las leyes inadecuadas y su aplicación deficiente, por lo general, no logran protegerlos de los despidos efectuados en represalia.
Derecho a la educación
Uno de los problemas crónicos de México es la falta de medidas gubernamentales tendientes a asegurar que las decenas de miles de niños de las zonas rurales reciban educación primaria durante los meses en que sus familias migran de un estado a otro para trabajar en campos agrícolas. Muchos padres optan por llevar a sus hijos a trabajar con ellos a los campos en vez de permitir que asistan a la escuela durante estos meses. Esta decisión responde principalmente a las condiciones económicas y a la falta de implementación de las leyes sobre trabajo infantil por parte del gobierno. Si bien existe un programa federal destinado a brindar educación primaria en los campos agrícolas, las clases se ofrecen generalmente durante la tarde, cuando los niños están demasiado exhaustos a causa del trabajo como para estudiar.
Actores internacionales clave
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene una oficina en el país que, en diciembre de 2003, elaboró un informe integral que documentaba los problemas de derechos humanos crónicos y proporcionaba recomendaciones concretas para solucionarlos. La oficina trabaja actualmente en la elaboración de diagnósticos sobre los derechos humanos en la Ciudad de México y el estado de Guerrero.
En agosto de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que México era responsable de la detención, tortura y posterior “desaparición” de Rosendo Radilla, perpetrada por miembros del Ejército mexicano en Guerrero en 1974. La Comisión estableció que México había omitido informar a los familiares de Radilla sobre su paradero y que no había investigado adecuadamente el caso ni juzgado a los responsables.
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