Desde la muerte del ex dictador Gral. Augusto Pinochet ocurrida en diciembre de 2006, los jueces chilenos han continuado juzgando y condenando a ex militares acusados de cometer violaciones graves a los derechos humanos durante el gobierno militar. La Sala Penal de la Corte Suprema, que emite veredictos finales en este tipo de casos, ha adoptado en sus últimas determinaciones el criterio de que ni las amnistías ni las prescripciones pueden obstaculizar el enjuiciamiento y castigo de los autores de esta clase de delitos.
En septiembre de 2007, una decisión histórica de la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori para permitir que fuera juzgado en Perú por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
En julio de 2007, como parte de la iniciativa para lograr la rendición de cuentas de los autores de abusos a los derechos humanos durante el régimen militar, 458 ex militares y colaboradores civiles enfrentaban cargos por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; 167 habían sido sentenciados y 35 cumplían penas de prisión.
En el momento de su muerte por un ataque cardíaco mientras cumplía arresto domiciliario, Pinochet estaba imputado penalmente por hechos de tortura, desapariciones forzadas, evasión de impuestos y falsificación. Los tribunales habían cerrado tres casos de derechos humanos iniciados anteriormente en su contra después de determinar que padecía demencia leve, lo cual impedía seguir adelante con los procesos en su contra. Sin embargo, los jueces de Chile habían comenzado a dudar cada vez más de este diagnóstico: dos jueces que interrogaron a Pinochet en agosto y noviembre de 2005 en relación con más de 125 cuentas bancarias secretas, concluyeron que el general de 90 años se encontraba lúcido. En octubre de 2007, el tribunal que investigaba el caso dictó el procesamiento de la viuda de Pinochet, sus cinco hijos y 17 colaboradores íntimos, tanto militares como civiles, por el delito de malversación de fondos públicos. No obstante, la Sala Penal de la Corte Suprema anuló posteriormente los cargos contra cuatro de los hijos y fundó esta decisión en que la malversación se aplica únicamente a funcionarios públicos.
Los tribunales chilenos siguen avanzando a pesar de los obstáculos legales que aún subsisten a los juicios de derechos humanos. La Sala Penal de la Corte Suprema se encuentra actualmente dividida sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía vigente desde 1978 y cuyo propósito había sido proteger a los agentes del Estado contra el juzgamiento de los abusos de los derechos humanos. En marzo de 2007, la sala penal de la Corte Suprema revocó por voto unánime la decisión de un tribunal que concedía la amnistía al ex Brigadier Víctor Pinto Pérez, imputado por el homicidio de un reservista del ejército en 1973. Determinó en forma inequívoca que la amnistía resulta inaplicable en casos de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, y que dichos delitos no pueden estar sujetos a prescripción. A pesar de esto, en noviembre de 2007 la Corte aplicó el principio de prescripción y absolvió a un coronel del ejército que había sido condenado por el homicidio de tres campesinos en 1973.
La presidenta Michelle Bachelet anunció en octubre de 2006 que apoyaría un proyecto de ley para impedir que la ley de amnistía se aplicara en casos de abusos graves de los derechos humanos. Su anuncio se efectuó en respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinaba que la ley era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, el proyecto de ley ha sido demorado a causa de las divergencias de opinión generadas en relación a su necesidad, dados los avances en los tribunales y la posibilidad de que un proyecto de ley sea objetado ante el Tribunal Constitucional.
La sentencia de la sala penal de la Corte Suprema que aprobó la solicitud de extradición del ex presidente Fujimori presentada por Perú, constituyó el primer caso a nivel mundial de extradición de un ex presidente para permitir que sea juzgado en su propio país por violaciones a los derechos humanos.
Un proyecto de ley que pretendía ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se paralizó cuando el Tribunal Constitucional, al resolver una petición presentada por un grupo de senadores opositores, declaró su inconstitucionalidad. Desde abril de 2002, el senado estudia un proyecto de reforma de la Constitución para permitir la ratificación del Estatuto de Roma.
Condiciones penitenciarias
El índice de reclusos per cápita de Chile es mayor que en cualquier otro país de Sudamérica y la población carcelaria continúa creciendo en un 8 por ciento anual. A pesar de que se inauguraron seis nuevas cárceles contratadas en forma privada (tres de ellas en 2007), la superpoblación continúa siendo un problema grave. En las cárceles más antiguas, que albergan al 80 por ciento de los reclusos en Chile, las condiciones de salubridad e higiene son frecuentemente deplorables, los médicos y los medicamentos son insuficientes, y los alimentos son escasos.
Justicia militar
Si bien Chile ha efectuado una completa revisión de su procedimiento de justicia penal en los últimos años y ha afianzado las garantías del debido proceso, los tribunales militares continúan ejerciendo una amplia jurisdicción sobre civiles, así como también en casos de abusos de derechos humanos perpetrados por la policía uniformada –los Carabineros– que forma parte de las fuerzas armadas.
En Junio de 2007, el gobierno presentó un proyecto de ley ante el Congreso cuyo propósito era emprender reformas iniciales del sistema de justicia militar. Establecía asimismo una comisión destinada a preparar reformas más integrales que se presentarían en 2008. Sin embargo, el proyecto de ley no supone cambio alguno para los problemas más graves: si su texto se aprueba sin modificaciones, los tribunales militares continuarán ejerciendo su competencia en casos de agresiones a policías por parte de civiles, (la principal función de los tribunales militares en la actualidad) así como en casos de abusos cometidos contra civiles por la policía en actos de servicio o en instalaciones militares.
Prohibición de discriminación
Hasta noviembre de 2007, el Congreso analizaba un proyecto de ley que establecería medidas contra actos de discriminación. El proyecto crea una acción civil específica para actos y omisiones que se consideran casos de “discriminación arbitraria,” y prohíbe discriminar en función de una amplia y minuciosa serie de categorías de características sociales e individuales. Sin embargo, genera preocupación la posibilidad de que el Senado, en respuesta a la presión ejercida por grupos religiosos, elimine la orientación sexual de entre las categorías protegidas, e impida así que el proyecto cumpla cabalmente su meta de proteger a todas las personas de actos discriminatorios.
Acceso a la información pública
Desde el restablecimiento de la democracia en 1990, Chile ha aprobado diversas leyes, incluyendo una reforma constitucional, que protegen el derecho de acceso a la información pública. No obstante, los funcionarios continúan ejerciendo amplios poderes para rechazar pedidos de información. El gobierno actual se ha propuesto incrementar la transparencia en la administración pública. Un proyecto de ley presentado por el gobierno en diciembre de 2006 que garantiza el acceso a la información pública, propone crear un Consejo para la Transparencia independiente, con facultades para ordenar a los funcionarios que pongan información a disposición del público y para aplicar sanciones en los casos en que incumplan esta exigencia. En noviembre de 2007, el proyecto se encontraba en una de las etapas finales de debate en la legislatura.
Actores internacionales claves
El Relator Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Chile en septiembre de 2007 con el propósito de observar y recolectar información acerca de la situación de los derechos de las mujeres, en particular el derecho a no ser discriminada.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios visitó Chile en julio de 2007. El grupo recabó información sobre la contratación de ciudadanos chilenos para trabajar en compañías de seguridad privada en Irak. Destacó asimismo que, si bien habían sido contratados como guardias de seguridad, las personas reclutadas recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos, Jordania o Irak y, finalmente, llevaron a cabo funciones militares que no estaban contempladas en sus contratos.
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