 Carta al Vice-Presidente José Vicente Rangel Washington, D.C., 16 de julio 2003
V.E José Vicente Rangel
De mi mayor consideración,
Tengo el honor de dirigirme a usted en relación con su carta del 3 de julio de 2003 en la que dio respuesta en representación del Señor Presidente Hugo Chávez Frías a nuestros planteamientos con respecto a la libertad de expresión en Venezuela.
En primer lugar, debo manifestarle mi decepción por el hecho de que usted no haya abordado ninguna de las importantes materias incluidas en mi carta al Presidente Chávez. Tal como advertí en aquella comunicación, Human Rights Watch está muy preocupada por los efectos negativos que para el ejercicio de la libertad de expresión tendría la aprobación del proyecto de Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión. También nos preocupa la investigación que se está realizando sobre el contenido de las emisiones de cuatro canales privados de televisión y la persistente práctica de ataques violentos contra periodistas.
Estudiamos con mucho detenimiento el proyecto de ley y el fundamento de los procedimientos administrativos contra los cuatro canales de televisión. Nuestras críticas fueron formuladas con la mayor buena fe y después de haber hecho un análisis exhaustivo de los temas pertinentes. Es una lástima que usted haya elegido atacarme personalmente en lugar de responder a los méritos de las cuestiones planteadas.
Señor Vice-Presidente Rangel, permítame que le aclare, una vez más, que el único interés de Human Rights Watch en esta materia es la salvaguarda de la libertad de expresión en Venezuela. De hecho, su insinuación de que "algún mecanismo innombrable" operó sobre mí para que adoptase una posición crítica es una irresponsabilidad. Mis críticas al proyecto de ley sobre los medios de comunicación y los procedimientos administrativos en curso, contra los canales de televisión se inspiraron en los mismos principios que han motivado las críticas del Relator Especial sobre la Libertad de Expresión de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestras objeciones se sustentan en normas jurídicas internacionales de derechos humanos que vinculan a Venezuela, específicamente, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos tratados ratificados por Venezuela.
Teniendo en cuenta estas obligaciones jurídicas internacionales, su afirmación de que las críticas al proyecto de ley vertidas por Human Rights Watch constituyen una intromisión en "asuntos que son de estricta competencia de las instituciones venezolanas y de los venezolanos", es un error inexcusable. El carácter universal de las normas de derechos humanos implica que todos gozamos del derecho legítimo e internacionalmente protegido a denunciar violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en cualquier parte del mundo (véase la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, Resolución 53/144 de la Asamblea General, 9 de diciembre de 1998). Es por ello que Human Rights Watch examina la situación de los derechos humanos en todo el mundo, sin distinciones. En este sentido Venezuela no es un caso especial que requiera "un tratamiento muy particular dada su atipicidad".
En su carta usted hace referencia a nuestra reunión en Caracas, a la que asistí acompañado de nuestra Sub-Directora la Dra. Joanne Mariner. Sugiere que admití "en privado" que la conducta de los medios de comunicación en Venezuela era particularmente cuestionable, implicando, de ese modo, que podría justificarse algún tipo de control gubernamental. Sin embargo, cualquiera que haya leído los informes de Human Rights Watch e inclusive la propia carta que enviamos al Presidente Chávez sabrá que las críticas que le manifesté sobre la conducta de los medios de comunicación de Venezuela son de carácter público. Hemos expresado repetidamente nuestra preocupación por la parcialidad de los medios de comunicación en Venezuela, señalando además, que la mayoría de los medios audiovisuales se encuentran alineados con la oposición política.
Sin embargo, también hemos insistido consistentemente en que la parcialidad de los medios no justifica bajo circunstancia alguna las medidas represivas contempladas en el proyecto de ley sobre radio y televisión, ni las sanciones que se está considerando imponer a los cuatro canales privados de televisión antes mencionados. De hecho, reiteramos este punto varias veces durante la entrevista que sostuvimos con usted recientemente en Caracas.
Hasta el momento, como indicamos en nuestra carta, su gobierno no ha restringido la libertad de expresión en Venezuela. A pesar de la polarización política de los últimos dos años, los medios de comunicación continúan operando sin restricciones y se permiten incluso formular constantemente fuertes críticas. Nuestro mayor interés es simplemente que el gobierno respete y garantice la plena vigencia de la libertad de expresión en Venezuela.
Como le explicamos en la reunión que sostuvimos con usted, el proyecto de Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión que se ha presentado al Poder Legislativo debe retirarse o modificarse drásticamente. También debe abandonarse la investigación de las presuntas irregularidades cometidas por los cuatro canales privados de televisión, ya que muchos de los artículos del reglamento vulneran las normas internacionales sobre libertad de expresión que, de ser aplicado, sin duda contribuiría a que la autocensura se convierta en un fenómeno generalizado.
Nuestra recomendación de que el gobierno retire el proyecto de ley ha sido criticada porque no hemos reconocido la autonomía del Poder Legislativo. Somos conscientes de la división de poderes en Venezuela y no fue nuestra intención sugerir ningún tipo de falta de respeto por la Asamblea Nacional o atribuir al Presidente facultades que no tiene. Nos limitamos a señalar que el proyecto de ley había sido elaborado por un organismo del gobierno, CONATEL, presentado ante la Asamblea Nacional por diputados del partido gobernante y promovido incesantemente por el propio Presidente Chávez y los miembros de su gabinete. No hace falta decir que este proyecto de ley nunca podría aspirar a ser aprobado si no contara con el respaldo del gobierno.
Human Rights Watch no dudó a la hora de denunciar sin eufemismos el intento de golpe de Estado en Venezuela en abril del año pasado. Señor Vice-Presidente Rangel, le puedo asegurar, que a pesar de las presiones que usted y otros intenten ejercer, continuaremos denunciando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y, con ellas, las violaciones que se pudieran cometer en contra de uno de los derechos fundamentales más preciados, como es la libertad de expresión.
Seguiremos atentamente examinando la situación de los derechos humanos en Venezuela, para lo cual esperamos mantener una relación de trabajo profesional con el gobierno de V.E.
Aprovecho la oportunidad para expresar a V.E. mis sentimientos de la más alta estima y consideración.
Atentamente,
José Miguel Vivanco
Cc: Dr. Roy Chaderton Matos, Ministro de Relaciones Exteriores
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INFORME 2003 —