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Argentina: Nueva ley debilita independencia de la justicia
(Washington D.C., 23 de febrero de 2006)—Al aprobar la reforma de la composición del órgano encargado del nombramiento y remoción de los jueces, el Congreso argentino ha vulnerado las garantías de independencia judicial en el país, advirtió Human Rights Watch hoy.

Independientemente de las intenciones del partido oficial, esta reforma aumentará la vulnerabilidad de los tribunales argentinos a las presiones políticas. Esto es una gran decepción después de todo lo que ha hecho este gobierno para restaurar la credibilidad de la justicia argentina y fortalecer el estado de derecho.

José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch




Las nuevas medidas, presentadas en un proyecto de ley elaborado por la Senadora Cristina Fernández de Kirchner, fueron aprobadas por el Congreso el día miércoles por la noche luego de un debate que se prolongó por nueve horas.  
 
"Independientemente de las intenciones del partido oficial, esta reforma aumentará la vulnerabilidad de los tribunales argentinos a las presiones políticas," señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Esto es una gran decepción después de todo lo que ha hecho este gobierno para restaurar la credibilidad de la justicia argentina y fortalecer el estado de derecho."  
 
La Constitución Argentina de 1994 establece que debe existir un equilibrio entre legisladores, jueces, abogados y representantes académicos en el Consejo de la Magistratura, el órgano responsable de la selección de jueces que luego son nombrados por el ejecutivo. Dicho equilibrio fue considerado un elemento imprescindible para resguardar a los magistrados de los cambios abruptos en el clima político del país.  
 
La nueva ley reduce el número de miembros del Consejo de 20 a 13, a la vez que incrementa la representación proporcional del sector político. Este último superará al sector de profesionales y expertos en la composición del Consejo por primera vez desde su creación en 1997.  
 
El partido gobernante también aumenta su peso en el nuevo Consejo. Junto con el miembro designado por el Poder Ejecutivo, el partido gobernante retendrá cinco de los trece votos. Dado que el nombramiento o remoción de jueces requiere de una mayoría de dos tercios, el partido oficial se encontrará en condiciones de vetar candidatos a integrar la justicia e impedir remociones.  
 
Otro aspecto que genera preocupación es la modificación introducida en la norma que regula el quórum del Consejo, la que permitiría que dicho órgano funcione sin la participación de jueces, abogados o representantes académicos. Con la nueva composición, los seis legisladores y el representante del ejecutivo podrían sesionar solos.  
 
En una carta dirigida al Presidente argentino Néstor Kirchner, donde se lo exhortaba a introducir modificaciones al proyecto de ley, Human Rights Watch citó la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces (1998), que recomienda que al menos la mitad de los miembros de los órganos independientes responsables del nombramiento y remoción de magistrados sean "jueces elegidos por ellos mismos, siguiendo un procedimiento que garantice su más amplia representación."  
 
Sin embargo, en su respuesta en representación del gobierno argentino, el Jefe de Gabinete, el Dr. Alberto Fernández, defendió la idea de que los funcionarios elegidos por votación popular deben constituir mayoría en el Consejo, aunque no explicó, sin embargo, por qué no debe existir un equilibrio entre los miembros electos y los no electos. Al insistir que los legisladores deberían constituir mayoría, rechazó de manera implícita el estándar de equilibrio que fuera adoptado por la Carta Europea como una salvaguarda para resguardar la independencia de la justicia.  
 
La creación del Consejo de la Magistratura en la Constitución de 1994 representó una respuesta a los abusos resultantes de un sistema en donde el presidente nombraba a los jueces con el acuerdo del Senado. Los jueces eran removidos tras un juicio político llevado a cabo por el Congreso. A menudo los jueces eran elegidos en virtud de su afiliación política en lugar de sus calificaciones profesionales, y las audiencias de remoción eran criticadas por su alto grado de politización.  
 
En aquel entonces se argumentó que un consejo independiente en el que existiera un equilibrio entre legisladores de la bancada oficialista y de la oposición, de miembros no-electos de la justicia, de abogados y académicos, constituiría la garantía más fuerte contra la interferencia política. Al alterar este equilibrio a favor del partido mayoritario y del Poder Ejecutivo, la ley sancionada en el día de hoy implica un retroceso sobre dicho principio.  
 
El Consejo de la Magistratura ha sido ampliamente criticado por su ineficiencia y falta de transparencia. Organismos de la sociedad civil, incluida la Federación Argentina de Colegios de Abogados, han señalado, sin embargo, que las reformas introducidas no ofrecen solución a los problemas que pretenden abordar. En su carta dirigida al Presidente Kirchner, Human Rights Watch observó que las medidas propuestas por el gobierno podrían ocasionar más daños que beneficios.  
 
"No cabe duda que el partido de gobierno ha incrementado su poder en las decisiones que afectan a la justicia," señaló Vivanco. "A largo plazo, es probable que esta acción socave la confianza pública en la independencia de los tribunales y debilite la separación de poderes en Argentina."  

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