 Carta al Presidente George W. Bush Presidente George W. Bush 20 de septiembre de 2001 Estimado Presidente Bush: En los últimos días, se ha instado a la Administración y al Congreso a que consideren propuestas de cambios de políticas como parte de la respuesta del gobierno de Estados Unidos a los horribles ataques del 11 de septiembre. Human Rights Watch ya ha unido su voz a la de muchos otros en la condena de este crimen contra la humanidad-un crimen que es la antítesis de todo lo que defendemos. Creemos firmemente que los responsables de esta atrocidad deben ser llevados ante la justicia.
Sin embargo, mientras Estados Unidos planea su respuesta, escribimos para precaverle frente a los cambios a las leyes y las políticas estadounidenses que podrían en riesgo los derechos fundamentales que fueran violados tan abiertamente hace una semana. Su liderazgo y el de otros altos funcionarios es esencial para garantizar que toda medida adoptada en vista de esta tragedia se debata públicamente, se considere detenidamente y que ésta sea plenamente compatible con el derecho internacional de derechos humanos y humanitario. Nos preocupan especialmente las propuestas para eliminar la prohibición de los asesinatos y reducir las restricciones al reclutamiento de informantes abusivos por parte de la CIA. Asesinatos
Poco después de los atentados del 11 de septiembre, se ha sugerido que la prohibición de los asesinatos obstaculiza las iniciativas antiterroristas estadounidenses, especialmente cuando el país se apresta para un posible conflicto armado en Afganistán y otras partes del mundo. De hecho, las limitaciones impuestas no son más que las esenciales para el mantenimiento de los valores proclamados por los miembros de las fuerzas armadas y los agentes de la ley de Estados Unidos.
En primer lugar, es importante señalar que incluso después del ataque del 11 de septiembre, la política vigente no impone obstáculos indebidos al personal militar o policial de Estados Unidos. Si Estados Unidos participara en un conflicto armado en Afganistán u otras partes del mundo, el derecho internacional humanitario no prohíbe que el objetivo de las fuerzas militares sean las fuerzas enemigas, lo que incluye sus comandantes (asumiendo que en otros aspectos las fuerzas cumplen con el derecho internacional humanitario, incluidas las normas destinadas a minimizar el riesgo para los no combatientes). Asimismo, en situaciones en las que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pudieran intentar arrestar a un sospechoso, las normas internacionales sobre la labor policial contemplan en el empleo de la fuerza letal cuando sea estrictamente necesario para defenderse a sí mismos o a otros frente a una amenaza inminente de muerte o de herida grave. Sin embargo, en ambas situaciones, el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, así como la doctrina militar y policial estadounidense, prohíben claramente la ejecución de cualquier persona en situación de custodia real o efectiva o el considerar como objetivo a todo el que no sea combatiente. La violación de esta prohibición durante un conflicto armado sería un crimen de guerra.
Es más, levantar la prohibición sobre los asesinatos supondría eludir las normas de la justicia penal en todo el mundo. Los funcionarios estadounidenses han afirmado que la organización considerada responsable de los ataques del 11 de septiembre cuenta con operativos en quizá una docena de países. La declaración de una "guerra" a esta organización no debería justificar que se ignoren estas normas, al igual que ocurre en el caso de la guerra retórica que se está librando también contra los traficantes de drogas o la mafia. En países en los que sea posible la cooperación policial, Estados Unidos debe mantener su compromiso dentro del marco de la justicia penal-investigación, arresto, juicio y castigo, con todas las garantías del juicio justo que son fundamentales para cualquier sistema que respete los derechos humanos. Recurrir a una política de asesinatos sugeriría que los gobiernos pueden elegir cuando les conviene que estas garantías e apliquen-con resultados mortales-incluso cuando se trate de países comprometidos con el Estado de derecho. Dicha política socavaría el compromiso mundial con el Estado de derecho y los derechos humanos más fundamentales, y la credibilidad de Estados Unidos como defensor de estos valores.
Reclutamiento por parte de la CIA
Las directrices sí que disponen, sin embargo, un control sobre las actividades de los agentes sobre el terreno que conllevaran el apoyo a abusos horribles a los derechos humanos. Esta medida se adoptó después de revelarse que la CIA había tenido a sueldo a oficiales de las fuerzas armadas guatemaltecas que habían participado en el asesinato en 1990 del hotelero norteamericano Michael Devine y el asesinato en 1992 de Efraín Bámaca, el esposo de la ciudadana estadounidense Jennifer Harbury. Entre otros informantes pagados que han sido responsables de abusos violentos durante su relación con la CIA se encuentran el coronel chileno Manuel Contreras, quien ayudó a organizar el atentado terrorista con coche bomba en Washington que acabó con la vida del ex ministro de relaciones exteriores chileno Orlando Letelier y de su ayudante estadounidense, Ronni Moffitt; y Emanuel "Toto" Constant, cuyo grupo paramilitar, FRAPH, cometió crímenes generalizados durante el régimen militar de 1991-94 en Haití.
No se debe perder de vista la razón original de la restricción cuando se debatan las propuestas de reforma. Cuando una persona implicada en un abuso violento en curso entra en la nómina de la CIA, existe un riesgo sustancial de que interprete su relación con Estados Unidos como una condonación tácita de su patrón de conducta. Este riesgo es obviamente menor si el informante es un miembro de una organización que prepara atentados contra Estados Unidos, dado que no sería razonable creer que Estados Unidos respalda secretamente ataques contra sí mismo. Pero el riesgo es bastante real en el caso de los funcionarios de gobiernos abusivos que puedan participar en iniciativas para combatir el terrorismo. Es fácil imaginar, por ejemplo, que un torturador que se haya alistado a la lucha antiterrorista entienda que los pagos que recibe de la CIA suponen una aprobación implícita de sus métodos inhumanos. Tanto las reglas como la práctica de la CIA deben seguir oponiéndose a las relaciones con informantes abusivos siempre que exista la posibilidad de que éste entienda que la relación implica una aprobación tácita de un tipo de conducta.
Siempre que surge una crisis nacional existe la tentación de aceptar cualquier propuesta que parezca "resolver algo" con respecto a los peligros reales que afronta el pueblo. Los cambios que se están proponiendo son atractivos para muchos porque pueden hacerse fácil y rápidamente, a diferencia de las reformas difíciles que requieren mucho tiempo y podrían hacer realmente posible que los organismos de inteligencia y policiales de Estados Unidos reúnan información útil sobre el terrorismo. Pero asumir la vía más fácil no es la mejor alternativa para salir de la crisis que Estados Unidos enfrenta desde el 11 de septiembre. Lo único que hace es amenazar los mismos valores que se vieron atacados aquel día: los valores democráticos fundamentales para cuya defensa debemos redoblar ahora nuestros esfuerzos.
Respetuosamente,
Jonathan Fanton
cc: Thomas Daschle, Líder de la Mayoría del Senado |
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